Archivo por meses: Febrero 2014

Cauda de violencia y corrupción

El Chapo Guzmán es presentado como uno de los causantes de una gran cauda de violencia y corrupción. Sin embargo, no ha sido ese capo el promotor original de tantos asesinatos, secuestros, robos, extorsiones, mordidas y demás delitos que vienen en la cauda de la prohibición del narcotráfico y que han causado mayores daños que las drogas no permitidas.

Hay aquí un error criminológico. La producción y comercio de drogas se corresponden con una demanda del todo ajena al terreno delictivo. Mas al hacer del narcotráfico un delito, se involucra a millones de personas directa o indirectamente en actos ilegales y se añade una lacra: la corrupción. ¿Quién es la víctima de la producción y el comercio de enervantes? Se dice que la sociedad por prescripción médica, pero en realidad esta respuesta se ha promovido para que el Estado se ahorre tener que realizar un auténtico control sobre esas actividades, porque de lo que se trata es de que no se vean aunque persistan. El Chapo es un verdadero delincuente por los asesinatos, lesiones, robos, extorsiones y secuestros que ha cometido, pero gran parte de la sociedad no considera al narcotráfico como una conducta antijurídica. Todos aquellos delitos se han derivado de otro que no lo debería ser dentro de una juridicidad estricta. No hace tanto tiempo que Gran Bretaña le hizo la guerra a China para obligar a este país a comprar el opio que los colonialistas producían en India. Ahora estamos al revés: los gobiernos le hacen la guerra a los comerciantes de drogas para mejorar la estética de sus sociedades y evitar tener que asumir funciones de regulador y ordenador de mercado.

Vivimos una anomalía impuesta al capitalismo por parte de muchos gobiernos y de sectores sociales influyentes en el poder público. El sistema económico capitalista no admite la imposición de prohibiciones mercantiles más allá de simples regulaciones contra prácticas monopólicas y otras normas que tienden a organizar ofertas y demandas. El uso de la ley penal para prohibir de plano actividades que por su naturaleza corresponden a la anarquía del capitalismo, con la cual opera todo el sistema, no logra el objetivo prohibicionista sino que promueve una cauda de violencia y corrupción. El capitalismo es el sistema que más hace depender todas las relaciones sociales de la economía y es el más anárquico de la historia. Quizá por ello podría llegar a ser el de menor duración.

El Chapo ha caído, pero no bajará el trasiego de cocaína hacia Estados Unidos. Sí, ha sido un golpe contra una trasnacional (como las hay varias), pero la prohibición seguirá y, con ella, la cauda de violencia y corrupción.

El Chapo cayó porque la DEA le dijo al gobierno mexicano dónde se encontraba. Dígase lo que se diga, el jefe narco fue detenido gracias al espionaje de la DEA en México, pero Peña lo considera un triunfo de las instituciones mexicanas, aunque todo mundo sabe que los infantes de Marina sólo fueron a atrapar al sujeto geolocalizado por una institución estadunidense, bastante tarda, por lo demás, pues pasaron 13 años para dar con el paradero del reo fugado en las narices de Fox y Creel. En realidad, la fuga y los muchos años de evasión son un fracaso, pero la captura ha sido utilizada para la manipulación política.

Otros muchos capos también caerán, con la DEA o sin ella, algún día. Sin embargo, eso no será solución. El comercio ilícito de drogas continuará, se regenerará cuantas veces sea necesario, y una parte de la sociedad seguirá sufriendo la cauda de violencia y corrupción que genera el acto de Estado que ubica a ese comercio y al uso personal de drogas sobre el terreno del crimen.

“Must carry, must offer”

Las televisoras de señal restringida están obligadas a retransmitir las emisiones de las televisoras de señal abierta. A su vez, éstas deben proporcionar a las primeras dicha señal. En ambos procedimientos no puede haber pago alguno ni las televisoras de cable o satélite pueden cobrar a sus suscriptores las señales de la televisión abierta. Televisa, sin embargo, reclama el cobro por los derechos de autor de los artistas que intervienen en su programación, pero esos derechos ya están cubiertos por Televisa.

Como la retransmisión es un acto simultáneo a la emisión, no se trata de un uso diverso de las señales abiertas. Según la nueva legislación, emitir implica retransmitir en forma completa, sin cortes y al mismo tiempo (comerciales incluidos). Este es un mandato de ley. Dicha retransmisión es gratuita para la televisión restringida y para los abonados. Así, los derechos de autor se encuentran plenamente cubiertos, pues la emisión y la retransmisión forman parte del mismo acto legal, no son elementos separados ni en el tiempo ni en el contenido. En conclusión, Televisa no puede cobrar derechos que ya están pagados —se supone— por ella misma, pues no se trata de una venta de tales derechos para usos comerciales diversos, sino de una obligación legal de entregar su señal a las televisoras de señal restringida. Pero, ¿por qué?

Las señales emitidas por la televisión abierta son del público cuando están en el aire, pero Televisa las ha tenido acaparadas para beneficiar a Cablevisión y Sky, que son de su propiedad. Para terminar con esta situación en la que el monopolista de la televisión se cierra con propósitos claramente monopólicos, el Congreso creó la obligación de entregar las señales desde la televisión abierta y la de retransmitirlas a través de la restringida: must carry, must offer. Todo gratuitamente. Hay cosas que pueden estar fuera del mercado en ciertas circunstancias, pero esto no termina por entenderse. La televisión es una concesión que otorga el Estado bajo ciertas reglas. Los negociantes son concesionarios, no producen y venden salchichas sino usan un bien de dominio público, algo que es de la propiedad de todos, de la nación entera.

La objeción de Televisa que se cuelga del derecho de autor no va a funcionar, pero las cosas no son, sin embargo, tan sencillas. La gratuidad de la señal de televisión abierta no existe legalmente para un operador que fuera dominante en el mercado o cuando éste se encontrara en condiciones de competencia real. En este contexto, Tv Azteca acusa a Dish de ser parte de América Móvil, propietaria de Telmex, la cual domina en telefonía fija e internet, así como en celulares a través de Telcel. El indicio es que Telmex cobra mediante sus recibos telefónicos las facturas de Dish (casi el único competidor de Cablevisión y Sky, propiedad de Televisa ahora asociada a su rival Tv Azteca) a pesar de que su título de concesión no le autoriza prestar servicios de cobranza por cuenta de terceros. Este asunto debe litigarse en el Ifetel, ya que ese instituto es la autoridad en materia de telecomunicaciones y sus facultades abarcan la competencia económica en esta materia.

Lo que tenemos son disputas entre operadores monopólicos que tienen ya varios años: antes fueron amigos y socios. La reforma de telecomunicaciones busca establecer una autoridad imparcial para tales pleitos pero, sobre todo, abrir el mercado a otros participantes en un país ahogado por la monopolización. Este es el reto del Congreso.

Privatización-monopolización

Las privatizaciones mexicanas han generado procesos de monopolización con evidentes consecuencias negativas. Privatizar fue presentado como un medio de modernizar mediante nuevas inversiones y una actividad gerencial sin corrupción y con eficiencia. Desde el principio ya se sabía que todo eso no era más que una falacia y que esa modernización buscaba proseguir el camino del Estado como promotor de la concentración y centralización del capital y la producción. Veamos ejemplos.

Se dice que Telmex es una empresa privada dominante y lo es, pero por decisión originaria del Estado. Esa privatización se realizó de gratis, es decir, el paquete de control fue definido en 20 por ciento del total del capital social. 10.5 debió ser adquirido por mexicanos, de los cuales 5.5 por ciento fue a parar a un solo inversionista —Carlos Slim—, con el que éste pudo controlar totalmente la empresa. Además, esas acciones fueron compradas con la reserva técnica de una compañía afianzadora o aseguradora —La Guadiana— (práctica prohibida) y con crédito otorgado por el mismo gobierno a moderada tasa Cetes. En pocas palabras, el gobierno de Salinas organizó la privatización para hacer un traslado de riqueza y de control económico. Desconocemos lamordida… hasta ahora, a diferencia de la comprometida en el caso de Imevisión, hoy Tv Azteca.

La banca mexicana no es mexicana sino extranjera. Después de la privatización, el Fobaproa cubrió la mayor parte de los quebrantos de los bancos sobrevivientes (Bancomer y Banamex principalmente) y asumió todos los pasivos de los bancos muertos —asesinados por decisión última del mismo gobierno—, de manera que la operación en su conjunto le salió al país en un millón de millones de pesos. Los dueños de los bancos así subsidiados por el Estado vendieron a extranjeros y no pagaron impuesto sobre la renta por fabulosas ganancias. Una parte de los activos vendidos y, por tanto, de ganancias realizadas eran pagarés Fobaproa, es decir, obligaciones de a gratis a cargo del Estado.

Los ferrocarriles fueron abandonados y después vendidos como chatarra a unas cuantas empresas. Durante muchos años, los nuevos dueños han construido unos 40 kilómetros de vía, es decir, no estamos igual, sino relativamente peor. El gobierno de Peña quiere invitar a otras empresas al negocio ferroviario y obligar a los actuales concesionarios a dar servicio a unos permisionarios de nuevos proyectos, pero todo el derecho de vía es del Estado, de tal forma que tanto los beneficiados con la privatización como los que se beneficien con nuevas concesiones estarán usando el mismo espacio que no es suyo, que nunca tuvieron que comprar, que les ha sido asignado a unos cuantos para modernizar absolutamente nada.

Las empresas ferroviarias que se apoderaron de bienes públicos mediante la privatización no tienen razón en protestar por una nueva legislación, que les obligaría a arrendar las vías a nuevos concesionarios —acabar con sus barreras de entrada—, pero el gobierno actual sigue dentro de la misma idea de privatizar mediante la entrega de propiedades de la nación.

Es verdad que el Estado benefició siempre a grupos de capitalistas e, incluso, creó una nueva gran burguesía, pero el camino de las privatizaciones ha resultado peor. Ahora, el gobierno de Peña quiere ir hasta el petróleo y el gas para conformar una estructura oligopólica privada en el Golfo de México y en otros yacimientos nuevos, lo cual sería el colmo, en especial después de la experiencia lesiva y amarga de las anteriores privatizaciones.

No todos tenemos los mismos derechos

Uno de los puntos donde se ve más claro que no todos tenemos los mismos derechos es el de la libertad de expresión. Quien cuenta con un medio audiovisual, radiofónico o impreso llega a más gente a pesar de las modernas redes sociales que tienden a emparejarnos. No se trata sólo de espectáculos, comedias y filmes, sino de la manifestación de ideas en general: el que tiene mejores medios llega a más cerebros.

En la reciente reforma constitucional en materia de telecomunicaciones se incluyó la creación de tres nuevas redes nacionales de televisión: una pública y dos comerciales. Se trata de una apertura frente al duopolio (dos grandes empresas) que hace gran negocio bajo concesiones de un bien de dominio público. Sin embargo, de esas tres nuevas cadenas sólo una de ellas podría significar un cambio en materia de libertad de expresión: la televisión pública si acaso ésta fuera, como se ha prescrito, un organismo de Estado.

México es uno de los países donde la televisión pública es más escasa (Estados Unidos es el extremo, aunque con mayor concurrencia privada) y, por tanto, reinan las dos grandes empresas privadas concesionarias. Los pobres canales públicos, como el Once, el 22 y otros de los estados, abarcan muy poco y en su mayoría son medios de gobierno, aunque a veces algo menos cerrados. Lo que se requiere con urgencia es un nuevo canal nacional público donde se expresen las corrientes políticas y culturales del país.

Como parte del paquete de ordenamientos secundarios es indispensable expedir una ley orgánica del sistema público de radio y televisión de la Federación y otra ley general para las emisoras de los estados con excepción de las asignadas a las universidades autónomas.

En materia de periodismo las cosas son más complicadas porque, para que tenga amplia cobertura, un noticiero de tv requiere un gasto alto que hoy es sufragado con el patrocinio privado y gubernamental en emisoras comerciales. En los canales públicos el financiamiento es del Estado, por lo cual se precisarían fuertes presupuestos y, claro, la prohibición efectiva de que los órganos estatales paguen directamente propaganda en cualquier medio y, por tanto, se limiten a los tiempos oficiales y a los anuncios institucionales en la prensa.

La reforma de telecomunicaciones vino después de la que prohíbe la publicidad personalizada de los servidores públicos, la cual es una de las más violadas. Pero las trasgresiones a la Constitución no sólo las realizan los anunciantes —políticos con poder y dinero del presupuesto—, sino también los periódicos y las estaciones de radio y televisión, ya que los medios se niegan a admitir que publican gacetillas, es decir, anuncios en forma de noticias. Junto con las leyes secundarias de telecomunicaciones, deberían expedirse las normas sobre propagada oficial, ya que ésta es una de las formas a través de las cuales la libertad de expresión es más desigual.

En conclusión, una amplia reforma de las normas de radio y televisión y la expedición de la ley reglamentaria de la prohibición constitucional del uso de recursos públicos para hacer propaganda de los gobernantes son tareas democráticas y de justicia en general. Tendrán desarrollo las redes sociales y los medios de paga, pero en México sí se requiere un gran ajuste para abrir espacios de amplio acceso. Estos cambios debieron hacerse hace más de 30 años. Hemos perdido mucho tiempo, pero eso no debe llevarnos a dejar las cosas como hasta ahora.