Responsable y culpable puede ser lo mismo en el derecho penal pero no es así en el terreno de la política. “Actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho” es la materia de la llamada responsabilidad política que se castiga con la destitución y la inhabilitación. Comisión de delitos por parte de servidores públicos se penaliza en el mismo plano que si se tratara de otra persona. Y, finalmente, la sanción administrativa se refiere a los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de las funciones públicas.

Nadie ha señalado a Ángel Aguirre como posible culpable de los asesinatos, lesiones y desapariciones forzadas de Iguala. Se le ha imputado responsabilidad política por no haber impedido la acción policíaca, aun cuando los agentes eran de Iguala y de Cocula, mediante la intervención de la policía del Estado. El tener responsabilidad política implica la separación del cargo. Eso es lo que ha sucedido con Aguirre y lo que debería suceder con Osorio Chong, quien también ignoró lo que estaba por ocurrir, lo que estaba sucediendo y lo que había pasado en Iguala, al grado de no hacer absolutamente nada y, al rato, señalar que Guerrero debía encarar solo el problema. También lo hizo Peña, pero tenemos una Constitución que exime al presidente de la República de responsabilidad política y le asigna al Congreso la remoción de los secretarios de Estado mediante juicio político.

La dirección del PRD se negó a pedir que Aguirre se retirara de la gubernatura, pero el Comité Ejecutivo Nacional, cinco días después, ha tenido que admitir que en Guerrero debe nombrarse un nuevo gobernador. Esta es una función política del partido gobernante: lograr el relevo de uno y nombrar al sustituto. Así es en todo el mundo. Pero en México seguimos con la vieja idea de que la responsabilidad política sólo la puede exigir el presidente de la República, como era antes.

La separación de Ángel Aguirre no resuelve el problema de los heridos y desparecidos, mucho menos de los asesinados, pero implica que el PRD ha tenido que asumir finalmente su propia e innegable responsabilidad. El argumento de que el gobierno federal es también responsable no le autoriza al PRD a tratar de eximirse.

En Los Pinos se sigue buscando que la responsabilidad recaiga exclusivamente en el PRD. Más aún, Murillo Karam nos quiere hacer creer que José Luis Abarca y su esposa eran los jefes del grupo delincuencial, pero las relaciones hampa-políticos no funcionan así. La delincuencia del aparato público es mayor que la de los narcos pero su especialidad es robar bienes públicos y morder cuanto se pueda. En cambio, el control de gobernantes por parte de la delincuencia común se lleva a cabo mediante una relación de fuerza. Ya habrá tiempo de que las cosas queden claras al respecto.

Por lo pronto, el gobierno de Peña seguirá recibiendo presiones procedentes del extranjero, las cuales son las que más le importan como se demostró en el caso de Tlatlaya que ya había sido cerrado. Aquí también Osorio (más el secretario de la Defensa y Eruviel Ávila) tiene responsabilidad política por haber dado por un hecho cierto la falsa versión del puro enfrentamiento entre presuntos delincuentes y soldados.

Todo esto nos impone la formulación de una nueva política de seguridad que deje atrás lo que ha sido inoperante y todo aquello que se quiere imponer como parte de un proyecto fracasado. Cuando los narcos dirigen a la policía (lo cual no es nuevo) se demuestra que el proyecto de Estado policíaco es doblemente inícuo. La base sobre la que descansa la actual crisis de violencia es el Estado corrupto mexicano. Esto es lo que el gobierno priista y el PAN no han querido reconocer.

¿Cómo se va a encarar la crisis política concreta desatada con motivo de los hechos de Iguala? Esta pregunta debe ser respondida sin titubeo y con sentido de justicia. Quien está más obligado a hacerlo es el partido que gobierna Guerrero, el PRD.

Los asesinatos, lesiones y desapariciones de Iguala son hechos relacionados con la violencia y la inseguridad que afectan al país. Pero hay elementos peculiares. El gobierno municipal de Iguala (parece que también el de Cocula), a través de la policía, realizó acciones ordenadas por Guerreros Unidos, grupo delincuencial. El gobierno de la entidad no se enteró de lo que estaba pasando y si lo hizo no actuó de ninguna manera. El gobierno federal se despreocupó a tal grado que sus efectivos de policía y ejército se mantuvieron de espaldas al crimen que se cometía en calles cercanas.

Hemos visto al respecto hombros levantados, caras de sorpresa. Y algo más: se dice que lo importante es que aparezcan con vida los 43 estudiantes de Ayotzinapa antes de analizar lo que ocurrió en Iguala desde un punto de vista político. Se llega a decir que no hay que politizar el problema, es decir, la acción política de las autoridades locales ni las omisiones políticas de las autoridades de la entidad y del país. Sí, la mayor preocupación es por los estudiantes secuestrados, pero eso no debe impedir que se analicen las responsabilidades políticas que están a la vista.

El PRD no debe sumarse a los hombros levantados ni salir ahora con la inicua propuesta de que el gobierno federal investigue a los candidatos, lo cual significaría que el partido gobernante pudiera intervenir en las postulaciones de los demás partidos. Eso corresponde a un Estado de policía.

Es mejor tratar de incidir en la crisis concreta abierta por los hechos de Iguala. En Guerrero debe haber un nuevo gobernador. El gobierno de Aguirre ha perdido interlocución con grupos muy activos que realizan acciones violentas cuyas consecuencias podrían agravarse. Hay que reconocer que Ángel Aguirre ha perdido autoridad moral y, en esa vía, toda autoridad política, en Guerrero y en el país, por haber ignorado o no haber hecho caso de que en plena calle estaban ocurriendo graves violaciones a los derechos humanos, lo cual lleva a la pregunta: ¿cómo se está gobernando en Guerrero? El secretario de gobierno, Jesús Martínez Garnelo, responde con claridad al decir que “como el presidente municipal (de Iguala) no contestó el teléfono sino hasta la una de la mañana, no pudo el gobierno del Estado intervenir”. Cierto que el gobierno federal tuvo la misma omisión pero ése no es del PRD sino del PRI que, siempre lo hemos dicho, son diferentes o debieran serlo.

Para el PRD las cosas son aún más complicadas porque los hechos de Iguala demuestran, una vez más, lo incorrecto de cuatro líneas de acción: 1) Postular candidatos que tienen alguna popularidad aunque no compartan el programa de izquierda ni una ética democrática. 2) Mantener dentro del partido casi a cualquiera aunque su conducta sea reiteradamente contraria al contenido programático y de línea política. 3) Dejar que los grupos internos decidan libremente a sus candidatos, según la cuota que les corresponda, sin que el resto del partido pueda opinar sobre la idoneidad de los mismos. 4) Hacer alianzas electorales pragmáticas y gobiernos de coalición con partidos y personas que aplican una política contraria a la del PRD y no comparten planteamientos de izquierda. Estas líneas incorrectas han llevado poco a poco a ese partido al descrédito, a un déficit de autoridad moral y a un deterioro como opción democrática y popular. Por ello, esas cuatro líneas deben ser eliminadas total y definitivamente, sin dobleces, sin engaños, sin entretelas, sin hipocresías.

A la memoria de Raúl Álvarez Garín

El movimiento estudiantil de 1968 fue derrotado mediante la violencia y el terror. Sin embargo, dejó una impronta muy profunda en la conciencia nacional. La mayor parte de los avances relacionados con los derechos fundamentales, así como de otras libertades de carácter político, se deben a aquella lucha democrática de la juventud intelectual.

Pero en nuestro país siguen produciéndose masacres y desapariciones. Hay también muchos centenares de presos políticos. Además, la televisión nunca se abrió a la crítica y al debate. La inmensa mayoría de los sindicatos se encuentran administrados por mafias cuyos integrantes no trabajan sino que son unos desclasados. Las instituciones de educación superior siguen sufriendo sistemas antidemocráticos. La educación básica es autoritaria. Los ayuntamientos están sometidos por lo regular a los alcaldes. El derecho a decidir mediante consultas populares está ahora mismo al criterio de la Corte cuando ya se había decidido en el nivel constitucional. El presidente de la República modifica a su antojo el presupuesto mientras reparte miserables prebendas entre diputados y diputadas. Los órganos de auditoría no funcionan bien y carecen de suficientes facultades. La procuración de justicia está controlada por el poder Ejecutivo. El Estado mexicano sigue siendo un Estado corrupto. Y hay más.

Por el otro lado, lo que se ha logrado no es poca cosa pero no es el programa completo del movimiento de 1968: libertades democráticas. No es verdad, como algunos afirman, que el movimiento tenía tan sólo seis puntos petitorios. Mala forma de leer la historia o de imaginarla. Esos seis puntos eran la expresión concreta del gran planteamiento de libertades y de democracia. En este sentido, el movimiento estudiantil no era enteramente socialista pero tampoco dejaba de serlo. No lo era porque no abordó el tema de la riqueza y el ingreso, de las relaciones sociales en general, pero lo era en tanto que buscaba la ampliación del espacio de la lucha social mediante la democracia.

Las ideas anteriores no podrían ser compartidas (ni siquiera analizadas) por los comentaristas incidentales del movimiento democrático más importante de la segunda mitad del siglo XX, pero tienen un significado profundo a la luz de lo que hoy tenemos en el país. El campo de la lucha social está limitado, es demasiado estrecho para tan profunda crisis, mientras que la violación de derechos no es incidental. Tlatlaya no es un hecho aislado. Iguala tampoco lo es.

Lo que ha faltado en México es la lucha de los trabajadores. Me refiero a aquella que es sistemática, independiente, democrática, incluyente. Los estudiantes fueron masacrados y aterrorizados en cierta medida por la ausencia de un movimiento de trabajadores que le fuera paralelo pero con tendencias coincidentes. Muchos empleados y obreros simpatizaban con los estudiantes pero no podían hacer nada pues carecían de instrumentos propios de organización. Todo era entonces charrismo y, ahora, casi todo lo sigue siendo.

La demanda de diálogo público no era un fetiche sino una necesidad política. En tanto hubiera discusión abierta entre los estudiantes que demandaban democracia y el gobierno encargado de la represión y el orden priista, el país podría dar un paso adelante, al menos en el terreno de la tolerancia y la apertura política, lo cual no hubiera sido la gran cosa pero sí algo mejor que lo vivido hasta entonces.

Un ejemplo de que estamos a medio camino: el Instituto Politécnico Nacional tiene una estructura autoritaria como la que tenía en 1968 cuando sus estudiantes y muchos de sus maestros reclamaron democracia para el país. Si el nuevo reglamento es echado abajo, como de seguro sucederá gracias a los estudiantes, sería una lástima que el mismo viejo autoritarismo siguiera prevaleciendo. El IPN debe ser autónomo y democrático. ¿Podrá serlo ahora?

Para mayores datos: Pablo Gómez, 1968: la historia también está hecha de derrotas. Ed. Miguel Ángel Porrúa. México, 2008.