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Aplastamiento de un derecho

La Suprema Corte ha negado el ejercicio del derecho constitucional a la consulta popular incluido en el artículo 35. Los conceptos y frases inventados en la Corte que no tienen nada que ver con la fracción VIII del referido precepto de la Carta Magna. Cuando se hizo la reforma, el Congreso no admitió lo que los togados están inventando: que de las consultas populares no pueda resultar algún gasto o ingreso. Si así fuera no habría nunca consultas porque todos los temas podrían costar o dar dinero.

Dice la norma vigente: “No podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos reconocidos por esta Constitución; los principios consagrados en el artículo 40 de la misma; la materia electoral; los ingresos y gastos del Estado; la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente.” ¡Basta! No hay más.

Lo que dice la Constitución es que no puede haber votación popular sobre las normas que rigen las contribuciones y los presupuestos públicos así como el financiamiento y el pago de la deuda. Eso fue lo que el Congreso quiso dejar fuera de las consultas como ocurre en casi todo el mundo. Más aún cuando la litis de la consulta pedida por el PRD, así como la solicitada por Morena, abarca precisamente que con la reforma energética no habrá ingresos unitarios adicionales al fisco. Pero la decisión de la Corte (excepto Cosío) no ha sido sobre la validez de la consulta solicitada sino un apoyo al contenido de la reforma energética cuestionada. Se trata de ganar pero por la vía de la negación del derecho a la consulta popular.

La Corte ha llegado al extremo de declarar inconstitucional la petición de consulta sobre la legislación de energía por “tener como parte de su objeto restricciones a los derechos humanos”. ¿Cuáles? Los togados responden: el derecho a un medio ambiente sano. Y, tendidos en la mentira, afirman que en los preceptos de la reforma de las industrias de la energía se recomienda cuidar el medio ambiente. En este marco no es posible siquiera discutir. Por último, se afirma que la pregunta propuesta por el PRD no es sencilla ni comprensible y, para no dejar duda de la ficticia oligofrenia de la ponencia aprobada en la Corte, se recomienda como criterio rector de los “casos futuros” que la pregunta se circunscriba a una sola decisión legislativa o administrativa. Pero justamente la pregunta del PRD era sobre un solo acto legislativo: la reforma constitucional de energía. En síntesis, se dice que no procede la consulta porque la pregunta es de difícil respuesta para la generalidad de las personas. ¡Esta es la Suprema Corte de Justicia de la Nación!

Ahora bien, ¿para qué se estableció el derecho popular a la consulta? Para poder resolver mediante el voto las grandes discrepancias y contradicciones, para que todo mundo sepa que siempre habrá una manera de zanjar la más grande diferencia acudiendo a la votación popular, es decir, a la intervención del soberano por encima de las confrontaciones entre los bandos políticos.

En la Corte la democracia causa pánico, no se entiende lo más elemental y se camina por recovecos dizque técnicos que no son de este mundo. Que no se diga en la Corte que el gobierno no presiona para evitar cualquier consulta popular. Al margen de pamplinas, la cuestión es de carácter político: la democracia puede ser vista como perniciosa cuando resulta contraria a los intereses económicos de una oligarquía que domina el país.

Lo peor de todo es que la negación de las consultas planteadas va a llevar a nulificar por algún tiempo el derecho a la consulta popular. ¿Para qué juntar millones de firmas si hay once personas (diez en realidad) que se han ubicado por encima de la Constitución y niegan al pueblo el derecho a la consulta? Después, se hará necesario cambiar la Corte para recobrar ese derecho.

Responsables y culpables

Responsable y culpable puede ser lo mismo en el derecho penal pero no es así en el terreno de la política. “Actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho” es la materia de la llamada responsabilidad política que se castiga con la destitución y la inhabilitación. Comisión de delitos por parte de servidores públicos se penaliza en el mismo plano que si se tratara de otra persona. Y, finalmente, la sanción administrativa se refiere a los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de las funciones públicas.

Nadie ha señalado a Ángel Aguirre como posible culpable de los asesinatos, lesiones y desapariciones forzadas de Iguala. Se le ha imputado responsabilidad política por no haber impedido la acción policíaca, aun cuando los agentes eran de Iguala y de Cocula, mediante la intervención de la policía del Estado. El tener responsabilidad política implica la separación del cargo. Eso es lo que ha sucedido con Aguirre y lo que debería suceder con Osorio Chong, quien también ignoró lo que estaba por ocurrir, lo que estaba sucediendo y lo que había pasado en Iguala, al grado de no hacer absolutamente nada y, al rato, señalar que Guerrero debía encarar solo el problema. También lo hizo Peña, pero tenemos una Constitución que exime al presidente de la República de responsabilidad política y le asigna al Congreso la remoción de los secretarios de Estado mediante juicio político.

La dirección del PRD se negó a pedir que Aguirre se retirara de la gubernatura, pero el Comité Ejecutivo Nacional, cinco días después, ha tenido que admitir que en Guerrero debe nombrarse un nuevo gobernador. Esta es una función política del partido gobernante: lograr el relevo de uno y nombrar al sustituto. Así es en todo el mundo. Pero en México seguimos con la vieja idea de que la responsabilidad política sólo la puede exigir el presidente de la República, como era antes.

La separación de Ángel Aguirre no resuelve el problema de los heridos y desparecidos, mucho menos de los asesinados, pero implica que el PRD ha tenido que asumir finalmente su propia e innegable responsabilidad. El argumento de que el gobierno federal es también responsable no le autoriza al PRD a tratar de eximirse.

En Los Pinos se sigue buscando que la responsabilidad recaiga exclusivamente en el PRD. Más aún, Murillo Karam nos quiere hacer creer que José Luis Abarca y su esposa eran los jefes del grupo delincuencial, pero las relaciones hampa-políticos no funcionan así. La delincuencia del aparato público es mayor que la de los narcos pero su especialidad es robar bienes públicos y morder cuanto se pueda. En cambio, el control de gobernantes por parte de la delincuencia común se lleva a cabo mediante una relación de fuerza. Ya habrá tiempo de que las cosas queden claras al respecto.

Por lo pronto, el gobierno de Peña seguirá recibiendo presiones procedentes del extranjero, las cuales son las que más le importan como se demostró en el caso de Tlatlaya que ya había sido cerrado. Aquí también Osorio (más el secretario de la Defensa y Eruviel Ávila) tiene responsabilidad política por haber dado por un hecho cierto la falsa versión del puro enfrentamiento entre presuntos delincuentes y soldados.

Todo esto nos impone la formulación de una nueva política de seguridad que deje atrás lo que ha sido inoperante y todo aquello que se quiere imponer como parte de un proyecto fracasado. Cuando los narcos dirigen a la policía (lo cual no es nuevo) se demuestra que el proyecto de Estado policíaco es doblemente inícuo. La base sobre la que descansa la actual crisis de violencia es el Estado corrupto mexicano. Esto es lo que el gobierno priista y el PAN no han querido reconocer.

La crisis política concreta

¿Cómo se va a encarar la crisis política concreta desatada con motivo de los hechos de Iguala? Esta pregunta debe ser respondida sin titubeo y con sentido de justicia. Quien está más obligado a hacerlo es el partido que gobierna Guerrero, el PRD.

Los asesinatos, lesiones y desapariciones de Iguala son hechos relacionados con la violencia y la inseguridad que afectan al país. Pero hay elementos peculiares. El gobierno municipal de Iguala (parece que también el de Cocula), a través de la policía, realizó acciones ordenadas por Guerreros Unidos, grupo delincuencial. El gobierno de la entidad no se enteró de lo que estaba pasando y si lo hizo no actuó de ninguna manera. El gobierno federal se despreocupó a tal grado que sus efectivos de policía y ejército se mantuvieron de espaldas al crimen que se cometía en calles cercanas.

Hemos visto al respecto hombros levantados, caras de sorpresa. Y algo más: se dice que lo importante es que aparezcan con vida los 43 estudiantes de Ayotzinapa antes de analizar lo que ocurrió en Iguala desde un punto de vista político. Se llega a decir que no hay que politizar el problema, es decir, la acción política de las autoridades locales ni las omisiones políticas de las autoridades de la entidad y del país. Sí, la mayor preocupación es por los estudiantes secuestrados, pero eso no debe impedir que se analicen las responsabilidades políticas que están a la vista.

El PRD no debe sumarse a los hombros levantados ni salir ahora con la inicua propuesta de que el gobierno federal investigue a los candidatos, lo cual significaría que el partido gobernante pudiera intervenir en las postulaciones de los demás partidos. Eso corresponde a un Estado de policía.

Es mejor tratar de incidir en la crisis concreta abierta por los hechos de Iguala. En Guerrero debe haber un nuevo gobernador. El gobierno de Aguirre ha perdido interlocución con grupos muy activos que realizan acciones violentas cuyas consecuencias podrían agravarse. Hay que reconocer que Ángel Aguirre ha perdido autoridad moral y, en esa vía, toda autoridad política, en Guerrero y en el país, por haber ignorado o no haber hecho caso de que en plena calle estaban ocurriendo graves violaciones a los derechos humanos, lo cual lleva a la pregunta: ¿cómo se está gobernando en Guerrero? El secretario de gobierno, Jesús Martínez Garnelo, responde con claridad al decir que “como el presidente municipal (de Iguala) no contestó el teléfono sino hasta la una de la mañana, no pudo el gobierno del Estado intervenir”. Cierto que el gobierno federal tuvo la misma omisión pero ése no es del PRD sino del PRI que, siempre lo hemos dicho, son diferentes o debieran serlo.

Para el PRD las cosas son aún más complicadas porque los hechos de Iguala demuestran, una vez más, lo incorrecto de cuatro líneas de acción: 1) Postular candidatos que tienen alguna popularidad aunque no compartan el programa de izquierda ni una ética democrática. 2) Mantener dentro del partido casi a cualquiera aunque su conducta sea reiteradamente contraria al contenido programático y de línea política. 3) Dejar que los grupos internos decidan libremente a sus candidatos, según la cuota que les corresponda, sin que el resto del partido pueda opinar sobre la idoneidad de los mismos. 4) Hacer alianzas electorales pragmáticas y gobiernos de coalición con partidos y personas que aplican una política contraria a la del PRD y no comparten planteamientos de izquierda. Estas líneas incorrectas han llevado poco a poco a ese partido al descrédito, a un déficit de autoridad moral y a un deterioro como opción democrática y popular. Por ello, esas cuatro líneas deben ser eliminadas total y definitivamente, sin dobleces, sin engaños, sin entretelas, sin hipocresías.

Responsabilidades

Los estudiantes de Ayotzinapa viajaron desde Tixtla hasta Iguala sin que por lo visto ninguna autoridad estatal o federal hiciera un seguimiento de ese desusado movimiento. Cuando fueron reprimidos por la policía municipal y cuando ésta realizó el gigantesco levantón y se llevó fuera de la ciudad a los estudiantes, tampoco estaba un solo agente estatal o federal, ni siquiera un vigía que informara a las autoridades lo que estaba sucediendo. Si esto es cierto o no lo es, de cualquier forma el gobierno del Estado y el gobierno federal tienen responsabilidad en la represión y probable matanza.

Si no dieron seguimiento, están en falta; si lo dieron y no hicieron nada, también están en falta. Así debería entenderse el desempeño de las funciones publicas, en especial en materia de seguridad: la autoridad no puede desaparecerse ni tampoco desentenderse.

El alcalde, José Luis Abarca, que era miembro del PRD, aunque ocasional, había sido antes señalado como posible autor de los homicidios de Arturo Hernández Cardona y dos de sus compañeros, así como integrante de un grupo de delincuencia organizada junto con su cuñado y su esposa. Nada hizo el partido para obligar al gobierno de Aguirre a asumir sus deberes al respecto, lo cual entraña responsabilidad.

Por su parte, el gobierno federal, con su poderoso Cisen entretenido en dar a conocer los videos de la Tuta y en intervenir teléfonos de otros políticos, no pudo en todo este tiempo investigar a Abarca e informar con datos duros al gobierno de Guerrero. Dice Murillo Karam que no le entregaron pruebas, pero éstas deben ser obtenidas justamente por el procurador, según reza la Constitución. Ahora va a resultar que los ciudadanos son quienes deben hacer la probanza. De ser así, que desparezca el Ministerio Público y a ver a cómo nos toca.

Tan luego que se produjo la represión, el secretario de Gobernación declaró que no intervendría el gobierno federal en un asunto local, como antes había guardado silencio sobre la matanza de Tlatlaya. El mismísimo presidente de la República, con ganas de joder a la oposición perredista, se pronunció por la atención local de problemas locales. Para ambos, ya estaba bueno que todos quisieran la ayuda federal mientras en el ámbito local no hacían nada en materia de seguridad pública. Pero, ¿para qué tanto despliegue de fuerzas federales en el terreno? En Iguala, la PF y el Ejército, con suficiente dotación de efectivos, estaban desaparecidos cuando la policía municipal hacía fuego y levantaba muchachos. En el colmo, ninguna autoridad se dio cuenta por dónde se habían retirado las patrullas policíacas con los estudiantes secuestrados. Ahora, Peña declara que va ir, “tope donde tope”, para perseguir a quienes por negligencia permitieron la represión pero él mismo es uno de los negligentes comprobados.

Sí hay responsabilidad de parte del gobierno de Ángel Aguirre y del gobierno de Enrique Peña. Sostener lo contrario sería asumir que la autoridad es intocable por carecer de responsabilidad política. Eso no hay que admitirlo, nunca.

En eso estábamos cuando Ángel Aguirre anuncia, con el respaldo de su partido, una iniciativa de decreto para poner a consulta popular la revocación de su mandato. Es aire puro porque el gobierno asume que puede ser imputado por responsabilidad política, lo cual es clarísimo, y porque la decisión se le deja a los ciudadanos de Guerrero, para lo que se convoca, por vez primera, a un procedimiento de consulta popular revocatoria.

Esta es una forma política democrática de afrontar un problema concreto relacionado con una situación general. El problema concreto es la responsabilidad política en la represión de Iguala mientras la situación general es la forma en que el Estado mexicano hace frente al fenómeno de la delincuencia organizada. Que por vez primera el pueblo se manifieste, sería un invaluable precedente.

A medio camino

A la memoria de Raúl Álvarez Garín

El movimiento estudiantil de 1968 fue derrotado mediante la violencia y el terror. Sin embargo, dejó una impronta muy profunda en la conciencia nacional. La mayor parte de los avances relacionados con los derechos fundamentales, así como de otras libertades de carácter político, se deben a aquella lucha democrática de la juventud intelectual.

Pero en nuestro país siguen produciéndose masacres y desapariciones. Hay también muchos centenares de presos políticos. Además, la televisión nunca se abrió a la crítica y al debate. La inmensa mayoría de los sindicatos se encuentran administrados por mafias cuyos integrantes no trabajan sino que son unos desclasados. Las instituciones de educación superior siguen sufriendo sistemas antidemocráticos. La educación básica es autoritaria. Los ayuntamientos están sometidos por lo regular a los alcaldes. El derecho a decidir mediante consultas populares está ahora mismo al criterio de la Corte cuando ya se había decidido en el nivel constitucional. El presidente de la República modifica a su antojo el presupuesto mientras reparte miserables prebendas entre diputados y diputadas. Los órganos de auditoría no funcionan bien y carecen de suficientes facultades. La procuración de justicia está controlada por el poder Ejecutivo. El Estado mexicano sigue siendo un Estado corrupto. Y hay más.

Por el otro lado, lo que se ha logrado no es poca cosa pero no es el programa completo del movimiento de 1968: libertades democráticas. No es verdad, como algunos afirman, que el movimiento tenía tan sólo seis puntos petitorios. Mala forma de leer la historia o de imaginarla. Esos seis puntos eran la expresión concreta del gran planteamiento de libertades y de democracia. En este sentido, el movimiento estudiantil no era enteramente socialista pero tampoco dejaba de serlo. No lo era porque no abordó el tema de la riqueza y el ingreso, de las relaciones sociales en general, pero lo era en tanto que buscaba la ampliación del espacio de la lucha social mediante la democracia.

Las ideas anteriores no podrían ser compartidas (ni siquiera analizadas) por los comentaristas incidentales del movimiento democrático más importante de la segunda mitad del siglo XX, pero tienen un significado profundo a la luz de lo que hoy tenemos en el país. El campo de la lucha social está limitado, es demasiado estrecho para tan profunda crisis, mientras que la violación de derechos no es incidental. Tlatlaya no es un hecho aislado. Iguala tampoco lo es.

Lo que ha faltado en México es la lucha de los trabajadores. Me refiero a aquella que es sistemática, independiente, democrática, incluyente. Los estudiantes fueron masacrados y aterrorizados en cierta medida por la ausencia de un movimiento de trabajadores que le fuera paralelo pero con tendencias coincidentes. Muchos empleados y obreros simpatizaban con los estudiantes pero no podían hacer nada pues carecían de instrumentos propios de organización. Todo era entonces charrismo y, ahora, casi todo lo sigue siendo.

La demanda de diálogo público no era un fetiche sino una necesidad política. En tanto hubiera discusión abierta entre los estudiantes que demandaban democracia y el gobierno encargado de la represión y el orden priista, el país podría dar un paso adelante, al menos en el terreno de la tolerancia y la apertura política, lo cual no hubiera sido la gran cosa pero sí algo mejor que lo vivido hasta entonces.

Un ejemplo de que estamos a medio camino: el Instituto Politécnico Nacional tiene una estructura autoritaria como la que tenía en 1968 cuando sus estudiantes y muchos de sus maestros reclamaron democracia para el país. Si el nuevo reglamento es echado abajo, como de seguro sucederá gracias a los estudiantes, sería una lástima que el mismo viejo autoritarismo siguiera prevaleciendo. El IPN debe ser autónomo y democrático. ¿Podrá serlo ahora?

Para mayores datos: Pablo Gómez, 1968: la historia también está hecha de derrotas. Ed. Miguel Ángel Porrúa. México, 2008.