Archivo por meses: Julio 2014

Masacre

A Hanin Zoabi, diputada al parlamento de Israel, condenada a guardar silencio por haber expresado su pensamiento

Lo que está ocurriendo en Gaza es una masacre por parte del gobierno de Netanyahu. La política fundamentalista israelí se da la mano con la política fundamentalista de Hamás, quien gobierna Gaza. Son dos fundamentalismos a quien casi todos los gobiernos del mundo les piden que cesen sus acciones bélicas, aunque ciertamente la ofensiva de Hamás es muy débil con misiles casi siempre inofensivos frente a las armas de muy alta precisión de Israel que han logrado crear terror en barrios populares e incluso escuelas: más de mil muertos en menos de un mes.

Palestina ha sido sacrificada en el altar del fundamentalismo nacional israelí apoyado sin matices críticos por parte de la clase política estadunidense, es decir, todas las instituciones y los grandes poderes económicos de ese país. Nada ha regateado Estados Unidos a Israel. La doctrina de la seguridad nacional se ha trasladado en la forma más grotesca hasta el Medio Oriente en donde está claro para ese belicismo que el enemigo es Palestina pues la parte laica del eje árabe ha sido desarticulado tanto por la bancarrota de un socialismo propio que culminó en el mayor despotismo como por décadas de acción política y ayuda militar estadounidense. Hamás juega aquí un papel menos relevante del que se le asigna aunque su política fundamentalista es mentirosa y manipuladora. Los islamitas palestinos saben muy bien que los misiles disparados desde Gaza carecen de capacidad letal, tanto porque Israel tiene defensas antiaéreas como porque muchas armas de Hamás parecen más bien fuegos de artificio. Al fin, si Hamás no gobernara Gaza sino Fatah las cosas no serían diferentes desde el punto de vista político.

El presidente Obama ha pedido el cese al fuego y pareciera que ha dicho lo contrario. El gobierno de Washington es el más importante sostén exterior del gobierno de Netanyahu y de los operadores de la política de ojo por ojo que se aplica desde Tel Aviv. Ningún gobernante occidental u oriental ha apoyado al gobierno de Israel en la masacre que lleva a cabo contra Gaza, pero parece que eso no tendrá ninguna repercusión, ni la más mínima, tal como ocurre con todas las resoluciones internacionales contra el gobierno de Israel aprobadas durante décadas y que ya ni siquiera son leídas. Aquí nadie pide sanciones y a lo más que se llega es a lamentos o ruegos. No hay duda que la existencia misma de Israel con su política de fundamentalismo nacional y su doctrina militarista de seguridad es como algo mágico en tanto que no parece haber la menor capacidad para detenerla o acaso moderarla en aras de abrir el camino de una solución política seria y perdurable en el conflicto que ya no es árabe-israelí sino sólo entre Israel y Palestina. Un pequeño país de Medio Oriente, con el gran apoyo de todo el capitalismo occidental pudo salir airoso ante la otrora coalición del mundo árabe y de gobiernos islámicos. Ahora, Israel tiene frente a sí sólo a Palestina pero no ha cambiado un ápice su política. Palestina vive de la cooperación internacional pero, bien vistas las cosas, también Israel con la diferencia de que este último es mucho más caro.

En conclusión, Estados Unidos y sus socios occidentales tienen que cambiar radicalmente de política frente a Israel porque sólo así se puede abrir paso a la paz sobre la base del respeto a la soberanía de los pueblos, la independencia nacional de cada cual y la vecindad pacífica. Si en Estados Unidos no hay quien pueda empezar a cambiar las cosas al respecto, no lo habrá en ninguna otra parte del mundo: nadie de fuera quiere arriesgarse en aras de una incierta paz en tan estrecho y abigarrado territorio. Mientras Israel tenga todo de su lado seguirá con las masacres de su militarismo fundamentalista.

¿Goodbye Pemex?

Ningún país pobre pudo crear una sociedad relativamente rica con sólo producir petróleo. México no ha sido la excepción pues hasta ahora se encuentra por encima del índice de pobreza mundial, para vergüenza de muchos mexicanos. Pero un país que tiene petróleo al menos puede tener soberanía en la materia y decidir sobre el uso de los excedentes económicos que en tiempos recientes genera la producción y venta del energético. México dejará de asumir esa responsabilidad durante el tiempo en que dure en vigencia la reforma de Peña Nieto.

Lo que se quiere imponer no es nada sencillo pero tampoco será perdurable. La riqueza mexicana de energéticos es tan potencialmente grande que habrá tiempo para que la reforma privatizadora pueda ser revertida con el simple argumento que brinde el hacer bien las cuentas. Jamás podrá un contrato o concesión dar más dinero a un Estado que la explotación directa del recurso natural. Eso lo sabe cualquier idiota en el mundo entero. Entonces, estamos frente a una cuestión de capacidad como país y de tiempo de un gobierno. Según Peña Nieto, en unos cuantos años tan sólo el Golfo podría brindar un millón de barriles diarios adicionales, sobre los cuales el gobierno podría cobrar derechos en cantidad ahora no determinada pero supuestamente mayor a la que Pemex podría brindar si tuviera que organizarlo todo. Así, el problema es Pemex, organismo que habría que convertir en concurrente menor de la industria petrolera abriendo el camino a las trasnacionales expropiadas en 1938. Por eso se consolidará también el pasivo laboral de Pemex para imponer el sistema de retiros individuales y de administración privada.

De acuerdo con el proyecto de Peña, el gobierno podrá administrar directamente la asignación de campos, es decir, de yacimientos, a favor de cualquier empresa. Ya se sabe que las trasnacionales ofrecerán siempre mayor rapidez en la ejecución de las obras, lo cual es lo que más importa para el gobierno actual, persuadido –según dice—de que el petróleo crudo va a dejar de ser tan caro como ahora en el mercado mundial. Pero también se quiere entrar al callejón del llamado hidrocarburo no convencional cuya tecnología de producción no conoce Pemex: se trata de una industria prohibida en un número creciente de países pero que a Peña le urge inaugurar en el norte de México donde menos agua tenemos.

En lugar de reformar Pemex para combatir su corrupción que tanto daño ha hecho, para incrementar su capacidad industrial y para generar la ingeniería que México requiere, el gobierno ha decidido empezar su eliminación con el imprescindible y entusiasta apoyo de Acción Nacional que nació a raíz de la expropiación de 1938. Esta ya no es una victoria moral de la derecha sino una a secas aunque 75 años más tarde.

La respuesta de la izquierda es la correcta: buscar que el pueblo vote y decida. El planteamiento es incuestionable en todos sus aspectos por más que los trapecistas del derecho han de tomar la palabra para tratar de hacer bolas a quien se deje. Estas son cosas que deben ser decididas por la ciudadanía tanto como la elección de gobernantes y legisladores. No se trata solamente de una reversa histórica sino del peor negocio que puede hacer un país con sus recursos nacionalizados, la peor entrega de algo que ya se tiene. La cuestión no se reduce a Pemex sino que se renuncia a ejercer soberanía energética, se proclama a los cuatro vientos la incapacidad para resolver grandes problemas y se quiere convencer a los mexicanos de que son un pueblo inepto.

Nuevo partido; viejos motivos

Al principio, la creación del Movimiento de Regeneración Nacional no fue un rompimiento con el Partido de la Revolución Democrática sino una forma que adoptó López Obrador para actuar en paralelo al que era entonces su partido. Los promotores del cambio verdadero se organizaron alrededor de un liderazgo que actuaba aún dentro del PRD. Lo que ahora se dice no es congruente con la historia de Morena pues el PRD parecía entonces un partido con el que se podía navegar en tanto López Obrador fuera su candidato pero, ahora, es el motivo por el cual Morena parece adquirir existencia.

Ese planteamiento del nuevo partido es peligroso para sí mismo. ¿Si no fuera por el PRD no se justificaría Morena? La pregunta es hasta cierto punto irrisoria pero se deriva de un discurso que también podría serlo. Es evidente sin embargo que Morena es una escisión del PRD pero que ésa no fue producto de una lucha política interna sino de un liderazgo que no encontró el lugar que este mismo exigió. Para tratar de explicar las cosas, López Obrador ha dicho que Morena surgió ante la traición del PRD al firmar el Pacto por México, lo cual es también irrisorio pues el nuevo partido fue anunciado mucho antes del malogrado Pacto.

El Pacto fue la plataforma de búsqueda de acuerdos más amplia que jamás haya firmado un gobierno con las principales oposiciones. Colgarse de la decisión perredista de proponerlo y, luego, firmarlo carecería de objeto si no fuera porque el llamado Pacto ha sido desacreditado por la decisión de Peña de volver a la política de hacer un gobierno sin compromisos con el propósito principal de imponer lo que justamente no estaba en el Pacto, entre otras la reforma de energía. Así, Morena toma como buena la acción del gobierno de desistirse del diálogo político y proclama que no está abierto a tener acuerdos absolutamente con nadie. Pero si esto es así hoy, se asumiría la misma conducta en la eventualidad de que Andrés Manuel lograra la Presidencia de la República. El desistimiento de Peña del compromiso de llegar a acuerdos formales y programados con los partidos de oposición es un arrogante acto de supremacía de un partido que obtuvo sólo un tercio de los votos, lo cual somete al país al dictado de una minoría. Ese criterio antidemocrático, proviniendo del PRI, no es nada extraño, pero ¿también es de la izquierda?

La escisión de López Obrador se quiere justificar con una crítica fuera de foco. La verdad es que el PRD se ha convertido en un partido clientelista, sin debate interno y dirigido con métodos cupulares al punto de impedir la presencia de la ciudadanía politizada. Al aplicar una política confusa se pueden dar los más insospechados bandazos según las circunstancias de cada momento, tales como ciertas alianzas electorales y ciertas relaciones oportunistas con no pocos gobernadores. Carecer de un discurso propositivo, claro e inequívoco abre la posibilidad de hacer cualquier cosa.

Por desgracia, la lamentable situación del PRD no ha sido un acicate para que Morena supere los atrasos políticos. Cualquier tema que no le agrade a López Obrador, tal como el de cobrar más impuestos a los ricos o el de otorgar a las mujeres la libertad de decidir sobre su propio cuerpo (la interrupción voluntaria del embarazo), es declarado innecesario o distractor cuando que en realidad el líder de Morena no está de acuerdo con algunos puntos que han figurado durante muchos años en las plataformas de la izquierda, pero no lo dice abiertamente. Si el PRD ha perdido confiabilidad por carecer de una línea debatida, segura y clara, Morena replica ese aspecto con el añadido de que todos los candidatos son nombrados por López Obrador, cuestión que de seguro llevará a inconformidades en el nuevo partido.

 

Reforma política del Congreso

Nota presentada en el Coloquio Modernización del Congreso. Palacio Legislativo de San Lázaro, 15 de julio de 20014

El Congreso mexicano está abierto sólo seis meses y medio al año, carece de un sistema efectivo de investigación, es incapaz de citar a cualquier persona bajo protesta de decir verdad, sus funciones jurisdiccionales se encuentran prácticamente anuladas, no discute con los secretarios de Estado y los directores del sector paraestatal los informes de éstos, no cuenta con sesiones de control sobre el gobierno, no analiza el desempeño del gasto público, no aprueba una política de gasto (Cámara de Diputados) sino sólo asignaciones clientelares, no toma parte en absoluto en la definición de la política arancelaria, no incide en la política exterior (Senado) sino sólo la comenta, entre otras limitaciones estructurales que corresponden a un parlamento relativamente débil.

En México, el sistema presidencialista tradicional fue mucho más fuerte que el actual pero eso no quiere decir que el Congreso haya evolucionado al ritmo de los mandatos de las urnas. Ya no existe un partido con mayoría absoluta pero el gobierno empieza a comportarse muy recientemente como si lo fuera. El motivo de la presente nota es describir la debilidad estructural del Congreso, pues la cuestión política cambia según la composición del mismo.

Así, debemos empezar por las largas vacaciones parlamentarias de cinco meses y medio al año, lo cual es ya raro en el mundo. No es verdad –como se afirma– que los periodos de receso se utilicen para que las comisiones preparen dictámenes, pues siempre que se inician las sesiones ordinarias no hay proyectos listos para su discusión. La Constitución de Querétaro limitaba las sesiones ordinarias a cuatro meses al año bajo el argumento de que en las cámaras se anidaban las más bajas pasiones; después de más de 90 años, ese periodo ha aumentado tan sólo en 45 días, a pesar de los muchos intentos frustrados para lograr que el Congreso permanezca abierto al menos 10 meses. Hace unos 40 años las cámaras sesionaban todos los días excepto los domingos, ahora solamente dos días a la semana. Si hacemos las cuentas en lo que se refiere a plenarias, actualmente las cámaras del Congreso sesionan menos que entonces, quizá no en horas pero, de seguro, en días. La más reciente reforma constitucional en esta materia aportó un mes más de sesiones –el mes de agosto— pero sólo cuando el presidente de la República asuma el cargo el 1º. de octubre, lo cual ocurrirá hasta 2024 y, después, en 2030 y así sucesivamente, lo cual es por lo menos ridículo.

En 1978 fue reformada la Constitución para realizar una reforma política con una apertura a más partidos a los cuales se les otorgó lapsos efectivos para sus mensajes de radio y televisión de 15 minutos mensuales en todos los canales y estaciones en horarios estelares, sobre lo cual se ha producido una involución lamentable. Dentro de esta reforma se le otorgó a la minoría del 25 por ciento de los diputados la capacidad de lograr la integración de comisiones investigadoras de los organismos descentralizados y empresas paraestatales, cuyas conclusiones deberían solamente hacerse del conocimiento del presidente de la República. En cuanto al Senado, esta prerrogativa tiene como requisito la firma de la mitad de los senadores. Sin embargo, no existe en la ley ninguna facultad de investigación de estas comisiones como no sea solicitar informaciones, lo cual se puede hacer sin integrar precisamente una comisión investigadora. Las propuestas al respecto han sido que tales comisiones se puedan formar para cualquier tema de carácter político, es decir, de interés público, tengan las capacidades conferidas al Ministerio Público para llevar a cabo investigaciones y, además, dispongan de un mecanismo de sigilo para aquellas cuestiones que deban mantenerse reservadas de acuerdo con la ley.

Las cámaras del Congreso mexicano ya exigen por mandato constitucional que los servidores públicos que comparezcan en pleno o comisiones lo hagan bajo protesta de decir verdad, lo cual no ha tenido la más mínima consecuencia a pesar de las mentiras vertidas, pero es un principio de veracidad de testimonios. Sin embargo, el Congreso carece de capacidad de hacer comparecer a cualquier persona también bajo protesta de decir verdad y ni siquiera lo pueden llevar a cabo sus comisiones investigadoras, todo lo cual es, en general, un síntoma de atraso político de México y, en concreto, de la capacidad de control político del poder Legislativo mexicano.

La responsabilidad política de los altos funcionarios del Estado –excepto el presidente de la República quien es inimputable en esta materia– se debe procesar, según la Constitución, mediante el juicio político, pero no se ha abierto ninguno. La Cámara de Diputados ha funcionado algunas pocas veces como jurado de procedencia para casos de acusaciones penales de personas aforadas, pero nunca ha iniciado un juicio de responsabilidad política a pesar de que ésta se conserva hasta un año después de haber dejado el cargo. Esta capacidad jurisdiccional del Congreso ha quedado como letra muerta, en parte porque las reglas para incoar el procedimiento son de muy difícil aplicación. Esto ha sido premeditado pues las leyes proceden de la época del PRI como partido mayoritario en ambas cámaras. Además, el proyecto aprobado por el Senado sobre inmunidad constitucional en materia de responsabilidad penal ha sido devuelto por parte de la Cámara de Diputados con el propósito de excluir del alcance de la reforma al presidente de la República y modificar algunos otros aspectos, con lo cual el viejo aforamiento de altos servidores públicos (legisladores incluidos) se mantiene en los términos del siglo XIX en pleno siglo XXI. Desde siempre, los secretarios de Estado han estado obligados a informar cada año al Congreso. Esta obligación implica una facultad de las cámaras para discutir con los secretarios los asuntos de su respectivo ramo. Sin embargo, lo que llega a discutirse ritualmente es el llamado informe presidencial. Así, los informes de los secretarios, como instrumento de control político, sencillamente no existen. Además, las relativamente recientes reformas tendientes a mejorar el control político se han mediatizado. Como ejemplo podemos ver que la facultad de las cámaras para requerir información o documentación a los titulares de las dependencias y entidades del gobierno federal, mediante pregunta por escrito, se ha circunscrito a los informes presidenciales a pesar de que no fue instituida sólo para eso. Además de lo anterior, se ha negado sistemáticamente la reforma tendiente a realizar un debate congresual entre la oposición y el presidente de la República a partir de la presentación del informe de este último.

La Cámara de Diputados tiene entre sus funciones la de evaluar el desempeño del gasto público. No se trata de la fiscalización contable y funcional sino del aspecto propiamente político. Por ello, la Ley Orgánica prescribe que las comisiones de la Cámara de Diputados deben analizar la cuenta pública en el ramo respectivo y hacer llegar a la comisión de presupuesto las conclusiones sobre dicha evaluación. Se entiende que esta última debe aplicar el conocimiento sobre cada ramo administrativo a fin de modificar los proyectos del Ejecutivo y ponerlos en consonancia con la realidad percibida por los diputados en las comisiones. A esto se le podría llamar control político trascendente del gasto público, lo cual está en ley pero no en la realidad. Esta es una parte del atraso mexicano en el análisis de la cuenta y del procesamiento del proyecto de presupuesto anual. En este mismo sentido, podría decirse que el método de ajuste presupuestal anual en la Cámara se ha agotado. Éste consiste en elaborar pliegos de modificaciones sectoriales, regionales y hasta gremiales para añadir gastos en ciertos programas –muy pocas veces para crear nuevos—con el propósito de atender exigencias clientelares. Los recursos asignados provienen de los ajustes introducidos en la ley de ingresos respecto de la iniciativa del Ejecutivo. No hay, por tanto, discusión sobre la política de gasto público, no hay prioridades, no hay, en síntesis, política en general sino sólo requerimientos concretos. Asimismo, el único intento de revertir en la Ley de Ingresos la autorización anual al Ejecutivo para modificar discrecionalmente los aranceles, emprendido por el Senado, fue rechazado por la Cámara y, en conclusión, quedó igual que siempre.

La facultad del Senado de discutir la política exterior se toma al pie de la letra, es decir, sólo debatir aspectos, pero jamás incidir en las orientaciones. No se trata de una imprecisión del texto constitucional pues cuando se dice que es facultad de un órgano legislativo discutir algo es porque le corresponde tomar alguna decisión aunque no sea vinculante. Así se habla en la Constitución de la discusión de los proyectos, es decir, del acto previo e indispensable de la toma de una resolución a través del voto emitido por los integrantes. La política exterior de un país no se define sólo a través de la aprobación de los tratados y la ratificación de los embajadores, lo que realiza el Senado, sino de las orientaciones generales de conformidad con los principios normativos señalados directamente por la Constitución, lo cual no hacen en absoluto los senadores.

A manera de conclusión podría decirse que el Congreso mexicano requiere una reforma política para dotarlo de los mecanismos estructurales que le permitan realizar las funciones de control político inherentes a todo órgano legislativo.

PGA/14/07/2014.

Líos de preponderancia

Como se había advertido desde la presentación de la iniciativa de reformas constitucionales en materia de telecomunicaciones, América Móvil hará desinversiones para quedar fuera de la regla de preponderancia. Como es sabido, el carácter de preponderante obliga a Telmex-Telcel a compartir su infraestructura física con sus competidores y a otras medidas asimétricas tal como la añadida gratuidad unilateral y no compensada en la interconexión, tributo pagado a Nextel (Telefónica de España) y Iusacel (Azteca-Televisa). Asimismo, el preponderante requiere permisos especiales para cualquier cosa, incluyendo el acceso a la concesión única que podría llevar a Telmex a brindar el servicio de televisión restringida de paga, lo que ha sido impedido por Televisa que también en esto es un reforzado monopolio.

Las desinversiones de América Móvil no sólo tendrían que llevarla a un punto en el cual tuviera menos del 50 por ciento de suscriptores en el sector de telecomunicaciones, cuestión nada complicada, sino también a reunir ese requisito en cada servicio que presta: telefonía móvil, telefonía fija e internet, mas no sólo de suscriptores sino también de tráfico en sus redes y capacidad utilizada de las mismas, lo cual ya no es tan sencillo. De poco serviría a Slim dejar de ser preponderante para pasar a ser agente económico con poder sustancial en el mercado de uno o varios servicios. Es por ello que la desinversión tendrá que ser muy fuerte. Esto es parte del traje a la medida de la reforma constitucional. Es, sencillamente, una fórmula antimonopólica.

Ahora bien, ¿quién comprará? No se ve sencillo que sea un grupo mexicano sino más bien alguna telefónica extranjera, pues ya se permite la inversión foránea hasta el cien por ciento en telecomunicaciones. Eso dependerá de lo que se oferte y del precio que se fije. El retiro en América Móvil de ATT (ahora asociada a Televisa) se repondrá con creces mediante la venta de activos fijos pero no sabemos en qué y en dónde se harán las inversiones del producto de esa misma venta. Lo más probable es que se apliquen en el extranjero a menos que Slim se embarque en una nueva televisora abierta, aunque de todas formas le sobraría dinero.

El gobierno federal ya sabía desde hace muchos meses que Slim podía desinvertir para tratar de zafarse de su condición de predominante. También lo sabía Azcárraga. Es irónico que el gobierno le haya ayudado a América Móvil a tomar la decisión mediante la inclusión en ley de la gratuidad en la interconexión sólo para el preponderante, a diferencia de la retrasmisión de señales radiodifundidas que es gratis para todos en los dos sentidos.

Del otro lado, en la izquierda hay quienes dicen que la reciente manipulación legislativa de normas secundarias se debe al Pacto. Ya no se sabe hasta dónde puede llegar la confusión: justo como no hay Pacto y como el PAN se ablandó en el Congreso, el gobierno negoció con quien quiso y como quiso e impuso unas inconstitucionalidades bajo presión de Televisa y, otras, por conveniencia propia.

En cuanto al voto del PRD: felicidades. Ya era hora que se comportara como partido político y definiera una posición única para la cual se forman partidos, entre otras cosas, a diferencia de la desorganización de los ciudadanos que suele ser un objetivo de los enemigos de la democracia.

El voto del PRD en contra fue para rechazar con fuerza las concesiones inconstitucionales que se le hicieron al monopolio Televisa para seguir acaparando el servicio de televisión restringida de paga y también para rechazar el incumplimiento gubernamental de acuerdos sobre los derechos de las radiodifusoras sociales. No fue para oponerse a la larga distancia gratuita como dicen algunos voceros de Televisa que, por cierto, no suelen ser gratuitos.

Preponderancia

No sabemos cuantas veces más ha de ser necesario decir que la figura de preponderancia fue ideada como traje a la medida de América Móvil (Slim) y de Televisa (Azcárraga), dos grandes monopolios que deben ser tratados como tales. Esa figura obliga y limita a esos dos conglomerados. A quien le ha costado más es al consorcio de Slim porque es más rico. Quien ha tenido que ceder más es Azcárraga porque tiene más poder político. El problema es que ahora se quiere eximir a Televisa mediante una falsificación introducida en la ley secundaria. Eso busca Peña Nieto afanosamente.

Gabriel Contreras, comisionado presidente del Ifetel, dice que no tiene sentido sumar las audiencias de radio y televisión abierta porque son cosas diferentes. Pues sí, justo por eso el preponderante no debería serlo en todo el sector de radiodifusión (radio y TV) sino en el servicio de televisión abierta, altamente monopolizado. Pero además, el Ifetel hizo algo curioso y sospechoso: en radiodifusión declaró preponderante a Televisa en todo el sector y no sólo en el servicio de TV abierta, pero en telecomunicaciones declaró preponderante a América Móvil en los servicios de telefonía fija y móvil así como en el de internet, dejando en el vacío a la TV de paga.

Dice Frank La Rue, relator de la ONU sobre libertad de expresión, que la preponderancia debe ser declarada por servicios. Claro, pues en ninguna parte una figura semejante a ésta se ubica en los grandes sectores sino en cada uno de los servicios y, de ahí, hacia la propiedad cruzada de medios. De otra forma sería mucho más difícil combatir a los monopolios.

En esta coyuntura, López Dóriga se ha lanzado contra el PRD, o contra una parte de ese partido, acusándolo de apoyar a Slim. Ya sabemos qué es lo que nubla la inteligencia. Pero no aporta la menor evidencia: la reforma constitucional fue negociada en sus fundamentos entre el PRD y el PAN, y desde su diseño original abarcaba la contención del monopolio telefónico, el cual había sido producto de una entrega prácticamente gratuita (mordidas no vemos) por parte de Carlos Salinas. Así, una empresa paraestatal se convirtió en el principal pilar del mayor consorcio empresarial privado que ya es trasnacional. Telmex-Telcel ha sido más afectado pues ya tiene que compartir su infraestructura y modificar tarifas, entre otras nuevas obligaciones. Por su lado, Televisa quiere dejar de ser considerada preponderante, pero lo que más quiere es no ser declarada preponderante en TV de paga, donde es un monopolio en expansión. Pero quizá Azcárraga no ha informado al conductor noticioso que el asunto se va a dirimir en los tribunales donde otros pueden tratar de hacer valer la Constitución tal como la diseñamos para que no se pudieran escapar Carso y Televisa. Así que ya podrá la televisora someter a muchos legisladores con su conocido método de chantaje video-político, pero el asunto no estará definido hasta que se pronuncien las resoluciones judiciales en firme.

Una vez más hay que leer el decreto de reformas constitucionales con especial dedicatoria a todos los enceguecidos protectores de Televisa que defienden algo o quieren algo: “Para efectos de lo dispuesto en este Decreto, se considerará como agente económico preponderante, en razón de su participación nacional en la prestación de los servicios de radiodifusión o telecomunicaciones, a cualquiera que cuente, directa o indirectamente, con una participación nacional mayor al cincuenta por ciento, medido este porcentaje, ya sea por el número de usuarios, suscriptores, audiencia, por el tráfico en sus redes o por la capacidad utilizada de las mismas.” Así, en negritas.