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La libertad de expresión es un principio

La libre manifestación de las ideas, conocida como libertad de expresión, nació como algo elitista, no democrático, sino enteramente burgués. La inmensa mayoría de la sociedad que no goza de algún medio de comunicación ha carecido de esa libertad. Sin embargo, la manifestación libre de ideas se convirtió en uno de los bienes políticos más preciados en tanto que sin ella no existe la crítica. Aunque de manera limitada, las clases y sectores sociales sometidos encontraron las formas de expresar ideas y pasaron a defender la libertad de expresión como algo legítimamente suyo aunque sólo fuera en los márgenes de la sociedad.

Con el tiempo, la libre manifestación de las ideas se convirtió en un principio: sin ella no hay libertad a secas. Y, luego, se convirtió en un derecho humano: decir lo que se piensa es algo irrenunciable.

Sabemos, sin embargo, que la propiedad está por encima de cualquier derecho o principio, lo que la convierte en un freno del progreso de la humanidad. En forma específica, el carácter privado de los medios de comunicación es de por sí un elemento limitante y monopolizador de la libertad de expresión.

He colaborado en Milenio desde el primer número: 15 años sin faltar una sola semana. Este fue el trato que hice con Carlos Marín en la víspera de la aparición del diario. Lo he cumplido durante esos tres lustros. Por su parte, Carlos Marín se comprometió a no censurar mis escritos. Era un trato simple pero justo porque yo no puedo admitir escribir lo que no creo ni dejar de decir lo que pienso. Hoy entrego mi última colaboración a Milenio porque Carlos Marín rompió el trato y procedió a censurar mi artículo de la semana pasada titulado ¡Intocable!, en el que se contiene una crítica a la sentencia del Tribual Electoral con la cual se mantiene la censura del spot del PRD donde aparecía la imagen de Joaquín López Dóriga vinculado a la frase de hay cosas que siguen siendo lo mismo en referencia al monopolio informativo que ejerce Televisa en la televisión. Carlos Marín confirma una de las tesis del artículo censurado: al menos también en Milenio, López Dóriga es intocable en tanto representante de Televisa.

El punto no estriba sin embargo en el carácter de intocable de López Dóriga sino en la censura. Para llegar a este punto debió haber motivos demasiado poderosos que yo no puedo ahora comentar, pero que sí puedo repudiar como promotores de ataques a la siempre defendible libertad de expresión, la cual debería ser considerada como uno de los principales estandartes de todo medio informativo dentro del Estado democrático.

Convertida la libre manifestación de las ideas en una libertad democrática que se consagra como tal a partir de las nuevas técnicas de comunicación social, elevada a la categoría de principio y consagrada como derecho humano, no puedo renunciar a ella y, por tanto, la censura que ejerció Carlos Marín es inadmisible al grado que implica mi despido como articulista de Milenio. Se lo he dicho por vía telefónica al mismo Marín: me has echado a patadas. El trato original fue roto por el director de Milenio 15 años después.

¡Intocable! (artículo censurado)

EL SIGUIENTE TEXTO HA SIDO CENSURADO POR EL DIRECTOR DE MILENIO DIARIO, CARLOS MARÍN. DEBIÓ HABERSE PUBLICADO EL VIERNES 20 DE FEBRERO DE 2015 COMO COLABORACIÓN SEMANAL DEL AUTOR

Se ha producido una sentencia del Tribunal Electoral que entra en los conceptos nada contradictorios de lo cómico y lo patético. El spot del PRD, cuestionado por López Dóriga, no constituye –según mandato judicial– ninguna trasgresión a la ley, no obstante el autor (el mismo PRD) debe ser sancionado con la interrupción de la transmisión del spot que antes había sido censurado por el INE y vuelto a censurar por la llamada sala especializada. Hemos visto en la historia de las ignominias judiciales la condena de inocentes por hechos reales o inventados pero no habíamos visto la condena por hechos declarados inexistentes por el mismo juez. El PRD ha sido sancionado con la “interrupción de la transmisión” de su spot (art. 456 de la ley) pero la sentencia también sostiene que ese mismo PRD jamás cometió transgresión alguna. ¿Alguien puede explicar este disparate? Piénsese que no hubo homicidio pero el asesino ha sido sentenciado. En esta situación se encuentra el PRD sólo por haber incluido la imagen de López Dóriga en un spot.

Pero no, ya sabemos que no se trata de López Dóriga (asunto menor) sino de Televisa (a la cual se le rechazó la misma pretensión censuradora por exceso de idiotez jurídica y porque no era necesaria ante la existencia de la queja de López Dóriga, por lo demás patrocinada y redactada en la misma Televisa), empresa que no tolera que sus frecuencias sean utilizadas para criticarla.

Ahora bien, estamos ante una confabulación de intereses casi siempre coincidentes entre el gobierno y Televisa. El spot del PRD criticaba a Peña, Videgaray y Osorio (así como a la herencia priista en general) y de paso mencionaba que hay cosas que no han cambiado: el monopolio informativo de la televisión cuyo incono es López Dóriga, conductor en pantalla (por el momento) del noticiero estrella del canal de las estrellas.

En el Tribunal Electoral (siete integrantes) se produjeron tres votos a favor de que en este caso había un ataque a la honra de López Dóriga (sin decir, claro, cual es ésta), con lo cual la sentencia tiene un sustento minoritario. Otros tres dividieron sus opiniones sobre el asunto pero sin coincidir con el argumento del proyecto aprobado. Otro más manifestó su disenso completo. Se trata de una sentencia sin mayoría real pero sostenida por el Tribunal, como tal, con el propósito de acatar la consigna oficial: López Dóriga es intocable. Bueno, algún día escucharemos a Azcárraga decir lo contrario, el día en que despida al conductor estrella del canal ibidem. En realidad no hay reinado del duque de Velandia (segundo apellido de López Dóriga) sino del verdadero rey, el dueño del consorcio monopolista, Azcárraga. (Me cuesta seguir con esto porque siento que alguien me puede censurar pero me arriesgo).

Lo que ha resultado atropellado no es sólo el derecho del PRD, el cual se atrevió a criticar a Televisa junto a Peña et. al., sino la libertad de difusión, recién incorporada en el artículo 7 de la Constitución y ahí declarada inviolable pero que ya se violó. Dice el tribunal que su sentencia es resarcitoria de un derecho de López Dóriga pero, si no hubo calumnia en el spot perredista, entonces ¿qué hubo? Nada, sino algo que molestó al consorcio televisivo en absoluta convergencia con el gobierno. Por lo pronto, el insigne Poder Judicial dice que López Dóriga es intocable. Pero, ¿por cuánto tiempo? La gravedad es la más fuerte de las leyes.

No hay crisis de credibilidad

No hay una crisis de credibilidad como algunos analistas se han permitido diagnosticar. Habría una crisis si se advirtiera un derrumbe en la credibilidad ciudadana sobre los actos, versiones, interpretaciones, historias, verdades oficiales, etcétera. Pero en México no existe derrumbe alguno, sencillamente la gente nunca ha creído en lo que dicen las instituciones y sus medios de comunicación ni les ha tenido confianza.

Este es un fenómeno que abarca casi todo el tiempo de vida de las generaciones vivas: durante todo ese lapso, sin interrupciones, así ha sido. Son 75 años. Mas no se trata solamente de una serie ininterrumpida de mentiras oficiales (medias verdades son lo mismo), sino también de su calca a través de los principales medios, en especial el monopolio de la televisión. Tampoco sólo es lo que se dice sino también lo que se calla. Ningún escándalo de corrupción o de responsabilidad política ha terminado en cuentas claras durante ya muchas décadas y todo mundo tiene la convicción de que es más lo que no se ha conocido.

El Estado corrupto ha sido históricamente incorporado a la forma de gobernar, un método con el cual se reparten bienes públicos y se pueden generar ingresos a partir de mordidas y toda clase de tráfico de influencias. El síndrome va incluso mucho más lejos, hasta la convicción popular de que el respeto a la ley no es atributo de personas inteligentes sino de estúpidos por deficiencia propia o circunstancia adversa. Sabemos que esto no es exactamente así en la realidad pero forma parte de la conciencia dominante que se puede advertir dentro de todas las clases sociales.

Ya vemos a la alta burguesía implorando un programa contra la corrupción de la cual se ha beneficiado ampliamente, pidiendo a gritos que se haga algo para frenar lo que llama crisis y que en realidad es una racha de revelaciones sobre hechos que con toda seguridad son ilícitos. También existe la clara definición de muchas emisoras y periódicos que consideran que, como en todos los medios –excepto en sus propios medios– y en todos los partidos hay personas ligadas con actividades ilícitas, no existe fuerza capaz de encabezar una lucha a fondo contra el Estado corrupto. Es tan falso el programa anticorrupción oficial como el criterio de que no hay remedio.

Es tanto el cinismo con el que se actúa que las leyes pendientes de reglamentar nuevos derechos constitucionales siguen congeladas –réplica incluida–, la cancelación del llamado fuero está detenida, la publicidad gubernamental sigue sin reglas, el control salarial de servidores públicos se encuentra en el limbo y todo esto por orden de Peña Nieto. Pocos se lo reclaman y casi ningún conductor de noticias, claro.

A la vista se encuentra una gran perspectiva: el Estado corrupto mexicano será superado –de seguro esto va a ocurrir— sólo mediante una ruptura política, una refundación de las instituciones del Estado, el esclarecimiento de un pasado lleno de corrupción y la instauración de una nueva moral pública, es decir, un nuevo manejo de los bienes que son de todos bajo el escrutinio popular. Esto no está en la visión de partidos, grupos y conglomerados oligárquicos, pero ocurrirá quizá antes de lo esperado, como para que lo veamos quienes nacimos a mediados del siglo XX.

Anticorrupción, olé

Peña Nieto ha revivido la Secretaría de la Función Pública para ordenarle que investigue a él mismo, a su esposa y a su secretario de Hacienda, (esa secretaría no podría hacer nada porque carece de facultades para investigar asuntos del Estado de México donde se hicieron los contactos). “Reunir a un panel de expertos (nombrados por el nuevo secretario), con reconocido prestigio en materia de transparencia (?), para que conozcan y evalúen los resultados de la investigación” (los expertos amigos no investigarán nada, sólo darán valor).

Otra afirmación propia de la época de Zedillo: “El presidente no otorga contratos, no adjudica compras, ni obras, tampoco participa en ningún comité de adquisiciones, arrendamientos o servicios” (sabemos que sólo ordena hacer todo eso y más). Peña sigue: “en México no tenemos los instrumentos normativos para determinar con claridad cómo declarar posibles (?) conflictos de interés” (sí los tenemos, pero de lo que se trata es de investigar pagos de mordidas a cambio de contratos).

Hay más: “el secretario Andrade cuenta con una amplia, prestigiada e idónea trayectoria en el servicio público” (como se demostró de sobra en el IFE en 2006). “Será obligación de los servidores públicos federales presentar una declaración de posibles conflictos de interés (si hay “posible conflicto” quiere decir que el funcionario no debería serlo). Esto “permitirá determinar si existe una posible influencia indebida en las decisiones de los servidores públicos” (se tendría con esto que despedir a la mayoría del gobierno). La declaración que deberán hacer los servidores públicos “contendrá las actividades profesionales del funcionario, su participación en empresas, la existencia de deudas o bienes propios, de su cónyuge o dependientes económicos” (eso ya tiene muchos años de exigirse y nunca ha ocurrido nada al grado que Peña afirmó que no estaba obligado a manifestar los bienes de su esposa aunque lo exige la ley). El diseño de esta “nueva” declaración “cuenta con el aval de los expertos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico” (encabezados por Gurría, quien ha cobrado pensión vitalicia en Nacional Financiera, a pesar de que está prohibido en el artículo 127, fracción IV, de la Constitución).

Siguen los chistes: se va a crear la Unidad Especializada en Ética y Prevención de Conflictos de Interés (el primer problema será definir qué es la ética en lo que no habrá ningún acuerdo). Se emitirán “reglas de integridad” que sean “acordes con los nuevos (?) retos” del “combate a la corrupción” (no se sabe si “integridad” es honradez pero suponemos que los “nuevos retos” son los mismos viejos, los del Estado corrupto).

“Se establecerán protocolos de contacto entre particulares y los funcionarios” (todo, menos un aparato de investigadores independientes). Se “deberá integrar un registro de dichos funcionarios” (¿el gobierno no sabe quienes son sus empleados?) y “someterlos a una certificación” (¿con polígrafo?, ¿otra vez lo mismo?). Y, por fin, se “reducirán los espacios posibles o potenciales de corrupción al eliminar la interacción entre funcionarios Federales y los particulares” (menos mal que la corrupción funciona con tratos secretos).

Todo lo anterior formará parte del Sistema Nacional Anticorrupción normado por un consejo integrado por los gobernadores y encabezado por el presidente de la República. (Sonoras carcajadas del respetable).