Archivo por meses: noviembre 2014

Desestabilización

Los militares conforman corporaciones no-deliberantes y no partidistas, por lo cual los jefes, generales y almirantes no deberían hacer discursos políticos ni apoyar las plataformas gubernamentales que son expresión de los partidos hechos gobiernos. Sin embargo, Peña Nieto ha llevado a los secretarios de Defensa y de Marina a volver a las andadas de hacer discursos para defender la política del gobierno. Asimismo, el mismo Peña se encarga de pronunciar panegíricos de los militares, lo cual no debe hacer un gobierno civil si en verdad quiere seguir siéndolo. Tlatlaya no es un caso único aunque lo sea por su magnitud y forma de llevar a cabo la matanza, las cuales deberían ser reconocidas por la autoridad política para empezar a contrarrestar el fenómeno del abuso en el uso de las armas.

En este lamentable marco, el gobierno de Peña ha desempolvado viejos discursos sobre la desestabilización política, la cual –dice—se busca mediante algunos hechos de violencia realizados con motivo de las protestas por la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. La desestabilización vista como objetivo de personas que realizan actos violentos es una pamplina que tiene como propósito justificar el uso de la fuerza en cualquier momento por parte del gobierno. La propuesta de Peña de crear una “ley de infiltración del crimen organizado” sería una regresión del federalismo en tanto que el poder central podría disolver ayuntamientos, los cuales no forman parte de la Federación sino de los estados. Sólo las entidades pueden disolver sus propios ayuntamientos para convocar a nuevas elecciones. Junto a esta amenaza de resucitar al presidencialismo más duro, Peña dijo varias veces “todos somos Ayotzinapa”, lo que hubiera sido mejor decirlo aquella noche infausta del enorme levantón que él ignoró entonces y durante varios días diciendo que ese era un asunto local. Ahora sí, todos somos Ayotzinapa y nos receta una ley centralista de “infiltración del crimen”, el cual, por lo demás, tiene infiltrado a todo el Estado nacional mexicano. Varios meses después, Peña sigue sin reconocer el otro acontecimiento siniestro de la temporada que estuvo a cargo del Estado: Tlatlaya, el cual no fue siquiera mencionado en el gran discurso sobre la justicia. ¿Nadie es Tlatlaya sino sólo Ayotzinapa? Los voceros oficiales afirman que hay que rechazar toda violencia sin importar de dónde proceda, pues bien, hay que combatir la que tiene su origen en la acción ilegal de los aparatos públicos.

El gobierno sigue en la necedad de no admitir que padecemos un Estado corrupto que es la base de la crisis delincuencial y de violencia en el país, acompañada ahora de otra peor: la de derechos humanos. Tiene razón al respecto el presidente de Uruguay cuando ha ligado los recientes hechos de Iguala a la corrupción. Durante muchos años hemos dicho en todos los tonos que nada se arreglará bajo el Estado corrupto porque éste no es capaz, sencillamente. En la medida en que el Estado profundizó su corrupción, en esa misma medida empezó a estar sometido a los grupos armados de la delincuencia organizada que supieron domesticar a la otra delincuencia organizada, la del aparato público, mediante su propia capacidad de fuego en un entorno de impunidades que es característico de todo esquema de corrupción.

Peña anuncia nuevas leyes, pero hay que preguntarle: ¿dónde está el proyecto de ley reglamentaria de la reforma constitucional sobre los sueldos de los servidores públicos? Congelado por instrucciones suyas. ¿Dónde está el proyecto para desaparecer el fuero constitucional? Congelado por instrucciones suyas. ¿Dónde está el proyecto para reglamentar la publicidad gubernamental? Congelado por instrucciones suyas. ¿Dónde está el proyecto sobre la réplica? Congelado por instrucciones suyas. Todo esto, aprovechando su mayoría en la Cámara de Diputados. Sobre estas bases no se puede discutir seriamente.

Crisis moral

De un problema de línea política, alianzas, gestión de gobierno, vinculación social, clientelismo exacerbado, sectarismo orgánico y otras dolencias, el PRD entró a una crisis moral que no puede ser superada sencillamente con acuerdos entre partes.

Es verdad que dicha crisis moral se produce en un país en violencia y corrupción galopantes pero el gran levantón de Iguala se hizo por parte de un cuerpo policíaco en funciones y bajo las órdenes de un presidente municipal del PRD, Abarca, donde otro perredista, Aguirre, estaba gobernando y era jefe de los servicios de seguridad y justicia de Guerrero. El punto más crítico de la violencia delincuencial y la corrupción del Estado se definió justamente en territorio perredista, por decirlo de manera figurada, a pesar de que el PRD tiene fuertes banderas programáticas contra la corrupción y la impunidad. De ahí arranca la crisis moral.

Los gobernantes priistas que han cedido ante las mafias delincuenciales y forman parte de esa otra delincuencia organizada que está en la función pública son muchos más pero no estaban gobernando Iguala y Guerrero en el momento de la gran tragedia. La crítica perredista a la política del gobierno en materias de seguridad, justicia y corrupción son correctas pero Iguala es una sombra gigantesca. Aún más, es cierto que el gobierno federal es en parte responsable de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa al no haber hecho absolutamente nada, pero justo por eso mismo el peso mayor de la tragedia ha caído sobre los hombros del PRD.

Se sigue tardando ese partido en presentar un informe detallado de cómo llegó Abarca a ser candidato en Iguala, cómo se llevó a cabo la campaña electoral y cómo se gobernó. La crisis moral no se puede encarar sin el examen público de los antecedentes inmediatos. Al mismo tiempo, es preciso ya anunciar las normas para evitar que se vendan las candidaturas a ricos y riquillos que prometen campañas fuertes pero con recursos ilegales. En tal sentido, se requiere también que las candidaturas a cargos ejecutivos satisfagan un requisito de antigüedad en el partido. Las plataformas tienen que ser concretas y todas ellas deben contener reformas sociales, aunque sean en el ámbito municipal, sin mecanismos ni programas clientelares corporativos. Los gobernantes del PRD deben entregar cuentas al partido en actos de pública, libre y larga discusión. Así también es indispensable anunciar que los grupos internos del partido dejarán de tener finanzas propias, entre otras cosas porque eso es un fraude a la ley. La representación proporcional de los grupos en el reparto de candidaturas legislativas debe vincularse a la aprobación de un examen de conocimientos políticos elementales y del programa del partido. Hay más cambios pero éstos podrían ser urgentes.

Aunque el extravío de la línea política es sólo un percutor de la crisis moral, sí se requiere que aquélla se vuelva cierta, es decir, no admita bruscos e inexplicados cambios según la circunstancia del momento o algún toma y daca. La posición opositora del PRD se debe definir mediante la crítica que contenga propuestas generales y concretas, exigencias y denuncias. Ahora bien, el debate con Morena no se puede ignorar pero hay que tratar que se lleve como un verdadero debate aunque sólo sea de parte del PRD. Examinar ideas y propuestas siempre será ventajoso para la izquierda en lugar de practicar el deporte de las pedradas. Las bases de Morena y el PRD son las mismas.

También es preciso pedir auxilio, pero no a la derecha, los empresarios o la delincuencia organizada del Estado, sino a los intelectuales de izquierda. Para esto se requiere ir al encuentro con ellos, comparecer, entregar cuentas y aceptar la crítica.

Por lo pronto habrá algo nuevo: un debate público entre Cuautémoc Cárdenas y Carlos Navarrete y, quizás, algunos otros miembros del Comité Ejecutivo Nacional. Cuánta falta hacen acontecimientos como éste, pero muchos.

Tribulaciones

Cualquiera diría que a la casa presidencial no le correspondía informar sobre adquisiciones personales de la esposa del jefe del poder Ejecutivo. Pero lo hizo seguramente por motivos políticos aun cuando fue requerida por el IFAI. También diría cualquiera que las explicaciones dadas carecen de sentido porque ya se sabía de la existencia y posesión del inmueble. Al mismo tiempo, cualquiera está interesado en conocer la declaración de bienes completa de Peña Nieto, en la cual debe figurar el patrimonio y los ingresos de su esposa pues la ley así lo señala para todos los servidores públicos, ya que cuando tal declaración se dio a conocer estaba cercenada y, además, no figuraban los datos de la cónyuge, por lo cual no puede ser considerada como ya entregada a la opinión pública.

No sabe el país cómo superar las tribulaciones causadas por tantos crímenes, entre ellos los más recientes, los de Tlatlaya con sus 22 muertos, los de Iguala con sus 43 desaparecidos y sus cinco asesinados, cuando nos dan la noticia de que la esposa del presidente adquiere una residencia por 7 millones de dólares como si fuera un hecho insignificante. La cosa se complica porque la operación, el origen de los dineros y su destino concreto están en tinieblas y, a juzgar por el comunicado de la casa presidencial, se considera que no es necesario entrar en detalles.

La cuestión es muy seria porque eso de obviar detalles es la peor forma de enfrentar las crisis en tanto que las omisiones son una manera de mentir. Por ejemplo, la opinión pública desconoce porqué el mando inmediato de los soldados de Tlatlaya es considerado cómplice y no autor; el encubridor sería más bien el coronel que nos dio la falsa noticia del enfrentamiento sangriento. Por ejemplo, el PRD ya se tardó en presentar un informe de las condiciones concretas en que Abarca se hizo de la candidatura en Iguala, lo cual fue un hecho interno que debe ser conocido; tampoco sabemos cómo gobernó, lo cual debe constar en un reporte lo más particularizado posible. Por ejemplo, la PGR debe dar a conocer las declaraciones íntegras de Abarca, de María de los Ángeles Pineda y del tal Sidronio Casarrubias, en lugar de estar filtrando versiones parciales de los dichos de estos personajes en los cuales se involucran a terceros. Todos estos asuntos no son de policía sino de carácter político, le importan mucho a la nación entera la cual no se encuentra bien informada. Ahora no se trata de la falta de información de los medios sino de políticos que se niegan a informar o lo hacen de manera administrada de tal suerte que, al final, no sabemos bien qué fue lo que sucedió y por qué.

Por lo pronto, la prensa extranjera hace algo de amarillismo con el asunto de la casa de la esposa de Peña sencillamente porque ya se conoce el carácter corrupto del Estrado mexicano y porque un hecho como éste difícilmente sucede en alguna otra parte del mundo.

Las tribulaciones de la temporada no son poca cosa, nos van a perseguir por años y, sin duda, van a complicarse con nuevos hechos perturbadores. El país no se va a ir por el caño pero la clase política tendría que hacerlo. Sin embargo, eso no va a suceder de inmediato. Mientras que se produce un terremoto político, es preciso actuar con la exigencia de la verdad en cada caso, en demanda del detalle de cada información. Los hechos relevantes y los escándalos no se olvidan sino que, a lo sumo, quedan olvidados sólo en apariencia ante el mutismo de los medios. Por ello, son acumulables. Y, un día, estallan juntos en la cara de todos. Varios países han pasado por eso durante las últimas décadas. México no va a ser una excepción. Al menos, eso es lo que deberíamos activar.

Inicua restauración

Esta semana, en el país con uno de los peores sistemas electorales del mundo, Estados Unidos, se llevaron a cabo más de 140 consultas populares sobre empréstitos, aborto, mariguana, portación de armas, salario mínimo, gastos presupuestales, controles de precios de medicinas, excarcelación de reos, entre otros temas. En México, de las cinco consultas solicitadas, cuatro fueron desechadas por la Suprema Corte y una más por el Congreso. El Estado mexicano considera que aquí no hay nada que votar.

El nuestro es un país donde no se consulta a la gente y lo peor es que no se quiere. La Suprema Corte, en la que se depositó la función de calificar la constitucionalidad de las consultas ha salido con una increíble versión de lo que dice la Carta Magna. Pero esa oligofrenia fingida no demuestra otra cosa que la existencia de una consigna exitosa del poder Ejecutivo sobre los integrantes de ese tribunal, con excepción de Cossío.

Es absolutamente insostenible en cualquier lugar en donde se discuta de verdad que cuando una ley dice que no se pueden poner a consulta los ingresos y los gastos del Estado se lea otra cosa: que no se deben consultar temas que eventualmente puedan tener un impacto en ingresos o en egresos públicos, es decir, todos los temas. Así están las cosas en México. El agregado más hilarante lo dio la misma ponencia ganadora del gran premio a la oligofrenia fingida, la presentada por la ministra Luna Ramos: se lesionaría el derecho humano al medio ambiente sano si se derogaran las recientes reformas energéticas. O sea, que si se produce más petróleo se disminuye la contaminación. Eso hay que llevarlo a la ONU… con su autora.

Las recientes decisiones de la Corte que han dejado al país sin consultas populares son una sustitución política. Los ministros en su mayoría tomaron partido en la confrontación de ideas e intereses en el tema de energía y se inclinaron a favor de la reforma aprobada por el PRI y el PAN, tal como lo expresó sin dobleces ni miedo a la recusación la ponente, la ministra Luna Ramos, en un evento empresarial, tres días antes de la decisión en el tribunal. La proclama de la reforma energética en el sentido de que se busca aumentar los ingresos públicos es parte del debate, pero la Corte no sólo la dio por válida sino que consideró que toda la reforma tiene un solo propósito fundamental: el incremento de los ingresos públicos. Sin embargo, esa falacia es justamente la que llevó a millones a firmar para pedir que el pueblo vote en urnas la validez política de la reforma cuestionada. Véase entonces cómo se ha sustituido a la ciudadanía con los ministros de la Corte. Es éste un golpe a la República.

Podría decirse que muy pocas veces en la historia una reforma constitucional ha tenido el bautizo que ha padecido el derecho a la consulta popular. El primer intento de votar algo de la mayor trascendencia nacional fue transformado en la anulación del derecho en sí. A su vez, el derecho mismo ha podido ser nulificado mediante un texto insostenible en cualquier otro tribunal en el mundo. Ya se conoce la forma de hacer interpretaciones a la mexicana pero ahora los ministros han llegado al extremo de la ridiculez. Y digo que fue el primer intento de consulta, así, en singular, porque las peticiones patrocinadas por el PRI y el PAN no fueron sino maniobras políticas para que el rechazo a la consulta sobre energía no quedara sola. El PRI llegó al extremo de proponer una consulta sobre un tema electoral a pesar del texto de la Constitución al respecto. El PAN reivindicó una consulta sobre el salario mínimo, el cual jamás ha sido preocupación de ese partido y, además, se redujo durante los doce años de presidencias panistas.

El avance democrático que suponía el nuevo derecho a la consulta ha quedado hecho trizas justo cuando el país pasa muy malos momentos. Esto es como volver a los años cincuentas y sesentas. Es una inicua restauración.