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Censura de internet

El dictamen sobre la iniciativa de ley de telecomunicaciones pretende que las empresas de redes de internet puedan “bloquear el acceso a determinados contenidos, aplicaciones o servicios cuando medie orden de autoridad competente (art. 145). Pero el proyecto de ley no define cuál es la autoridad en esta materia ni tampoco indica en qué situaciones y bajo cuáles procedimientos podría ser procedente el bloqueo. El requisito sería que hubiera una orden y basta. Además, las sanciones por desobedecer serían multa y cárcel.

Este precepto no venía en la iniciativa del gobierno sino que fue introducido recientemente a través de un irregular procedimiento de dictamen en el Senado. El bloqueo aparecía como una acción que podría abarcar regiones. Ahora se cambia por bloqueo de contenidos, aplicaciones o servicios.

En el proyecto está incluido un apartado de “colaboración con la justicia” (art. 189) según el cual los concesionarios y autorizados de los servicios de telecomunicaciones se encontrarían obligados a prestar auxilio a las procuradurías de justicia, las policías y las “instancias de seguridad nacional”, pero no existe ninguna prescripción sobre procedimientos, condiciones, etcétera, que pudiera dar elementos para conocer de qué clase de bloqueos o espionajes se trata con exactitud. Lo que se busca es otorgar al gobierno capacidad de censurar y espiar, para después definir quién se va a encargar de esa tarea.

El proyecto no otorga a los jueces capacidad para ordenar bloqueos de contenidos en internet a pesar de que bajo un estado de derecho cualquiera sólo la autoridad judicial puede definir si se ha cometido un delito; todo lo demás no pasa de ser sospecha o acusación sujeta a dictado jurisdiccional. La comunicación es un derecho humano según la Carta Magna hace poco reformada, pero el gobierno pretende en la legislación secundaria restringir a discreción ese derecho, lo cual significaría negarlo en toda forma, porque los límites de la libertad deben ser precisos y los procedimientos de su aplicación deben estar perfectamente determinados. Nada de esto se quiere hacer.

Las protestas contra la pretensión del gobierno y de algunos senadores panistas de incluir la censura de internet han sido rechazadas por el subsecretario de Comunicaciones y por el presidente de una de las comisiones dictaminadoras. Este último (el tal Lozano) dijo con toda la cara dura que le caracteriza que en el proyecto no había nada sobre internet.

La pretensión de censurar internet se acompaña con la maniobra para mediatizar la prohibición constitucional de presentar publicidad y propaganda como si fueran informaciones noticiosas. Se trata de la muy conocida gacetilla, la cual es una de las grandes deformaciones corruptas del periodismo mexicano. En el proyecto de ley “se prohíbe la transmisión de publicidad o propaganda presentada como información periodística o noticiosa”, tal como lo señala la Constitución, pero no se define cuál sería la autoridad encargada de hacerla valer. En tal proyecto, el Ifetel ha sido despojado de facultades en materia de contenidos y ni siquiera es sustituido por la Secretaría de Gobernación.

La prohibición de la gacetilla forma parte de los derechos de las audiencias. Presentar comerciales o mensajes políticos como si fueran noticias es un fraude a los radioescuchas y televidentes (también a los lectores). Ya se sabe que de eso engrosan sus bolsillos empresarios y periodistas empleados de esos mismos sin admitir el respeto al público como condición de todo ejercicio profesional. Por esto la Constitución ha prohibido la gacetilla, pero el gobierno quiere que no haya sanción ni autoridad que la aplique.

Muchas otras partes del proyecto de ley tienen esa misma característica de regresión legislativa.

La era de Crimea

No se debería poder hacer en el mundo lo que se quiera. Hasta hace poco, después de la disolución de la URSS y de la superación de la guerra fría, Estados Unidos apareció como la potencia que arrastraba a sus aliados a lo que fuera. La Rusia postsoviética apenas discrepaba. Pero el llamado Occidente empezó a abusar de su poderío mundial en la medida en que encontraba entre sí las bases estratégicas de su propio abuso. Así fueron incorporados a la Unión Europea varios países de la anterior órbita soviética y, también, a la OTAN, lo cual fue siempre objeto de protesta rusa.

No es lo mismo tener a esa potencia nuclear llamada Rusia como amiga y admiradora del capitalismo, aunque en una versión francamente muy corrupta, que cercarla con la alianza atlántica que es un alineamiento militar-político determinante. El entorno de Rusia tiene en Ucrania un elemento estratégico y lo que ahí ocurra es demasiado importante para el futuro ruso. Esto parece ser ignorado, oficialmente, por ese llamado Occidente. El problema no era sólo la península de Crimea —con la flota rusa ahí radicada— sino toda Ucrania, la parte rusófona y la otra. Esto no lo entiende bien Obama quien le ha estado picando la cresta a la Europa de la Unión aún a despecho de las reservas que al respecto tiene Alemania, consumidor del gas siberiano.

El golpe contra el anterior gobierno ucraniano fue relativamente fácil, porque unió a muchos en su contra: los europeístas, la derecha nacionalista y los críticos del Estado corrupto. Pero Occidente no ha querido reconocer que el derrocamiento de ese gobierno hubiera sido mucho más difícil sin su propio apoyo. Europa y Estados Unidos obraron ahí como aprendices de brujo: desataron poderes que no conocían con una varita mágica que tampoco podían controlar. Putin imploró al nacionalismo ruso —potencia soslayada en Occidente— para unir en su entorno a la clase política de su país y a los rusoparlantes de Ucrania, que no son pocos ni tardos.

Después de Crimea las anexiones podrían continuar, pero Putin prefiere regresar el balón a la cancha de Occidente para que éste imponga una federación ucraniana que le permita a Rusia mantener sus relaciones normales con los suyos del otro lado de la frontera. Kiev no parece ver en esto una salida decorosa, mas Estados Unidos tampoco busca presionar al gobierno ucraniano para ceder después de la anexión de Crimea, considerada ilegal, sin el menor rubor, por parte de una potencia históricamente anexionista. El motivo es que Occidente no renuncia a incorporar a Ucrania a la Unión Europea y a la OTAN.

No se puede realizar una geopolítica acertada sin admitir que, a pesar de todo, ese llamado Occidente no está solo por más que Rusia se haya acercado al mundo armónico al fin descubierto.

En este rincón del mundo llamado México parece que allá no estuviera pasando nada. Muy pocos han comentado acerca del voto de reprobación —casi clandestino— de los diplomáticos mexicanos en la Asamblea de la ONU sobre la anexión de Crimea. Una abstención hubiera sido más precautoria y menos alineada. La verdad es que Crimea no quiso seguir siendo parte de Ucrania, lo cual no puede ser considerado como acto ilegal así como así. Cuando Rusia abrió sus brazos la mayoría de los habitantes de esa península se dejaron abrazar, muchos de los cuales se consideraban rusos regalados a Ucrania por Jruschov (ucraniano-ruso), episodio que sigue un tanto en la oscuridad analítica. Los mexicanos no quisieron recordar su propia Constitución en aquello de la autodeterminación de los pueblos, porque la anexión de Crimea fue presentada como una movida de ajedrez y no como una forma de aprovechar la crisis ucraniana para volver a una situación anterior. A final de cuentas, los rusos están volviendo a advertir a Occidente que debe detener su avance, lo cual ha sido desoído una y otra vez. Quizá Crimea inaugure una era.

La “chota” en las redes

En la iniciativa de Peña Nieto sobre telecomunicaciones sobresale un título denominado “colaboración con la justicia” que resulta ser en realidad de colaboración con el gobierno para intervenir toda clase de telecomunicaciones y también bloquearlas.

Este es un viejo debate, actualizado a propósito de las revelaciones de Snowden que han provocado un gran escándalo mundial. El Congreso mexicano se ha ocupado del tema en otras ocasiones con mala fortuna. En esta ocasión las cosas podrían empeorar en lugar de que la ley fuera una expresión cabal de los derechos constitucionales.

La irrupción de la autoridad en las comunicaciones privadas puede ser usada para cualquier propósito, incluyendo la reventa de la información. Así, el primer problema es cuándo se justifica. El segundo, quiénes la pueden autorizar y realizar. El tercero tiene que ver con su utilización ulterior. Si se trata de perseguir delitos y no otras cosas, es evidente que sólo puede tener justificación cuando se ordene por autoridad que tuviera a su cargo una formal investigación y permitida por un juez en concordancia con la Constitución y la ley, pues de otra manera no podría tener validez en un proceso penal y sólo serviría para espiar a las personas. Además, se trataría solamente de determinados delitos en curso de investigación. Esto abarca los tres problemas planteados.

Sin embargo, el Ejecutivo propone que cualquier autoridad de procuración de justicia y otros servidores públicos a quienes se les deleguen facultades puedan realizar las intervenciones sin orden judicial alguna, a pesar de que ya existen los llamados jueces de control que, se supone, deben servir entre otras cosas para eso. Además, el gobierno quiere obligar a los concesionarios a realizar la geolocalización  por instrucciones de “las instancias de seguridad” y de quienes tengan delegada “esta facultad” para “el ejercicio de sus atribuciones propias de producción de inteligencia”. Como se puede observar, aquí cabe todo, en cualquier momento y con cualquier objeto. El gobierno de Estados Unidos realiza vigilancia de inteligencia contra el terrorismo pero en realidad espía a todo mundo en todo el mundo incluyendo a sus mejores amigos.

Los concesionarios, además, deberán “bloquear, inhibir o anular de manera temporal las señales de telecomunicaciones en eventos ylugares críticos para la seguridad pública y nacional a solicitud de las autoridades competentes”. Con este precepto se podrían bloquear las señales en ciudades enteras por orden de la autoridad, eso sí muy “competente”. Sin embargo, la Constitución dice que las telecomunicaciones son “servicios públicos de interés general” y que el Estado debe garantizar que sean prestados en condiciones de cobertura universal, continuidad, acceso libre y sin injerencias arbitrarias.

Las regulaciones que tienen que ver con las interferencias y la geolocalización deberían estar en otra ley en la que se abordara el asunto en su conjunto sin llevar al Ifetel a ese terreno que no es el suyo. Bajo esa óptica, las autorizaciones serían otorgadas por un juez, quizá con la excepción de los secuestros y las persecuciones de personas sorprendidas en flagrancia de ciertos delitos en que se requeriría sólo la orden provisional de un procurador. Sin embargo, el gobierno está confiado en que el Congreso se deje llevar por el pánico provocado por la persistente crisis de violencia delincuencial. De ser así, se daría un paso más hacia el Estado policía: ningún país mejora de esa manera.

Inversiones y derechos

En las negociaciones sobre la iniciativa de reformas constitucionales en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, el gobierno buscaba promover nuevas inversiones, en especial de capital extranjero. El planteamiento gubernamental inicial, dentro del Pacto por México, era notoriamente pobre. Las oposiciones (PRD-PAN) entraron a un diálogo entre ellas con el propósito de proponer una reforma completa y amplia, podría decirse ambiciosa, para crear una nueva institución autónoma con amplias facultades y establecer nuevos derechos de los mexicanos.

La negociaciones fueron largas y se integró también la reforma del sistema de regulación de la competencia económica dejando esta materia al Ifetel en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión, lo cual es algo, digamos, heterodoxo y raro pero adecuado a un país altamente monopolizado.

La figura de preponderancia fue creada como traje a la medida de Televisa y América Móvil. Estos son los preponderantes que deben estar sometidos a regulaciones especiales y urgentes. Esa fue una decisión política de Estado. No obstante, el gobierno propone ahora que Televisa no sea preponderante en el sector de radiodifusión ya que no tiene el 50 por ciento de la audiencia tomando en cuenta la radio. La Constitución, sin embargo, fue redactada para declarar preponderante a cualquiera que lo sea en “la prestación de los servicios de radiodifusión o telecomunicaciones” y ya se sabe que tales servicios son radio, televisión abierta, televisión restringida, internet, telefonía, satélites, según dice el segundo transitorio del mismo decreto, donde se añade que las medidas de fomento a la competencia deben aplicarse en todos los segmentos para garantizar en su conjunto la competencia efectiva en la radiodifusión y telecomunicaciones. Además de que Televisa es preponderante en el servicio de televisión abierta (radiodifusión) también lo es en televisión restringida que corresponde al sector de telecomunicaciones.

Y así como éste hay otros temas en los que el texto o el espíritu de la reforma constitucional es negado en la iniciativa del gobierno pues también se le regatean facultades expresas al Ifetel, se minimizan los derechos de usuarios y audiencias y se mantiene en el rincón a la radio social.

Otro ejemplo es la reforma del artículo 6º. de la Constitución con la cual se crea un organismo descentralizado “con autonomía técnica, operativa, de decisión y de gestión que tendrá por objeto proveer el servicio de radiodifusión…”. Los bienes del organismo creado por Calderón mediante decreto presidencial (OPMA) pasarán al nuevo, pero eso no significa que también se transfiera su objeto puesto que aquél se creó para promover la radiodifusión y a éste se le ha conferido el proveer, lo cual es sensiblemente diferente. Además, la Constitución dice que el nuevo organismo “contará con un Consejo Ciudadano con el objeto de asegurar su independencia y una política editorial imparcial y objetiva”, nombrado directamente por el Senado. Pero el gobierno pretende convertir al consejo ciudadano en uno consultivo sin ninguna facultad. Todo, bajo la jefatura de la Secretaría de Gobernación, como antes. Lo que se convino fue la formación de una cadena nacional de radio y televisión pública capaz de ser una opción cultural e informativa pluralista e independiente. Así está expuesto en el artículo 6º. y en los transitorios del decreto.

El gobierno está suponiendo que con unos seis senadores díscolos puede imponer una legislación secundaria al revés. Se basa quizás en los Lozano para proteger a algunos concesionarios y a sí mismo. El diferendo sin embargo continuaría en los recursos de inconstitucionalidad. Nadie las puede ya tener todas consigo.