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Constitución de bolsillo

Javier Laynez, nuevo ministro de la Suprema Corte, se ha iniciado con la peregrina tesis de que los transitorios de los decretos con los cuales se reforma la Constitución son parte integrante de la Carta Magna, es decir, son normas constitucionales. No es nueva la idea pero carece de bases teóricas y de sentido práctico. Si la Constitución es la carta fundamental no puede ser transitoria en ninguna de sus partes. No hay, en efecto, constituciones transitorias.

La Carta Magna mexicana contiene muchas reglas que en otros países estarían en leyes pero como en México el Congreso y el Ejecutivo son especialistas en violar la Constitución, se ha hecho necesario que ésta contenga numerosos elementos que podrían ser de carácter ordinario. Así ocurre también con el uso de los transitorios de los decretos que reforman el código fundamental del país, ya que se han introducido normas autoaplicativas para no esperar a que buenamente el Congreso legisle (hay reformas que tienen años sin leyes reglamentarias) y también con el propósito de que las cámaras no deformen el contenido de los nuevos preceptos constitucionales. Así se han usado los llamados transitorios pero sin que éstos nieguen el contenido de la Carta Magna ya que materialmente se trata de reglas de aplicación o de normas reglamentarias emitidas por el Congreso.

Pero ahora, con motivo del reciente decreto de reformas en materia de la Ciudad de México, hay preceptos transitorios que en verdad pretenden ser normas supremas pero que contradicen por completo la carta fundamental. Una de esas atropella el derecho inalienable de la ciudadanía a elegir directamente a sus representantes. Los gobernantes pueden ser nombrados en ciertos casos pero los diputados y senadores sólo pueden ser elegidos. ¿A quién representaría un diputado nombrado? Pues la respuesta es obvia, a quien lo hubiera designado, pero nunca a la ciudadanía. Además, el Ejecutivo federal, la Jefatura de Gobierno de la ciudad y el Congreso de la Unión carecen de facultades constitucionales para nombrar representantes populares, es decir, diputados. Para Javier Laynez nada de esto tiene importancia. Lo relevante, según él, es que como los transitorios son también votados en los congresos de los estados entonces forman parte de la Constitución y ya sea ha dicho que contra los mismos no opera el amparo ni nada de nada. Punto.

Lo que se ha afirmado al respecto puede ser muy interesante pero no es ley suprema y ni siquiera verdad comprobada, sino reflejo de razonamientos esporádicos de juzgadores un tanto cuanto extraviados. Si no hay constituciones transitorias entonces tampoco los transitorios de un decreto forman parte de la Constitución. Se trata, a pesar de Laynez, de algo elemental: los transitorios son normas ordinarias para hacer valer o llevar a cabo las reformas constitucionales. Por eso son justamente transitorias. Ya después, cuando el Congreso provea las reglamentaciones normativas de tales reformas se deberán introducir ésos y otros elementos siempre que, claro está, no contradigan el texto constitucional, lo cual, en realidad, es lo que está prohibido en este campo. A Laynez, sin embargo, sólo le importa la técnica y los leves antecedentes, pero carece de análisis de fondo para discernir la naturaleza jurídica de los transitorios. Esto quizá se deba a que Laynez desconoce en realidad la naturaleza jurídica de la Constitución y de cada una de sus normas.  No es válido, señor Laynez, que en un transitorio se redacte otra constitución de bolsillo, una a la carta, para complacer al poder establecido. Y usted declara intocables por la Corte los artículos transitorios que despojan a la ciudadanía de uno de sus derechos fundamentales: elegir a sus representantes, es decir, a todos y no sólo a una parte. Por  cierto que el derecho de elegir representantes es derecho humano y que, según la golpeada Constitución mexicana, en la interpretación debe favorecerse la protección más amplia de las personas, es decir, por encima de los intereses o mandatos del Estado. Ahora, por cierto, se empieza a dar el voto a las personas que se encuentran bajo proceso penal porque la suspensión de derechos ciudadanos siempre debe ser resultado de un procedimiento judicial y no se puede aplicar una norma, por más que sea Constitucional, de manera automática sin dar acceso a la jurisdicción del Estado como lo consagra un derecho humano. Pues con más razón se tienen que revisar los transitorios de un decreto de reformas constitucionales que atropellan derechos ciudadanos fundamentales de millones de personas.

El acuerdo tomado por Laynez ha sido recurrido, así que ahora le tocará a los demás ministros y ministras definir si la Constitución mexicana es la única en el mundo que puede contener preceptos de carácter transitorio para, además, negar su propio contenido, o sólo contar, como todas, con transitorios operativos para hacer valer su propio texto. Hay que detener la nueva tendencia legislativa de negar derechos constitucionales a partir de transitorios de decretos que reforman la Carta Magna. Ese es un juego sucio que los ministros y las ministras de la Suprema Corte deberían rechazar con toda energía antes de que se les monten, más aún, los políticos maniobreros e inescrupulosos.

Aguardaremos el debate en la máxima sede jurisdiccional. Mientras, hay que promover el debate público sobre el tema.

Nuevos derechos constitucionales

INTERVENCIÓN DE PABLO GÓMEZ EN LA CONFERENCIA DE PRENSA CON MOTIVO DEL ANUNCIO DE SU PRECANDIDATURA A DIPUTADO DE LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO (FEBRERO 25 DE 2016)

 

 

El principal reto de la redacción de una carta fundamental para la Ciudad de México consiste en establecer derechos económicos, sociales y políticos que no se encuentran en la legislación federal ni en las de las demás entidades federativas. Habría que alcanzar una constitución original pues sería un desperdicio si sólo se repitieran los derechos ya consagrados en la carta federal.

En las últimas décadas se han producido grandes avances en materia de derechos humanos y también se han defendido en muchas partes del mundo los derechos sociales. Al mismo tiempo, el rezago de México en materia de participación ciudadana hace necesario empezar a crear un sistema de decisiones directas. Es por ello que se requiere una Constitución de la Ciudad de México original y avanzada.

Para alcanzar este objetivo se necesita la elaboración de nuevos conceptos de carácter constitucional y de las garantías para hacer efectivos los derechos, tanto los que ya existen en la legislación mexicana como los nuevos que se introducirían en el nuevo texto.

 

DERECHOS FUNDAMENTALES

  1. Los derechos fundamentales deben pormenorizarse de tal manera que todos ellos queden directamente incluidos en el texto constitucional. Esto tiene el propósito de evitar su dispersión normativa y garantizar a la vez su pleno reconocimiento por parte de las autoridades, las cuales quedarían obligadas a divulgar, promover, respetar, proteger y garantizar los derechos fundamentales.
  2. La acción para prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos fundamentales debe estar a cargo de diversas autoridades, cada cual en su esfera de competencia, mas se construirá un tribunal constitucional de derechos capaz de obligar a las autoridades de la ciudad a cumplir con sus obligaciones en esta materia. Dicho tribunal será un órgano especializado del Poder Judicial de la Ciudad de México encargado de hacer valer los derechos fundamentales y proveer lo necesario para el efectivo otorgamiento de las garantías de los mismos. Sus resoluciones serán vinculantes para los órganos de gobierno y otras autoridades administrativas de la ciudad. Estará compuesto por un colegio de magistrados así como defensores de derechos con funciones ministeriales de asistir y representar a las personas en sus denuncias, quejas y reclamos, así como velar por el debido proceso dentro de dicho tribunal y en otras instancias administrativas cuando se trate de derechos fundamentales. Este tribunal resolverá en única instancia sobre la constitucionalidad de las leyes y decretos emitidos por la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, así como de los decretos, acuerdos, ordenanzas y reglamentos del Poder Ejecutivo Local y las alcaldías, a través del recurso de inconstitucionalidad presentado dentro del marco normativo señalado en la propia Constitución y conforme a la ley.
  3. Los derechos de igualdad y no discriminación se harán efectivos constitucionalmente y tendrán garantías expresas y precisas.
  4. La igualdad entre hombres y mujeres abarcará todos los ámbitos en la ciudad. La discriminación y el hostigamiento contra las mujeres, en todas sus formas, serán impedidas, perseguidas y sancionadas. El gobierno estará obligado a promover activamente la eliminación de la violencia contra las mujeres incluyendo toda manifestación del machismo.
  5. Los menores de edad estarán protegidos constitucionalmente y se establecerán las garantías de alimentación, educación, libertad y trato no violento ni discriminatorio.
  6. La ciudad contará con un organismo público independiente de radio y televisión, de carácter plural, supervisado por un consejo ciudadano que garantice el derecho de todos y todas a una difusión abierta y libre.
  7. Toda persona estará dotada de plena capacidad para presentar quejas y denuncias por infracciones a las disposiciones sobre el medio ambiente, las cuales deberán ser atendidas de inmediato por las autoridades sin otro requisito que el testimonio personal.
  8. Los derechos fundamentales podrán ser reclamados tanto en forma individual como colectiva.

 

DERECHOS SOCIALES

  1. Entre los derechos sociales habrá derechos fundamentales que podrán reclamarse de acuerdo con su carácter constitucional.
  2. Los derechos sociales más importantes serán:
  3. Derecho a la atención médica. Toda persona tendrán derecho a la atención médica completa y gratuita con independencia de su afiliación a alguna institución de seguridad social.
  4. Derecho a la educación. Toda persona tendrá derecho a la educación en todos sus niveles. Todo joven estudiante de educación media superior y superior en los establecimientos públicos de la Ciudad y residente de la misma tendrá derecho a un salario como elemento de garantía de terminación de sus estudios.
  5. Derecho a la cultura. Toda persona tendrá derecho a solicitar libros y otros materiales impresos o en lenguaje electrónico de la Gran Biblioteca de la Ciudad de México que constituirá un sistema público. Los jóvenes menores de 25 años y los mayores de 65 tendrán derecho a ingresar gratuitamente a las actividades artísticas y culturales a cargo del gobierno de la Ciudad. En las actividades culturales privadas se brindarán descuentos a los jóvenes y adultos mayores. La Ciudad organizará un sistema público de educación artística. El espacio público de la ciudad estará disponible para la organización de actividades de promoción y difusión culturales en forma no discriminatoria y gratuita, de conformidad con una ley.
  6. Derecho al deporte. La ciudad organizará un sistema deportivo abierto para la participación de personas de todas las edades y sexos.
  7. Derecho al retiro. Toda persona tendrá derecho por ley a recibir una pensión de retiro a partir de los 67 años de edad cualquiera que haya sido su condición laboral. Este derecho abarcará a las personas con dificultad o incapacidad de incorporación al trabajo cualquiera que sea su edad.
  8. Derecho a la vivienda. Toda familia tendrá derecho a una vivienda en propiedad siempre que no cuente con algún otro inmueble y haya tenido residencia en la ciudad durante el tiempo que determine la ley.
  9. Derecho al trabajo. El gobierno pugnará por la creación de los puestos de trabajo productivo para cubrir las necesidades de la ciudad mediante la política económica y la inversión pública. Establecerá un subsidio para cubrir las necesidades familiares de los trabajadores desempleados hasta por un máximo de tiempo. La Procuraduría de la Defensa del Trabajo de la ciudad tendrá autonomía en el desempeño de sus funciones y será independiente del gobierno de conformidad con su ley orgánica; sus funciones abarcarán también la capacidad de dar fe de controversias relacionadas con sindicación, registros sindicales, tomas de nota, recuentos, entre otras, así como la supervisión del desempeño de la Junta de Conciliación y Arbitraje. La ley prohibirá y perseguirá toda forma de contrato laboral de protección y la existencia de sindicatos ficticios. Los trabajadores tendrán derecho a la libertad sindical y no podrán ser obligados a afiliarse a ninguna organización. El sindicato efectivamente mayoritario administrará el contrato colectivo sin menoscabo de los derechos y participación de los trabajadores no sindicalizados o pertenecientes a otros sindicatos. Los derechos de contratación colectiva y huelga serán plenamente respetados y las autoridades otorgarán las garantías para su ejercicio.
  10. Derecho al salario decente. La ciudad establecerá el salario decente con independencia del salario mínimo federal, el cual será moralmente obligatorio para todos los empleadores incluyendo el gobierno. La fijación del salario decente estará a cargo de una institución de la Ciudad que gozará de completa independencia y asumirá sus funciones de manera autónoma con base en su ley orgánica. El salario decente se fijará de conformidad con el concepto de salario mínimo contenido en la Constitución federal así como con un programa de recuperación salarial. Se concederá plena capacidad de denuncia pública moral contra quienes no acaten el salario decente.

 

DERECHOS POLÍTICOS

  1. Todo ciudadano y toda ciudadana tendrá derecho de voto y de ser votado teniendo las cualidades legales, así como a participar en las consultas populares, (plebiscito o referéndum) que sean convocadas para la toma colectiva de decisiones, tanto en el ámbito de toda la ciudad, de una o varias alcaldías o de una o varias colonias, barrios, pueblos o unidades habitacionales. La consulta popular se convocará obligatoriamente a partir de que sus requisitos legales sean colmados por los solicitantes y se llevará a cabo tan luego como pueda ser organizado el proceso por parte de la autoridad competente según la ley. El Tribunal Constitucional de Derechos de la Ciudad de México hará la declaratoria y emitirá la convocatoria a la consulta popular. La autoridad administrativa será el órgano encargado de las elecciones. No podrán ser objeto de consultas los impuestos y otros financiamientos, los presupuestos de egresos ni la vigencia de los derechos fundamentales, así como tampoco aquellas normas legales que tengan su base en la Constitución federal.
  2. Para ocupar cualquier cargo de elección, empleo o comisión de carácter público será suficiente tener al menos 18 años cumplidos, excepto en aquellos casos en los que la Constitución federal imponga otra edad.
  3. A toda petición personal o colectiva la autoridad responderá dentro de los siguientes 10 días hábiles a partir de su recepción, con excepción de aquellos casos en los que las leyes determinen un plazo menor.
  4. Los concejos de las alcaldías tendrán a su cargo, entre otras funciones, ratificar el nombramiento de los jefes de la administración pública, elaborar el proyecto de presupuesto, iniciar procedimientos para realizar consultas ciudadanas, investigar denuncias sobre el desempeño de servidores públicos de la alcaldía, dar seguimiento a las obras públicas, recibir y discutir el informe semestral del alcalde o alcaldesa, oír en sesión plenaria quejas y propuestas de los ciudadanos y ciudadanas y gestionar su atención en el ámbito administrativo.
  5. Todo ciudadano tendrá derecho de presentar denuncia por responsabilidad política contra el jefe de gobierno, los diputados, los magistrados, el fiscal, los alcaldes y concejales, los secretarios de despacho, los presidentes, directores o encargados de los organismos públicos de cualquier naturaleza así como de los integrantes de sus respectivos órganos de gobierno, ante el Tribunal Constitucional de Derechos de la Ciudad de México, el cual incoará el procedimiento de juicio político, llevará a cabo el debido proceso y aprobará sus conclusiones, las cuales, cuando sean acusatorias, serán enviadas a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, donde se resolverá en plazo perentorio por mayoría absoluta de sus integrantes.
  6. Ningún funcionario de la ciudad gozará de fuero. Los legisladores no podrán nunca ser reconvenidos exclusivamente por los puntos de vista que expresen. El jefe o jefa de gobierno, los diputados y diputadas, los alcaldes y alcaldesas, los o las secretarios del despacho, así como el o la fiscal general, gozarán de inmunidad por lo cual no podrán ser detenidos mientras se encuentren en funciones, pero podrán ser sujetos de proceso penal como cualquier otra persona. En el caso de que el juez de primera instancia dicte sentencia condenatoria, la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México resolverá la separación del cargo mediante la mayoría de votos de sus integrantes.
  7. La Ciudad de México tendrá una fiscalía en la que se organice el Ministerio Público. El fiscal general será nombrado por la Asamblea Legislativa, gozará de independencia respecto de los poderes públicos, será autónomo en sus decisiones y podrá ser sujeto de juicio político. La ley fijará su organización y funcionamiento, y tendrá presupuesto propio aprobado por el poder legislativo de la Ciudad. Como parte del Ministerio Público, existirá una fiscalía contra la corrupción cuyo titular será nombrado y removido por la Asamblea Legislativa; la ley definirá con precisión la esfera de competencia de este organismo.
  8. Todo ciudadano podrá ejercer acción penal ante los tribunales cuando se trate de delitos contra su patrimonio, integridad, libertad, dignidad, libre desarrollo de la personalidad y, de manera colectiva, de delitos contra el servicio público tanto de servidores públicos como de particulares, delitos en contra del adecuado desarrollo de la justicia cometidos por servidores públicos, así como delitos contra el ambiente y la gestión ambiental. Los tribunales estarán expeditos y la negativa será especialmente sancionada como ataque al ejercicio de un derecho, por lo cual el juzgador infractor será removido del cargo y suspendido para ejercer la profesión. La defensoría de oficio será habilitada también para auxiliar a los particulares que ejerzan acción penal.

 

REFORMA ADMINISTRATIVA

La Constitución de la Ciudad de México debe contener una reforma administrativa que potencie sus recursos económicos y el talento de sus servidores públicos al tiempo que elimine la corrupción. Las normas constitucionales que deberán incluirse son, entre otras, las siguientes:

  1. Creación de un sistema de planeación del desarrollo de la Ciudad con participación popular y expedición de una ley reglamentaria por parte de la Asamblea Legislativa.
  2. Creación de un mecanismo de auditoría superior de carácter independiente de los poderes públicos, con autonomía en sus decisiones y con capacidad de acción penal. La auditoría tendrá capacidad para realizar auditorías y revisiones en cualquier momento y no sólo después de concluido el ejercicio presupuestal anual. Obligación de la auditoría para realizar actuaciones por mandato de la Asamblea Legislativa.
  3. Creación de un nuevo sistema de seguimiento y control de las obras públicas. Rendimiento de informes parciales de gasto y avance de las obras, y amplia publicidad de los mismos. Publicidad de todos los mecanismos de adquisiciones de parte del gobierno de la ciudad y las alcaldías, así como de todo otro ente público.
  4. Establecimiento de un cuerpo de policía de investigación dentro de la nueva Fiscalía Anticorrupción.
  5. Derecho de los ciudadanos de ejercer acción penal ante los tribunales por los delitos contra el servicio público. Establecimiento de contralorías ciudadanas para la verificación de las obras a cargo de las alcaldías.
  6. Prohibición para que las dependencias del Ejecutivo, organismos descentralizados, órganos autónomos y poderes Legislativo y Judicial realicen inversiones financieras. Todo subejercicio debe conducir al retorno de los fondos no utilizados a la Tesorería de la Ciudad. Prohibición de crear fideicomisos públicos sin ley o decreto del Poder Legislativo.
  7. Prohibición estricta de utilizar recursos públicos en gastos de carácter personal y, por tanto, eliminación de todas las partidas de tal naturaleza. Ningún servidor público podrá disponer de más recursos en dinero o en especie que lo especificado en el presupuesto debidamente aprobado.
  8. Establecimiento por ley de un salario máximo y aplicación estricta del artículo 127 de la Constitución federal. Obligación constitucional de expedir una ley de sueldos. Creación de los delitos referentes al pago de remuneraciones no autorizadas en dinero o en especie.
  9. Imposibilidad legal para que las alcaldías redunden los programas sociales del gobierno de la Ciudad. Prohibición de todo subsidio no autorizado expresamente en el presupuesto de egresos de la ciudad.

 

A los anteriores derechos y reformas de orden constitucional será pertinente añadir otros temas de interés ciudadano que durante el periodo preelectoral podremos ir presentando a la opinión pública.

Francisco: misericordia pero también solidaridad

Escribo esta carta abierta a Francisco, pontífice máximo de la Iglesia Católica, para exponerle que ningún pueblo en verdad perdona a sus opresores. Pedir perdón como usted recomienda es quizá un refugio del ofensor pero, cuando hubo dolo, jamás podrá reparar el daño y ni siquiera reconfortar al ofendido aunque ése lo conceda por necesidad, conveniencia o sencilla piedad. Los integrantes de los pueblos originales de América han sido víctimas de crímenes y vejaciones durante siglos. No sólo sus valores fueron considerados inferiores, como usted ha dicho en Chiapas, sino ante todo ellos han sido tratados como inferiores.

La idea que usted expone de que los integrantes de los pueblos indios han sido excluidos es vieja pero falsea la realidad. En verdad los indígenas fueron incorporados desde un principio, su fuerza de trabajo fue usada para cultivar la tierra y producir los alimentos de todos los habitantes, para explotar las canteras, para escavar las minas y extraer los metales, para construir los palacios y las catedrales, entre otras muchas grandes obras. Han creado también ciudades o partes de ellas. Siempre han estado incluidos en el sistema socio-económico, son uno de los segmentos de éste. La cuestión ha sido que su lugar es el de los expoliados, explotados, vilipendiados por los opresores de antes y de hoy. De donde sí se les excluyó fue del poder político, desde la Colonia hasta nuestros días.

A la luz de esta parte de la realidad, la misericordia es digna de ser reivindicada dentro del catolicismo como usted lo ha venido haciendo, pero carecerá de suficiente fuerza renovadora en tanto no vaya acompañada de la solidaridad. Usted mismo lo ha dicho en Chiapas donde, parafraseando quizá al Popol Vuh o al Éxodo, habló de una tierra donde “la injusticia sea vencida por la solidaridad”. Sí, la misericordia puede reconfortar a muchos y mejorar la actitud del clero pero la solidaridad es indispensable como medio de acción en pos de una obra social. Usted mismo ha rendido homenaje a nuestro querido Samuel Ruiz, quien fue sometido a comparecencias en el Vaticano debido a su solidaridad con los pueblos indios de Chiapas y con otros muchos que luchaban por sus reivindicaciones sociales y su libertad. Usted convocó en Morelia a los sacerdotes a salir a la calle a predicar, lo cual no hacen por lo general, pero también creo que usted mismo puede darse cuenta que la prédica tradicional es ya inoperante y que se requieren los instrumentos de la acción solidaria con quienes luchan por cambiar la vida.

La crítica que usted hace del clero católico quizá sea adecuada tal como la expresa.  Además, su rechazo a la corrupción y la violencia es del todo bienvenida por la inmensa mayoría. Pero sin compromiso solidario todo eso quedará en buenos deseos y grandes discursos. Si el alto clero católico fuera capaz de jugar un papel nuevo ése sería el de la acción solidaria con quienes luchan por cambiar el mundo de injusticia en el que vivimos. Así lo hacen, como vemos, no pocos sacerdotes e incluso algunos obispos. Pero sería necio negar que otros, los de mayor jerarquía, asumen actitudes de simpatía con el sistema injusto y opresor donde por cierto se origina esa brutal enfermedad mexicana que es la corrupción, la cual pocas veces es levemente criticada por esas jerarquías eclesiales que hablan sin autorización alguna en nombre de todos los católicos.

Entiendo que su lucha es desigual pero si usted mismo se detiene ante la incomprensión de los suyos, ¿qué podemos esperar de muchos otros que no tienen la fuerza moral de un Papa? La obra civilizatoria de nuestros días no sólo es acabar con las guerras y defender el planeta sino es también superar el estado de opresión en el que se encuentra la inmensa mayoría de la humanidad. Para ello es preciso luchar con los instrumentos de la solidaridad. Una iglesia solidaria ha sido aspiración de aquellos que desde el sacerdocio nos han mostrado caminos de acción para superar la injusticia y las desigualdades. ¿Es imposible una ruptura con todo aquello que impide la acción de una iglesia que busque un futuro mejor? Se dice que el clero no es un partido aunque con frecuencia asume posiciones políticas. Pero no es una militancia lo que se espera de los sacerdotes sino la solidaridad con quienes pugnan por la fractura de las estructuras sociales imperantes y el consecuente progreso colectivo. La misericordia sola servirá para reconfortar a la gente, para comunicar sentimientos, pero no para cambiar la sociedad injusta.

En discrepancia con usted creo que no es la pobreza una cantera de la violencia criminal sino el resentimiento provocado por la injusticia y la falta de perspectivas ciertas de vida. Sus causas directas son el carácter inservible del sistema para superar el atraso social y la desigualdad, y el Estado corrupto que nos agobia, pero también la cobardía para regular lo que hoy está prohibido y, por tanto, ha sido convertido desde el poder en un inmenso negocio de bandas proscritas de narcotraficantes que se reproducen incesantemente ante la inoperancia de los gobiernos en el mundo entero.

Creo que usted dejó pasar la oportunidad de tener un diálogo directo con los padres de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa. Digo que era una oportunidad porque, aunque se molestara el gobierno mexicano, le hubiera permitido a usted subrayar algo emblemático con pocos precedentes recientes. La tragedia de Iguala fue producto de una acción criminal conjunta de policía y delincuentes organizados, es decir, un producto directo del Estado corrupto. La misericordia pudo haberse aquí combinado con la solidaridad: fue una oportunidad perdida… de momento, tal vez.

Ciudad regentada

Peña Nieto quiere regentar la Ciudad de México mediante un plan para hacerse de más de un tercio de la Asamblea Constituyente. Pero el presidente de la República no tiene proyecto alguno para la carta fundamental de la ciudad sino sólo aspira a detener cualquier intento de expedir algo que pudiera ser ejemplo social y democrático para el resto del país.

En lugar de la conversión de la capital en un estado de la Federación, la Ciudad de México seguirá siendo diferente en algunos aspectos, entre ellos que no podrá tener ayuntamientos propiamente dichos debido a que la Constitución federal se lo impide. Así que la carta que habrá de expedirse ya de por sí va a tener ciertos límites infranqueables. Sin embargo, la ciudad podría sellar varios derechos, algunos que ya tiene y otros que debe y puede tener, los cuales rebasarían a la carta fundamental de la República y a las constituciones de los estados. Como esto es lo que se quiere impedir, el Congreso expidió una “constitución de bolsillo” en los transitorios del decreto de reformas, de tal manera que 40 de un total de 100 diputados (más de un tercio) serán designados por poderes constituidos, lo cual está prohibido en la Carta Magna. La representación de los ciudadanos y ciudadanas es invariablemente de elección popular. Nadie puede representar al pueblo sin ser elegido por el mismo. Hay cargos nombrados por el Ejecutivo o el Legislativo ( y por ambos), puede haber presidente interino o provisional sin una elección popular, pero en México no hay diputados ni senadores designados. Los constituyentes de la Ciudad de México que serán nombrados por el presidente, el jefe de gobierno y las cámaras serán biónicos porque su existencia como tales se desprenderá de algo artificial y no de una elección.

Ahora bien, para dar apariencia de legalidad y legitimidad a los diputados biónicos se afirma que los artículos transitorios de un decreto de reformas o adiciones a la Constitución son parte de ésta. Tal pretensión carece de bases pues el hecho de que integren el mismo decreto y, por tanto, sean aprobados en los congresos de los estados, no les alcanza para tener el nivel de normas constitucionales. La Carta Magna puede ser adicionada o reformada, según el artículo 135 de ella misma, pero las disposiciones transitorias no son ni adiciones ni reformas del texto constitucional sino mecanismos para aplicar las normas adicionadas o reformadas. Los únicos artículos transitorios que forman parte de la carta fundamental son los votados por el Constituyente de Querétaro sólo debido a que se trata del texto original emitido justamente por un poder constituyente. Pero aquellas normas o reglas transitorias derivadas de las adiciones o reformas carecen de esa cualidad porque, además, el contenido de las mismas corresponde a una legislación ordinaria, reglamentaria, derivada de la Constitución que se adiciona o reforma. Lo que hizo el Congreso para llegar a un acuerdo político sobre la Ciudad de México fue inventarse con brutalidad una “constitución de bolsillo” justo para evadir la carta fundamental de la República.

La maniobra legislativa es un precedente altamente peligroso. Si el Congreso puede inventarse una “constitución de bolsillo” contraria a la Carta Magna mediante artículos transitorios en los decretos de reformas constitucionales, entonces lo podría seguir haciendo en el futuro sin que nadie lograra detenerlo. Con esto, el riesgo de sustituir la Constitución por “constituciones” al caso será cada vez mayor. Hasta ahora, los transitorios de los decretos de reformas de la Carta Magna se habían restringido a emitir adelantos de normas reglamentarias de las reformas mismas, pero ahora se han expedido normas contrarias a las contenidas en el texto constitucional y a sus principios políticos esenciales.

El Instituto Nacional Electoral ha convocado a la elección con el mismo impulso inconstitucional. Por encargo de la casa presidencial, cada ciudadano podrá apoyar con su firma hasta a cinco aspirantes a ser candidato independiente; todos los partidos tendrán el mismo financiamiento de campaña y el mismo tiempo en radio y televisión; mas la Constitución dice otra cosa en estos aspectos. Con esas decisiones del INE se nota que no fueron suficientes los transitorios del decreto de reformas sino que hacían falta algunas reglas enderezadas hacia el sometimiento de la ciudad a una nueva regencia: Peña quiere integrar una planilla de por lo menos cinco falsos candidatos independientes apoyados desde Bucareli para recoger votos de incautos que puedan caer en la trampa. Así se completaría el tercio más uno que requiere el gobierno federal para poder vetar cualquier artículo de la nueva Constitución.

Cuán difícil ha sido en la Ciudad de México la conquista de cada derecho, de cada nueva política, de cada nueva manera de expresar qué se quiere y cómo se quiere. La ciudad que le dio su propio nombre a México nación y país se convirtió en el “paria de la Federación”, según dijo Francisco Zarco. Tenía razón y aún la tiene. Han pasado 192 años desde la primera Constitución mexicana pero la Ciudad de México fundada en 1325 sigue estando desde 1521 bajo la vigilancia de los poderes políticos establecidos, la cual se hizo aún mayor en 1928. Ahora elegimos autoridades pero esto sigue siendo apenas un inicio emancipador. Pocas veces se ha visto en la historia una lucha tan larga para conquistar lo que toda entidad debe tener bajo los principios democráticos y las normas del federalismo. En eso estamos todavía y, por lo visto, seguiremos.

¿Quién atiende el binomio política-delincuencia?

El Partido de la Revolución Democrática y el Partido Acción Nacional han pedido a la comisión de seguridad nacional del Congreso que promueva ante la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría General de la República el examen del problema consistente en que políticos ligados a la delincuencia organizada obtienen candidaturas y desempeñan cargos de elección popular o gubernamentales. Este fenómeno es viejo pero hasta ahora no se han  producido propuestas institucionales para contrarrestarlo. Alguna vez Miguel Ángel Osorio presentó a los presidentes de esos dos partidos algunas observaciones del Cisen sobre sus respectivos aspirantes a cargos de elección. Pero no existe un sistema, todo es circunstancial.

La PGR ha declarado que no tiene permitido dar a conocer elementos de averiguaciones en curso ni tampoco investigar sin “querella”, es decir, denuncia. Pero entonces, ¿por qué lo hace con irritante frecuencia a la menor insinuación de Los Pinos o de Bucareli? La respuesta brindada al PRD y PAN es francamente desesperante pues denota que al Ministerio Público Federal le importa un comino que haya políticos ligados a los carteles. Sin embargo, lleva a cabo filtraciones a los medios, detenciones ilegales y arraigos cuestionables cada vez que lo decide, es decir, según conveniencias políticas. ¿No conviene prevenir institucionalmente a los partidos, incluyendo al PRI donde forma filas la procuradora? Por lo demás, quizá se equivocaron PRD y PAN al incluir a la PGR en su solicitud a la comisión del Congreso porque ésta con la mayor frecuencia no ata ni desata.

Por ejemplo, Humberto Moreira se gastaba más de 300 mil pesos al mes en España, al grado que la policía le investigó sus movimientos. La PGR lo ha exonerado de todo delito en México, pero nadie ha logrado explicar porqué el ex gobernador de Coahuila gasta tanto en su sustento personal. Y así sucesivamente. Este cuento de que el Ministerio Público tiene a su cargo perseguir al binomio crimen-política no se lo cree nadie en el país. Mas ese binomio es mucho mayor que la llamada infiltración del narco en la política pero cuando esta última surgió hace 70 años todo era tan paradisiaco para los políticos oficialistas que sus vínculos con el narco resultaron naturales. Así lo entendió entonces el Ministerio Público y sigue.

El gobierno federal sigue culpando a los partidos (excepto al PRI, el que más) de sufrir la “infiltración” de la delincuencia organizada. Se ignora con evidentes propósitos políticos que los partidos carecen de instrumentos legales, extralegales o ilegales para investigar a sus propios miembros, a sus aspirantes, a sus candidatos, a sus legisladores, ediles, gobernadores, etc. Pero apenas declara algo la PGR, los dirigentes partidistas se lanzan contra los indiciados (excepto cuando son del PRI), los linchan inmediatamente sin datos precisos de alguna posible relación ilícita, sólo para cubrirse. Aquí la presunción de inocencia es una frase, tal como ocurre en la PGR y con no pocos jueces penales. En  realidad ningún partido por sí mismo está en condiciones de hacer trabajos de “inteligencia criminal”. Sólo el gobierno puede.

Sin embargo, ante esta tragicómica realidad, el gobierno no responde a los llamados a crear un sistema de prevención de uno de los fenómenos asociados a la delincuencia organizada. Si esto ocurre cuando los personajes, es decir, los políticos, están al descubierto, imaginemos lo que sucede con individuos que trabajan de manera clandestina.

Han pasado nueve años desde que se declaró la “guerra” a la delincuencia organizada de fuera del Estado y de la empresa formal. Durante ese tiempo han muerto en esa “guerra” decenas de miles de personas y se encuentran desaparecidas otras tantas. En realidad aquello no tenía ningún plan sino que era el discurso para justificar la presencia de los militares en las calles y para seguir sin buscar tener una policía de verdad y sin corrupción. En el fondo se trata de la renuncia a luchar contra el Estado corrupto que es la base sobre la que descansa el sistema dentro del cual se encuentra el narcotráfico y el binomio política-delincuencia. Felipe Calderón no hizo absolutamente nada para combatir la corrupción dentro del aparato del Estado; al contrario, la fomentó, como ya lo había hecho Fox. Este es el mayor fracaso histórico del PAN, aún mayor que el de sus inconsecuencias respecto de la democracia.

La negativa del gobierno de Peña de colaborar con los partidos para prevenir candidaturas ligadas a los narcos refleja la manera como funciona el Estado corrupto mexicano. Mientras, las mayores tareas del momento son desaforar a Lucero Sánchez, meter a la cárcel a Kate Del Castillo y extraditar a Guzmán Loera.