Archivo por meses: septiembre 2014

RAÚL ÁLVAREZ GARÍN

A LA MEMORIA DE MI AMIGO Y COMPAÑERO RAÚL ÁLVAREZ GARÍN, DEMÓCRATA Y SOCIALISTA, LUCHADOR POR LOS DERECHOS POLÍTICOS Y SOCIALES. MÉXICO PIERDE A UN GRAN MEXICANO Y HOMBRE DEL MUNDO. LA GENERACIÓN DEL ´68 DEBE RENDIRLE HOMENAJE A QUIEN FUERA UNO DE SUS PRINCIPALES DIRIGENTES, ENCARCELADO CASI TRES AÑOS EN LECUMBERRI POR ÓRDENES DEL GOBIERNO DE DIAZ ORDAZ Y ECHEVERRÍA. RAÚL FUE UN MILITANTE DE LA IZQUIERDA TODA SU VIDA, FUNDÓ Y DIRIGIÓ Corre la Voz Y FUE UNO DE LOS FUNDADORES DEL PRD. RAÚL DEFENDIÓ NUESTRA MEMORIA Y LUCHÓ POR LA APERTURA DE LOS PROCESOS PENALES POR LAS MATANZAS DE 1968 Y 1971, ASÍ COMO DE LA GUERRA SUCIA QUE INICIARON ECHEVERRÍA Y GUTIÉRREZ BARRIOS.  27.09.2014. 

Los inmolados de Tlatlaya

Desde que se dio a conocer la noticia de los hechos ocurridos el 30 de junio de este año en la localidad de San Pedro Limón, perteneciente a Tlatlaya, en el Estado de México, nadie ha podido creer la versión de que en el enfrentamiento armado uno de los bandos resultó por completo exterminado mientras en el otro hubo un solo herido. Según los dichos oficiales, ninguno se rindió, los 22 presuntos agresores decidieron inmolarse.

Esa inmolación es en verdad perturbadora. Pero más perturbador es que los mandos del Ejército la hayan dado por cierta y que lo mismo haya hecho de inmediato el gobierno del Estado de México. No existen informaciones oficiales relevantes como si al asunto no se le hubiera dado trámite alguno a pesar de la muerte violenta de 22 personas. Lo que ha vuelto a poner en los medios el sangriento acontecimiento es la sobrecogedora declaración de prensa de alguien que se dice sobreviviente y madre de una muchacha que resultó muerta. Por su lado, la PGR ha dicho que lleva dos meses y medio investigando algo aunque no dice exactamente qué cosa, mientras que la Secretaría de Gobernación, a cargo de la seguridad, aduce desconocimiento.

En Tlatlaya hubo una matanza, la cual se comprueba con los cadáveres. Lo que tendría que ser acreditado es la legalidad de la acción militar. La autoridad siempre está obligada a dar cuenta de sus actos, a diferencia de los particulares que sólo son intimados bajo especiales circunstancias. En México, sin embargo, la autoridad se ha acostumbrado a no dar cuenta, a eludir su deber. Recordemos la matanza de Aguas Blancas en Guerrero que sólo había generado desoídas protestas hasta que Ricardo Rocha publicó en la televisión un video, en el cual se podía advertir que los hechos habían sido por completo diferentes a los consignados en el parte oficial: los agentes de policía dispararon contra los campesinos sin ninguna provocación.

Ahora tenemos otro parte oficial. Un grupo de soldados iba de patrulla cuando fue agredido con armas de fuego, luego de lo cual se produjo un intercambio de disparos. El resultado fue que los 22 agresores resultaron muertos y se rescataron tres mujeres que estaban en situación de secuestradas. Punto. A partir de aquí sólo habría que esperar la aceptación de la escueta versión oficial con lo que el asunto se convertiría en algo definitivamente cerrado. Ningún medio de comunicación nacional acudió a investigar al lugar de los hechos; sólo lo hizo una agencia internacional de noticias. Nadie en el gabinete de Peña se preocupó. Dice el gobierno de Eruviel Ávila que sólo tiene reporte de un enfrentamiento en Tlatlaya, es decir, que no tuvo que investigar nada sino recibir un comunicado y guardarlo. ¡Así se gobierna en México! Sin embargo, nadie creyó el parte oficial. En realidad, tampoco lo creyeron los generales ni los gobernantes aunque lo dieron por bueno.

No es un asunto en exclusiva de la PGR, como afirma el presidente de la República. Es evidente que el gobierno de Peña Nieto está comprometido en los hechos violentos de Tlatlaya y se encuentra obligado a dar una amplia explicación veraz, tanto porque la autoridad debe dar cuenta de sus actos, lo que ya apuntábamos, como por la gravedad del suceso. Debido a que la versión oficial no es verosímil, las explicaciones tienen que ser exactas y exhaustivas de tal manera que no exista el menor elemento de duda. Pero Peña ya se ha tardado en informar. Su gobierno es responsable de las acciones de las tropas y es también el primer obligado a conocer con exactitud la verdad sobre las mismas. Que el gobierno careciera de una versión comprobada y comprobable sería de suyo una omisión y, por tanto, una falta. Si, por el contrario, el gobierno ya cuenta con dicha versión, es del todo injustificado que no la haya comunicado a la opinión pública.

Corrupción y Estado corrupto

Es del todo natural que se equivoquen Peña Nieto y algunos otros descalificados para abordar el tema de la corrupción en un país que sufre de un Estado corrupto. En todo sistema de poder existe corrupción pero no siempre prevalecen estructuras corruptas.

México es uno de esos países en donde la corrupción es forma de ser del Estado y, por tanto, la sociedad ha sido enredada en los hilos de un entramado generalizado. Todo lo que se pueda decir sobre la cultura de la corrupción, la condición humana y otros disparates sólo son maneras de tratar de justificar ese fenómeno, esa estructura que tiene responsables políticos concretos y, también, corruptos de carne y hueso.

El Estado mexicano ha sido tratado como una inagotable fuente de patrimonio personal y empresarial. A través del desvío de fondos públicos y de concesiones se han creado pequeñas y grandes fortunas. Pero, además, no existe corporación empresarial mexicana que no haya sido beneficiada de la corrupción.

Los instrumentos para combatir la corrupción son todas las instituciones, todas las oficinas públicas y no sólo las auditorías y procuradurías como algunos dicen suponer. Todo servidor público está obligado a cumplir con su deber y, en esa dirección, a impedir el uso indebido de recursos públicos. Sin embargo, las discusiones sólo son sobre la eficacia de ciertas instituciones que, por diseño y estructura funcional, no podrán jamás combatir la corrupción.

La reforma sobre sueldos, por ejemplo, fue presentada por mí en el Senado como aquella que escogía el PRD para ser especialmente negociada con los demás. Era una por cada partido (año 2006). El PRI (Beltrones) presentó un proyecto sobre la comisión para la reforma del Estado. El PAN (Creel) inició la suya: incompatibilidades de los servidores públicos, lo que se llamó la ley anti Diego, aquella que iba a acabar con el tráfico de influencias o el uso de cargos políticos para hacer negocios o impactar casos judiciales o, sencillamente, para litigar contra el Estado. Las dos primeras fueron aprobadas, la tercera se atoró en la Cámara de Diputados porque muchos priistas y panistas se negaron a discutirla. El nuevo artículo 127 constitucional –sueldos de servidores públicos— fue aclamado por la crítica pero mediatizado por el gobierno panista con la ayuda del PRI ya que hasta ahora carece de leyes reglamentarias (federal y locales) de tal manera que –se dice sin razón—no se puede aplicar. Hay un proyecto congelado en la Cámara.

En cuanto al organismo anticorrupción, es claro que para perseguir corruptos no se necesita una comisión sino una agencia con capacidad de ejercer acción penal con la mayor independencia del gobierno y de todos los demás poderes formales e informales.

En México, las zonas alejadas de la corrupción son muy pocas. Pero la corrupción no es una enfermedad sino parte del sistema político, es una forma de operar, de financiar a personas y empresas en tareas que algo tienen que ver con la política o que necesitan de ésta para llevar a cabo proyectos de cualquier especie. La estructura corrupta se construyó durante muchas décadas, por lo cual se puede decir que el mayor fracaso de los partidos de oposición que critican la corrupción es haberla mantenido como parte del sistema cuando asumieron responsabilidades de gobierno. Esto sí que duele pero, más allá de esto, nos muestra el carácter que tiene la corrupción en México.

El gobierno de Peña sabe que no se puede combatir la corrupción desde el PRI, es decir, desde él mismo. Que, por el contrario, se requiere organizarla lo más que se pueda para evitar desbordes. Esa es una vieja idea que nunca ha dado resultado en sus propios y nefastos términos. Los sistemas corruptos tienden siempre a desbordarse porque no pueden ser regidos por normas fijas, claras y duras sencillamente porque la corrupción sistémica es la violación de toda norma.

Partido de masas

El Partido de la Revolución Democrática es un partido de masas. Así fue fundado y siempre lo ha sido. Pero su participación en instancias de gobierno y su gestión social lo convirtieron en un partido con clientelas que no son organizadas directamente sino por los grupos políticos que lo integran. Aquí tenemos una característica adicional: un partido de grupos.

El PRD no es el único partido en el mundo que es así. Todos los partidos de masas que, además, son de grupos, realizan su clientelismo principalmente a través de éstos. Mas el requisito político para integrarse en el partido no es siempre igual en todas partes; en el PRD es bajísimo, lo que permite que cualquiera haga un grupo y opere con la franquicia PRD, independientemente de sus posiciones políticas y de su conducta pública. He aquí otra característica.

Lo anterior ha sido visto en las recientes elecciones internas del PRD, en las que fueron elegidos 320 consejeros nacionales, 3 mil 450 estatales, 25 mil 770 municipales y mil 200 congresistas nacionales de un total de 89 mil 348 candidatos y con una participación de más de un millón 800 mil votantes. La intervención del INE impidió urnas embarazadas y desaparición de boletas; por fin hubo elecciones en no pocos lugares del país. Pero el PRD no cambió con la decisión de invitar a la autoridad nacional electoral a organizar su propia elección.

Los grupos internos del PRD, los cuales en su conjunto lograron una afiliación de 4 millones y medio, no fueron capaces de llevar a las urnas a más del 40 por ciento. Esto quiere decir que tales grupos abultan los registros y carecen de capacidad de movilización de una mayoría de personas afiliadas por ellos mismos. Este dato pone en duda la justificación del modo grupal-clientelar con el que se organiza el partido.

Además, la movilización electoral mostró la existencia de cajas de recursos propios de los grupos más grandes. El sistema mexicano de las despensas y el dinero en efectivo es una parte; la otra es el transporte con o sin gratificaciones inmediatas y personales. Esto quiere decir, por un lado, que sin recursos económicos el apoyo electoral de cada cual sería mucho menor y, por el otro, que la masa afiliada al partido está llena de personas distantes de una causa política general. Además, las finanzas de los grupos, ya sea por cuotas de sus miembros (servidores públicos) o por gestiones directas, crea una especie de poder económico por encima de las relaciones políticas dentro de un mismo partido, lo cual hace que la estructura partidista dependa demasiado de algunas circunstancias o, en otras palabras, que ésta resulte ser más de papel que de conciencia.

El resultado electoral es el esperado. Ningún grupo tiene la mayoría. Quien encabece el comité ejecutivo será producto de una alianza, la cual ya estaba pactada aunque no había necesidad. En el PRD no hay carro completo, el Estatuto lo prohíbe. La dirección nacional será de composición en razón de los votos de cada planilla. Mas el hecho de que no haya mayoría consolidada y firme es otra de sus características, lo cual pone en duda el modelo en general, pues no existen suficientes bases de unidad interna como para poder navegar con certidumbre sobre las grandes olas de la lucha política.

Como la elección fue indirecta, es decir, sólo de consejeros pero no de presidente del partido, el PRD no proyectó ningún liderazgo. Los partidos suelen necesitar líderes fuertes, líderes de masas, líderes intelectuales. Todo esto no parece algo que por ahora tenga que ver con el PRD.

Estas elecciones son una oportunidad para hacer un estudio del PRD y un informe que pueda debatirse abiertamente. El tema del partido sigue teniendo relieve y es mejor abordarlo desde una perspectiva militante.

Catalunya frente al espejo

Cataluña se encuentra frente al espejo y se reconoce a pesar de las aberraciones añadidas por el dominio español de siglos. Cataluña no busca algo de España en el espejo. Pero aunque España no se vea reflejada, busca desde fuera que Catalunya sea como es ella.

El actual Estado español es como el imperio español: no reconoce el derecho de nadie a decidir por sí mismo. Todo territorio conquistado es suyo por legado histórico. Las secesiones se han realizado a sangre y fuego. Nunca España cedió algo por estricto derecho. La Reconquista es apreciada como la fundación radical del españolismo: volver después de siete siglos. Quizá por ello España defiende lo que piensa que es suyo sin importar lo que piensen los demás. Los catalanes son los demás.

Dice la Constitución que ella “se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles”. Aquí hay varios errores voluntarios: no se habla de un fundamento del Estado español sino de su Carta Fundamental, que no es exactamente lo mismo. Se define a la Nación española como patria de todos, pero aquélla no existe más que como forma política impuesta: España es producto político de varias nacionalidades, las cuales son llamadas así en la Constitución, nacionalidades, que no conforman, sin embargo, naciones. No existe, en el texto constitucional, por tanto, la nación de Catalunya sino la nacionalidad catalana, de donde habría que deducir mediante un gran salto que no se debe reconocer la capacidad soberana del país catalán para gobernarse a sí mismo. La nacionalidad catalana resulta ser parte de otra Nación (así, con mayúscula constitucional) que se llama España, pero los catalanes y las catalanas son lo que son y en su mayoría no parecen considerarse españoles y españolas sin que eso resulte denigrante sino sencillamente otra cosa.

Más allá de la nación o de la Nación, en Catalunya hay un pueblo y, como todos, tiene derecho a decidir sobre sí mismo. Punto. No debería discutirse más. La consulta en Cataluña no puede declararse ilegal en tanto sea producto del ejercicio de un derecho fundamental que se llama libre autodeterminación de los pueblos, diga lo que diga la errónea Constitución española.

Creo, sin embargo, que la independencia de Cataluña no agregaría nada desde el punto de vista social y de la democracia. Yo no votaría a favor de la secesión, pero no se puede ir impunemente por el mundo negando el derecho de autodeterminación de los pueblos.

Hay una diferencia arrolladora entre Quebec y Escocia, por un lado, y Cataluña, por el otro: las primeras son libres porque tienen derecho a decidir sobre su independencia; la otra no lo es porque se le niega ese mismo derecho. La libertad no es la independencia sino el derecho de decidirla libremente. Inglaterra guerreó para no aceptar varias independencias pero hacia el final de su colonialismo terminó cediendo por derecho. No ha sido lo mismo con España. La madre patria, como se decía en México, nunca cedió nada, todo lo tuvo que perder por la fuerza.

Todo el españolismo se ha unido contra el derecho de decisión de Catalunya. Pero mientras los socialistas proponen algo a cambio –la federación—, los conservadores del partido gobernante no ofrecen absolutamente nada. Sin embargo, no pasa desapercibido que ambos partidos nieguen de por sí ese derecho, se comporten como salvaguardias de la herencia expansionista, sean partes en conflicto de la España monárquica dejada ahí por el franquismo como testimonio histórico de su victoria sobre la república laica y democrática, encarnen el hispanismo colonial replegado por fuerza a la península. España no ha cambiado tanto a pesar de los tan difíciles cambios que ha logrado con sus grandes y ejemplares luchas. Hay algo que sigue siendo, a pesar de todo, lo español.