Archivo por meses: Marzo 2016

La Suprema Corte, en el filo

Después de la Pascua, la Suprema Corte tendrá que votar un proyecto ya circulado en el cual se desecha el recurso para eliminar a los diputados biónicos a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, es decir los 40 que se nombrarían por parte de los poderes (Presidencia, Jefatura de Gobierno y Congreso) en lugar de la ciudadanía.

Los ministros y ministras están en el filo de la navaja. Si negaran la entrada del recurso que alega inconstitucionalidad, estarían admitiendo que el Congreso puede violar la Carta Magna sin que la Suprema Corte pueda hacer algo para impedirlo. Así está el problema.

Los negociadores en el Congreso decidieron adulterar la representación popular a través de un transitorio del decreto de reformas constitucionales, igual que como se adultera la leche o los licores, agregando un elemento por completo diferente y hostil al contenido original de la bebida. Los diputados nombrados de dedo por parte de los poderosos corresponden a las dictaduras pero ni siquiera a todas sino a las más cínicas. En México, aun en los peores momentos del partido absoluto y, antes, del presidencialismo dictatorial de Porfirio Díaz, el poder nunca se atrevió a nombrar “representantes populares”. Pinochet fue legislador biónico como herencia de sí mismo y como símbolo de la transición mediatizada. Ahora que, se dice, hemos logrado el ingreso a la democracia, el poder se arroga la suprema facultad de representarse a sí mismo ante una asamblea nueva que tiene la misión de redactar una carta fundamental.

Pues bien, la Suprema Corte no quiere pronunciarse directamente al respecto pero lo hará indirectamente, lo cual agrava su lamentable situación. Si los ministros y ministras rechazan analizar el punto con pretextos formales, entonces estarán convalidando un atropello histórico a la República pero también a la misma Suprema Corte.

Introducir normas claramente inconstitucionales en transitorios de decretos con los cuales se reforma la Carta Magna tiene el propósito, entre otros, de impedir que la Suprema Corte pueda pronunciarse sobre dichas normas, es una manera de dar un golpe al control de constitucionalidad en México. Si la Corte huye, no pasará mucho tiempo en que le repitan la receta con cualquier pretexto pues para entonces los ministros y ministras ya habrán dicho que los transitorios de tales decretos no son recurribles. En otras palabras, se habrá admitido que los transitorios son Constitución, lo cual equivale a decir que los derechos son transitorios o que las normas de aplicación transitoria de las reformas de la Carta Magna forman parte de la misma. Está muy claro que los dichosos transitorios son normas ordinarias o reglamentarias sin importar que hubieran acompañado al decreto de reformas constitucionales y que por ello y sólo por ello los congresos locales las hubieran aprobado.

Si la Corte no admite siquiera a análisis la acción de inconstitucionalidad presentada se hundirá como principal eslabón del control de constitucionalidad. Si dice sí se estaría enfrentando, con inaudita dignidad, a los otros poderes.

Las posición dominante que hasta hoy se advierte en la Corte es huir mediante formulismos, pretextos de formalidad, descalificación de agravios presentados por los quejosos en lugar de suplir deficiencias, enredos de definiciones, citas de criterios anteriores aplicadas fuera de contexto, etcétera. Pero no hay huida válida. Los ministros y ministras saben de  cierto que los diputados y diputadas biónicas son groseramente inconstitucionales. Dejar pasar algo así es al menos complicidad, la cual es grave para un tribunal cualquiera, mucho más para uno de rango tan elevado en un país que se alcanza a ver desde el mundo.

Se hunde la izquierda

Entre tres y cinco millones de personas recién han salido a la calle en Brasil para exigir la destitución de la presidenta Dilma Rousseff y el regreso de la derecha. El hecho ocurre luego de que Evo Morales fracasara en su intento de modificar la Constitución para darle la opción de ser reelegido una vez más; luego de que la izquierda peronista y católica de Argentina, siempre difícil de entender, fuera desalojada de la presidencia por una derecha más bien inspirada en el defenestrado menemismo  que llevó al país al desastre; luego de que el aventurero Nicolás Maduro condujera al Partido Socialista Unido a una horrible derrota en medio de una profunda crisis económica mil veces anunciada en Venezuela a cuyo frente, por así decirlo, se encuentra un gobierno que no ata ni desata.

Brasil está en recesión económica pero el factor político dominante no es ese sino la corrupción. Petrobras, la empresa petrolera estatal, ha sido usada como ariete para hacer fortunas y financiar proyectos personales e, incluso, posiblemente partidistas. Y, en el colmo, Luiz Inácio Lula Da Silva, principal figura de la izquierda brasileña, es acusado de haber firmado o consentido un contrato con algunos muy ricos amigos suyos para poseer, habitar o comprar un departamento de lujo. El punto político es que esos amigos también habían hecho negocios sucios con Petrobras, lo cual enreda la situación al extremo. El nombramiento de Lula como ministro-jefe, una especie de primer ministro, que según se anunció había sido suspendido por un magistrado, se consumó en el Palacio de Planalto de tal forma que el líder histórico del Partido de los Trabajadores asumió un cargo que le otorga inmunidad.

En todo ese hundimiento de izquierdas en América Latina aparecen complots de empresarios, medios de comunicación y políticos de diversas tendencias, como es natural aunque nada los justifique, pero el caldo de cultivo lo ha creado la izquierda gobernante, su alejamiento de objetivos fundamentales, su renuncia a grandes luchas al lado de la gente, su petulancia y su pragmatismo político elemental, es decir, su apoltronamiento y su oportunismo, el cual es el retiro del programa propio en aras de aprovechar las coyunturas favorables. ¿Favorables a qué?

No hay izquierda funcional sin grandes objetivos populares, luchas de masas, críticas profundas, discusiones honradas. Pero, además, la corrupción es el mayor veneno de las izquierdas. Sabemos que lo de Petrobras no es nada comparado con el inveterado saqueo de Pemex, el cual va mucho más allá de sucios negocios como los denunciados en Brasil, pero el PRI es el eje del Estado corrupto mexicano mientras se suponía que el PT de Brasil iba a ser el partido de las manos limpias y la frente en alto.

Si Lula vuelve al gobierno para enfrentar desde ahí lo que su partido denomina el golpe de Estado será también para evitar que un juez resuelva someterlo a proceso penal. Esto lo sabe todo mundo, pues los ministros son enjuiciados por el Tribunal Superior. Por lo pronto, la policía federal graba las conversaciones telefónicas de Lula, inclusive una con la propia presidenta de la República, lo que no sería anómalo dentro de una investigación, mas el agravio descarado es que la ha dado a conocer subrepticiamente a los medios de comunicación diciendo que Lula y Rousseff conspiraban. Brasil está que arde y la mayor responsabilidad no puede corresponder más que al partido gobernante.

Si esa izquierda terminara por hundirse abría que replantearlo todo, pero si se estancara la confrontación política en Brasil, lo cual es de dudarse, también se haría necesario volver a estudiar todo desde un principio. Así es esto.

La censura y la consigna

Es horrible vivir bajo la censura y peor bajo tribunales de consigna. Así estamos.

A la censura aquella contra un mensaje de televisión del PRD en el que se afirmaba que todo seguía igual o peor y aparecían las figuras de Peña, Osorio, Videgaray y López-Dóriga (este último en relación con el viejo predominio en la televisión), llegamos ahora a otro acto de censura contra López Obrador por hablar de un desvío multimillonario de dinero público y criticar la adquisición del ahora llamado avión presidencial, el cual, a decir del líder de Morena, será vendido en 2018.

En realidad importa menos quiénes son los censurados frente a los monstruosos actos de censura. Y preocupa aún más el que la censura venga del más alto tribunal electoral del país.

Los cinco magistrados que por unanimidad aprobaron la censura han dicho que los mensajes de radio y televisión “no pueden ser utilizados para la promoción personal de los presidentes de los partidos políticos, sino que deben destinarse exclusivamente a la difusión de los objetivos, programas de acción y posturas ideológicas de los partidos políticos”. ¿Quién lo dice? El Tribunal y nadie más. En efecto, la Constitución señala el objeto del derecho de los partidos a difundir propaganda en radio y Tv pero jamás insinúa siquiera que los voceros de tales partidos no puedan hablar en nombre de su organización. El Tribunal carece de vergüenza al añadir por antojo textos a la Carta Magna.

Pero el Tribunal también le quita textos a la Constitución. Interpreta la misma sin admitir que se trata del ejercicio de un derecho humano definido en el artículo séptimo como difusión, por cualquier medio, de opiniones, información e ideas. Se niega, sin analizar el punto, que en ese espot como en otros se difunden opiniones, y que, mientras no haya calumnia, el Tribunal no puede censurarlo en vía precautoria ni de ninguna otra manera.

Dicen los magistrados que el líder de Morena “aparece prácticamente todo el tiempo, exaltando su nombre y cargo (por lo que) resulta incuestionable que se trata de la promoción anticipada de su imagen (sic), con lo cual se vulnera (!) el principio constitucional de equidad”. Se acusa al indiciado de “constituir un posicionamiento personalizado indebido de un dirigente partidista (!) vinculado a un proceso electoral específico (?), considerando tanto la centralidad del sujeto (!) participante como el contenido del mensaje, lo que podría resultar contrario a los fines y obligaciones (sic) de los partidos políticos, así como del objeto central de las prerrogativas en radio y televisión”.

Lo anterior carece de agarradera legal pero tiene un piso político muy claro. Los magistrados se han tragado la especie de que hay que detener a López Obrador a como dé lugar porque él ya dijo que será candidato a presidente. Ya sabemos que Osorio, Videgaray, Nuño y Beltrones también quieren llegar a Los Pinos por lo cual ellos aparecen todos los días en la televisión pero en lapsos más largos y con mayor cobertura que cualquier líder de partido: pagan por debajo del agua. La Constitución está muy lejos de impedir la propaganda de los líderes políticos sino que, por el contrario, les otorga acceso a la radio y la televisión.

La propaganda personalizada está prohibida en la Constitución para los servidores públicos con recursos también públicos. Este precepto que se viola todos los días a ciencia y paciencia de las mismas autoridades que se encargan de rechazar las quejas que yo presento por montones, ahora se aplica a los líderes de los partidos políticos. Esto en verdad es una vergüenza mundial.
El Tribunal no ha otorgado una medida cautelar sino que ha entrado al fondo del asunto y ha resuelto la inconstitucionalidad del uso de la radio y la Tv para exponer opiniones inconvenientes desde el punto de vista del gobierno.

Así lo hicieron esos mismos magistrados cuando censuraron el espot del PRD. Ellos dijeron entonces que ese partido no había cometido ninguna infracción pero que de todas formas se cancelaba su promocional porque molestaba la imagen de otro. Ese otro, López-Dóriga, quien había presentado la queja contra la libertad de expresión, aparece casi todos los días en la Tv, impide que muchos se expresen ahí pero le molesta que un partido utilice su imagen como símbolo viviente de un monopolio y, encima de todo, le apoya un tribunal porque junto con él también aparecían Peña y sus compañeros.

El Tribunal ahora ha ido más lejos: “la propaganda política se transmite con el objeto de divulgar contenidos de carácter ideológico para generar, transformar o confirmar opiniones a favor de ideas y creencias”, es decir, no se pueden hacer críticas puntuales sino pura ideología. A los magistrados no les importa la libertad de difusión. Están escribiendo una nueva Carta Fundamental y se las está dictando el secretario de Gobernación.

Así era antes, cuando gobierno y tribunales no se distinguían en absoluto. Ahora, con tribunales de consigna, el gobierno lleva nuevamente al país a un despeñadero de confrontaciones y odios por todas partes.

La deuda de Pemex es del gobierno

Hace muchos años que Pemex carece de déficit. Aun ahora, con los precios del crudo tan bajos, la petrolera estatal obtiene recursos suficientes para cubrir sus gastos corrientes y de inversión. Lo que ocurre es que el gobierno le quita dinero a Pemex y le obliga a contratar adeudos. Todo el pasivo de la paraestatal mexicana del petróleo es culpa del gobierno, incluyendo el relativo al fondo de pensión.

Además, al arrebatar todos sus ingresos a Pemex, el gobierno hace un fraude a la Constitución. Como se sabe, la Carta Magna establece que los empréstitos no podrán contratarse más que para la ejecución de obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos públicos, salvo aquellos de regulación monetaria, operaciones de reconversión de deuda o los necesarios para encarar una situación de emergencia aprobada por el Congreso en términos del artículo 29 constitucional.  Los sucesivos gobiernos –del PRI al PAN y de regreso– han contratado créditos para cubrir sus gastos corrientes, lo cual está prohibido. Se le quita el dinero a Pemex y se le obliga a recurrir al financiamiento para cubrir sus inversiones. Así que la artificial quiebra de Pemex no es más que una maniobra gubernamental. Pemex no está en quiebra. Los privatizadores que hicieron la llamada reforma energética adujeron que Pemex no servía, que ya no sirve aquel capitalismo de Estado que tantos subsidios innecesarios les otorgó para acumular grandes capitales a costa de la nación y, por tanto, se hizo “necesario” abrir a las trasnacionales la exploración y la explotación de hidrocarburos. Lo que en realidad siempre se ha buscado es hacer negocio privado con el petróleo de la nación, por un lado, y cobrar con comodidad, por el otro, los derechos de extracción.

El precio del crudo ha bajado en dos tercios por lo cual Pemex tiene ahora mayores dificultades ya que la carga tributaria sigue siendo muy pesada. Pero desde la llegada de Peña al gobierno en diciembre de 2012 la deuda financiera de largo plazo de la paraestatal ha aumentado en 93 por ciento. Además, la colocación de bonos de Pemex en los mercados extranjeros contiene una prima de riesgo demasiado alta: entre 5.5 y 6.9 por ciento de interés anual cuando el rédito en Estrados Unidos ha estado notablemente bajo.

No obstante esta difícil situación, el gobierno de Peña-Videgaray ha reducido el gasto de inversión de Pemex en 100 mil millones de pesos para el presente año, lo que representa casi un tercio del recorte total del gobierno mientras que el endeudamiento neto interno será de 110 mil millones de pesos y el externo de 8 mil 500 millones de dólares. Es decir, Pemex sigue sosteniendo parte de la operación corriente del gobierno federal, convirtiendo así a los hidrocarburos en gasto improductivo lo que viene a ser la peor forma de usar el excedente petrolero.

La asociación de Pemex con empresarios privados en viejos y nuevos proyectos, así como la entrega de campos petroleros a compañías extranjeras asociadas con negociantes nacionales no significa ninguna salida para Pemex sino mayores complicaciones. La carga tributaria de la paraestatal no se va a modificar por estos hechos. Los inversionistas privados pagarán tasas fiscales diferentes pero Pemex seguirá más o menos igual. La conversión del organismo público descentralizado en “empresa productiva del Estado” no significó más que una disminución de sus operaciones propias y el inicio de un proceso de reducción industrial en todas sus actividades. En paralelo, empresarios que antes aplaudieron la privatización de la industria petrolera y la entrega de campos a las trasnacionales, ahora se quejan de que Pemex no cubre a tiempo los adeudos a proveedores. Sigan aplaudiendo.

Mientras tanto, la corrupción en Pemex no da muestras de amainar. La dirección sindical sigue en manos de las mismas personas que fueron perdonadas por haber sido el conducto delictivo del financiamiento al PRI por mil millones en el año 2006, de tal manera que, al final, ese chiste le constó al Estado mexicano 2 mil millones pues a la directiva sindical se le entregó la misma cantidad dos veces: una para la campaña electoral del PRI y otra para que la pagara a través de un convenio de largo plazo con la consabida compensación fraudulenta. Esas cosas sólo ocurren en México.

La dirección sindical de Pemex es la mejor pagada del mundo pues la paraestatal la compra anualmente a través de dinero contante y sonante como si no se tratara de la organización de los trabajadores sino de una oficina burocrática más. Sí, lo es. A esto se le agrega el tráfico de influencias de los líderes y ejecutivos para colocar contratos con su respectivo diezmo: otra rebanada del pastel.

No es tan sólo una ironía decir que la industria petrolera mexicana debe ser expropiada… por segunda vez.