Archivo por meses: Mayo 2014

Falta campo de inversiones

Es un tanto cuanto chistoso que se discuta si el país está creciendo o no cuando en realidad el estancamiento es evidente. Más que eso, lo que se requiere debatir es porqué la economía no se expande. Los empresarios, claro, consideran dos factores: el incierto gasto del gobierno y la reciente reforma al impuesto a la renta. El gobierno, claro, dice que las cosas se están preparando para la segunda mitad del año, pero ¿cuáles serán esas cosas? Eso mismo dijo el año pasado respecto al actual.

Parece que no se quiere entrar al análisis del campo de las inversiones, es decir, de la estrechez de éste. Cualquiera entiende que para invertir productivamente se requieren empresas viejas o nuevas pero es indispensable que exista un campo para hacerlo, una ampliación de mercado potencial, unas condiciones mediante las cuales sea posible realizar el valor de las mercancías y los servicios. El mayor problema económico de México es que ese campo se ha venido estrechando debido a dos factores: la baja capacidad adquisitiva real de los salarios y de las percepciones de trabajadores sin patrón, por un lado, y el escaso gasto gubernamental, por el otro.

La política salarial no podría ser peor que la actual. Frente a pérdidas históricas de los salarios reales, el gobierno tiene un acuerdo de acero con la patronal para mantener la tendencia hacia la reducción. La tesis básica es que la economía requiere fuerza de trabajo barata para competir con el mundo y para sostener la tasa media de ganancia. Sin embargo, en el pecado han llevado la penitencia: el mercado interno se sigue deteriorando mientras que las exportaciones han tenido vaivenes al ritmo de la economía estadunidense de la cual dependen.

El Congreso ha brindado dos reformas para aumentar el gasto público: una mayor progresividad en el impuesto a la renta y una autorización para contratar más deuda pública. Sin embargo, el gobierno no emprende un programa de inversiones productivas, todo va a paso de tortuga, existe titubeo porque no hay claridad en objetivos ni seguridad en los proyectos.

La vieja política económica se mantiene en su grandes trazos, pero ésta no sólo corresponde al gobierno, como se supone, sino a la actitud de los grandes empresarios, los cuales defienden sus inmensos privilegios monopolistas sin importarles mayormente la expansión del mercado y del campo de las inversiones. Acostumbrados a tasas muy altas de ganancia, prefieren los reductos y sólo realizan las inversiones que se encuentran a la altura de los beneficios que ya obtienen. Hasta aquí, el gobierno no hace nada.

Como no se quiere modificar de fondo la política económica, entonces se viene hablando de las reformas estructurales que nos llevarán, se dice, al crecimiento rápido y cómodo para todos. Eso ya es una cantaleta sin sentido. La más importante reforma al respecto sería la de energía, la cual no cambiaría la estructura en la que se basa el estancamiento de la economía ni sería una forma de ensanchar el campo de las inversiones: el petróleo ya tiene mercado, es cuestión de alumbrarlo y venderlo, lo cual se puede hacer con la empresa estatal como se ha hecho hasta ahora. Así que no se está hablando de una reforma económica que promueva el crecimiento y mucho menos una redistribución del ingreso.

Mientras tanto, las salidas de capital-dinero hacia el exterior siguen en su apogeo. Si no hay dónde invertir en el país, el dinero se coloca en el extranjero pues aunque el rédito esté bajo siempre es más seguro. No hay un problema de falta de capital acumulado sino de la manera de colocarlo.

En lugar de discutir si hay recesión o estancamiento, es preciso emprender un debate sobre las reformas económicas para promover el crecimiento y defender la capacidad adquisitiva de los ingresos de la mayoría.

¿Y la ley de propaganda?

Muchos gobernantes violan la Constitución y no pocos lo hacen todos los días. El Congreso, por su parte, se sigue negando a expedir la ley reglamentaria del penúltimo párrafo del artículo 134 constitucional y a cumplir con el último párrafo del mismo precepto, el cual dice que debe haber leyes que incluyan sanciones a quienes violen la prohibición de realizar propaganda personalizada de servidores públicos.

 Hubo prisa para expedir la nueva legislación electoral pero han transcurrido años en los que el texto constitucional que impide la propaganda de los gobernantes ha sido letra muerta. Si no se han expedido una ley federal y 32 leyes locales al respecto es sencillamente porque la mayoría de los políticos se niega a respetar la Constitución. Es difícil encontrar otro país como éste.

 Los fondos públicos no deben servir para que los gobernantes hagan propaganda de sus personas, pero sin tales recursos esos mismos gobernantes no podrían aparecer en los medios en la forma en que lo requieren para sus personales propósitos. Los lectores de periódicos tenemos que ver diariamente las fotografías de gobernadores que se han vuelto adictos a publicar sus propios rostros por cuenta de los contribuyentes, acompañados de horribles ditirambos.

 En una ocasión, dentro del frustrado Pacto por México, le dije al gobernador de Veracruz que él violaba la Constitución todos los días. Había en la reunión unos quince gobernadores, muchos de los cuales también lo hacían aunque no tanto. El secretario de Gobernación, ahí presente, no dijo nada, aunque se supone que su cargo le obliga a hacer respetar la Carta Magna. Antes, había yo presentado quejas contra varios gobernadores de diversos partidos por la propaganda personalizada gacetillezca que pagaban en muchos medios durante el reciente proceso electoral federal (expresamente prohibida por el Cofipe), pero el IFE se negó a hacer una investigación (sólo preguntó a los medios si las gacetillas eran pagadas y le respondieron que no). Luego, en la apelación, el Tribunal Electoral resolvió que como yo no era ya consejero del Poder Legislativo en el IFE carecía de capacidad para impugnar la resolución a pesar de haber sido el quejoso original en el ejercicio de una prerrogativa ciudadana. Esto sí que es kafkiano, estrictamente.

 También presenté una iniciativa de ley en el Senado pero los y las colegas del PRI y el PAN no quisieron ni leerla. Pocos quieren hablar de este problema porque quema, pero sobre todo porque una ley reglamentaria limitaría la publicidad inconstitucional que no sólo aparece en los diarios y revistas sino también en los medios electrónicos. Anteayer, en el flamante INE, nadie pudo hacer nada con una queja sobre esta clase de propaganda porque no están distribuidas en ley las facultades de sanción ni las sanciones concretas.

 No se trata sólo –hay que decirlo– del Congreso de la Unión sino de las legislaturas de las entidades federativas que han incumplido el mandato constitucional de legislar en esta materia. Habría que agregar que el Ejecutivo Federal y los gobernadores podrían haber presentado iniciativas al respecto pero no lo han hecho. Es cierto que no están obligados, pero con proyectos propios podrían llamar la atención a los órganos legislativos que se hacen los dormidos. Mas estamos en México y no se trata del cumplimiento del deber sino del uso del poder para sacar provecho porque el poder no sólo comprende el hacer sino el dejar de hacer aunque la Constitución rija (pero no se cumpla). ¿Dónde está la ley de réplica y la de sueldos de servidores públicos? Tampoco se han querido aprobar.

 Esta es una muestra de lo que significa en México la muy escuchada frase de “Estado de derecho”.

Anclados en el crudo

En la respuesta del gobierno a Alfonso Cuarón se advierte la estrategia de anclar a México como importante exportador de petróleo crudo. El gran reservorio mexicano es el Golfo y hasta ahí quiere el gobierno de Peña llevar a las trasnacionales a explorar, perforar y extraer el aceite que se pueda vender en el mercado internacional cobrando sólo una renta a empresas concesionarias, ya sea a través de contratos de producción compartida o mediante licencias. Este es un error contra el país.

Vender crudo es preciso mientras no se puede técnicamente hacer otra cosa. Pero transformar el aceite y el gas es una actividad que brinda más ventajas, entre ellas, una mayor generación de excedentes, la industrialización del país, la preparación de fuerza de trabajo y el aumento del empleo doméstico. Sin embargo, la petroquímica mexicana fue un proyecto que se perdió en las redes de la imbecilidad y la corrupción.

Para seguir en la idea de vender crudo, el gobierno de Peña quiere otorgar contratos y licencias al capital privado extranjero sin detenerse en analizar que la industria nacional es la única base para impulsar la producción de derivados con el propósito de dar sustento al crecimiento de la economía y desarrollar una ingeniería propia.

Varios países que nacionalizaron su industria petrolera avanzaron hacia la petroquímica en tanto invertían en la exploración que hace sostenible a aquélla. Sobre esta base, se crearon complejos industriales y se llevaron a cabo investigaciones y desarrollos propios. Pero México ha sido un fracaso en la materia y el gobierno de Peña quiere que lo siga siendo.

Sin embargo, nuestro país puede dar un viraje en materia de industria de petróleo, gas, refinados y derivados. Es verdad que son muy grandes las necesidades internas de gasolinas y petroquímicos pero esa es una razón de más para emprender la industrialización sin renunciar a las exportaciones. No obstante, los sucesivos gobiernos del PAN y del PRI se cerraron a considerar toda prospectiva en esta materia y no se ocuparon más que de ingresos inmediatos para el financiamiento del gasto en un país donde la recaudación es muy débil al ser una especie de paraíso fiscal de toda clase de inversionistas y grandes empresas nacionales y extranjeras.

Uno de los problemas de México es que mientras produce la materia prima, compra el bien industrializado por otros. De esa manera, se interrumpe lo que se denomina cadena de valor y el país regresa a la calidad de proveedor de lo que vale menos y comprador de lo que vale más: sus recursos son expoliados. Este fenómeno es una de las bases del imperialismo tal como se le empezó a estudiar desde principios del siglo XX, pero no se trata ya de una imposición desde fuera sino que ahora es una decisión tomada desde dentro como si la historia tuviera que echarse atrás para que los gobernantes pudieran hacer política repartiendo dólares fáciles a costa del desarrollo de sus propios países.

Eso es lo que busca Peña. No existe un programa para industrializar el crudo en el país sino para extraer lo más que se pueda en el menor tiempo posible, todo lo cual –se supone—sólo pueden hacerlo las trasnacionales con su maravillosa tecnología en aguas profundas. Tal política podría funcionar en forma perversa para un partido que quiere mantenerse en el poder pero es funesta para un país que, para progresar, requiere producción, productividad, empleo mejor remunerado y mayor gasto social.

He aquí una de las grandes diferencias entre el plan de Peña en materia de energía, aprobado por el Congreso con la entusiasta participación del PAN, y el proyecto presentado por la izquierda y rechazado por ese mismo Poder Legislativo.

 

Enfermedad de contratismo

En la respuesta del gobierno a Alfonso Cuarón se plantea que deben ponerse a subasta los derechos de extracción de petróleo para lograr la mayor renta posible. Esta ciencia es enternecedora: el dueño de Pemex, un importante productor en el mundo, tiene que ir a buscar otras compañías que sólo le pagarían una renta y que se quedarían con la ganancia industrial que es lo principal.

El gobierno se cuestiona a sí mismo: “¿cómo logramos que la reforma nos permita dar vuelta al deterioro (de las finanzas) que ya se observó?” Y se responde: “el uso de contratos permitirá que aumente aún más la inversión en el sector.” No se dice la verdad: las inversiones de Pemex han sido escasas si se toma en cuenta el potencial existente en el subsuelo y la baja de la extracción, pero la causa no es una falta de dinero ni la ausencia de proyectos sino la incapacidad de operación que se inventaron los últimos gobiernos, incluyendo el actual. Sin embargo, Pemex podría crecer y mejorar. Ahora bien, el contratismo no aporta mayor riqueza. Cualquiera que sea el esquema de éste, se ha de compartir lo que ya se tiene, sacrificando además desarrollo tecnológico. Ninguna trasnacional querría venir a extraer petróleo a cambio de migajas sino para realizar un gran negocio. Lo que esas empresas ganen, lo perderá la nación.

El gobierno agrega: “la reforma nos permitirá dar vuelta a la caída en la producción de petróleo al mismo tiempo que el Estado mexicano ya no es el único que incurre en todos los riesgos y costos asociados a esa mayor producción”. Costos financieros también los tienen las trasnacionales que encuentran dinero en el mismo lugar que los gobiernos. Pero, ¿cuáles son los riesgos? No los conocemos. La producción petrolera es algo de lo más rentable en el mundo a través de precios artificiales. El crudo es un bien monopolizable y monopolizado pero, a diferencia del suelo, es exclusivo de un grupo de países con excedentes. Hay precios mundiales de petróleo solamente según su calidad. Pueden producirse accidentes pero ese riesgo es inherente a toda industria. Puede bajar el precio, como ha ocurrido, pero siempre estará por arriba de los costos y ya se inventaron los fondos de estabilización. “Compartir riesgos” es el peor argumento que se puede utilizar para compartir en realidad una riqueza nacional que tiene la peculiaridad de brindar ganancias extraordinarias.

El gobierno dice que “el régimen fiscal de Pemex implica que todas las utilidades se transfieren a la Secretaría de Hacienda independientemente de si Pemex tiene buenas oportunidades de reinversión de esas utilidades”. El sistema no funciona así. El monto que Pemex entrega al gobierno es decidido por el gobierno mismo. Los excedentes petroleros se convierten en ingresos de gobierno ante la falta de otros y se obliga a Pemex a tomar deudas que el mismo gobierno tendría que contratar para cubrir su propio gasto. Pero, con la reforma, en lugar de que Pemex invierta más y produzca más, lo harían las trasnacionales dejando menos al país.

El gobierno afirma que con su plan se podría pasar de 2.5 millones de barriles diarios a 3 millones en el año 2018. Se habla de medio millón de barriles adicionales que sólo equivale al doble de lo que hoy se produce en Ku-Maloob. Serían unos 200 mil millones de pesos brutos al año, de los cuales las trasnacionales se llevarían más de la mitad. ¿Para eso se tiene que convertir a Pemex en una empresa más frente a las trasnacionales, en su propio territorio y por decisión de su propio gobierno?

La tesis del tesorito, propagada por Calderón, es la misma de Peña, pero ahora se trata del contratismo como enfermedad: las asignaciones se realizarían directamente por el gobierno a través de contratos y de un nuevo sistema de licencias, es decir, concesiones.

¿Por qué no le proponen el mismo plan a Arabia Saudita, primer exportador mundial de crudo? Todos en ese país se reirían hasta las lágrimas.

Te quieren engañar, Cuarón

En la respuesta del gobierno a Alfonso Cuarón se dice que el precio del gas se reducirá porque se va a producir más. No se dice que ese precio no está determinado por el volumen de la producción potencial sino por la demanda en la zona geográfica internacional de su consumo. No se explica tampoco por qué no se ha querido producir mayor cantidad teniendo el hidrocarburo en el subsuelo. La mentira es mayor cuando se ocultan tres aspectos: que Pemex quema gas en la atmósfera; que parte del gas producido en México está sometido a contratos con compañías privadas (Cuenca de Burgos); y que Pemex puede invertir como cualquier otra compañía.

Dice la respuesta a Cuarón: “Entre más gas se produzca en México, menores serán los costos de generar electricidad”. Esto es una verdad a medias porque la sustitución de combustóleo por gas en la producción eléctrica es algo que debió haberse culminado hace tiempo y de hecho se ha venido haciendo pero comprando el gas fuera del país. Cuando se empezó a regasificar parte de lo importado y cuando se redujo el precio del gas de Texas, no bajó la tarifa eléctrica. Sin embargo, con una mayor producción del Estado, la renta, la ganancia industrial y los empleos serían de nuestro país. Por eso se insiste en que Pemex se amplíe pues con los extranjeros la ganancia se iría a otro lado y la nación se quedaría sólo con la renta como ahora ocurre en Burgos.

Se afirma en la respuesta a Cuarón que “el país no desarrolló la infraestructura necesaria para transportar el gas por ductos”. Pero no se dice por qué el gobierno no invirtió y no invierte lo necesario. Cierto es que faltan ductos pero no se midieron en gastos cuando construyeron la regasificadora de Manzanillo para recibir el gas de Perú.

Dice el gobierno: “con la Reforma Energética, las empresas privadas podrán producir gas en México y venderlo en nuestro país, generando empleos y pagando impuestos en nuestro territorio”. Y sigue: “a partir de los nuevos cambios, existirán múltiples productores de gas en México, compitiendo entre sí, con lo cual tendremos gas suficiente y a menor precio”. Esta es otra maraña de mentiras. Primero: ya tenemos varias empresas privadas que producen gas pero el precio es el mismo, como es natural en este mercado. Segundo: la existencia de “múltiples” productores no implica competencia ni reducción del precio: sólo se produce el gas que se puede vender mediante contrato con los consumidores. Tercero: nada que puedan hacer las trasnacionales es imposible por parte del Estado mexicano en esta materia.

Se sigue leyendo en la respuesta a Cuarón: “En el caso de la gasolina, México importa el 49% del consumo nacional, por lo que la reforma prevé la apertura a la inversión en refinación para incrementar la oferta. Además, la gasolina es subsidiada y el esquema de subsidios vigente es altamente regresivo”. Más mentiras. Primero: México importa gasolina por decisión del gobierno. El Estado puede producir toda la necesaria como lo hizo durante muchos años. Segundo: el “subsidio” a la gasolina tendría que mantenerse debido al valor del crudo incorporado; nuestro país no tiene dos precios diferentes de su petróleo; éste es uno y se determina según la demanda porque la oferta está regulada internacionalmente. Tercero: el llamado subsidio no sólo opera para los ricos o clase media sino para todos los que consumen productos transportados en vehículos a diesel o gasolina. Las refinerías extranjeras en México venderían las gasolinas al mismo precio que lo hacen hoy en el mundo pero se llevarían la ganancia industrial, claro está.

He aquí un comentario a la primera de las 10 respuestas a las preguntas de Cuarón. Las demás están por el estilo. No era de esperarse otra cosa.