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Spots que no fueron para López-Dóriga

Joaquín López-Dóriga, uno de los principales vendedores de spots y no sólo de gacetillas, se duele de que las campañas “anodinas y repelentes” hagan derroche de spots porque, según ese eminente politólogo, éstos son “gratis” (Milenio, 26.05.2015). Sin embargo, las leyes y las cuentas no le resultan al conductor de noticias de Televisa: los spots de los partidos corresponden por entero al tiempo del Estado el cual está dividido en dos segmentos: el señalado por la ley que es una contraprestación a favor del fisco pagada por los concesionarios que usan un bien de la propiedad de la nación y no de ellos; y el lapso de origen fiscal que resulta de aplicar un derecho convertido en impuesto a cargo de los anunciantes que debe ser enterado al fisco por parte de los concesionarios, es decir, es el pago en especie de un gravamen. En total se trata de menos de 50 minutos diarios pero no son gratuitos.

El Congreso modificó la Constitución en 2007 para eliminar el sistema de compra-venta de tiempos de radio y televisión con propósitos políticos y electorales, tanto para impedir la intervención de agentes adinerados que no fueran participantes directos en la lucha política, tales como los conglomerados empresariales, como para eliminar un mercado monopolizado de anuncios políticos en radio y televisión. El sistema de Estados Unidos ya casi no existe más que en ese país. La mayoría de las democracias pluripartidistas del mundo ha optado por un modelo regulado de comunicación político-electoral en los medios electrónicos mediante el cual a cada partido se le otorga un determinado tiempo. Que en México se haya optado por el espoteo es algo ajeno al modelo pues podrían ser mensajes de tres o cinco minutos a pesar de la eventual protesta de los concesionarios que verían “ensuciada” su programación. Lo mejor sería optar por mensajes más largos, pero esa es otra discusión.

López-Dóriga se ha unido una vez  más a la lucha en contra del sistema constitucional de comunicación política en radio y televisión porque el negocio consiste en vender anuncios. En realidad quienes están en la conducción de esa campaña que no ha parado desde 2007 son la mayoría de los concesionarios. Eso de no poder vender spots políticos cuando éstos abundan ha de ser el peor mundo posible. Es ver pasar miles de millones sin poder tocar un solo peso. Cualquiera podría imaginarse el estado de ánimo de los frustrados vendedores. Pero hay que recordar que ellos venden lo que no es suyo: el espacio radioeléctrico que es propiedad de todos.

El problema es aún más complejo. Cuando los partidos políticos y el gobierno dependen de medios de comunicación extremadamente monopolizados tienen que someterse a sus dictados. En la medida en que los políticos encuentren mayores espacios propios de comunicación en esa misma medida tendrán mayor independencia respecto del duopolio televisivo que aún predomina. Ese fue el otro propósito de la reforma de 2007. Pero López-Dóriga, como fiel exponente de Azcárraga, nos dice que la gratuidad de los spots (ya vimos que gratuitos no son) lleva a que sean muy malos al grado de que nadie por ellos ha de cambiar el sentido de su voto y ni siquiera decidirse a votar. El aspirante a politólogo una vez más se equivoca: el deterioro de la lucha política no se debe a los spots, terreno que es el suyo, sino a otros factores que nos llevarían a escribir mucho más y en eso estamos. Suponer que la pobreza en el discurso político obedece a que la propaganda electoral en radio y televisión no es negocio de los concesionarios es debilitar el análisis al grado de simplificar tanto todo que nada de lo real puede ser en verdad criticado. Y esto es justamente el objetivo: la televisión mexicana está conformada para evitar el pensamiento crítico. López-Dóriga puede lanzar todas las piedras que quiera y le permitan pero nunca podría hacer una crítica a fondo de un sistema injusto, corrupto  y antidemocrático como el que vivimos. Al contrario, todo lo que no sea de su interés mercantil es repudiable. Pues sí, para él. Por lo pronto, los spots electorales no son mercancías.

El INE y sus innominados enemigos

Es posible presumir que la grabación y divulgación de las palabras de Lorenzo Córdoba hayan sido ilegales, es decir, que sean delitos. Lo que se tiene que dilucidar es quiénes serían las víctimas u ofendidos. Según el mismo Córdoba, las víctimas son tanto él como Instituto Nacional Electoral –además de Edmundo Jacobo–, por lo cual el INE ha presentado una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República.

El bien jurídico que tutela ese delito es la privacidad a que tienen derecho las personas. La intervención de comunicaciones es un delito desde 1980 cuando la Cámara de Diputados integró una comisión investigadora de las interferencias que hacía el gobierno, la cual no investigó absolutamente nada pero promovió la reforma de la legislación penal pues esa conducta era hasta entonces considerada como falta administrativa. La escucha telefónica es uno de los ilícitos penales más frecuentes, menos denunciados y mucho menos perseguidos por el Ministerio Público de la Federación que es el encargado. El monitoreo telefónico es lo menos conocido de cuantos delitos se cometen ya que la mayoría de las escuchas son realizadas por agencias gubernamentales sin orden judicial, es decir, de manera subrepticia y por tanto delictuosa. Pero la grabación y divulgación del diálogo entre Córdoba y el secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo, no afectan la privacidad del Instituto pues no fue una conversación oficial sino algo pretendidamente jocoso y de estilo personalísimo. No hay ningún asunto oficial o que tenga que ver con el INE o con alguna de sus funciones. Es un comentario que pudiera ser bochornoso pero que en forma alguna compromete al Instituto. Además, por el lado de la sola interferencia no está probado que ambas líneas telefónicas estén contratadas por el INE y que, por tal situación, las escuchas podrían hacerse a cualquier servidor público que usare el equipo.

El asunto es relevante porque al presentar al Instituto como parte pasiva del posible delito se le compromete en algo por completo ajeno. Con la conversión del INE en víctima se presume que está en la mira de sus enemigos. Pero, ¿el Instituto Nacional Electoral tiene enemigos? Una respuesta positiva a esta interrogante ha sido otorgada por el mismo Córdova y no pocos periodistas quienes han dicho que la divulgación de lo dicho por el consejero presidente del INE tendría como propósito someter a la institución y que también se trataría de una represalia por las multas impuestas recientemente al Partido Verde (así llamado). Si la divulgación de lo dicho por Córdoba es un ataque a la independencia del INE habría que discutir en primer termino cuál es justamente el grado de independencia que esta institución tiene actualmente y respecto de quiénes. Ahí empezarían los problemas porque no parece que exista acuerdo al respecto.

Si la publicación de la anécdota contada por Córdoba busca afectar al INE, que se diga entonces algo más concreto como podría ser el porqué y el propósito específico. Al menos tendrían que ponerse a la vista los posibles enemigos del Instituto. Pero se recurre a la insinuación con el propósito de ubicar el problema en un lugar diferente al de un posible delito cometido contra dos personas y al del contenido de unos dichos de Córdova que están expuestos a la crítica por provenir de una figura pública.

Las televisoras, el Partido Verde (así llamado) y el INE

El Instituto Nacional Electoral ha impuesto una multa de 322.4 millones de pesos al Partido Verde (así llamado) por haber recibido aportaciones ilegales en especie. Tales aportaciones fueron spots de televisión que se pagaron con recursos públicos procedentes de los grupos parlamentarios de ese partido en el Congreso federal. Hasta aquí las cosas están claras pues el PVEM reconoció los pagos y el Tribunal Electoral, en sentencia, consideró que los spots no habían sido publicidad de informes de labores de los legisladores sino propaganda política de ese partido. Incluso, ese mismo tribunal le ha impuesto a las televisoras una multa de dos millones de pesos por haber realizado actos contrarios al sistema de comunicación política que señala la Constitución del país.

El problema subsistente consiste en que la queja presentada por el PRD en contra del Partido Verde (así llamado) no sólo abarcaba la ilegalidad de las aportaciones en especie de los grupos parlamentarios  sino también aquellas provenientes de las televisoras (Televisa y Azteca) por haber cobrado tarifas bajas e inexistentes al PVEM, lo cual es una forma de aportar en especie según el derecho electoral. Sin embargo, el INE se negó a mantener abierta esa parte de la queja del PRD y, al resolver la multa de los 322.4 millones de pesos, dejó sin investigación y, por tanto, sin sanciones los actos ilegales consumados por las televisoras en ayuda del Partido Verde (así llamado).

En efecto, Televisa colocó 1 778 spots y cobró en promedio 26 776 pesos por cada uno, mientras Azteca emitió 2 274, con una tarifa promedio de 20 956 pesos, todos ellos en cadena nacional, es decir, retransmitidos por los canales de ambos consorcios para alcanzar 239 mil 286 impactos contados por el INE en todo el país. Estas tarifas no existen en la realidad, sin embargo, una mayoría mínima de consejeros del INE las da por buenas con el falso argumento de que el Tribunal Electoral se basó antes en las facturas emitidas por ambas empresas como elementos probatorios de la compra-venta de los spots, pero nunca como demostración de las tarifas comerciales verdaderas de los mismos. Los casi 106 millones pagados por los grupos parlamentarios del PVEM hubieran sido dos mil 720 millones si tomamos en cuenta las tarifas publicadas en internet por Televisa y calculadas de otras formas en cuanto a Azteca, todo lo cual consta en el expediente pero sin haber sido tomado en cuenta por los seis consejeros que, una vez más, quieren perdonar a las televisoras sus graves violaciones a las leyes del país.

Ahora bien, según la Constitución (transitorios del decreto de reformas sobre telecomunicaciones) y la ley de la materia, las televisoras y radiodifusoras deben tener una lista de tarifas mínimas. Esto se debe a que, como se trata del uso de un bien de dominio de la nación concesionado a particulares, es necesario impedir que los tiempos de publicidad sean vendidos a bajísimo precio a los amigos o a partes relacionadas con las empresas concesionarias con lo cual se crearían condiciones de competencia ventajosa para algunos anunciantes. Bueno, las tarifas mínimas deben ser dadas a conocer por los concesionarios mientras el Ifetel debe llevar el registro de las mismas. Nada de eso parece estar ocurriendo en la realidad a pesar de lo que señala la maltratada Constitución del país.

El INE puede inquirir las tarifas mínimas, compararlas con lo efectivamente pagado por el Partido Verde (así llamado) y listo: tendremos una diferencia que nos indicará la cantidad aportada por las televisoras (en especie) al PVEM. ¿Por qué no lo hizo el INE a partir de enero de este año cuando el PRD presentó la queja? La respuesta es muy sencilla: porque no quiso. Aquello de que en México existen poderes fácticos no es una frase de propaganda política de pocos sino una realidad que afecta a muchos. Las televisoras son intocables y cuando se les toca ya vemos lo que ocurre: multa de dos millones entre todas por haber conspirado contra la Constitución. Eso da risa pero más le ha de dar a los dueños de los consorcios de la televisión mexicana.

Veremos lo que al respecto dice el Tribunal Electoral. No estoy optimista pero tengo derecho a soñar.

Decir lo que sabes es decir verdad

Para hablar de otros, de contextos o de hechos ajenos, cercanos o lejanos, no existe la verdad. Lo que tenemos es el saber, bueno, malo o mixto, exacto o aproximado. Lo relevante es que no podemos o no debemos dejar de hablar de otros con tal de hacerlo con  honradez, buscar un saber que no es exactamente propio. Eso es decir verdad aunque no sea la verdad. Bueno, el punto es que así no son los políticos en México ni sus partidos; mucho menos el poder del Estado.

Lo anterior viene a cuento porque el Partido de la Revolución Democrática intentó cambiar  las tradiciones, al menos un poco, y mandó a elaborar un informe sobre sí mismo en relación con la postulación de José Luis Abarca en Iguala, el gobierno de éste y el desenlace de la tragedia con sus heridos, asesinados y desaparecidos. El informe ha sido presentado en plena temporada electoral por una comisión especial.

Con independencia de lo que contiene el informe y de la manera en que algunos medios han tratado de manipular su contenido llegando al extremo de inventar su propio informe, es un hecho relevante el informe mismo porque es el primero de este carácter que se redacta en por lo menos los últimos 50 años de vida política nacional. Nadie ha logrado recordar algo parecido a este informe. El que un partido se investigue a sí mismo y ordene redactar un informe en el que salgan a relucir nombres, situaciones, contextos y demás aspectos de su vida interna es inesperado, por decirlo de alguna manera.

La responsabilidad política de la tragedia de Iguala corresponde al PRD pero no por entero. Existe también responsabilidad política del PRI (partido gobernante en Cocula),  del gobierno federal y del gobierno del Estado, así como del Ministerio Público de ambos niveles. Cada quien fue omiso en algo, incumplió de alguna manera su obligación de defender los intereses públicos. Pero el PRD es el único que ha admitido tal responsabilidad. El PRI, campante como siempre, mantiene en Cocula a su presidente municipal con el apoyo de la PGR y de Murillo Káram que lo examinó y decidió que no podía ser inculpado de absolutamente nada a pesar de que los jefes de policía de ese municipio eran miembros orgánicos de la banda de criminales denominada Guerreros Unidos.

La PGR nos ha salido con la novedad de que José Luis Abarca –jefe de la policía municipal por mandato de la Constitución del país– sólo está procesado por posibles hechos ocurridos antes de la tragedia del 26-27 de septiembre de 2014 pero nada que ver con los heridos, los muertos y los desaparecidos. Operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero) y delincuencia organizada son los cargos. Pero, ¿quién diablos nos va a explicar bien los hechos que llevaron a una tragedia nacional aquel día de septiembre y la madrugada del siguiente?

El inédito informe que presentó la Comisión Especial del PRD aporta elementos válidos para buscar respuestas, no sólo en cuanto a la expresión criminal de los hechos sino en lo que se refiere a contextos anteriores en el campo de la política. La tragedia de Iguala no es un hecho criminal aislado sino un problema político con consecuencias criminales. Por ello, algunos medios han querido sesgar la información atribuyéndole al informe la afirmación de que Zambrano sabía que Abarca estaba ligado a los narcos –lo cual es absolutamente falso– o que el mismo Zambrano no solicitó oficialmente un informe al gobierno sobre Abarca sin admitir que lo oficial no sólo es lo escrito porque de ser así se paralizaría la vida institucional del país. Como suele ocurrir, López-Dóriga es el campeón de la manipulación que pone en labios de la Comisión Especial cosas que no están en el informe sino que son libres interpretaciones suyas, añadidos incluidos: el método de presentar como noticia un editorial, mentiroso por añadidura. Aquí se nota la muy vieja escuela de la manipulación informativa.

Era natural, por decirlo así, que el informe fuera recibido para hacer uso de la falsificación, pero por otro lado el informe ahí está, es consultable íntegro, con sus 16 500 palabras, en el portal de internet del PRD desde el pasado miércoles al medio día. ¿Podría alguien decirnos cual otro partido ha hecho algo así?