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Finanzas públicas y petróleo

Los motivos de la reciente reforma energética parecen un simple entreguismo nacional, pero tienen algunas otras implicaciones. Cuando se descubrió Cantarel, el mayor yacimiento de todos los tiempos en México, el gobierno decidió hacer algo nuevo: obtuvo financiamiento y realizó una gran obra de ingeniería a cargo de Pemex. Hoy, ese depósito de hidrocarburos, con toda su inevitable declinación, sigue siendo uno de los mayores aportantes de recursos fiscales sin que sus cuantiosos ingresos deban ser compartidos con las trasnacionales. Otro problema fue que López Portillo y sucesores no hicieron reservas de capital dinero y se lo gastaron todo, mal, por cierto.

El gobierno de Peña quiere dinero rápido. Pero a diferencia de Cantarel y otros yacimientos, lo que se busca es generar recursos presupuestales dentro del marco de una compartición colosal de riqueza, la mayor de la historia del país después de 1938. El potencial energético del Golfo de México es tan grande que pudiera aportar unos dos millones de barriles diarios dentro de algunos años, pero una parte de los mismos irían a parar a manos de las grandes trasnacionales. Todo ello al margen del esquema de una industria nacionalizada. Es por eso que se puede decir que la reforma de Peña es una desnacionalización petrolera, pero también se puede decir que es una manera de obtener recursos fiscales al más alto precio.

En la actualidad, Pemex ha renunciado a desarrollar tecnología propia y se concentra en su compra aunque bajo su dirección técnica, más o menos. Los esquemas de contratos de servicios totales (exploración, perforación y producción) han sido onerosos, pero no tanto como pueden ser los de utilidades o producción compartidas y mucho menos de las licencias o permisos que son más o menos unas concesiones. Lo que une a todos esos esquemas es una innecesaria entrega de hidrocarburos a las grandes trasnacionales pero hay algo igual de importante: la industria nacionalizada deja de ser un polo de desarrollo tecnológico, productivo, de empleo y de ingresos como lo fue alguna vez, cuando los problemas eran encarados en el marco del concepto nacional del petróleo.

La estrategia desnacionalizadora no es un buen negocio para ningún país. Se aplica cuando no existe una industria petrolera propia, en países más atrasados no sólo en cuanto a las actividades extractivas, sino en general en las industriales. México tuvo una industrialización de cierta importancia y el petróleo le otorgó oportunidades que no hubiera tenido de otra manera. La reforma de Peña es como echar a andar la rueda de la historia pero hacia atrás: en lugar de usar el petróleo y el gas como palancas industrializadoras que logren impulsar la ingeniería nacional, lo que vemos es una derrota decretada desde el Congreso y el Ejecutivo. En lugar de ir al Golfo a impulsar nueva tecnología y desarrollar una petroquímica de nivel mundial se opta por las licencias o permisos y, por lo menos, por otros contratos que siempre serán generadores de corrupción tal como está demostrado en medio mundo.

Con la reforma energética de Peña, el país tendrá algunos ingresos públicos mayores que si no se hiciera nada, pero mucho menores si se opta por el desarrollo industrial. Es de suyo entendido que toda plataforma industrial requiere financiamiento y que el costo financiero es algo que hay que pagar. Pero eso es poco comparado con lo que será preciso entregar con contratos de utilidades o producción compartidas y con permisos o licencias, cuyos titulares se llevan una parte demasiado grande del valor de un producto que es, por definición, de la nación, es decir, de todos los mexicanos y mexicanas. Por desgracia, no sólo se trata de ingresos, sino también de desarrollo industrial, el cual, por lo que se observa, no les importa a los actuales gobernantes.

Sí procede la consulta

Se ha empezado a decir que no hay consulta popular en temas constitucionales. Antes, un senador priista había afirmado que no procedía en la reforma energética, porque ésta era de carácter fiscal, pero la hilaridad que provocó le produjo inhibición. En lo sucesivo vamos a tener más voces para desvirtuar la petición de consulta.

La Constitución establece que la consulta popular debe ser sobre temas de trascendencia nacional. Dentro de éstos se entiende que pueden estar actos de los poderes Ejecutivo y Legislativo de la Unión.

Ahora bien, debe dilucidarse si una adición o reforma constitucional es un acto legislativo federal o un milagro del Espíritu Santo. El artículo 135 de la Constitución admite que se pueden llevar a cabo y agrega que para que lleguen a ser parte del texto constitucional se requieren dos condiciones: el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes del Congreso de la Unión y ser aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los estados. No existe, por tanto, “poder revisor de la Constitución” ni “constituyente permanente”. Existe Congreso de la Unión y 31 congresos locales, y un procedimiento de adiciones o reformas constitucionales.

Además, es necesario recordar, a los que dicen que la consulta es un “engaño”, que el texto constitucional señala lo que no puede ser objeto de la consulta: la restricción de los derechos humanos y el sistema republicano y federal, así como la materia electoral, las cuestiones de ingresos y gastos, la seguridad nacional y los asuntos de las fuerzas armadas, casi todos ellos incluidos en la Constitución. Si la Carta Magna prohíbe realizar una consulta popular sobre el artículo 40 y otros preceptos de ella misma, quiere decir que los demás carecen
de prohibición, pues si no fuera así, el mismo texto lo establecería. No sería constitucional que alguna autoridad impusiera restricciones adicionales a un derecho otorgado por la Constitución. En realidad, el texto vigente en esta materia es prácticamente un reglamento, pues había tanta desconfianza que se hicieron muchos ajustes al grado que la lista de limitaciones no es enunciativa, sino exhaustiva.

Sostener que la consulta popular sólo es para actos que no se han realizado aún, es decir, para presentar propuestas, no tiene el menor asidero. El pueblo puede también anular decretos que ya hubieran entrado en vigor. Esta capacidad popular la otorga la misma Constitución cuando señala: “Cuando la participación total corresponda, al menos, al cuarenta por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, el resultado será vinculatorio para los poderes Ejecutivo y Legislativo federales y para las autoridades competentes”. Vinculatorio quiere decir de obligado cumplimiento.

En México nunca se ha realizado una consulta nacional, popular y vinculante, lo cual debe dar escozor a unos cuantos, pero ahora se haría sobre un tema tan trascendente como es la mayor desnacionalización de la historia contemporánea, lo cual debe dar miedo a los entreguistas, es decir, los mayores poderes políticos y económicos del país, así como a las potencias mundiales.

En otro orden de cosas, habría que añadir que la mejor forma de encarar la división nacional sobre el tema petrolero es admitiendo que el pueblo decida. ¿No que muy demócratas? A la hora de la verdad se les nota lo autoritario, además de lo huizachero.

PD: A propósito de la ignorancia y los malos propósitos: las adiciones o reformas constitucionales no se promulgan por el Ejecutivo si no se declaran por el Congreso y se envían directamente a su publicación. Véase al respecto el artículo 135 de la Carta Magna.

Desnacionalización de la industria petrolera

Según los promotores de la reforma energética, el petróleo y el gas serán ahora propiedad de la nación mientras se encuentren en el subsuelo, pero serán propiedad privada en el momento de su alumbramiento. Ésta es una perversa manera de tratar de dar vuelta a la historia. México reivindicó para la nación los recursos naturales del subsuelo y optó por otorgar concesiones. Tiempo después, nacionalizó la industria petrolera y prohibió las concesiones. Hoy, se busca desnacionalizar con el peregrino argumento de que el aceite y el gas no valen nada mientras se encuentran confinados: hay que sacarlos y, para ello, el dominio nacional es un estorbo, por lo cual es preciso llamar de nuevo a las trasnacionales cuyos bienes fueron —con otros nombres— expropiados en 1938.

Las licencias son concesiones con la diferencia de que estas últimas trasladaban el dominio a las empresas extranjeras desde que el crudo y el gas estaban en el subsuelo. El sistema de licencias otorga la exclusividad en la exploración y la extracción, así como el producto, lo cual viene a ser lo mismo a todo efecto práctico. En ambos esquemas se paga un derecho al que se reduce la renta petrolera.

Para realizar este proyecto, el gobierno otorgará asignaciones de bloques en tierra y mar a solicitantes, entre ellos Pemex, que contratará a su vez con empresas privadas bajo el sistema de utilidades compartidas o de producción compartida. Las trasnacionales petroleras obtendrán licencias de exclusividad, cubrirán el costo de las mismas (fijado por el gobierno) y pagarán un derecho sobre la producción mucho menor que el pagado por Pemex.

Según Peña Nieto y el PAN es necesario abrir la producción de hidrocarburos a la competencia para extraer todo lo que se pueda en el menor tiempo posible. Pero, ¿de qué hablan? El gobierno regulará las asignaciones. El precio del crudo seguirá siendo determinado mediante un mecanismo global de oferta regulada según la demanda mundial de importaciones en el cual México pinta poco. Total, de lo que se trata es de entregar el petróleo a las grandes trasnacionales para cobrar una renta que difícilmente será mayor a la tercera parte del valor de lo producido. Lo que se quiere es rápida producción a costa de los yacimientos nacionales y mantener al menos el actual ingreso fiscal petrolero. Peor negocio sería difícil.

¿Qué va a ser de Pemex? Se preguntan algunos nada duchos en entender leyes… y otras asignaturas. Se convertirá pomposamente en una “empresa productiva” —siempre lo ha sido y mucho, a pesar de la corrupción— que deberá cabildear dentro del gobierno las asignaciones sólo para entregarlas a empresas privadas mediante contratos. No se requiere gran sabiduría para entender que conforme vayan declinando los yacimientos que hoy se encuentran bajo su cargo, ese organismo público se hará una pasita.

Peña tenía frente a sí un dilema: convertir a Pemex en una empresa pública modernizada, con utilidades netas y capacidad operativa renovada, regida por una estrategia nacional que garantizara la seguridad energética del país y un uso razonable de los excedentes petroleros o desnacionalizar la industria petrolera en busca de nuevos ingresos rápidos a costa de entregar los ricos yacimientos mexicanos a las trasnacionales. Con el apoyo del PAN —nacido entre otras cosas para combatir la expropiación de 1938—, Peña se decidió por la segunda opción. Sólo una consulta popular nacional, un referendo derogatorio, podría detener esa onerosa y ofensiva decisión.

Reforma barroca y cosmética

En la víspera de la aprobación de la reforma energética —reinicio obligado de la lucha nacional por el petróleo—, el Congreso expide una reforma político-electoral francamente barroca y en muchos sentidos cosmética. Cuando Peña firmó el Pacto no se imaginó la protesta de su partido contra la desaparición de los organismos electorales de los estados y tampoco la claudicación del PAN al compromiso de un solo organismo electoral nacional y una misma legislación. Ambos acontecimientos ocurrieron rápidamente ante la prisa de líderes panistas por llegar a la reforma energética, buscada por el PAN desde 1938.

El proyecto político-electoral crea un nuevo organismo con capacidad de nombrar y remover a los titulares de las entidades electorales de los estados. En otras palabras, la Federación, mediante el INE, va a nombrar y destituir a funcionarios locales y, además, a los magistrados electorales de los estados a través del Senado. Algo nunca visto que ataca en nombre del federalismo las relaciones institucionales federativas. Así, el nuevo INE será una especie de interventor de organismos electorales locales y podría declararlos caducos, lo cual es improbable, pero sirve para la cosmética.

Esta nueva estructura barroca —llena todo— no es nada estética, sino la trampa para conflictos en los cuales el INE terminará enfrentándose a funcionarios por éste mismo nombrados, mientras los gobernadores podrán seguir sobornando a los consejeros electorales locales.

Pero el asunto no queda ahí. La PGR será sustituida por una fiscalía general, mas el Presidente de la República podrá destituir al fiscal —por “causa grave”, claro está—y el Senado sólo podría atacar dicha destitución con dos tercios de los votos, lo cual es imposible: ningún presidente tendrá nunca menos de un tercio más uno en el Senado. Ésta es otra cosmética. No puede haber “organismo autónomo” bajo inspección del Ejecutivo. Se repite el mismo error de Carranza al dar al Ministerio Público el monopolio de la acción penal, pero hacerlo depender del presidente de la República. Al parecer, todo quedará igual… de mal.

Una de las peores cosas de esta reforma es el aumento al 3 por ciento del umbral para entrar en el reparto de diputados y senadores de lista (actualmente es de dos). Esto dejará más votantes sin representación legislativa y aumentará las sobrerrepresentaciones de los mayores partidos.

Llegamos entonces al preciado bien de la reelección inmediata de legisladores y ediles. Es sabido que en el resto del mundo existe la reelección y, muchas veces, sin límite alguno. Se supone que los electores pueden reelegir tal como eligen. Pero México es diferente, porque los partidos no están listos. La competencia interna  de los partidos no permite llevar al Congreso a muchos líderes parlamentarios, sino a representantes de grupos con estructura clientelar y a los amigos de los más altos dirigentes. El problema no está en la reelección inmediata, sino en el precario sistema de partidos y en los partidos mismos. En materia municipal la cosa es peligrosa: la delincuencia organizada tiene amenazados a muchos alcaldes que serían, lógicamente, sus candidatos a continuar en el cargo. Además, en un país donde todavía abundan los cacicazgos rurales, nada asegura que las elecciones municipales no se vayan a convertir en un festín del cacique.

En este lance Peña perdió a manos del PAN. Pero mucho menos que si hubiera tenido que aceptar el proyecto del PRD, nada cosmético y mucho más ubicado en la realidad política del país. Por lo pronto no habrá un solo organismo electoral: violación del Pacto por México y ya.