Archivo por meses: diciembre 2015

Mutismo político

El acontecimiento político mexicano más importante y trascendente del año de 2015 no fue la elección de diputados sino el fraude electoral que se realizó en esos comicios. No fue nuevo en absoluto que el PRI se quedara en  menos de un tercio de la votación nacional, ni siquiera fue una sorpresa que el llamado Partido Verde, aliado de Peña Nieto, hiciera fraude con una campaña electoral anticipada para beneficiar la alianza que mantiene con el PRI. Tampoco fue tan trascendente que le hubieran arrebatado al PT siete diputados a los que tenía derecho en el momento del reparto. Lo que modificó la composición de la Cámara de Diputados fue el fraude priista directo.

Cuando el equipo de Peña Nieto diseñó la estrategia electoral para 2015 se vio precisado a abarcar varios aspectos que confluyeran en el objetivo central de obtener una mayoría de curules. Fue así que se ideó un fraude mediante la utilización de la alianza con el llamado Verde para evadir la cláusula de la Constitución que prohíbe una sobrerrepresentación mayor a ocho puntos sobre el porcentaje efectivamente alcanzado en las urnas. Esto quiere decir que si un partido tiene, por ejemplo, el 30 por ciento de la votación, no podrá tener más del 38 por ciento del total de la Cámara (500), es decir, 190 curules. Esos 8 puntos de sobrerrepresentación son una treta política para beneficiar al partido más votado, pero la treta está acotada. Así, para poner otro ejemplo, si un partido con el 30 por ciento de votos con un tope de 38 por ciento de la Cámara obtiene 190 distritos o más de mayoría relativa, entonces no participa en el reparto de curules plurinominales porque ya tiene un porcentaje artificial, es decir, el 38 en lugar del 30 por ciento que en realidad obtuvo. La única forma de ir arriba de ese 38 sería exclusivamente con diputados de mayoría relativa, es decir, elegidos cada cual en un distrito.

El PRI no podía obtener mayoría de la Cámara ni con su firme aliado. Desde mucho antes del inicio de la campaña electoral ya se advertía el resultado posible. Con tal cálculo correcto, el PRI registró más de 20 candidatos uninominales priistas como si fueran del llamado Partido Verde para que al momento de determinar la cantidad de diputados de mayoría relativa que había obtenido el mismo PRI, se contaran menos, por lo cual a ese partido se le darían más diputados plurinominales hasta llegar a su tope máximo. Así fue, pero como los cachirules priistas sólo obtuvieron el triunfo en 10 distritos, entonces al PRI se le pudieron regalar diez curules de representación proporcional y no 20 como lo buscaba desde un principio.

Así fue como Peña se tomó la mayoría en la Cámara de Diputados sin tener que depender de otro de sus aliados, pero menos seguro, que es el partido que en su momento fundó Elba Esther Gordillo, pero que ahora lo regentean unos líderes sindicales venales y empanicados  a través de unos políticos desconocidos. ¡Qué país!

Hay mutismo político. La prensa calla. Nadie habla del fraude electoral del 2015, el cual fue tan evidente que podría ser la comidilla cada vez que se aprueba algo en la Cámara de Diputados. De lo que se habla es sólo del otro fraude, el del llamado Partido Verde, con su campaña anticipada y un torrente de millones en apoyo de Peña Nieto.

Ahora bien. ¿Dónde se fraguó el fraude electoral, tanto el del PRI como el del PVEM? En primera instancia se llevó a cabo dentro del Instituto Nacional Electoral. En segundo nivel se confirmó en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. México no ha logrado la creación de instituciones electorales imparciales. Han transcurrido 25 años desde que se dieron los primeros pasos hacia un objetivo que no se ha podido alcanzar.

Secretaría de Cultura

No se trata de rechazar cualquier planteamiento sólo por su autor o autores. La creación de la Secretaría de Cultura no ha sido idea de Peña, de Chuayfet o de Nuño sino de muchos artistas que durante años plantearon la necesidad de un ministerio especialmente dedicado a las artes. No podría decirse que se trata de algo vinculado en especial al gobierno actual, el que, por cierto, no tuvo en su plataforma electoral este objetivo.

La experiencia indica que las secretarías de educación, tanto la federal como la de las entidades federativas, nunca han dado importancia a la promoción y difusión de las artes en general porque viven agobiados por una tarea siempre mal hecha que es la educación básica. Si las universidades públicas dependieran de las secretarías de educación serían pésimas porque éstas no pueden ver más lejos que la enseñanza primaria y secundaria, con muchos trabajos y torpezas.

No se trata ahora de ponernos a discutir el concepto cultura porque ese es un tema en el cual no tiene porqué haber acuerdo pleno. Sin embargo, hay muchas actividades y espacios que entran dentro del concepto cultura cualquiera que sea la definición que se quiera usar. Esos terrenos y esas tareas son justamente las que debe realizar una secretaría de cultura. El problema no es, por tanto, la existencia de dicho ministerio sino la política que se va a aplicar.

En realidad, lo que debería discutirse es la orientación que tiene Conaculta, ahora, y debe tener la próxima Secretaría de Cultura. En lugar de centrarse en la crítica de lo que ahora existe y de la gestión que ahora se hace, muchos han preferido especular sobre los motivos supuestamente ocultos del decreto de creación de la Secretaría. Se ha dicho, incluso, que la idea es privatizar espacios públicos, lo cual es absurdo porque para hacer eso no se necesita crear una nueva secretaría de Estado.

Si la Secretaría de Cultura ha de tener un sentido ése será el que logren darle los artistas. Mas no estamos hablando sólo de las grandes figuras sino de todos ellos, en especial de las manifestaciones artísticas llamadas populares y señaladas como tradicionales. La relación entre el Estado y las más variadas expresiones artísticas es por demás accidentada, carente de programas y sujeta a influencias clientelares políticas de diversos tipos. Abrir debates críticos sobre los temas relacionados es la tarea más inmediata cuyos resultados deberían ser la de incorporar a miles y miles de artistas, así como a comunidades y poblaciones que demandan atención a sus necesidades en estos terrenos, para construir en un plano popular y democrático las alternativas culturales.

Así no tiene caso el debate sobre la mariguana

Enrique Peña Nieto ordenó la apertura de un debate sobre la mariguana organizado por su propio gobierno. Ese mismo día reiteró: “mi posición categórica de estar en contra de la legalización de la mariguana”. “No se confundan, se abre un debate”, le ha dicho a sus hijos quienes le preguntaron si podrán pronto fumarse un churro en Los Pinos. El padre protector ya lo ha dicho: nada de churros. ¿Para qué convoca al debate? ¿Para concluir irremediablemente con su “posición categórica”? La cuestión es relevante porque el presidente de la República, en México, puede vetar las leyes del Congreso y se necesitaría el voto de dos tercios de los legisladores presentes en ambas cámaras para vencer la resistencia presidencial: imposible en este caso.

Las consultas convocadas en las cámaras, tal como la que organizará Osorio Chong, serán ejercicios con un solo resultado posible: dejar las cosas más o menos como están. Sin embargo, el uso de la mariguana es un problema cada vez mayor en México, pero no por cierto por sus consecuencias de salud sino por el rápido crecimiento del comercio ilegal monopolizado por bandas delincuenciales muy violentas y armadas hasta los dientes.

La cuestión no es médica porque la mariguana hace mucho menos daño que las drogas permitidas y porque los médicos especialistas están divididos en sus opiniones de tal manera que cuentan más las consideraciones morales que cualesquiera otras. Es evidente que no todo lo que hace daño o puede hacer daño a la salud está prohibido. Así que esa discusión carece de sentido.

Pero el endeble argumento de la salud se mezcla con otros temas en forma equivocada por parte de algunos responsables padres de familia. Veamos lo que dice quien va a vetar toda ley que al respecto no le guste: “¿para combatir el crimen organizado pongamos en riesgo la salud de la niñez y la juventud mexicanas? Mi respuesta es no”, ha dicho Peña Nieto. La pregunta está desfasada. Si la mariguana hiciera daño a la salud de niños y jóvenes, eso ya está sucediendo en forma creciente e imparable, tal como en efecto ocurre con las drogas legales, el alcohol, el tabaco. Fallecen muchos miles de adultos al año por alcoholismo y tabaquismo, pero no se tiene registro de decesos por consumir mariguana. Sin embargo, mueren muchos miles al año, jóvenes en su mayoría, en una guerra imposible de ganar e imposible de perder contra la delincuencia organizada que trafica con mariguana.

Las preguntas que hay que hacer son muy importantes porque de las equivocadas, como la hecha por Peña, se obtienen respuestas erróneas. Que cualquiera las haga, tiene poca importancia, pero tratándose de quien puede vetar leyes, es cosa grave.

Un debate verdadero podría requerir a los criminólogos. La división entre ellos generaría al menos la exposición de diversas teorías sobre el crimen, la cual, a su vez, ilustraría a la opinión pública sobre un tema que México vive trágicamente pero que no se discute.

Sin embargo, la discusión es principalmente política. La cuestión radica en cómo combatir a la delincuencia organizada ligada al tráfico de drogas. Como eso ya se ha intentado hasta el desangramiento,  el camino que hoy se abre en el mundo es el de revisar la prohibición. Prohibir siempre ha sido lo más fácil. Perseguir a los transgresores ha sido más complicado. Detener con la pura prohibición un comercio con gran demanda ha sido enteramente imposible, al menos bajo el Estado secular. Pero aún es más trascendente discutir este tema desde el lado de las libertades, cuestión que se trata de dejar de lado en los foros o debates convocados sólo para especialistas en diversos temas pero con la ausencia de intelectuales capaces de introducir el elemento central que es la capacidad de autodecisión de las personas.

No tiene caso llevar a cabo debates y foros sabiendo el resultado de antemano. En este contexto, son un fraude, uno más. Carece de ética convocar a una discusión sobre la base de tener tomada la decisión de impedir cualquier opción contraria a la propia, como ha dejado dicho Peña Nieto con entera claridad.

Así que sería mejor realizar el debate por fuera pero en contra de las posiciones presidenciales categóricas.