Archivo por meses: noviembre 2015

Los tropiezos del denominado Partido Verde

Durante los últimos cuatro meses de 2014 y en enero de 2015, el así llamado Partido Verde realizó toda clase de tropelías, violaciones, abusos y confabulaciones con las cuales anticipó su campaña electoral. Así, durante ese lapso el PVEM era el único partido en campaña. Además, en su propaganda sólo decía mentiras.

Pasaba el tiempo pero el Instituto Nacional Electoral dilataba la sustanciación de las quejas presentadas contra el PVEM con simples pretextos. Aquella lluvia de quejas se convertía en lluvia de indolencia, irresponsabilidad y falta de probidad del INE. Sólo cuando la comisión de quejas del INE negó una medida de suspensión cautelar de un espot del PVEM, se logró ubicar el proceso contra ese partido en el Tribunal Electoral, el cual de inmediato ordenó al INE acatar la ley y proceder a suspender los actos que a la postre quedaron como ilegales. Pronto, en sedes judiciales empezaron a llover sanciones pecuniarias contra el partido infractor. Sólo así reaccionó el INE para imponer una multa al PVEM por desacato a medidas cautelares.

Entre las muchas sanciones contra el llamado Partido Verde se encuentra el haber distribuido miles de tarjetas de descuento denominadas Premio Platino con las cuales es posible lograr mejores precios en establecimientos que participan en tales promociones. Las tarjetas tienen un costo y suelen ser parte de otras promociones. El PVEM las enviaba a domicilios de electores para premiar supuestamente la fidelidad de los mismos a ese partido. La verdad es que tales tarjetas eran recibidas por personas que no tenían membresía partidista. La cuestión es que esos regalos están prohibidos en la ley electoral y, por ese camino, constituyen también un delito federal. El llamado Verde fue multado con 4 millones y a partir de entonces ya no hubo la menor duda de que se trataba de una transgresión de la ley.

Como consecuencia de todo lo anterior, se presentaron denuncias ante el Ministerio Público. Apenas ayer nos enteramos de que la Fepade, que es la fiscalía electoral de la PGR, ha solicitado una orden de aprehensión contra Arturo Escobar y Vega, líder del PVEM y subsecretario de Gobernación hasta hace unas horas, por regalar tarjetas de descuento después de haberlas comprado. Este delito pretende perseguir una práctica muy vieja y conocida de regalar algo a cambio del voto, así sea despensa, lámina para construcción, cemento o tarjeta de descuento como en el presente caso. Escobar, al parecer, firmó los contratos de compra de tales tarjetas, por lo cual se ha convertido en el principal sospechoso del delito.

No se trata de un asunto nuevo sino de una infracción cometida por el llamado Partido Verde junto con otras muchas que ya han sido analizadas en el Tribunal Electoral y, por tanto, sancionadas. En este caso, por cierto, también se ha castigado al PVEM por haber comprado las tarjetas, lo cual está igualmente prohibido.

Mas hay algo relevante: el PVEM mantiene su registro electoral a pesar de haber violado la ley durante meses en una forma sistemática y continua. El INE se negó a cancelarle el registro electoral pero tal resolución se encuentra ahora en manos del Tribunal Electoral, el cual podría ordenar que se le quite el registro a ese partido. Habría que considerar seriamente si es válido que por la vía judicial un partido pierda su registro, siempre que por esa misma vía hubiera sido sancionado como consecuencia de muchas infracciones cometidas de manera sistemática, pues ello implicaría que tal organización se dedica en realidad a violar la ley de tal manera que las multas millonarias tan sólo son parte del costo monetario de su ilegalidad.

Más allá de que existe una opinión popular francamente favorable a quitar el registro al PVEM, lo cual no es en absoluto motivo para hacerlo, la verdad es que el problema es grande cuando un partido paga en efectivo sus violaciones de la ley. Aquí el problema deja de ser algo concerniente a la democracia y se inscribe en el terreno de la delincuencia. ¿Así lo analizará el Tribunal Electoral?

¿El Islam es terrorista y está en guerra con Occidente?

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Carta abierta e impersonal a Norberto Rivera Carrera

El semanario Desde la fe, órgano de la Arquidiócesis Primada de México, ha publicado un editorial (23.11.2015) titulado “la violencia terrorista del Islam”, en el cual se afirma: “… nuestro país pertenece cultural e históricamente a ese Occidente al que el Islam ha declarado la guerra”.

Bajo la conducción de Norberto Rivera Carrera, el arzobispado metropolitano se ha distinguido por brindar opiniones polémicas y generar enfrentamientos de contenido político, pero no había hecho hasta hoy proclama belicista, cuestión por lo demás cuestionable también a la luz de postulados contemporáneos de la iglesia romana. Lo más duro del editorial no consiste en la confrontación de Rivera con el clero al que pertenece sino con el país del que es ciudadano y con el mundo occidental cualquiera que sea la acepción de Occidente a la que él mismo se adhiera.

El Islam no ha declarado ni ha realizado actos de guerra contra Europa Occidental, Estados Unidos y demás países de la misma “pertenencia cultural”. Ni siquiera ha sucedido esto con la otra gran zona cristiana compuesta por los países eslavos, entre otros. Pero, para mayor concreción, ¿hay un “verdadero choque de culturas más que de religiones” como suscribe Rivera?

Dentro de la tesis de la “guerra cultural” entre el Islam y Occidente, expuesta atropelladamente por Rivera en su editorial, no existe el menor análisis de la guerra de Siria, de los 200 mil muertos, musulmanes en su inmensa mayoría, de las intervenciones de las potencias occidentales y de Rusia, así como de otros países de mayoría islámica. Para abordar la “guerra del Islam y Occidente”, Rivera ignora la guerra de verdad, la que ha desangrado a un país entero. También ignora a todo efecto práctico la acción terrorista y más aún los efectos de ésta, las reacciones de varios gobiernos, la suspensión de derechos y libertades, el fomento del racismo y la discriminación, la desconfianza étnica contra los árabes, la intensificación de los bombardeos en Siria, el atentado en la capital de Malí.

Rivera expone entre sus pruebas algo atroz: “¿Cómo podemos explicar –escribe– que el Islam no hunde sus raíces en la violencia cuando vemos que sus líderes y jefes se deslindan, a regañadientes, de esos actos de barbarie diabólica, y no se atreven a hacer una condena contundente?” Tenemos un arzobispo que podría estar peor que los cruzados de la Edad Media, los cuales al menos reconocían la pretensión de enriquecerse como parte de las guerras contra el Islam.

El arzobispo llega al extremo de echar en cara a los “cinco millones de musulmanes” que viven en Francia el no haber realizado “una marcha multitudinaria condenando sin regateos el atentado”. Al margen del hecho de que las manifestaciones en Francia están prohibidas al menos por el momento, habría que preguntarle a Rivera parafraseando al papa Francisco: ¿quién eres tú para juzgar así a esos millones de franceses sólo porque su religión no es la tuya?

Norberto Rivera quiere llevar a México al odio contra el Islam tomando como un simple pretexto el terrorismo yihadista procedente de Medio Oriente y de Europa misma. Vivimos un mundo ya enloquecido de por sí como para tener que inventarnos otro peor por consejo de un arzobispo.

23.11.2015

Los liderazgos y la Tv

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El presidente del PRI, Manlio Fabio Beltrones condena que líderes de otros partidos aparezcan en los promocionales de radio y televisión. ¿Quiénes otros tendrían que hacerlo? El jerarca responde: cualquiera que no fuera líder político principal y posible precandidato a la presidencia de la República. Además, el priista agrega: salir en la tele es un fraude a la ley porque ésta no se hizo para adelantar campañas electorales.

Es difícil encontrar en otro país afirmaciones como éstas. Los principales voceros de los partidos suelen ser sus líderes sin que tal cosa pueda ser reprimido. En las llamadas democracias avanzadas el jefe de Estado o presidente del gobierno es el líder de su partido y busca la reelección. Mas si los dirigentes no hablaran se entendería que nada tienen que decir y estaríamos en el mejor mundo posible, uno con políticos mudos. Sin embargo, la ley no se hizo para prohibir que los líderes aparezcan en la pantalla sino justamente para permitir que digan su discurso sin depender para ello de las empresas de televisión y radio.

Por otro lado, el país sufre una campaña de publicidad de Aurelio Nuño en radio, televisión y prensa que al parecer jamás acabará porque empezó justo el día en que Peña Nieto le nombró secretario de Educación Pública y en ese cargo seguirá. Pero Nuño no es líder de un partido, al menos no lo es de manera formal, sino un servidor público que tiene prohibido por la Constitución realizar propaganda oficial personalizada. No obstante, él lo hace todos los días, como también lo hacen algunos gobernadores (Eruviel Ávila en primer lugar), sin que haya sido posible hasta ahora detener las cotidianas violaciones de la Carta Magna, no obstante los esfuerzos que se han llevado a cabo en sedes administrativas y jurisdiccionales.

El tiempo de los partidos en radio y televisión se ha concedido para que éstos digan lo que quieran por parte de quienes quieran, en especial para que critiquen al gobierno o, siendo partido en el poder, lo apoyen. No puede haber ninguna limitación a un derecho que deviene de la libertad de difusión y de la naturaleza de entidades de interés público que poseen los partidos políticos en México. Esto quiere decir que el Estado debe proteger –no sólo permitir– que los partidos hagan propaganda sin depender de los dueños de los medios ni del dinero de los ricos.

Los promocionales políticos y electorales donados o comprados están prohibidos con el propósito de impedir que los medios inunden el espectro radioeléctrico con su propagada y que los partidos se vendan aún más para así poder pagar las tarifas. Sin embargo, ahora Beltrones, al contrario de lo que él mismo apoyó en el Senado cuando estaba en la oposición, quiere que los partidos puedan adquirir tiempo en radio y televisión al precio que los concesionarios les impongan.

El escaso debate en los medios electrónicos se lleva a cabo a través de los mensajes de los partidos. Pero para que un político se vea realmente en la Tv se requiere que los noticiarios cubran a diario sus actividades. Eso lo logran quienes pagan de manera subrepticia por cuenta del erario, naturalmente. Así se hacen las campañas publicitarias. Así lo hizo Peña Nieto cuando era gobernador del Estado de México. No les ha importado nunca que la Constitución lo prohíba porque su texto es algo referencial. Si Aurelio Nuño puede aparecer a diario en todos los informativos de la radio y la televisión, ¿qué aflige a Beltrones? Peña Nieto ya tiene precandidato y éste es el personaje político más visto y escuchado de la temporada. El problema de Nuño es que se le ha ido acabando el discurso regañón con el cual sostiene que la reforma avanza y nadie la podrá impedir como si la evaluación de los profesores pudiera ser un objetivo en sí mismo.

El PRI se muestra muy preocupado por el simple uso de los tiempos políticos en la televisión a través de inocuos promocionales de 20 segundos. La reforma que debería hacerse es que los partidos contaran con programas de varios minutos en los que expusieran algunas ideas, si llegaran a tenerlas, de tal manera que el público pudiera tener información sobre lo que cada cual propone. Además, se requeriría lo que casi está prohibido en México: el debate político directo y presencial de los líderes de los partidos en las cadenas nacionales de televisión. Ante estas propuestas, Beltrones calla. Es normal.

Migajas de corrupción

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El método de repartir migajas presupuestales a los diputados no es nuevo. Lo inventó el PRI en el Estado de México hace muchos años y lo utilizó Peña en sus años de gobernador. Son migajas porque 10 mil millones de pesos (20 millones por cabeza) es mucho dinero pero muy poco dentro de un presupuesto de más de cuatro millones de millones. Se trata de un reparto de dinero para que cada diputado y diputada decida en qué debe usarse. Es como si cada representante popular sacara de su cartera un dinero para entregárselo directamente a su gente, a sus amigos, a sus seguidores.

Cuando este sistema opera para obras públicas o adquisiciones, se abre el enorme campo de los moches que son los cobros por haber sacado dinero del presupuesto para determinados propósitos, por ejemplo, el diez por ciento del gasto en cuestión para quien lo hizo posible, el diputado, sedicente legislador.

El presupuesto es un terreno de disputa política. Siempre lo ha sido. Pero una cosa es que los partidos y los legisladores traten de orientar el gasto hacia determinados propósitos como parte de políticas públicas y otra cosa muy diferente es que cada legislador se tome una bolsa de veinte millones para repartirlos él mismo en determinados lugares y con determinadas cuotas para ciertos propósitos compartidos entre el promotor y el beneficiario, como si el representante popular fuera un coyote, en lo cual se convierte inmediatamente con esta práctica. Tal uso de los recursos públicos se lleva a cabo a través de una colusión de servidores públicos que se ponen de acuerdo para realizar actividades que no son lícitas: es un delito.

Según el acuerdo de la Cámara de Diputados, los diez mil millones de pesos tendrán el propósito que cada diputado y diputada determine y se ejercerán con reglas de operación determinadas por la Secretaría de Hacienda en el mes de marzo del próximo año. El fin de cada peso del presupuesto debe estar determinado en el propio decreto, ser válido desde el punto de vista de la ley y ejercido de acuerdo con normas presupuestales. No es legal aprobar dinero con propósitos determinables con posterioridad por parte de cada legislador convertido ilícitamente en agente intermediario del ejercicio del gasto. Tampoco es legal utilizar dinero del erario para hacer política en favor de cualquier servidor público

Además, con 10 mil millones de pesos anuales se podría financiar una universidad de buen tamaño, construir varios hospitales de zona, reparar miles de escuelas ruinosas que hoy existen en el país, entre otros muchos propósitos. Pero, ¿cuál es el programa presupuestal de ese gasto de 10 mil millones? Ninguno. Por tanto, es inconstitucional ya que el gasto se conforma de programas con criterios y objetivos cuantitativos y cualitativos previamente determinados en el Presupuesto de Egresos de la Federación según reza la Carta Magna.

En términos generales, el acuerdo de reparto de dinero en San Lázaro es parte del funcionamiento del Estado corrupto. Y en términos concretos es la comisión de un delito y una transgresión grave de la Constitución del país.

Mariguana: un debate para alcanzar soluciones

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El debate sobre las drogas no se ha abierto con la resolución de la Suprema Corte sobre el derecho a cultivar y transportar mariguana para consumo propio. El punto ha sido tratado durante muchos años. A partir de la crisis de violencia en México, el asunto se convirtió en algo verdaderamente urgente. Por ello, la culminación de este debate debe hacerse pronto y arrojar soluciones efectivas.

Sería perder el tiempo seguir con la discusión sobre los posibles daños de la mariguana a la salud de los consumidores. Nadie muere por sobredosis de cannabis ni se ha demostrado que fumar esa hierba produzca adicción. Si la mariguana no puede ser tratada de igual forma que el alcohol y el tabaco –extendidos problemas de salud– mucho menos debe mantenerse prohibida.

El problema que hay que plantear es el control del Estado sobre la producción, transporte, distribución y comercio de la mariguana. Lo que se debe buscar es que se termine con la actividad ilegal pero no para desregularla. La Corte considera que la gente puede cultivar su propia cannabis, lo cual implica que también se puede asociar para tal fin. Aunque la mariguana puede cultivarse hasta en macetas, sería difícil tratar de resolver el problema con la pura resolución judicial pues el comercio ilegal se mantendría casi en el mismo nivel que hasta ahora.

De lo que se trata es de sustraer la mariguana del nefasto comercio de drogas que tanto daño ha hecho al mundo, no por las drogas en sí sino por la delincuencia violenta que ha prohijado la prohibición y por el carácter corrupto del Estado que forma parte de este esquema. Cierto es que en el futuro cercano deberá acabarse con la prohibición en general, mas por lo pronto la mariguana es un buen comienzo porque es la más consumida entre las drogas actualmente prohibidas.

La experiencia holandesa debe ser analizada y seguir con atención lo que ocurre en Uruguay y en varios estados de la Unión Americana. Pero lo más urgente es que el tema entre en la esfera de la política, que los partidos definan posiciones y el Congreso aborde el problema sin maniobras distraccionistas o dilatorias que no conducirían más que a dejar las cosas como están. El tema no será resuelto en los tribunales sino en el Poder Legislativo como se desprende del sistema político de la Constitución.

Ahora bien, los obstáculos a un cambio efectivo en este tema se derivan del miedo a que se relajen las buenas costumbres y a que el Estado termine promoviendo el consumo de drogas. Este miedo no se va a eliminar con una discusión sensata porque sencillamente no proviene de la sensatez. Los bandos de opinión a este respecto no coinciden exactamente con la derecha y la izquierda ya que hay gente muy conservadora en materia política y social que combate la prohibición mientras que personas de izquierda tienen miedo y se muestran defensoras de una ley que ha demostrado su naturaleza inicua en el plano social, económico y jurídico. Aunque existe una mayoría de derechistas que defienden el pernicioso sistema actual, no todos lo hacen ni son los únicos en hacerlo.

Otro problema sobre este tema es que bajo el Estado corrupto la desregulación no supera necesariamente la mordida. Como se trata de despenalizar para controlar con certeza y probidad, puede ser una nueva amenaza la generalizada falta de honradez de la autoridad y, por tanto, la violación organizada de las leyes. Hay que admitir que la lucha contra la prohibición es parte de la lucha contra el Estado corrupto pero sólo en un sentido general. Como la persecución legal del negocio de las drogas es parte integrante del sistema de corrupción que impera en México, con la sola regulación de la producción y distribución de la mariguana no se va a reformar el gobierno. Esto quiere decir que se requeriría la más amplia y solidaria participación vigilante de los consumidores para evitar que las autoridades abran un nuevo mercado paralelo ilegal.

Ninguna reforma se realiza sin generar problemas nuevos pero éstos se pueden resolver con el mismo ímpetu con el cual fue posible realizar tal reforma. Con ese espíritu habría que acometer esta tarea. Pero hay algo indispensable: que no se cuelgue nadie de las malintencionadas tesis de que este tema no es importante o que primero debe votarse en plebiscito. Por un lado, no sólo los más grandes problemas deben resolverse. Por el otro, las libertades y derechos humanos no son materia de consultas populares o, al menos, no deberían de serlo.