Archivo por meses: Septiembre 2013

Dilema petrolero

México se enfrenta a un dilema sobre su industria petrolera. No es la primera vez. Pero, ahora, la prisa del gobierno y las ansias del PAN han puesto las cosas en una situación de alarma nacional. Si un país tiene dos cosas: petróleo e industria petrolera nacional, pública y administrada por el Estado, debe resolver el problema de la declinación de su propia producción. Aquí es donde surge el dilema: lo hace directamente o lo encarga a las trasnacionales.

Estados Unidos no tiene problema, pues carece de industria nacional y pública. Recurre a las empresas privadas, como siempre lo ha hecho, mediante una política de concesiones en los mares y apertura de nuevos campos. Ésa es su propia vía hacia la seguridad energética.

Pero los países como México tienen que tomar una decisión. No se trata del financiamiento, pues se sabe que una fuerte industria nacional puede financiarse mejor que las trasnacionales. El problema consiste en la capacidad operativa y la tecnología. Para el gobierno de Peña Nieto, Pemex carece de capacidad de incorporar y apropiarse de la tecnología que requieren los yacimientos de aguas profundas. Ya hemos dicho que varias empresas nacionales en el mundo pudieron resolver este problema, pero la pregunta sobre si México es capaz ha generado un debate que huele a otra cosa que no es precisamente industrial.

No habría dilema entre desarrollar la industria propia o llamar a las trasnacionales si no fuera por dos factores: la prisa en aumentar los ingresos públicos de procedencia petrolera y la perniciosa idea de que el país no puede hacerlo. El primer factor tiene que ver con la estrecha visión sexenal de la política nacional. Todo presidente quiere hacer las cosas rapidito, es decir, dentro de su periodo improrrogable, sin analizar el horizonte transexenal. El segundo factor tiene varios componentes que van desde la hipertrofia burocrática, mafiosa y de corrupción (sindicato incluido) que padece Pemex hasta la duda en que un esfuerzo propio pudiera ser fructífero sin tener que entregar una parte del producto a los capitalistas privados (extranjeros por añadidura).

El dilema es enteramente político. No existiría si la industria petrolera nacionalizada se pusiera en movimiento, se lanzara a resolver problemas, obtuviera el apoyo del gobierno y del Congreso para desarrollar mayores inversiones y, finalmente, lograra un nuevo impulso de la ingeniería mexicana para mantener la plataforma de producción de crudo o, incluso, elevarla.

Cuando se abrió Cantarell, Pemex no era experto en yacimientos marítimos. Hoy lo es. Este yacimiento está en declive irreversible, como le suele ocurrir a cualquiera y, aunque no es previsible encontrar otro de igual capacidad, México puede ir al golfo a obtener petróleo de grandes yacimientos. ¡Ah!, pero solo no, dice el gobierno. Ya se sabe que solo no lo hará porque las soledades industriales no existen, sino porque se requiere el concurso de muchas empresas de la industria mundial, pero no necesariamente a partir de la compartición de utilidades, sino como prestadoras de servicios que cobran y se van.

El plan del gobierno es traer a las trasnacionales para realizar la exploración, la perforación y la producción. Pemex no metería ni las manitas en toda esa ingeniería. Pero, además de compartir el petróleo, el gobierno tendría que pasársela en los tribunales porque las trasnacionales son irremediables generadoras de litigios judiciales debido a su inveterada gandallez. ¡Qué futuro tan malo nos depara la propuesta del gobierno!

Pactos, pactotes y pactitos

Existe un pacto no escrito o, mejor dicho, escrito en la Constitución. Consiste en el diálogo político como medio de expresar las divergencias y las coincidencias, de negociar, acercarse o alejarse. Por épocas ese diálogo ha sido estrecho y algunas veces inexistente. Vivimos hoy en México una situación en el que el diálogo más o menos impera, aunque no siempre sirve para lo que está hecho.

No debería generar tanto debate la existencia de una mesa permanente de diálogo entre la oposición (una gran parte de ella) y el gobierno. El mal llamado Pacto por México es un mecanismo de diálogo con acuerdos y desacuerdos que se hizo necesario ante la relativa inoperancia del Congreso como lugar privilegiado de la relación política entre los partidos. Sin embargo, vivimos también bajo la desconfianza —enteramente justificada— hacia los políticos y en especial a los gobernantes. Ese pacto no lo es todo ni podría, como tampoco es algo parecido a una coalición o acuerdo legislativo. En la medida en que ningún partido cuenta con la mayoría en el Congreso —mucho menos en las urnas—, ha sido necesario inventar esa mesa de negociaciones, pero para la izquierda debería ser vista también como una forma de atemperar su exclusión de las negociaciones entre PRI y PAN, que casi siempre dejaban fuera a esa misma izquierda de la incidencia legislativa.

El diálogo político no comprende sólo a los partidos, sino a toda clase de organizaciones e, incluso, medios de comunicación, así como a consorcios y estructuras del poder económico. Se empieza, imperceptiblemente, a pretender ubicar al mecanismo Pacto por México en el centro de todo ese diálogo multisectorial y multifactorial. Podría surgir un problema no menor si las cosas se siguen llevando por ese lado.

Por otro lado, la lucha del magisterio contra la reforma administrativa de la educación básica tomó al gobierno como su principal interlocutor pero, ante eso, tuvo que ser necesario que el mecanismo Pacto interviniera para impedir que la SEP impusiera toda su propuesta, la cual había sido ya aprobada por la mayoría de la comisión dictaminadora de la Cámara. No es en absoluto sano, en términos del diálogo político, que la maniobra de cambiar a medio camino de mesa de negociación pueda beneficiar a alguna de las partes.

El gobierno debe hacer frente a sus compromisos de diálogo con cualquier organización sin tratar de apoyarse en el Pacto, pero también es una distorsión que éste deje de funcionar cuando le convenga al gobierno. Ya se ha visto que hay temas, como el de energía, que se encuentran fuera del Pacto porque hay tres proyectos: la lucha se dará en las calles, en los medios y en las cámaras. El Pacto es un instrumento que no cancela la lucha política, por lo que las entidades que la integran deberían hacer visibles sus posiciones de entrada en las negociaciones, las cuales no deberían ser tan reservadas a sus propios integrantes. Los temas que en el Pacto se tocan son siempre de gran interés nacional, por lo cual la sociedad debe poder intervenir en la discusión.

Por lo que se advierte, todo el que puede y quiere negocia y ocurre que no hay quien no quiera hacerlo, ya sea de manera directa o indirecta. La situación política del país dista mucho de aquellos momentos en que el diálogo era algo extraordinario. La CNTE se ha pasado meses negociando aunque siga sosteniendo la bandera de la derogación de la reforma del artículo tercero de la Carta Magna. El gran problema es que el proceso de negociación casi no trasciende como correspondería a un esfuerzo tendiente a construir una sociedad bien informada. A final de cuentas, la desinformación política beneficia al poder, porque rebaja presiones provenientes de la sociedad.

Derechas e izquierdas frente a la fiscalidad

Quienes siempre han gritado en favor de gravar con el IVA los jitomates, las cebollas, los chiles y las tortillas, consumidos por casi todos, protestan por la iniciativa de aplicar ese mismo impuesto al servicio educativo privado. Sólo les importa en realidad no tener que desembolsar más en colegiaturas. Ocultan, además, que éstas son deducibles del impuesto sobre la renta, según un decreto inconstitucional expedido por Calderón con un costo de 14 mil millones anuales y que sólo beneficia a quienes ganan más de 400 mil al año.

El IVA es un queso gruyere con muchos agujeros, pero lo único que deseaba la derecha era hincarle el diente a la gente que destina más de la mitad de sus escasos ingresos a la alimentación. Como eso no fue posible, se oyen las protestas contra el IVA en colegiaturas, importaciones de maquiladoras, la igualdad de la tasa general en todo el país y otros gravámenes que siempre debieron existir.

El IVA en alimentos y medicinas que es regresivo tiene dos inconvenientes adicionales: el político y el económico. El primero es el rechazo de la mayoría a pagar más por su escasa comida y por medicinas muy caras. El segundo es que, cuando hay una tendencia recesiva, lo peor es golpear más el consumo.

El impuesto sobre la renta es otro gruyere, pero con hoyos mayores. Calderón llevó la tasa máxima de 28 a 30 por ciento ante la recesión pero no tapó agujeros. El actual proyecto del gobierno tampoco está del todo bien, porque debería elevar a 32 por ciento el impuesto a los ingresos, pero a partir de los 50 mil al mes y agregar un punto porcentual por cada 50 mil adicionales hasta un límite de tasa máxima que podría ubicarse en 38 por ciento. Además, habría que aligerar las tasas a los ingresos más bajos, ya que resultan elevadas.

Hay muchos más puntos a debate pero, por lo pronto, una parte de la izquierda no acierta a retomar el discurso que por décadas pronunció en todos los tonos. El plan siempre ha sido hacer más progresivo el impuesto sobre la renta y eliminar regímenes especiales y concesiones fiscales graciosamente otorgadas por los presidentes a los grandes capitalistas. El otro punto es cambiar la forma de la redistribución del ingreso.

La derecha priista ha quedado un tanto desconcertada con la propuesta del gobierno al grado de unirse a la otra, la panista, para echar abajo algunos puntos de la iniciativa. Esperemos que la izquierda no haga lo mismo con banderas que no son suyas. Es preciso tomar en cuenta que el gobierno busca ante todo aumentar la recaudación sin meterse en el enredo del IVA en alimentos y medicinas, por lo que no todo lo planteado en la iniciativa es correcto. Sin embargo, habría que tratar de ir más lejos, pero con visión y programa propio. No podría ser congruente impedir el impuesto a las ganancias bursátiles o el nuevo derecho a la extracción de minerales preciosos, entre algunas otras viejas propuestas presentadas antes por la izquierda y rechazadas o ignoradas por la derecha.

La iniciativa del gobierno es pequeña para las necesidades redistributivas del país y aún así se escuchan por todos lados los rechazos. Si el gobierno no abrazó la propuesta fiscal de la OCDE y de la derecha —incluso la priista—, no tenía más que echarse al otro lado aunque en forma limitada. Así está la cosa.

La verdad y los silencios de Lozoya

El director de Pemex ha dicho una verdad y ha callado muchas otras. En su comparecencia ante empresarios hace un par de semanas, Emilio Lozoya habló muy claro, tanto que avanzó en un sentido distinto a la propaganda gubernamental. El estratega de inversiones privadas dijo que la reforma que propone Peña Nieto busca la participación de las trasnacionales petroleras en cantidad y rapidez inusitadas bajo contratos de utilidades compartidas.

Sí, ésa es la verdad. El gobierno mexicano considera que no es capaz de hacer lo que hacen los grandes conglomerados privados de la energía. No opinan así otros muchos gobiernos que han demostrado que las compañías nacionales pueden crecer más rápidamente que las trasnacionales y de hecho así es. Se pone el ejemplo de la brasileña Petrobras, pero ésa no ha requerido a las trasnacionales, sino que se ha apropiado de la tecnología necesaria y ha conseguido el financiamiento suficiente para mantener un alto ritmo de expansión en aguas profundas. Como ése hay muchos otros ejemplos de empresas nacionales.

Es incomprensible en el mundo la manera en que el gobierno de Peña pretende quitarse el problema de tener que expandir la industria nacional y desarrollar nuevos campos petroleros especialmente en el golfo de México. Pero el proyecto gubernamental sí puede ser entendido al tomar en cuenta la mentalidad predominante en la derecha política mexicana —PRI y PAN—, la cual tiene una idea de la globalización que va en retirada en casi todo el resto del mundo. Sí existe una clara diferencia entre hacer las cosas y llamar a extranjeros para que las hagan en exclusiva. Lo que Peña quiere es evadir el esfuerzo nacional, pero al costo de entregar una parte del valor de los hidrocarburos que son propiedad de la nación.

Lo que no dijo Lozoya es que las industrias de la energía son generadoras de tecnología propia o apropiada y que crean una fuerza de trabajo altamente calificada. Lo que tampoco dijo es que la capacidad productiva propia —incluyendo gas, gasolinas y electricidad— es la base de la seguridad energética de cualquier país y que ésta sigue siendo un concepto válido en el mundo.

Tampoco ha dicho Lozoya cómo es que un país con industria petrolera consolidada y con reservas de hidrocarburos no puede resolver sus problemas de energía sin el concurso oneroso de las trasnacionales. En el extremo absurdo, México no tiene suficiente producción de gas, pero una parte de la extracción que ya se lleva a cabo es quemada en la atmósfera sin que el señor Lozoya haya presentado algún plan para superar esa lastimosa situación.

Otra cosa que no dijo el señor Lozoya es que las empresas de energía se financian en los mercados internacionales, no tienen dinero debajo del colchón, mientras un Estado puede obtener financiamiento en condiciones aún mejores que las trasnacionales para dar sustento a sus propias inversiones.

En su discurso el señor Lozoya se hubiera tomado la molestia de explicar en cuánto y cuándo bajarían el precio del gas y las tarifas eléctricas con la aplicación del proyecto de Peña, pero no lo hizo porque sencillamente no tiene la menor idea.