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Cuando el crimen nos alcanzó

No tenemos certeza del momento en que nos alcanzó el crimen organizado en su vertiente del narco, porque ya el otro, el del poder, el de la corrupción pública, tenía muchas décadas de haberse entronizado en la República y lograba ocultar sus propias fechorías históricas. Por estudios y anécdotas, sabemos que el narcotráfico se ligó al Estado desde el momento en que la producción de la goma mexicana se hizo indispensable para el ejército de Estados Unidos, durante la guerra, con el fin de producir morfina. El gobierno de México no se imaginó que esa industria y esa apertura iban a conducir al gran emporio del narcotráfico que hoy conocemos y, finalmente, a la sujeción del Estado al poder del dinero y de las armas de los narcotraficantes.

Sabemos que el fenómeno Iguala –el sometimiento de la policía municipal al yugo de los narcos— abarca al vecino Cocula pero también a otros muchos ayuntamientos en varios estados del país. Es la quiebra del sistema nacional de seguridad pública, es cierto, pero dentro de la crisis del Estado corrupto que ya no puede funcionar como antes. México pasó de una situación en la que el Estado regulaba el narcotráfico y los gobernantes gozaban de una parte de las regalías de éste, a otra en donde los narcos someten a los gobernantes con la fuerza de las armas porque la policía no es capaz de enfrentar a esa delincuencia, le teme, le huye y, finalmente, se le somete. Ahora sabemos que en San Fernando, Tamaulipas, donde asesinaron a más de 70 personas, la policía colaboraba con los delincuentes, como en todos los demás lugares donde funciona el sistema actual.

El Estado corrupto se enredó consigo mismo al grado de quedar bajo el acoso de uno de sus instrumentos: el narcotráfico con sus derivaciones opcionales recientes de extorsión y secuestro. Lo que no se quiere todavía admitir es que el narcotráfico de ahora es producto genuino del Estado corrupto, que gracias a éste se conformó como lo padecemos y que no podrá ser derrotado sin una acometida definitiva contra ese mismo Estado que lo prohijó. Este es el punto que no quiere reconocer Peña Nieto porque él es parte de la tradición corrupta de la que heredó el poder, ya que el PAN en la Presidencia ni siquiera se propuso alguna vez combatir el Estado corrupto sino que se hizo su cómplice y, finalmente, su instrumento.

Este fenómeno, en el que la delincuencia organizada protegida por el aparato del Estado crea una nueva estructura que pasa de ser utilizada a utilizar al poder político, no es nuevo, por lo cual llama la atención la ceguera de los gobernantes que no alcanzaron a ver que su propia corrupción les iba a llevar al colapso del Estado corrupto, del suyo. Lo peor de todo es que ahora tampoco se dan cuenta de que el hoyo en el que se encuentra el país fue cavado por su propio sistema, en el cual viven y con el que se han empoderado en lo personal.

El asunto es muy complicado porque la percepción que existe en el gobierno de Peña y en los principales medios de comunicación no concuerda con la realidad, mientras las oposiciones no alcanzan a articular una alternativa completa al Estado corrupto, principalmente porque éste ya las ha tocado, como era hasta cierto punto inevitable.

Así es como se presenta un dilema: se produce una revolución política para refundar las instituciones o se llega a un acuerdo entre los partidos, ante la ausencia de una necesaria revolución, para cambiar muchas cosas. Lo que sería demasiado doloroso es el camino de la simulación o de cambios cosméticos en las instituciones como el que se intenta con la nueva Fiscalía, al final subordinada al Ejecutivo, y con las reformas anticorrupción, las cuales, con toda seguridad, no servirán para los fines proclamados sino para seguir en lo mismo.

Impunidad grosera

Entre 1989 y 1994 –sexenio de Carlos Salinas—la partida secreta ascendió a una suma total de 854 millones 670 mil dólares que ahora equivalen a 12.5 mil millones de pesos. Se le ha atribuido a Luis Téllez la afirmación de que Salinas se robó la mitad de la partida secreta, la cual sería una cantidad de más 6 mil millones de pesos actuales. En realidad los Salinas se robaron toda la partida secreta porque el uso político discrecional de esos fondos también era un robo aunque parte del dinero no hubiera ido a parar a las cuentas bancarias de la familia. En realidad, no sabemos cuánto dinero se robaron pero no comprobaron un solo peso en desacato al mandato de que todos los gastos públicos deben justificarse, sin excluir a las partidas secretas, según reza la Constitución.

La absolución judicial de Raúl Salinas es un acto de impunidad grosera. Había sido acusado de enriquecerse ilícitamente con 224 millones de pesos, una cantidad pequeña frente al torrente millonario de la partida secreta, pero es que sólo esa suma fue incluida en la denuncia. Lo que no ha sido documentado es mucho más importante. Este personaje no ha sido el hermano incómodo de Carlos Salinas sino uno de sus cobradores y tesoreros.

Ya Miguel de la Madrid tuvo oportunidad de señalar a Carlos Salinas como un ladrón en una entrevista que él mismo desautorizó después de recibir en su casa visitas de conocidos políticos como Emilio Gamboa. En efecto, De la Madrid había aumentado la partida secreta en 1988 para financiar la campaña de Carlos Salinas: 1987: 56.8 millones de dólares; 1988: 90.93 millones de dólares, es decir, el doble que había tenido en 1983, pero Carlos Salinas la llevó hasta 190 millones de dólares en los dos últimos años de su gestión (600 millones de pesos). En los presupuestos de 1995 y 1996, con Ernesto Zedillo, la cantidad en pesos fue de 650 millones aunque en términos de dólares los montos resultaron menores por efecto de la devaluación de la moneda. De cualquier forma, decidieron robar a Pemex mil millones de pesos para las elecciones del año 2000.

Con todo lo escandaloso que fue la partida secreta, ésta era un fragmento menor de la corrupción pública. Si tomamos las erogaciones adicionales (Ramo 23) del presupuesto entre 1980 y 1994, en los años de elecciones y en el siguiente las cantidades dan brincos. En 1988, para el encumbramiento de Salinas, tales gastos llegaron a casi 500 millones de dólares, pero ya en la Presidencia, en 1989, el personaje se gastó en adicionales poco más de mil millones de dólares y en 1992 tales erogaciones llegaron a dos mil 100 millones de dólares, casi igual cantidad (2.4 mil millones de dólares) que fue gastado adicionalmente en 1994 cuando a Zedillo se le llevó al poder. El gasto discrecional de los presidentes ha sido el más alto de los países con controles parlamentarios, es decir, que aquí la Cámara de Diputados no controla el gasto público. Si a México llegara súbitamente la justicia para desplazar a la impunidad, veríamos a miles de políticos tras las rejas, encabezados por Carlos Salinas.

La absolución de Raúl Salinas o Juan Manuel Gómez Gutiérrez o varios otros alias, con sus respectivos pasaportes expedidos por el gobierno, es la impunidad vigente. En este país puede ocurrir que se haga increíble la fortuna de la esposa del presidente de la República sin que tal cosa trascienda al campo de una investigación seria e imparcial, o que muchos crean que ahora los sobornos se pagan con residencias adquiridas a plazos, como la del mismísimo secretario de Hacienda, pero sin que pueda la ciudadanía tener certeza de algo, ya fuera saber que hay empresarios dadivosos con sus estrellas o con amigos que les otorgan contratos, o que el patrimonio de los servidores públicos y sus familiares puede incrementarse de alguna otra oculta manera.

                         (Las cifras son de: Pablo Gómez, Los gastos secretos del presidente, Ed. Grijalbo, 1996).

 

 

Estado de policía con el Ejército

La militarización de una amplia zona de Tierra Caliente le otorga al Ejército, por vía de hechos y sin ley alguna, el control territorial y por ende de carácter político. Las demás autoridades estarán subordinadas al mando militar. El propósito no es una toma del poder público nacional por parte del Ejército sino una negación del Estado de libertades para imponer un Estado de policía bajo el mando de los militares. Este fenómeno se ha presentado en muchos países justo en el momento en que el gobierno no alcanza a controlar un gran desorden. De hecho, este planteamiento fue asumido por Felipe Calderón durante todo su mandato pero no pudo avanzar demasiado en su consecución.

Peña Nieto asume ahora el mismo proyecto porque ha fracasado la idea de la reducción gradual de los delitos de sangre y de extorsión sin tener que hacer nada nuevo. En este marco, se están planteando varias reformas legislativas: someter a todos los ayuntamientos del país al despotismo del centro; dejar a los municipios sin guardia ni vigilancia propia sino a merced de los gobernadores; devolver a la PGR el monopolio del control del narcomenudeo y eliminar la norma de no perseguir a los consumidores; regular para restringir el derecho de manifestación; clave única de identidad. Tal vez el experimento más importante a corto plazo va a ser el de Tierra Caliente de Guerrero en donde, además de las bandas de delincuentes, ahora van a surgir movimientos de resistencia popular contra el control militar y, por tanto, todo se va a complicar aún más.

El cambio de normas para poner orden es una forma de evitar hacer reformas sociales, ampliar los derechos de la gente, confiar en la organización social, repartir mejor el ingreso, promover el empleo y, sobre estas bases, impulsar el crecimiento de la economía. Como todo esto no lo sabe hacer Peña Nieto, quien sólo confía en la inercia neoliberal, es entendible que recurra al proyecto de Calderón. Dentro de poco se van a pedir facultades a la policía y en especial al Ejército y la Armada para meterse en la casa de quien sea, como alguna vez lo planteó al Congreso el último presidente panista.

Ya no son cosas diferentes la lucha contra la delincuencia organizada (excepto la de cuello blanco, claro está) y el control del vandalismo callejero, sino que forman parte del mismo discurso y, por consiguiente, del mismo griterío reproducido de inmediato por los grandes medios. Hasta la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se ha permitido condenar actos vandálicos, lo cual no es su tarea porque no es gendarme sino abogado de los derechos del pueblo. Esta macabra maniobra de unir toda la violencia que no proceda del gobierno puede llevar a México al Estado de policía pero, como la policía no existe en tanto corporación permanente y disciplinada, sólo las fuerzas armadas podrían acometer tal despropósito. Así se piensa y así se actúa.

Las mentiras, claro, saltan a la vista. Los miembros de los ayuntamientos que cooperen con la delincuencia externa pueden ir a la cárcel porque no tienen fuero federal, por lo cual no es preciso destituir ayuntamientos sino sólo lograr que el Ministerio Público haga su trabajo. El mando policial único estatal con fuertes nexos con el federal ha existido siempre en el país: las llamadas policías judiciales o ministeriales no dependen de los ayuntamientos sino de los gobernadores y del presidente de la República. Esa es la policía que investiga y consigue las pruebas, así que es la que debe también perseguir al crimen organizado, pero hacer depender a los municipios de los gobernadores para dar la mínima seguridad a las instalaciones propias y ordenar la circulación de vehículos es otra cosa muy distinta que sólo provocará descontento.

El poder puede imponer el Estado de policía pero la sociedad mexicana no lo va a admitir. Habrá entonces más violencia.