Archivo por meses: octubre 2015

Prisión política como método político

La aprehensión de cuatro dirigentes del magisterio de Oaxaca, más las que se lleven a cabo en las próximas horas, son parte de una táctica política del gobierno. Esto quiere decir dos cosas: la justicia se utiliza como instrumento de la gobernanza y esta misma se encuentra sometida a las órdenes de la rama ejecutiva. Así era bajo el porfiriato; así era bajo Díaz Ordaz; así era bajo Salinas; así es bajo Peña. Parece que México es un país que se muerde la cola como perro enloquecido.

Los delitos que se dicen fueron cometidos por los ahora encarcelados tuvieron lugar hace meses. Por lo visto el Ministerio Público averigua cuando quiere y concluye a la hora que se lo ordenan. El delito político de la acusación es motín aunque en este caso se trata de manifestaciones a la entrada de una refinería de Pemex que no es una autoridad (el motín es una conducta tendiente a evitar el cumplimiento de la ley por parte de la autoridad). El motín no es un delito grave pero la PGR ya lo declaró de esa manera.

Luego viene el robo pero de ejemplares de libros de texto gratuito lo cual es algo absurdo. ¿Para qué robar algo que carece de precio en el mercado? Como todo es una puesta en escena, entonces aparecen otros delitos varios pero jamás de afirma cuando fueron cometidos y de que manera. El juez que concedió las órdenes de aprehensión será el mismo que declare la formal prisión (sujeción a proceso penal) y niegue la libertad bajo de fianza. Todo está ya resuelto.

Pero además de las patrañas antes referidas existe otra que no es menor: los acusados han sido conducidos a una cárcel de máxima seguridad, a la del Altiplano, en Almoloya, seguramente para volver a usar la celda que dejó vacía el Chapo Guzmán en su peliculesca  huida. Pero esa clase de prisiones –se dijo antes y se dice ahora—funcionan para reos de la más alta peligrosidad acusados siempre del delito de delincuencia organizada. Ahora han sometido a la máxima seguridad a dirigentes sociales, uno de los cuales está acusado sólo de delitos del orden local de Oaxaca cuyo juez tendrá que enviar a su secretario hasta Almoloya para tomar la declaración preparatoria.

Esta puesta en escena nos está diciendo que el gobierno de Peña ya no tiene ningún límite para usar como antes se hacía todo el aparato de justicia y poner a ésta a su servicio político directo. La PGR no ha mejorado por lo visto sino que ha empeorado en estas últimas semanas. No es que esta forma de actuar sea nueva sino que en los últimos años se había realizado con cierta cautela y sobre todo con enredos de tal manera que no fuera tan difícil negar el uso político de la justicia.

Con estas aprehensiones hemos regresado de lleno al descaro diazordacista. El secretario de Educación se ha referido a la conducta de los cuatro inculpados. El subprocurador federal ha dicho que se trata de personas contrarias a la reforma educativa (así llamada). Todos los periodistas del país dan cuenta del estrecho vínculo entre los procesos penales que se va a abrir y la actividad sindical y política de los acusados.

Se trata, sí, del uso de la prisión política como método político. El diálogo y las negociaciones se van a un plano secundario. Ante esto, el pronóstico es que en México habrá más violencia política procedente de todos lados.

Lluvia sobre Peña Nieto

Nunca un presidente de la República había sido tan vapuleado desde los organismos de derechos humanos. Todos los comisionados que vinieron se fueron después de hacer fuertes reclamos. Otros recibieron al gobierno y a éste no le fue tampoco bien. Para completar el cuadro, el Departamento de Estado del vecino del norte ha dicho a las claras que no pudo acreditar ante el Congreso de su país que se estuviera mejorando el respeto a los derechos humanos en México, por lo cual no había podido obtener la autorización para ejercer unos cinco millones de dólares para el actual año fiscal estadunidense. El gobierno de México declaró que no admitía calificaciones extranjeras pero no explicó que ya las había aceptado cuando firmó la Iniciativa Mérida y después la mantuvo vigente. Nomás le falto a Peña que se le acercara un can con propósitos nada edificantes.

Más allá de las incomodidades del gobierno mexicano, la cuestión estriba en la situación de los derechos humanos en el país. Una sucesión de hechos indica que el gobierno no sólo viola tales derechos sino que deja de cumplir con sus obligaciones para proteger a la gente, las cuales son elementos básicos de toda función gubernamental.

Uno de los voceros del gobierno, Campa Cifrián, ha dicho que la Procuraduría General de la República es la encargada de todo lo relacionado con el caso Iguala. Lo dijo como una forma de no dar importancia al hecho de que la Seido ya no seguirá con las pesquisas sino otra subprocuraduría, justamente la que tiene a su cargo el respeto a los derechos humanos. Pero el punto no estriba en esto. Campa se equivoca. El problema es que la policía que depende de la Secretaría de Gobernación no es interlocutor de nada relacionado con la violencia ni la crisis de derechos humanos en el país, a pesar de que la Constitución le permite investigar los delitos. ¿Dónde está la policía? La verdad es que no existe sino para vigilar, para patrullar, para perseguir delitos en flagrancia. México no tiene policía, esa es la verdad.

En tanto esta situación siga igual, la PGR no podrá hacer nada pues carece de fuerza, sólo tiene unos abogados en funciones de fiscales y unos investigadores que jamás podrán abarcar la función policial en toda su dimensión.

Mientras que Peña es señalado dentro y fuera del país como un presidente incapaz de brindar garantías y proteger los derechos humanos de la población mexicana, la policía a su cargo directo se esconde, no da la cara, es como un turista que se pasea por la Costera de Acapulco pero es incapaz de averiguar los asesinatos, secuestros y extorsiones que ocurren a dos cuadras de su perímetro de vigilancia. Lo mismo ocurre en todas las ciudades y zonas rurales.

La Policía Federal ha sido un fracaso rotundo. Si se debe perseguir a Guzmán Loera, es la DEA la que le localiza y la Armada la que le persigue sin éxito, quizá porque alguien le avisó antes. La policía federal y el comisionado de seguridad ni siquiera sabían que el tal Chapo era perseguido cuando la prensa de Estados Unidos ya había informado al mundo, no sólo de la persecución sino de la nueva evasión y de las lesiones del perseguido. Todo es una vergüenza.

Por todo esto y más se ha producido una lluvia de acusaciones y reclamaciones contra Peña Nieto en todo el ámbito de la lucha a favor de los derechos humanos. Por eso también mucha gente dentro de México espera alguna definición gubernamental al respecto. Pero nada. No hay ningún plan nuevo sino un seguir en las inercias y justificaciones. Cuando se le pregunta al gobierno mexicano cuándo retirará al Ejército y la Armada de la lucha contra los narcotraficantes la respuesta es sencillamente que nunca porque no se le ve final a la crisis de violencia que azota al país. Pero Peña Nieto no intenta una explicación al respecto. En realidad, en lugar de tratar de dar alguna satisfacción a sus interlocutores en Washington y Nueva York, lo que tampoco hace bien, Peña debería ofrecer exactos razonamientos a los mexicanos y mexicanas que, dígase lo que se diga, viven la crisis de violencia como si la sintieran en carne propia por la sencilla circunstancia de que cualquiera puede ser víctima.

Sí, le ha llovido a Peña. El mayor problema sin embargo es que él ni siquiera lo siente. Sigue exactamente igual que antes.

La hora de la Corte

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (nombre largo) deberá dentro de poco recibir a dos nuevos ministros o ministras. Por fortuna, el debate ya ha empezado. ¿Qué clase de personas deben llegar a ese tribunal?

La Corte tiene 11 lugares, de los cuales dos son ahora ocupados por mujeres pero una de ellas va a  retirarse. Lo lógico sería que las dos vacantes fueran ocupadas por mujeres de tal forma que la composición de sexo de la Corte alcanzara tres mujeres y ocho hombres, lo cual seguiría estando lejos dos conceptos: equidad numérica de género y empoderamiento de mujeres. Con el nombramiento de dos ministras, los cartones no se emparejarían pero no estarían tan desbalanceados.

A lo anterior se suma la preocupación sobre el perfil de las mujeres que han ser ministras. Si éstas fueran personas que reproducen al género como algo “natural” aunque en verdad sea la construcción social de una relación de poder jerarquizada, entonces no se habría avanzado un milímetro y con probabilidad alta tendríamos una regresión. En cambio, si las nuevas ministras se ubicaran en el campo de la lucha a favor de los derechos de las mujeres y de la igualdad, entonces habría un cambio en la Corte.

Otro tema es el directamente político. En Italia, por poner sólo un ejemplo, la militancia política está prohibida a los jueces. En realidad, este aspecto aporta a la necesidad de evitar que quienes dicen el derecho lo hagan bajo presiones políticas de cualquier clase. No está mal este concepto por más que resulte insuficiente. En México es preciso reivindicarlo con toda convicción.

El tercer problema es el amiguismo. Los presidentes de la República buscaban con frecuencia que amigos suyos llegaran a la Corte aunque no fueran personas idóneas. Lo lograron siempre. Ahora, bajo el programa restaurador de Peña Nieto, el amiguismo adquiere nuevos bríos. El embajador en Washington, Medina Mora, llegó por sorpresa a la Corte a pesar de haber sido procurador, es decir, uno de los principales violadores sistémicos de los derechos humanos. Pero Medina Mora ayudará al transexenismo, el cual es el programa de Peña Nieto.

Ahora bien, un punto relevante es que, con la composición actual del Senado, el Partido Acción Nacional es decisivo para nombrar a los dos ministros o ministras, considerando que el PRI hará lo que le ordene Peña. El PAN suele exigir un bien precioso del rancio oscurantismo del que es portador: que los aspirantes sean contrarios a la despenalización del aborto. Lo demás le importa menos. Este elemento podría brindar al panismo una nueva aproximación ideológica concreta con Peña Nieto, lo cual es un peligro para los movimientos y partidos que luchan a favor de los derechos de las mujeres.

Lo que se ofrece como más factible es que Peña y el PAN tomen cada cual un lugar con lo que se podría producir un desastre en la integración de la Corte, tanto porque sería un cuoteo político pernicioso como porque se produciría un nuevo acto de unidad trascendente de las derechas.

En realidad aquí la izquierda parlamentaria tiene un papel muy reducido y no está mal que así sea porque Medina Mora pudo haber sido rechazado con el voto en contra de tres senadores de ese bando los cuales se desaparecieron a la hora de las definiciones, es decir, del voto. Los protagonistas principales en esta coyuntura deberán ser los movimientos, grupos y corrientes progresistas y feministas, tanto dentro como fuera de la academia. Todo ese conglomerado de sujetos políticos debería unirse bajo una misma plataforma para dar otro sentido y lograr otro desenlace a la hora  de la Corte.

Crisis de derechos humanos

No debería haber discusión sobre la existencia en México de una crisis de derechos humanos. El debate debería fincarse en cómo superarla.

La vigencia de los derechos humanos entra en crisis cuando la autoridad no es capaz de sostener en la práctica los valores admitidos universalmente y cuando la inobservancia de dichos valores se generaliza. La frecuencia con la cual en México se producen asesinatos y desapariciones que no son investigados y mucho menos perseguidos es suficiente para analizar dicha crisis con un nuevo método que permita lograr que el Estado sustente la protección de las personas.

Es de sobra conocido que la mayoría de las muertes violentas y las desapariciones forzadas no son ejecutadas por autoridades pero eso no impide que tales delitos sean considerados como atentados a los derechos humanos debido a que su cuantía sostenida o incrementada a través del tiempo se debe a la mala acción o a la pasividad de un Estado incapacitado para defender tales derechos. Dicho de otra forma, la crisis de derechos humanos es hija legítima del Estado corrupto mexicano.

Es también sabido que la violencia no se manifiesta con igual intensidad en todas partes del país y que hay entidades donde es mucho mayor el número de asesinatos y desapariciones, así como secuestros y extorsiones. Pero eso tampoco debe impedir un análisis completo del fenómeno porque éste sólo puede ser encarado a través de la acción del Estado nacional. Se calcula que en México se han producido más de 150 mil asesinatos violentos en los últimos diez años sin que haya sentenciados en la inmensa mayoría de los casos.

Al tiempo, los organismos públicos mexicanos de derechos humanos suelen ser lentos y condescendientes con los órganos del Estado, no sólo cuando éstos son los responsables activos sino en especial cuando resultan ser omisos en el cumplimiento de su deber. Los informes del grupo internacional de expertos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Alto Comisionado de la ONU han tenido un filo que no suelen poseer las recomendaciones o declaraciones de la CNDH y sus similares de las entidades federativas. En materia de derechos humanos no cabe el lenguaje sugerente ni los métodos atemperadores. Lo que se requiere es una forma directa de exponer las conclusiones como lo han hecho los recientes visitantes de instancias internacionales.

La respuesta de Roberto Campa al informe de los integrantes de la Comisión Interamericana, de seguro por instrucciones de sus dos jefes superiores, Peña y Osorio, ha sido de lo más inadecuado tratándose del vocero de un  gobierno cuyo país forma parte de un sistema de derechos humanos. Negar la crisis mexicana con el argumento de que no es igual en todas partes del país es una respuesta torpe. Peña, por su lado, ha llegado al extremo del humor involuntario por haber dicho al Alto Comisionado de la ONU que en México, como en todo el mundo, existen desafíos en lo que hace a las garantías individuales.

La posición oficial del gobierno mexicano de tratar de minimizar la crisis de derechos humanos no podría conducir más que a una mayor demora en su solución. No se advierte que se tomen decisiones que conduzcan a resolver los grandes problemas del combate al narcotráfico y sus derivaciones delictivas ni que se construyan las instituciones capaces de encarar esos desafíos aludidos pero no señalados por Peña Nieto. El gran triunfo mediático de la detención de Guzmán Loera terminó en un escándalo mundial por la fuga de éste de la prisión supuestamente más segura del país. El informe sobre la tragedia de Iguala, llamado verdad histórica, es también algo escandaloso en tanto que deja más preguntas que hechos comprobados. Un año después el país carece de información sobre los móviles y la relación entre los involucrados. El secretario de la Defensa dice que las tropas no estuvieron fuera de su cuartel porque nadie las llamó pero existen decenas de testigos que estuvieron en las calles y que mantenían comunicaciones con los cuerpos de policía. No son conocidas las actividades concretas a las que se dedicaba o dedica el grupo delincuencial Guerreros Unidos ante la paciencia de autoridades civiles y militares, como tampoco lo son sus permanentes ligas concretas con el gobierno municipal y la policía de Iguala. No sabemos siquiera cual autoridad se hizo cargo y revisó los autobuses de servicio público federal detenidos a balazos por la policía municipal la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala. Casi nada se nos ha dicho, pero la PGR induce versiones hacia la prensa, las cuales ni siquiera aparecen en las declaraciones ministeriales.

La crisis de derechos humanos requiere una respuesta política de parte de la sociedad. Algo fuerte que atraviese partidos y que vaya uniendo al país alrededor del reconocimiento pleno de la realidad y la definición de las acciones públicas que es preciso emprender para garantizar la vigencia de los derechos humanos. El camino de la arbitrariedad grotescamente reflejado en Tlatlaya y en Iguala debe ser clausurado para abrir otros senderos transitables.

Cataluña española

El Estado español ha sido uno de los más duros e intransigentes para admitir la independencia de sus conquistas. Peleó con todo lo que pudo contra la independencia en América, resistió hasta el final para retener a Cuba, para sólo mencionar al llamado nuevo continente.

Catalunya ha buscado ser libre del dominio español pero por lo visto no lo será, al menos de momento, porque España no le reconoce el derecho de autodeterminación y porque las maniobras políticas de respuesta a esa negativa han resultado malas experiencias para la causa independentista. El referéndum del 9 de noviembre de 2014 (9-N) y la elección parlamentaria catalana del 27 de septiembre de 2015 (27-S) han sido votaciones contrarias a la separación de Cataluña de la España monárquica, es decir, del llamado Estado español. La primera porque la asistencia a las urnas fue relativamente baja, la segunda porque los partidarios de la independencia no alcanzaron la mayoría de los votos emitidos. Los dos principales responsables de ese fracaso son Artur Mas y Oriol Junqueras, líderes de Convergencia (CDC) y de Esquerra Republicana (ERC), quienes han encabezado la confección de la estrategia.

La cuestión en Catalunya es el derecho de autodeterminación que no admite la vieja España cuya democracia no le ha llevado a superar la impronta del imperio. Mas y Junqueras pactaron entre ellos y con algunos otros grupos una vía de autodeterminación sin pasar por la previa conquista del derecho sino a través de un método que podría considerarse revolucionario pero en el siglo XXI que aún no registra revolución alguna. Por lo visto, Catalunya no iba a ser la primera. El 9-N se quiso refrendar el carácter de nación de Catalunya y su derecho a ser lo que ella misma decida. El 27-S se quiso adquirir en elecciones ordinarias declaradas plebiscito un mandato para promulgar en forma unilateral la independencia del país. ¿Por qué? La respuesta es sencilla: España no le reconoce a la nación catalana su  derecho nacional fundamental: ser lo que ella misma decida. Toda afectación a la integridad del Estado español debe ser dispuesta por este mismo sin que sus partes integrantes puedan ejercer derechos por sí mismos. Así ha sido siempre. Esto es diferente en Canadá y Gran Bretaña pero España se sigue negando a reconocer el derecho de autodeterminación de los pueblos proclamada por las Naciones Unidas. España es indivisible para siempre, punto. Sin embargo, se  ha dividido muchas veces.

Las consultas populares que se han llevado a cabo en Quebec y Escocia, así como el derecho a la secesión de Irlanda del Norte que puso fin al largo conflicto civil, no son reconocidas por España porque ese imperio no admite nada diferente al derecho de conquista. El españolismo es la ideología del imperio español. Los gobiernos radicados en Madrid siempre han sido extranjeros en Catalunya como también en Euskadi y en Galicia, digan lo que digan los ideólogos de ese españolismo al que se unieron en algún momento de la historia y sin explicaciones los socialistas que, por lo que se observa, no están dispuestos a dejar de ser españoles imperiales por más de izquierda que se digan ser.

A toda evidencia reciente, Cataluña no dejará de ser parte de España pero, sin derecho a la autodeterminación esa pertenencia seguirá siendo impuesta. Si la vieja España se rejuveneciera siquiera al nivel del viejo imperio británico —lo cual sería muy poco–, Catalunya decidiría ser parte de España pero con la conciencia de que en el momento en que cambiara de opinión podría convertirse en el Estado independiente al que tiene derecho.

Por lo pronto, las filas del independentismo se verán afectadas porque Artur Mas no tiene suficiente fuerza para gobernar después del fracaso de su estrategia, como así lo reconocieron en su momento los líderes de Quebec y Escocia. ¿Otra imposición más a la dolida Catalunya sólo para sostener a un líder hasta donde se pueda? Las acusaciones contra Mas por desobediencia y otros delitos supuestamente cometidos durante la jornada del 9-N, promovidas desde Madrid, se dirigen contra el movimiento de independencia pero no deberían ser suficiente motivo para sostener a Mas en la presidencia porque eso mismo se convertiría en un elemento perjudicial para la causa nacional catalana. Catalunya no tiene ni tendrá padre de la patria, vivimos otros tiempos.

La elección del 27-S convertida en plebiscito no fue reconocida como tal por el gobernante Partido Popular, de derecha, y el opositor Partido Socialista, como tampoco por Ciudadanos, de pretendido centro liberal, y ni siquiera por la otra formación emergente, Podemos. Para todas esas fuerzas políticas de España la votación no iba a ser un plebiscito si acaso el bando claramente independentista obtenía la mayoría de sufragios emitidos. Pero como no fue así, entonces esas mismas fuerzas sí han reconocido la elección ordinaria como mandato plebiscitario y reclaman su victoria. De esa forma funciona el montaje español de la democracia.