Archivo por meses: Junio 2014

El premio de lotería ¿para quién?

En la iniciativa del gobierno sobre telecomunicaciones destaca la propuesta de crear la figura legal de autorizados, los cuales no serían concesionarios sino empresas de un mercado secundario. A esos autorizados puede referirse la conversación de la diputada Carpinteyro, los cuales existen en otros países.

Los autorizados serían revendedores con licencia del Ifetel. Su problema consistiría en comprar servicios a una empresa concesionaria y crear una clientela propia. Ahora bien, la cláusula de preponderancia obliga a Telcel a abrir su red a otros concesionarios pero no está tan claro, en la iniciativa del gobierno, que esa misma obligación vaya a existir a favor de los autorizados, a menos que el Ifetel así lo acuerde.

La otra vía para que una empresa minorista no concesionaria entre en los servicios de telecomunicaciones es el uso de la red pública compartida, ya aprobada por el Congreso, cuya construcción deberá iniciarse antes de que termine 2014 y entrar en operación antes de que concluya el año 2018.

A pesar de que tanto en la propuesta como en lo ya aprobado no existen objeciones, el gobierno –por lo que se observa—filtró la conversación de Carpinteyro dando a entender que ésta quería meter mano al proyecto para beneficiarse de algo que, sin embargo, podría estar al alcance de muchos otros. Tal vez el divulgador de la grabación ilegal tenga el propósito de incidir de mala forma en las negociaciones, en las cuales sí existen fuertes divergencias en otros renglones, como el premio de lotería que le quieren dar a Televisa. ¿Cuál es ése?

El transitorio octavo, fracción III, del decreto de reformas constitucionales señala: “Para efectos de lo dispuesto en este Decreto, se considerará como agente económico preponderante, en razón de su participación nacional en la prestación de los servicios de radiodifusión o telecomunicaciones, a cualquiera que cuente, directa o indirectamente, con una participación nacional mayor al cincuenta por ciento, medido este porcentaje, ya sea por el número de usuarios, suscriptores, audiencia, por el tráfico en sus redes o por la capacidad utilizada de las mismas.” Esta es una parte del traje a la medida que confeccionamos en la iniciativa de reformas para declarar preponderantes a Slim y a Azcárraga, como lo son en realidad. El Ifetel, ha procedido a hacerlo, pero se abstuvo de declarar a Azcárraga como preponderante en el servicio de televisión restringida y sólo lo hizo en todo el sector de radiodifusión donde no lo es si tomamos dentro de éste a la radio en igualdad de condiciones que la TV.

En efecto, si en el texto de la ley se definiera, como lo propone el gobierno, que el preponderante lo es en uno u otro de los sectores (telecomunicaciones o radiodifusión) se estaría permitiendo a Televisa ya no ser preponderante en televisión abierta y no serlo tampoco en la restringida (cable y satélite), lo cual es una gigantesca mentira pues la empresa de Azcárraga es monopolista en esos servicios. En el otro camino, si se admite lo que señala el decreto de reformas constitucionales en el sentido de que el preponderante lo es en tanto controle más del 50 por ciento de la prestación de servicios, Slim seguirá siendo preponderante en telefonía fija, en telefonía móvil y en internet, mientras Azcárraga seguiría siendo preponderante en televisión abierta y lo sería también en televisión restringida, todo lo cual corresponde a la realidad.

¿Quién quiere sacarse el premio de lotería y dejar de ser agente económico preponderante? Un monopolista políticamente necesario para el gobierno de Peña: Azcárraga. Este es uno de los puntos que verdaderamente están a debate en la confección de la ley.

¿Nos va a ir mejor?

El gobernador del Banco de México, quien aseguró cuando era secretario de Hacienda que la gran crisis sería para México un “catarrito” (estigma que lleva desde entonces pero que no le ha perjudicado en absoluto); quien discutía por ese entonces en sesiones legislativas cuánto iba el PIB a incrementarse durante aquél año mientras todos los demás debatíamos cuánto iba a decrecer; quien disfruta de ajustar a la baja sus pronósticos de crecimiento porque siempre anda soñando en algo; bien, pues ese mismo Carstens dice que las reformas de telecomunicaciones, laboral, energética, educativa, y no sabemos cuántas más que están en la lista de reformas estructurales, llevarán a México a un crecimiento mayor que la media mundial o algo por el estilo, por lo menos –eso lo dijo—a crecer más que la lenta “locomotora” de Estados Unidos.

Siempre he creído que ningún otro país en el mundo se atrevería a contratar a Carstens porque se equivoca demasiado. Esas equivocaciones recurrentes se deben a la subordinación intelectual y política a la que él mismo se ha sometido como funcionario: ha servido a dos partidos y lo ha hecho de la misma manera, siguiéndoles el paso. Si estuviera en el FMI haría lo mismo pero respecto de otros dueños.

La reforma de telecomunicaciones no será un campanazo de crecimiento de la economía nacional ni está pensada de esa forma. De lo que se trata de es abrir a la competencia un sector altamente monopolizado pero que no va a tomar un liderazgo porque el país no está en condiciones de responderle con suficiente demanda debido al patrón de distribución del ingreso. Los sectores con fuerte capacidad de exportación son los que pueden crecer más en un país donde el mercado interno sigue deprimido. Telecomunicaciones tiene al respecto sus grandes limitaciones.

La reforma laboral ha sido un fiasco en términos de sus mismos impulsores, entre ellos, naturalmente, Carstens, por lo cual no vale la pena siquiera explicar porqué no sirve para aumentar producción y productividad y ni siquiera trabajo formal precario.

En cuanto a la reforma petrolera, esa sí que está pensada para vender crudo al exterior y traer los dólares que dejaron de llegar con la declinación de Cantarel. Pero como se trata de aumentar la producción petrolera con el apoyo principalísimo de las trasnacionales, la parte del león se la van a llevar tales empresas. Y hay más: la dependencia mexicana de la inversión extranjera ya no se ubicará sólo en la especulación financiera y la industria manufacturera sino en la producción de crudo, petroquímica y gasolinas. Poner a otros a sacar el petróleo y transformarlo, en lugar de hacerlo uno mismo, pudiéndolo hacer, le parece al gobierno y a su seguro servidor, Agustín Carstens, como óptimo, por eso la energética es la reina de las llamadas reformas estructurales.

En cuanto a la educación que, al parecer, le importa mucho a Carstens, hay que decir simplemente que la reforma está por hacerse, que hasta ahora tenemos una reforma administrativa del sistema de educación básica. En cuanto al nivel superior, el estancamiento cuantitativo sigue siendo una limitación, esa sí, estructural, ya que México, con 27 por ciento de acceso de los jóvenes a las universidades, se encuentra en el hoyo mundial.

¿Hasta cuando vamos a ver como algo normal que los pronósticos económicos se hagan con diferenciales inmensos y, al cabo de unos meses, se ajusten aún por debajo de la cifra mínima del estimado inicial? Lo que ocurre en México es que los pronósticos se hacen por consigna: el Banco de México y el INEGI no son instituciones del Estado sino oficinas de gobierno.

La disputa por el cuerpo de las mujeres

La respuesta de las derechas a la reforma en la Ciudad de México en el tema de la interrupción voluntaria del embarazo ha sido fuerte y bien organizada. Se han adicionado las constituciones de 17 estados para sustentar que “desde el momento en que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley y se le reputa como nacido”. Este texto ha sido objetado por una mayoría de siete ministros de la Corte pero no fue declarado inconstitucional pues para ello se requieren ocho votos. No obstante, se insiste ahora en Nuevo León. El factor determinante en esta contraofensiva es el oportunismo del PRI, pues al PAN se le conocen sus viejas y anacrónicas concepciones morales y su falta de respeto al Estado laico.

En Guerrero, en cambio, se busca replicar la reforma del DF y así abandonar la estigmatización de las mujeres que abortan. La penalización de la interrupción voluntaria del embarazo no sólo amenaza con llevar a la cárcel a quienes tomen esa decisión sino que también es un soez acto de repudio contra las mujeres y una execrable declaratoria de que ellas no son dueñas legítimas de su propio cuerpo, el cual –bajo esa idea—debe estar resguardado y vigilado por legisladores, policías, fiscales y jueces.

La penalización del aborto está relacionada con la sexualidad de las mujeres. Si se tiene un embarazo no deseado, la mujer se encuentra obligada por ley a ser madre. Es así como se reitera el muy antiguo concepto de que las mujeres tienen el deber de ser madres y que tal función es suprema, es decir, se encuentra por encima de cualquier otra noción, en especial, de su propia libertad. Con esto, el artículo cuarto de la Constitución carece de vigencia. El tipo penal del aborto es, por tanto, discriminador pues ubica a las mujeres en el papel que les ha sido asignado dentro las denominadas relaciones desiguales de género que, se supone, deben ser combatidas en los parlamentos, para lo cual se han formado comisiones especializadas, pero desde donde –hace tres días en Guerrero–, contradictoriamente, se fomenta la discriminación y se apoya la regulación estatal del inicuo sitio social que se les impone a las mujeres en general.

Todo lo anterior se agrava cuando la penalización del aborto voluntario orilla a mujeres embarazadas a la clandestinidad. De esta forma hay dos puniciones: la cárcel y el daño a la salud o la muerte, en especial si se es pobre, con lo cual se implanta una adicional discriminación de clase.

Bajo la ideología imperante en el poder, el castigo prescrito en la ley es una forma de defender una moral cuestionada por la realidad social pero también es un medio de esconder la conducta prohibida, la desobediencia, es decir, de mantener ocultos los abortos con el propósito de que no se conozcan. Esa hipocresía es algo propio de la derecha a quien no le importan las perversas consecuencias.

La izquierda de cualquier tendencia o grupo no debe hacerse cómplice de esa discriminación, opresión y negación de libertad. El programa del PRD reivindica el derecho de las mujeres a disponer libremente del cuerpo propio y, por tanto, se pronuncia a favor de la despenalización del aborto voluntario antes de las 12 semanas de embarazo. Es indefendible que militantes de izquierda traten de impedir reformas legales cuyo objetivo es contrarrestar esa fijación punitiva que consiste en que la mujer que aborta debe ser castigada mediante su encarcelamiento. Al respecto, no hemos escuchado de algunas y algunos más que simples pretextos para objetar la libertad de las mujeres en aras de una moral fuera de tiempo.

Sí, hay una disputa por el cuerpo de las mujeres. Es preciso erradicar de las leyes todo aquello que lo embarga a favor del Estado y reivindicar que sólo pertenece a cada cual.

Las cuatro crisis españolas

España vive cuatro crisis: la económica, la del bipartidismo, la de su propia unidad y la de la monarquía; todas al mismo tiempo. El financiamiento del Estado social ha hecho crisis debido al predominio de un modelo que no le corresponde: al incubarse la crisis económica del neoliberalismo emergió también la disonancia entre aquél y éste. El sistema de la alternancia entre dos centros –centro-izquierda y centro-derecha–, a pesar de la rispidez verbal que le caracteriza, ha hecho crisis porque ahora ninguno de esos centros en realidad propone algo distinto. La unidad de España ha sido –unas veces menos y otras más—producto de relaciones de fuerza entre el españolismo y las otras naciones; la defensa de la unidad se produce desde la parte dominante mientras Cataluña y el País Vasco desean su independencia: la historia ha alcanzado a la vieja España. La monarquía, preparada por Franco y admitida por los demócratas como instrumento de negociación con el viejo régimen golpista, asesino y fascistoide, fue presentada como la “salvadora” de la transición pero esta última se ha agotado y, por consiguiente, no se requiere ninguna nueva “salvación”.

Hay cuatro campanadas en este manojo de crisis: el quebranto estructural de las finanzas públicas, la recesión y el desempleo lacerante; el desprestigio creciente del rey y algunos de sus familiares por actos realizados por deseo frívolo o corrupción; la decisión del parlamento catalán de convocar a una consulta sobre la independencia; y el hecho de que los dos grandes partidos –los centros—no hayan alcanzado juntos la mayoría de los votos en la reciente elección de diputados europeos.

España entró en el camino de los nunca antes: nunca se había padecido un desempleo tan alto; nunca se habían producido escándalos conmovedores en la casa de Juan Carlos de Borbón; nunca se ha realizado –cosa que puede ocurrir—una consulta en urnas sobre la secesión; nunca había perdido la mayoría absoluta el sistema bipartidista. Al lado de estos cuatro existen otros muchos nunca antes que tienen carácter social o político, pero ambos terrenos se unen como siempre ocurre en las crisis.

Un elemento relevante de las cuatro crisis es la corrupción en el sistema político. En todas partes del mundo existe este fenómeno pero España tiene algo peculiar al respecto: figuras destacadas de los dos grandes partidos han estado metidas en la corrupción y, por si fuera poco, también la postiza familia real. Esto es diferente a la Italia de la crisis que llevó al desastre a la DC y sus aliados, pues allá estaban en las redes corruptas sólo quienes gobernaban y varios de ellos cayeron. En España, Aznar y Rajoy se dicen ignorantes de la caja de su propio partido y se les cree a pesar de que en el Partido Popular los jefes deciden todo y de que ellos recibían parte del dinero sucio.

La solución de las cuatro crisis no se producirá sin un acto soberano, como el expresado en la reciente elección del Parlamento Europeo, pero llevado a la forma de constituir el poder político español. El sistema electoral –parte del manojo de crisis—es del todo conveniente para el bipartidismo y por ello se le defiende aunque ya no sirve para la mejor expresión de la voluntad popular en el parlamento.

La parte más débil de lo que pudiera ser un programa de grandes reformas políticas y económicas es el penoso asunto de la monarquía –evidentemente inservible para cualquier reforma–, por lo cual la exigencia de un referéndum –no lo podría ser sino para refrendar una decisión ya tomada—tiene relevancia en tanto que es un grito dirigido contra un sistema en crisis, pero otra abolición de la monarquía no serviría por sí misma de nada. Además, los borbones han sido despedidos de España cinco veces y siempre han regresado.

El terreno de la disputa está ubicado en el lado del Estado social y la democracia: otra vez.