Archivo por meses: Abril 2015

Tormentas de abril

El cierre de la legislatura ha estado preñada de feos conflictos y enredos macabros. Como ocurre con frecuencia en la víspera de elecciones, el Congreso se pone peor que de por sí. Ahora tenemos que hay una negativa del PRI a completar la integración del tribunal que ha de decir el derecho en los comicios que tendrán lugar dentro de unas cuantas semanas. Sí, el Tribunal Electoral tiene sólo seis magistrados de los siete asientos con los que cuenta. La Suprema Corte ha cumplido con enviar su terna pero el partido (otra vez) oficial se niega a completar su integración.

El PAN, por su lado, hizo de las suyas en la Cámara cuando llegó la minuta con el proyecto de decreto para reformar el régimen político de la Ciudad de México. Es cierto que poco más de la mitad de sus senadores ya habían dicho no, pero con la misma proporción de sus diputados pudo haber salido la aprobación en San Lázaro. No fue así porque se consideró que esa era una victoria del PRD en general y de Mancera en particular, lo cual no es exactamente cierto pero en la lucha política convencional lo que importa es lo que se cree y no siempre lo que es.

Es así como han quedado pendientes un montón de nombramientos y no pocos decretos de ley. En cuanto al tema de la desaparición forzada, en verdad se trata de dar al Congreso facultades para legislar para todo el país aunque ese es un delito típicamente federal porque se comete bajo la figura de delincuencia organizada que es materia de los tribunales de la federación. Así que, aunque se cumpla con una exigencia proveniente de fuera del país, las cosas no van a mejorar automáticamente pues la PGR no es precisamente la mejor fiscalía.

El forcejeo parlamentario como expresión de la confrontación electoral tampoco ha sido demasiado fuerte. A fin de cuentas, el PRI ha impuesto varios puntos de la agenda del gobierno aunque ninguno de gran importancia.

En tanto esto ocurre, el Instituto Nacional Electoral volvió a su práctica de la censura. La Comisión de Quejas, de innegable composición oficialista, ha sacado del aire varios promocionales en los que se critica a Peña Nieto. El primero de ellos fue el que objetó López-Dóriga porque aparecía su imagen en relación con lo que no ha cambiado en el país, pero en el cual la crítica directa se hacía contra los tres alegres compadres que gobiernan: Peña, Osorio y Videgaray. El spot fue vuelto a subir por el PRD sin la foto de López-Dóriga y con cuadro negro que decía censura, pero con las imagenes de los tres por lo cual la censura no funcionó.

Las cosas empeoraron cuando el PAN denunció a Peña como quien había invitado a 200 empresarios a Londres por cuenta del escaso erario mexicano. Con la primera queja no pudo haber suspensión del spot porque la presentó el PRI, el cual no era mencionado, pero cuando la queja llegó por parte del presidente de la República, la Comisión de Quejas lo censuró de inmediato. Calumnia no había, según dijo el Tribunal Electoral que ordenó que el spot se difundiera. Mas, para entonces ya llevábamos varios spots censurados y la vergüenza a cuestas. Lo peor de la faena es que cuanto el INE censuró la crítica a Peña a instancias de él mismo, éste pronunció un discurso a favor de la libertad de manifestación de las ideas y de difusión. Estas son cositas que sólo pueden ocurrir en México.

El Partido Verde (así llamado), por su lado, tan campante y como si nada. En realidad, los 190 millones que lleva de multas son parte del costo de su ilegal campaña electoral. Puede pagar más que al cabo piensa cosechar votos para luego vender el complemento que requiere Peña para tener mayoría en la Cámara y asegurar un presupuesto a modo. La queja de fiscalización interpuesta por el PRD contra el Verde (así llamado) sigue en la congeladora y ya se ha vencido el plazo para que fuera resuelta. El INE opera ahora como lo hizo antes: no ve, no oye, no habla. Si se resolviera esa queja resultaría claro que ese fraude de partido recibió aportaciones en especie de parte de las televisoras durante su campaña anticipada y que, efectivamente, ésta se llevó a cabo ante los ojos de todo el país. Ello podría llevar a la cancelación del registro del Partido Verde (así llamado), lo cual sería aplaudido por todas las organizaciones ecologistas del mundo.

Lástima que las tormentas de abril no fueron más que unas molestas lluvias.

¿Y el fuero? Que le pregunten a Peña Nieto

El Congreso expidió una reforma sobre la corrupción. Se trata de un proyecto de poco alcance, desarticulado, inocuo en algunos de sus segmentos y difícil de ser aplicado. Después de tantos esfuerzos, discursos, denuncias, lamentaciones, hipocresías y reconversiones –todo sucesivo pero revuelto—la plataforma anticorrupción de la presente legislatura ha quedado muy por debajo de las expectativas ciudadanas.

Uno de los temas que ha sido ignorado es el fuero, es decir, la inmunidad procesal penal de los altos funcionarios de la Federación, y su correspondiente esquema en los estados. Ha sido Peña Nieto quien ha impedido que el asunto sea tocado. Al respeto es preciso contar una historia.

En noviembre de 2011 culminó en el Senado una negociación sobre la desaparición de la figura del fuero constitucional. La iniciativa que yo había presentado unos cuatro años antes fue motivo de negociaciones dilatadas pero al final exitosas. Se votó un proyecto que aprobaba la iniciativa con cambios, los cuales, sin embargo, no modificaban su contenido básico: todos los altos funcionarios de la Federación que habían estado aforados hasta entonces podrían ser ahora sujetos de proceso penal como cualquier otro ciudadano o ciudadana. La única circunstancia especial consistía en que durante el proceso permanecerían en libertad, como si estuvieran bajo fianza, y en el ejercicio de su cargo sólo para evitar que autoridades menores pudieran dar un golpe de mano contra el Ejecutivo, el Congreso o la judicatura. Una vez que el juez de la causa dictara sentencia de primera instancia, el funcionario debería ser separado de su cargo por la Cámara de Diputados, sin dictamen previo, mediante un procedimiento político y, de tal forma, ser entregado a la justicia. El presidente de la República estaba incluido en este sistema puesto que no debe haber, se dice, privilegios de ninguna especie. El auto de sujeción a proceso dictado por el juez contra estos funcionarios podría ser recurrido directamente ante la Suprema Corte para evitar el uso político de la justicia en la apertura de procesos penales, pero eso no implicaba ningún privilegio personal sino sólo un mecanismo de seguridad para el funcionamiento normal de los poderes públicos. Así, cualquier alto funcionario de la Federación y de las entidades federativas podría ser sujeto de proceso penal aunque, como todo mundo, bajo el principio de presunción de inocencia.

La Cámara de Diputados se hizo la disimulada y congeló el proyecto enviado por el Senado por instrucciones directas y personales de Enrique Peña Nieto, quien ya había asumido la dirección del grupo parlamentario del PRI en esa cámara desde antes de ser nombrado oficialmente candidato, lo cual, por cierto, era diferente en el Senado. El PRI tenía entonces más de un tercio de los diputados y, por tanto, capacidad de bloquear cualquier reforma constitucional. Así las cosas, transcurrió el periodo de sesiones que terminó el 30 de abril de 2012, día del niño, feneciendo de tal forma la legislatura.

En marzo de 2013, con la actual legislatura y con el Pacto por México (mal llamado y mal logrado), el cual señalaba que debía eliminarse el fuero, la Cámara de Diputados modificó el proyecto original del Senado para hacer un verdadero enredo en el contenido y en la forma. Por órdenes de Peña Nieto, se eliminó al presidente de la República de la lista de funcionarios sujetos a procesos penales lo cual contó con la vergonzosa complicidad del PAN, pero se olvidó reponer un artículo derogado en el proyecto del Senado de tal forma que ubicaba, sin querer y por torpeza, al presidente de la República sin inmunidad alguna, es decir, que éste podía ser detenido por cualquier gendarme y mucho más fácilmente encarcelado por un juez. Además, ubicaba el momento en que un funcionario debía abandonar su cargo en la ejecución de la sentencia, es decir, después de años de recursos procesales interminables, y no cuando se dictara sentencia de primera instancia como decía el proyecto del Senado.

Dentro de la reforma constitucional contra la corrupción, el PRI se negó a volver al proyecto original para eliminar el fuero, pero además mantuvo al presidente de la República sin responsabilidad administrativa alguna, lo cual es ya insostenible. El partido oficial se disciplinó a la consigna presidencial aún a riesgo de que no fuera aprobado su débil y engañoso decreto contra la corrupción. Creo que las oposiciones debieron haber congelado esa reforma hasta que todo se descongelara. Por lo pronto, el fuero sigue por sus fueros gracias a Enrique Peña Nieto quien además mantiene su impunidad en materia administrativa, la cual ya no existe en ninguna parte del mundo.

Promotores de la abstención

Promover la abstención electoral podría ser para cualquiera hasta loable en un país tan deteriorado como México. Pero que lo haga la autoridad electoral es algo inexplicable, anómalo, irrisorio o patético. El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE) se permitió afirmar, con motivo del registro de los candidatos del PRI, que las elecciones no resolverán ningún problema. Esta idea es en realidad un argumento abstencionista. El consejero en cuestión agregó que las elecciones servían para el debate entre los partidos de cara a los electores. En reciente sesión del Consejo General del INE, luego de ser cuestionado al respecto, aclaró que él hablaba de las elecciones “per sé”. Sin embargo, el uso del latinajo –quiere decir algo así como “por sí mismas”—no quita ni pone nada a la tesis original: las elecciones no resuelven problema alguno.

La realidad es bastante dura como para que un consejero presidente de cualquier institución la pueda negar. Las elecciones resuelven el problema del poder del Estado. Sobre esta base, se pueden resolver los otros problemas de cualquier sociedad o también se pueden empeorar. La historia reciente de América Latina llegó a un punto en el cual todas las luchas anteriores desembocaron en triunfos electorales de las izquierdas y, en consecuencia, en la solución de problemas ancestrales de varios países. Pero Lorenzo Córdova no entiende nada de lo que ha ocurrido en su propio continente en los años recientes, cuando él tenía ya una edad adulta.

La tozudez abstencionista tuvo cierta consecuencia cuando, a propuesta del mismo Córdova, los consejeros electorales, todos ellos, se permitieron afirmar en carta de respuesta dirigida a los padres y madres de los 43 desaparecidos en Iguala, que el voto es un derecho pero no una obligación impuesta por el Estado. Eso de “impuesta por el Estado” no agrega ni quita nada, puesto que las obligaciones provienen de las leyes en el Estado secular. Daría la impresión de que los señores y señoras consejeras no han leído la Constitución mexicana, en la cual se establece como derecho y a la vez como obligación de los ciudadanos y ciudadanas el votar en las elecciones y en las consultas.

Cuando estos personajes fueron criticados y se les pidió que rectificaran, la mayoría de ellos se tomó la libertad de evadir el cuestionamiento y empezar a hablar de los “padres de Ayotzinapa”, de la “respuesta” que les dieron a ellos después de escucharles, pero ninguno puedo explicar cómo los integrantes del máximo órgano administrativo electoral del país pueden afirmar que las elecciones son un derecho pero no una obligación a pesar de lo que señala la Constitución mexicana desde tiempos inmemoriales. Cualquiera supondría que los consejeros y consejeras tienen conocimientos (o podrían tenerlos) sobre los textos constitucionales (ninguno de ellos ni de ellas acreditó al respecto examen alguno), pero no se trata tanto de conocimientos como de sentido de responsabilidad y de probidad: muchos de los que firmaron para negar lo que dice la Constitución se defendieron de la crítica diciendo que era necesario responder a los padres (yo agregaría madres) de los 43 estudiantes (yo agregaría desaparecidos) de Ayotzinapa y ninguna crítica podría negar el valor de tal respuesta pues se trata de personas que han sufrido, etc. La crítica de la tan desatinada argumentación de que el voto es un derecho pero no es una obligación carece de relación con la tragedia de Iguala, detrás de la cual se atrincheraron miserablemente los consejeros defensores de la tesis de que votar no es una obligación sino sólo un derecho. Esos consejeros y consejeras no están en el INE para difundir sus teorías o convicciones (si las tuvieran) sino para hacer su trabajo, el que la ley les exige. No es aceptable que desde el INE se expongan argumentos en apoyo a la abstención. Por ello, ya se ha hecho necesario pedir a los consejeros y consejeras que callen la boca en su calidad de autoridades.

Las cosas llegaron al extremo cuando la consejera San Martín se tomó la libertad de decir que el INE tiene como una de sus funciones la de crear ciudadanía. Fuera de toda teoría del Estado (hasta de la más idiota), San Martín le asigna a una institución estatal la tarea de crear ciudadanía cuando todo mundo (hasta los más estatistas y los peores liberales decimonónicos) saben que el Estado no crea ciudadanía sino que contiene su formación. El Estado hace clientelas, corporaciones. La ciudanía se crea en el proceso de las relaciones libres mercantiles, por un lado y, por el otro, de las organizaciones solidarias de los trabajadores. La libertad no se fomenta desde el Estado, sino que es éste el que tiene que admitir derechos y reclamos de la sociedad que busca actuar con independencia del Estado mismo. Esto es elemental, pero no, en el INE no hay conocimientos básicos sino un cuerpo, unas relaciones corporativas de cuerpo cerrado dentro del cual se consienten los errores o las transgresiones de cada cual y de todos. Estamos un poco peor.

No hay a quien echar la culpa

La situación económica del país está siendo analizada con superficialidad tanto por el gobierno como por la gran empresa, los bancos y nuestros siempre someros medios de comunicación de gran incidencia nacional. El problema sin embargo es muy grave, va a empeorar y tiende a durar varios años.

Existen dos grandes problemas en lo que será la crisis económica que está llegando: la reducción de ingresos propios del país y del Estado nacional por efecto de la disminución del precio del crudo; y el retiro de capitales tanto extranjeros como “mexicanos” invertidos en instrumentos de alta liquidez.

Por lo pronto haremos abstracción de las causas de ambos fenómenos para aprovechar este espacio en analizar las consecuencias que tendrán en el futuro inmediato del país. La baja del precio del crudo está asociado a la disminución gradual que venía dándose en el nivel de la producción de aceite y en el incremento del consumo de gasolinas importadas. La balanza de hidrocarburos es un verdadero desastre si consideramos que México es un país petrolero. Ahora bien, la reforma energética –así llamada—no podrá resolver este problema porque, por un lado, las inversiones privadas dejarían sólo un royalti al país, lo cual es poco desde todo punto de vista; por el otro, las refinadoras no vendrán a México a sustituir importaciones cuando lo que están haciendo es vender las gasolinas a precio internacional, cada vez menor, por cierto.

Lo anterior es relevante porque la balanza de pagos será un tema crucial en los próximos años, de lo cual se deriva que seguir comprando en demasía en el extranjero y seguir vendiendo a menores precios relativos será venenoso para una economía cuya dependencia de divisas irá en aumento. Aquí entramos al otro problema: la economía mexicana se llenó de dinero oportunista debido a las altas tasas internas y las muy bajas del mercado estadunidense. Así, tanto el sector privado como el público en hincharon de divisa fácil que ahora se va a volver difícil porque se va de regreso. Eso es inevitable: Estados Unidos no puede seguir para siempre con tasas tan bajas. Un problema asociado es que en la medida en que aumente la demanda de dólares el peso se irá más al fondo, lo cual terminará por encarecer demasiado las importaciones (y el costo de la deuda externa) aunque abarate las exportaciones; esto último normalmente se mediatiza en la medida en que los grandes importadores son los grandes exportadores, las ganancias del comercio exterior se concentran en pocas manos y con frecuencia se dejan afuera del país. La reserva del Banco de México sirve para eso, es decir, para fondear las importaciones y solventar otras obligaciones en moneda extranjera, pero no podría atender la demanda de divisas de la totalidad del capital golondrino ubicado en la economía nacional: para eso no hay dólares, sencillamente.

Ahora bien, ¿qué hacer? Hay que bajar con mucha fuerza el gasto de operación del gobierno, en especial los altos sueldos y las erogaciones suntuarias que abundan en el aparato del Estado. También habría que hacer una urgente acometida contra la evasión y elusión fiscales que, esa sí, es fantástica. Por el otro lado, hay que adelantar una conversión de deuda con mayores plazos a través de nuevos instrumentos de retención de divisas –deuda directa podría ser– sin caer en el método de la indización con el dólar (salinismo puro) porque de esa manera si la devaluación se acelera el país se arruina. Se va a necesitar utilizar el programa contingente del FMI con México que hasta ahora ha sido sencillamente teórico, por lo cual se requiere adelantar el ajuste al gasto para evitar la imposición externa del síndrome griego: hay que recordar que ya casi no hay nada que privatizar. Al respecto, Peña superó al maestro (Salinas) y arruinará al país por la misma vía aunque “sin vender un solo tornillo”.

Tema básico tendría que ser el crédito interno para lo cual es urgente la reforma de la banca del Estado (ya no se le puede llamar “de desarrollo”), con el propósito de fondear un fuerte programa de inversiones productivas sin las cuales estaríamos mucho peor. Al tiempo, se van a requerir controles antinflacionarios sencillamente porque ésa, la inflación, cuando la tendencia mundial es deflacionaria, se convierte en otro veneno para la economía nacional.

En síntesis, hay que hacer lo que el gobierno no está haciendo ni está preparando, con el propósito de lograr un panorama menos malo en los próximos años. Cuando Peña termine su gobierno, esperemos poder recoger algunos restos del país y empezar una reconstrucción. Por lo pronto, según Peña, Videgaray y Osorio (los tres que no son nada fantásticos) no hay a quien echar la culpa.

El gran fraude dizque verde

Nada hizo falta más que dos apoyos básicos (Televisa y Azteca) para que el Partido Verde, así llamado, se lanzara en septiembre a una campaña electoral anticipada mediante anuncios del todo ilegales. Nada hizo entonces falta para que prosiguiera con su campaña ilegal más que el silencio cómplice de Lorenzo Córdova y otros consejeros del INE, por petición del gobierno federal. Todo parece en realidad una conspiración delictiva, una forma de asociación para eludir y violar toda clase de disposiciones legales tan largamente procesadas en muchas negociaciones entre los partidos políticos de México.

Casi 400 mil impactos de televisión (spots) y muchos miles de cineminutos, así como una cantidad inusitada de letreros en autobuses, paraderos, espectaculares y otras muchas formas de publicidad, así como calendarios y tarjetas de descuento enviados a los domicilios de personas desconocidas para ese partido. El flamante INE, con sus nuevos y viejos consejeros se tomó la libertad de no hacer caso de las quejas presentadas, negó las llamadas medidas precautorias, es decir, la suspensión de los spots televisivos, pero también demoró una investigación  que en realidad no era para investigar absolutamente nada sino para hacer tiempo. Finalmente, el PRD recurrió al Tribunal Electoral para solicitarle que detuviera la campaña en televisión aunque fuera a destiempo, lo cual fue admitido por dicha instancia y así empezó todo: van 185.5 millones de pesos en multas, entre otras, por haber desobedecido la suspensión de los cineminutos, así nomás, por su propia decisión y en abierta transgresión de sus más elementales obligaciones como partido político, así se autonombra.

Al Verde, así llamado, le han multado por casi todo, pero ahí no terminará el asunto: existe una queja de fiscalización presentada por el PRD en la que se denuncia al así llamado por recibir aportaciones de sociedades mercantiles, en especie. ¿Cuáles podrían ser tales sociedades? Ni más ni menos que las dos grande televisoras del país que le entregaron los spots a precio reducido fuera de mercado, lo cual está, obviamente, prohibido.

El Partido Verde, así llamado, carece de vínculos con las asociaciones internacionales de partidos ecologistas del mundo, no tiene tampoco la menor relación con otras organizaciones defensoras del medio ambiente. En México, carece de contacto con cualquier agrupación ecologista, ya sea de asociaciones no gubernamentales o de grupos de la academia. Es más, todos los ecologistas de México y del resto del mundo se avergüenzan por el hecho de que el PVEM, así llamado, se ostente como verde y como ecologista sin tener la menor relación con el movimiento nacional y mundial de defensa de la naturaleza.

El Verde fue producto de una decisión  del gobierno de Salinas. Después, apoyó a Fox. Luego se alió con el PRI. Nunca ha sido nada por sí mismo. Es un grupo de personas que se dedica al negocio del tráfico de influencias, carente del menor principio ideológico o político, con capacidad de argumentar lo que sea en el momento que sea para defender a quien sea, siempre que todo eso deje dinero.

En alguna ocasión negué mi firma para un dictamen sobre la autorización legal de la destrucción de manglares en zonas de desarrollo turístico. Había dos senadores que querían la reforma de la ley: el presidente de la comisión de ecología, un “verde”, y otro legislador, priista por añadidura y actual gobernador por suerte (de sí mismo), de Sinaloa, donde los manglares ya han sido destruidos en más de la mitad. Por azares de la vida y de la política, mi voto resultó decisivo en la comisión de estudios legislativos, integrada por tan solo cuatro senadores, de tal manera que se rechazó el proyecto. ¿Cuánto dinero iban a aportar los dueños de las compañías hoteleras que querían constuir? O para decirlo en palabras del llamado “niño verde”, líder “verde” del partido “verde”:  “¿cuánto nos va a tocar a nosotros?”.

El Tribuna Electoral ha sido, por su parte, demasiado simpático para el Verde, así llamado, pues le ha puesto las cosas muy cómodas. El Verde, así llamado, puede pagar todas las multas porque los spots y los cineminutos le salieron baratos. 165 millones no es nada para un partido que inició su campaña electoral en septiembre y lo hizo como el único partido. El INE debió haber detenido la campaña anticipada del Verde, así llamado, pero el gobierno le ordenó a ese Instituto, también así llamado, que no metiera las manos. Al final tuvo que hacerlo, pero ya era calculadamente tarde. Esto se llama falta de credibilidad de las instituciones. Y luego se preguntan de dónde viene el llamado fenómeno de la falta de confianza.