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¿Quién mató al Pacto?

El llamado Pacto por México nunca fue un intento de coalición de gobierno como la que vemos ahora en Alemania que es consecuencia de un empate político entre las grandes fuerzas rivales. En nuestro país, sin embargo, existe una situación semejante: el candidato más votado no llegó siquiera al 40 por ciento. Pero como no se puede construir una alianza estable, razonada y sustentable Peña debió admitir al principio la suscripción de un listado de puntos comunes con un mecanismo único para abordarlos. Así surgió el Pacto.

La impronta del atraco electoral de 1988 sigue presente. En el fondo, es el cuestionamiento de todo gobierno priista señalado como ilegítimo. El resultado oficial de la elección del año 2006 llevó a la izquierda a negar también legitimidad al segundo gobierno del PAN. La campaña multimillonaria y el uso de la televisión privada para apoyar a Peña en 2012 han sido otra vez un cuestionamiento de la manera como se constituye el poder político en México.

El Pacto por México no era un reconocimiento de legitimidad sino un intento de dar a la lucha política un sentido más ligado al resultado de las urnas: nadie tiene la mayoría. Las objeciones surgidas en la izquierda y en el PAN no se referían al contenido de la carta firmada sino al hecho de haber sido firmado algo entre los tres principales partidos del país. Lo criticado era la forma inédita de abordar la cuestión política y buscar un curso distinto: el diálogo organizado entre adversarios.

El Pacto por México demostró que ese diálogo no funciona debido a la forma en que se ejerce el poder Ejecutivo. Después de algunos acuerdos más o menos exitosos, el gobierno de Peña decidió romper el Pacto cuando, en grosera violación del texto firmado, sacó adelante la reforma energética aceptando, además, la plataforma panista. Para lograr contratos en materia de hidrocarburos asignados por el gobierno y no por Pemex, Peña admitió la figura de permisos que en realidad son concesiones directas a las trasnacionales. El diálogo entre las tres fuerzas firmantes ya no podría seguir dentro del Pacto sino, otra vez, fue lanzado al terreno de lo incidental y escabroso.

Quien mató al Pacto fue Peña pero no debido a que no había sido una idea suya sino porque él es incapaz de administrar el diálogo entre todos sus adversarios a la vez. La agenda propia del gobierno actual es valorada como algo más importante que llevar a cabo aquella negociada con las oposiciones o, en otras palabras, la acción de gobernar se dirige más a derrotar a los discrepantes que a buscar soluciones compartidas. Pero hay algo adicional: una vez conquistado el poder Ejecutivo Peña piensa que puede y debe ser para siempre, que hay que construir una fuerza capaz por sí misma de llevar a cabo sus propios designios y, por tanto, hacer del presidencialismo el factor político decisivo con mayoría parlamentaria propia. Son sueños restauradores del viejo sistema, pero tienen mayor peso que una estrategia de lucha política abierta y organizada.

Peña quiere predominar y proyectar su gobierno (las personas que lo integran) indefinidamente hacia el futuro. Los nuevos priistas no se diferencian de sus maestros. Matar al Pacto no era en sí mismo imprescindible, lo irrenunciable era imponer temas que no están en el texto firmado y dejar de depender en gran medida de las oposiciones aunque, en su conjunto, éstas tuvieron muchos más votos que Peña. Pero, además, se trata de encarar a los demás partidos uno por uno y nunca más eventualmente juntos. Por todo esto Peña mató al Pacto y se demostró una vez más que el poder ha cambiado mucho menos que la sociedad que se expresa en las urnas.

Seguro de desempleo

Los empresarios siempre dicen que son quienes crean empleos pero lo que jamás aclaran es que siempre que los “crean” es para mejorar sus negocios, de otra manera, en lugar de crearlos, sencillamente los extirpan para proteger su tasa de ganancia. La cobertura social del desempleo debe estar, por tanto, a cargo de los patronos pero nunca de los trabajadores ya que tal traslado de responsabilidad implicaría culpar al desempleado de su propia desgracia.

El seguro de desempleo es de costumbre colgado total o parcialmente del fisco de tal manera que los contribuyentes asumen el costo en la medida en que cada cual aporta al gasto público. De esta forma también hay una injusticia ya que ni los contribuyentes en su mayoría serán alguna vez desempleados ni el objeto de los impuestos es el de resolver uno de los fenómenos estructurales del capitalismo: el desempleo.

La manera en que el gobierno quiere establecer un seguro del desempleo es sencillamente partiendo el fondo para la vivienda de los trabajadores para desviar un segmento a otro propósito. Todos sabemos que el Infonavit tiene dinero de más, es decir, no lo usa todo para sus fines propios. Por ello, el gobierno busca que una parte de ese fondo sirva para crear un seguro sin hacer reforma social alguna.

Por cierto, tal fondo se creó para sustituir la obligación patronal de proporcionar vivienda en las empresas con más de cien trabajadores, creada por el Constituyente de Querétaro en 1916. Como no se cumplía el mandato, se creó el Infonavit como un sistema de cuotas patronales con participación del fisco.

Ahora, como el sistema funciona mal (incluyendo el sobreendeudamiento de los trabajadores que adquieren un crédito y se financian con algún prestamista privado para cubrir el precio de la vivienda), tenemos una crisis que podría encararse mediante la creación de otro fondo, sobrepuesto al de vivienda, para cubrir el seguro de desempleo. Mas si hoy el Infonavit no otorga créditos suficientes en su monto y amplitud, con la división en dos fondos eso seguiría igual o peor.

Lo correcto sería que se estableciera una tasa patronal progresiva según el número de trabajadores de cada empresa para fondear el seguro de desempleo, pero los economistas consideran que como prevalece la tendencia recesiva de la economía esto podría generar más desempleo, lo cual es relativamente cierto.

Pero, en esencia, no habría forma justa de fondear un seguro de desempleo sin una nueva cuota patronal. Sin embargo, parte de la derecha quiere un seguro de desempleo pagado por patrones, gobierno y trabajadores. La izquierda quiere que el nuevo seguro sea sostenido con fondos públicos. Ambas propuestas son parcialmente injustas pero la izquierda, a diferencia de la derecha, defiende el exiguo salario actual. Por ello, sería mejor que los “creadores” y extirpadores de empleos se hicieran cargo de su posición social.

Si la propuesta del gobierno saliera adelante, el nuevo uso de las cuotas patronales de vivienda sería producto de la crisis de la forma en que se administra el Infonavit que, como decíamos, ha llevado a un sobreendeudamiento de las familias y también es peligrosa para la economía del país. En realidad, el Infonavit debería aumentar el monto de los créditos para los trabajadores jóvenes aunque se alargara el plazo de amortización y reducir sus inicuos sobrantes que se lanzan a la esfera de la especulación financiera en la época del reinado del capitalismo rentista y depredador.

Oceanografía y el Estado corrupto

La corrupción en México es un fenómeno de Estado. Oceanografía es parte de un síndrome en el sentido de conjunto de síntomas de una enfermedad, pero ésta no se revela hasta que se toma alguna decisión desde el poder. Así ha sido ahora, así fue a la cárcel Gordillo como hace mucho tiempo ocurrió con Hernández Galicia y algunos más. Pero nunca las cosas han llegado a verdaderos altos niveles, donde se aprueban las grandes operaciones de la corrupción.

Carlos Salinas fue un gran centralizador de la corrupción, la cual había llegado a un nivel de diseminación preocupante para los gobernantes. Como consecuencia, la corrupción aumentó en cuanto a los montos y se forjaron nuevos grandes consorcios.

Cuando arribó el PAN a la Presidencia de la República no se formuló plan alguno para combatir la corrupción sino que sólo se promovió la ley de información gubernamental, insuficiente para las enormes tareas de la lucha contra el Estado corrupto. Además, los nuevos gobernantes entraron a las redes de la corrupción estatal. El contratismo no es producto de las insuficiencias técnicas del sector público, sino una forma de usar al gobierno para generar consorcios empresariales enredados en los mecanismos de la corrupción.

Oceanografía ha sido señalada durante diez años como un proveedor privilegiado de Pemex (90 por ciento de sus ingresos) que forma parte del complejo contratista-corrupto del Estado mexicano. Es verdad que dicha empresa existía desde 1968, pero carecía de significación hasta que llegó Fox a la Presidencia y, sobre todo, a partir de que el grupo de Calderón tomó el poder. Lo que hace Oceanografía lo podría hacer Pemex directamente. Todo sería más barato aun con las buenas prestaciones de los trabajadores petroleros. Pero eso no lleva al mismo negocio y, además, se tendría que acabar con las fechorías de los charros sindicales.

El camino del contratismo ha sido un desastre no sólo por la corrupción generada, sino también por la ineficiencia industrial, la cual ha impedido que Pemex adquiera y desarrolle tecnología con el propósito de mejorar su capacidad y su productividad. Por ejemplo, el gas que se quema en la atmósfera podría ser usado en la industria eléctrica, pero no se quieren hacer unas inversiones elementales en una gran empresa petrolera.

Los métodos de asignación de contratos de Pemex constituyen un sistema de corrupción en la que intervienen los gobernantes como partes integrantes de los negocios o mediante su disimulo. Nunca se ha investigado nada en serio en Pemex. Hace poco, Calderón ordenó un endeudamiento de más de mil millones de dólares para comprar acciones de Repsol como parte de una confabulación cuyo propósito era compartir la dirección de la petrolera española con la constructora Sacyr, todo lo cual resultó un fiasco por la insolvencia de esta última. La deuda no había sido autorizada por el Congreso ni se registró como tal en grosera violación de la ley. Sacyr construye ahora la ampliación del Canal de Panamá y exige a medio camino una mitad adicional al costo pactado en el contrato: así son los aliados de Pemex y así son los que vendrán con la reforma de energía.

En el Congreso se deberían evitar comisiones especiales sobre una empresa privada, porque lo que se debe dejar en claro para los legisladores no es el fraude a un banco (para eso está la PGR), sino los contratos asignados por Pemex durante lustros, las condiciones pactadas, el tráfico de influencias, las mordidas, etcétera. Por ello, se necesita una comisión investigadora constitucional (art. 93) para cuya formación sólo se requiere la firma de la cuarta parte de los diputados. De otra forma todo quedará otra vez en buenos propósitos y muchos engaños.

Consulta en país inconsulto

México se la ha pasado en elecciones (sucias y menos sucias) y sin mecanismos directos de decisión. Éste es uno de los síntomas de atraso político. Cuando se aprobó la reforma para establecer el plebiscito y el referendo pocos le dieron importancia mientras los medios la soslayaban.

Hoy, cuando existe un diferendo sobre la reciente reforma energética, la discusión consiste en si es posible convocar una consulta ciudadana sobre el tema. Los defensores de tal reforma consideran que ésta es tan trascendente que no debería someterse a consulta, pero la trascendencia es uno de los argumentos de quienes pretenden echarla abajo. En efecto, la Carta Magna reserva el procedimiento de consulta a los “temas de trascendencia nacional”. A su vez, se estableció que algunos asuntos, aunque fueran trascendentes, no podrían resolverse mediante votación popular: “la restricción de los derechos humanos reconocidos por esta Constitución, los principios consagrados en el artículo 40 de la misma, la materia electoral, los ingresos y gastos del Estado, la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente”. Esta lista es exhaustiva, no enunciativa.

El PRI ha dicho que la consulta es improcedente porque la reforma “producirá” mayores ingresos públicos. Tan peregrina tesis podría aplicarse casi a todo, porque los actos de Estado por lo regular llevan a gastos o ingresos públicos. Pero es evidente que la forma de realizar el dominio de la nación sobre los hidrocarburos no es un “ingreso público”, sino un tema de soberanía nacional y estrategia económica. Lo que no puede ser consultado son los ingresos en sí, pero las reglas para entregar los energéticos a las trasnacionales son otra cosa.

Para la dirigencia priista la consulta, en especial el referendo facultativo popular derogatorio, es algo no sólo extraño a la cultura mexicana, sino odioso por cuanto modifica la manera en que se toman las decisiones. Sin embargo, la consulta popular puede verse también como mecanismo para resolver las controversias sobre grandes temas.

En la reforma de 2012 se reservó la capacidad de promover una consulta al presidente de la República, a 33 por ciento de cualquiera de las cámaras o a dos por ciento de los ciudadanos, pero hay una diferencia entre los poderosos y los demás: la petición ciudadana de realizar una consulta no requiere aprobación previa del Congreso.

Además, la Constitución señala que “La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá, previo a la convocatoria que realice el Congreso de la Unión, sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta”, pero no dice la legalidad, es decir, la Corte sólo puede pronunciarse sobre el requisito constitucional que consiste en que se trate de un tema de “trascendencia nacional” y que no haya excepción constitucional expresa.

Estos puntos constitucionales están reflejados en el proyecto de ley y, aunque no lo estuvieran o se inventaran otros, la Corte no podría impedir la consulta apoyándose en la ley, pues funciona aquí como estricto tribunal de constitucionalidad.

Es claro, sin embargo, que la Corte podría impedir la consulta por motivos estrictamente políticos, pero eso no sería posible impedirlo con una ley ni con nada. Así es México… por lo pronto.

En cuanto a los requisitos legales para presentar y hacer valer las firmas de ciudadanos, ninguno de los incluidos en el proyecto es obstáculo suficiente para detener una promoción verdaderamente popular. La ley se necesita ya para dar seguridad a quienes buscan que se consulte a los ciudadanos sobre la reciente reforma constitucional de energía. Sería el primer referendo en un país inconsulto.