Archivo por meses: agosto 2013

Penosa derrota de la CNTE

Dentro del carnaval del odio promovido por los más importantes medios de comunicación, es inminente la derrota de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Ese carnaval promovido por los López-Dóriga y otros (vendedores de jugosas gacetillas a cualquier gobernante necesitado), aderezado por uno que otro Ciro Gómez Leyva, siempre menor pero muy afanoso, tiene su base en la negativa de los profesores a negociar directamente el contenido de las leyes y en los innecesarios bloqueos que a ninguna autoridad presionan como quisieran sus realizadores.

La CNTE no objeta, sin declararlo, las dos leyes ya aprobadas, la del instituto de evaluación y la general de educación, pero sigue sin proponer un texto concreto de cómo quisiera que fuera la del Servicio Profesional Docente, la cual debería haber sido promulgada hace décadas. El PRD bloqueó la aprobación de esta última, pero no podrá hacerlo por mucho más tiempo. El bloqueo legislativo era para tratar de llegar a un acuerdo con la CNTE ante el silencio sospechoso de los líderes del SNTE, pero casi nada hay sobre la mesa. Ahí es donde radica la derrota: al final, no se habrá logrado nada aunque se haya logrado mucho.

El principio de que la evaluación no debe ser punitiva, es decir, no debe ser instrumento para despedir a los maestros, ya se ha incorporado al proyecto (el último, negociado después del dictamen de la comisión en la Cámara), por lo cual no queda más que esperar un texto de la CNTE, como lo ha pedido el PRD con sobrada esperanza. Ya sabemos que PAN y PRI quieren la vía autoritaria que consiste en que los profesores de educación básica deban admitir sin protesta toda clase de reglas laborales especiales pretendidamente promotoras de la calidad educativa que nunca han impulsado en tantos años de ejercer el poder.

Pero la CNTE, en lugar de entrar en una negociación, sigue con la necedad de la derogación (dice abrogación) de las recientes reformas del artículo tercero de la Carta Magna. Pero eso no puede obtenerse. Lo que correspondería a la CNTE es impedir que la ley se convierta en un subapartado B del artículo 123 de la Constitución, es decir, reducir derechos laborales de los profesores. Es evidente que eso sería inaceptable desde todo punto de vista válido, ya que se trata de derechos universales de los trabajadores, protegidos por la Constitución mexicana y los tratados internacionales.

Esa necedad de que la reforma constitucional deba ser derogada ha llevado a la CNTE a no negociar nada sobre la mesa. Mientras, sus acciones han perjudicado a la ciudad que siempre apoya las causas sociales y democráticas. De aquí se han colgado, como siempre, los sembradores de odios, los López-Dóriga, los pequeños Ciro, quienes jamás fueron a una manifestación, nunca tuvieron el valor de arriesgar el físico para exigir algo de justicia o democracia. Recuerdo a aquellos Zabludovsky mintiendo y clamando represión contra los estudiantes en 1968. Los manipuladores de la opinión pública defienden lo suyo. El problema ahora está en no dar espacio a la promoción del odio. Eso no lo ha sabido hacer la CNTE.

A la sección 22 de Oaxaca, mis respetos por la lucha política que dio contra el despotismo priista en su estado, pero mis condolencias por su regreso al gremialismo estéril que lleva a cabo en estos días.

Virtual recesión

No es nada halagüeño para un gobierno nuevo concluir su primer semestre de gestión con una recesión industrial claramente declarada y con una perspectiva recesiva en el conjunto de la economía. Es decir, tenemos una virtual disminución del producto interno respecto al existente el primer día de diciembre del año pasado.

Una causa del fenómeno tiene que ver con la torpe forma de ejercer el gasto público, pero existen otras. Por lo pronto ninguna autoridad está dispuesta a hacer algo para detener la caída, la cual se considera como algo estacional.

La economía mexicana tiene una enfermedad. Su capacidad de expansión depende de unos pocos factores, los cuales le afectan fuertemente al menor cambio. Esto quiere decir que los pobres resultados de los años anteriores no forman parte de un ciclo expansivo, sino que se encuentran dentro del estancamiento económico crónico.

La economía estadunidense puede retomar el crecimiento y contribuir a aminorar la profundidad de ese estancamiento estructural de México, pero no será así como se logre un impulso hacia la expansión. El factor que puede dar la vuelta y llevar a México hacia un crecimiento cada vez mayor es el gasto público productivo. En este momento no hay ningún sector de la economía que pueda detener el estancamiento estructural ni la virtual recesión en la que nos encontramos, más que un amplio programa de inversiones.

Es verdad que el gobierno federal no tiene muchos proyectos acabados para realizar, desde luego, grandes inversiones, pero el conjunto de las entidades federativas sí los tienen. Lo que ocurre es que no existe un soporte financiero para llevarlas a cabo. Éste es el que habría que brindar en el corto plazo.

Sería indispensable que el próximo año se produjera un golpe de timón en materia fiscal y se recuperara ingreso público sacrificado en el altar de las concesiones a los grupos monopolistas y oligárquicos del país. Pero eso no bastaría para financiar un mayúsculo programa de inversiones productivas. Sería necesario un programa de financiamiento del gasto que potenciara los rescates fiscales mediante empréstitos con propósitos productivos y certeza de retorno de mediano y largo plazo. Eso es justamente lo que los temerosos economistas del gobierno no quieren por falta de capacidad de organización de un enorme programa de inversiones y de una gestión política que ponga en línea todos los gobiernos locales. Pero sobre todo por falta de convencimiento del papel de la inversión pública en el impulso del crecimiento sostenido de la economía nacional: son privatistas y adoradores del llamado libre mercado.

El actual debate sobre energía es un ejemplo que ilustra lo anterior. El gobierno considera que carece de capacidad para elaborar y conducir nuevos y grandes planes de crecimiento de la industria petrolera, por lo cual necesita a las trasnacionales. El costo de invitar a tales empresas extranjeras es sencillamente inaceptable porque es un pésimo negocio que le costaría al país una parte de sus hidrocarburos sin que tal entrega sea necesaria en absoluto. Pero el punto es que el gobierno reconoce que es inepto, que carece de capacidad de conducir un impulso nuevo de la exploración y la producción, es decir, que no puede hacer más de lo que ahora está haciendo en materia de hidrocarburos, así como de otras actividades productivas.

México tiene un enorme potencial de crecimiento, pero éste no podrá expresarse sin una política de impulso a la producción acompañada de reformas en el patrón de distribución del ingreso, el cual también es un freno estructural de la expansión económica.

Expropiación

La falta de política nacional del Estado en el tema de energía ha llevado a un esquema deficitario en casi todo. Si no hay un esfuerzo propio, no habrá solución de problemas nacionales porque el capital trasnacional no ha sido constituido para eso. Y así ha ocurrido: la estrategia en petroquímica ha resultado un fracaso oneroso, así como en materia de gas y de refinación, donde existen enormes deficientes, pero se queman en la atmósfera millones de pies cúbicos y se importan cantidades gigantescas de gasolina.

Los gobiernos priistas y panistas se negaron de manera necia a realizar las inversiones necesarias para superar esos rezagos mientras que Pemex generaba una inmensa riqueza y el Estado se dormía en sus laureles con el megayacimiento de Cantar, el que ha brindado a la nación colosales ganancias mal administradas.

Ahora, se plantea realizar una expropiación de recursos de la nación a favor de empresas trasnacionales para la producción de crudo y gas. Según el proyecto de Peña, el gobierno podría hacer los contratos con o sin Pemex, es decir, con operadores diferentes a ese organismo público, con lo cual la discrecionalidad en la política petrolera y en el manejo de los recursos naturales sería mucho mayor que ahora.

Mas existen otros elementos asociados. La renuncia a tomar en manos propias la política de inversiones es peor que reducirlas. Peña Nieto propone lo mismo que Calderón: contratos de producción compartida o “incentivados” pero plenamente constitucionales. Se quiere seguir haciendo lo mismo que se ha hecho hasta ahora. ¿Quiénes deciden bajo ese esquema el nivel de inversión productiva en hidrocarburos y energía eléctrica? Las trasnacionales. Cuando un Estado administrador de recursos nacionales cede la iniciativa a otros, renuncia a ejercer sus cualidades soberanas. Así ha ocurrido con el gas; así ocurrió con la petroquímica. En cierta forma, también ha ocurrido con las gasolinas que se compran en el extranjero debido a la renuncia irresponsable a emprender los proyectos que son indispensables desde hace 30 años.

Sí, insisto, la propuesta de Peña es una expropiación. Es lo mismo dar concesiones que firmar contratos de producción compartida u otros iguales, según los cuales debe pagarse al operador privado un porcentaje de la producción, en especie o en dinero, cuando todo el recurso es propio y no existe necesidad alguna de compartirlo con nadie. Estamos hablando del peor negocio que puede hacer un Estado que reivindicó el petróleo y el gas como algo nacional desde hace casi un siglo, pero se concedió a extranjeros. En 1938 se prohibieron las concesiones. Lo que se hizo en 1960 fue prohibir también los contratos de riesgo, que eran los sustitutos fraudulentos de las concesiones. Hoy, la ley prohíbe toda contraprestación determinable y todo pago con producción o con el valor de ésta, aunque los contratos “incentivados” —nulos de pleno derecho según la misma ley—se estén firmando en abierta violación de la Carta Magna. Por eso, Peña propone la reforma constitucional con el fin de eliminar la prohibición de los contratos. Después de violar la legislación se propone derogarla. ¡Así es México!

¿Cuál es el argumento de fondo de esa propuesta expropiadora? Que México no puede explorar y extraer petróleo y gas en mayores cantidades ni producir más energía eléctrica y más barata sin el concurso de las trasnacionales. ¡Falso!

Mariguana

El debate sobre las drogas prohibidas es mundial y actual. Sostener que no hay que participar porque existen otros temas más importantes como el crecimiento, la pobreza, el empleo, etcétera, es tratar de eludir algo sobre lo cual no se quiere opinar, seguramente porque se tiene una vergonzosa posición conservadora. Ése es el contenido del mensaje de Andrés Manuel López Obrador sobre el asunto, como antes lo fue en relación con la interrupción voluntaria del embarazo y los matrimonios entre personas del mismo sexo. La izquierda sin embargo está a favor de todo eso y mucho más que implique la ampliación de las libertades y la eliminación de elementos de criminalización de conductas fustigadas por la ideología dominante.

La idea penal de la ley es que la producción y comercio de ciertas drogas lesiona a la sociedad. El Estado ha decidido que las drogas son socialmente malignas, como alguna vez en Estados Unidos se consideró también al alcohol. Pero el vigente debate sobre la malignidad social de las drogas —tabaco y alcohol incluidos— no debería ubicarse en el ámbito del Código Penal.

El delito es una prescripción del Estado, el cual ha sido investido con el monopolio de decidir lo prohibido y lo lícito, lo bueno y lo malo. Se supone que el poder tiene conferida esa función por dictado del pueblo pero ya se sabe de sobra que eso no corresponde exactamente a la realidad. El comercio de opio, por ejemplo, no solo estuvo permitido sino que se impuso a China mediante una guerra por parte de Gran Bretaña. En la actualidad la mayoría de los estados nacionales y la ONU reprueban producción, tráfico, comercio, posesión y consumo. Sin embargo, esas actividades van en aumento, generan una inmensa delincuencia y promueven la corrupción de los gobiernos encargados de combatirlas.

La legalización de las drogas es la única forma de intentar la regulación de la producción y el comercio de las mismas por parte del Estado. No existe otra manera. Sin embargo, pocas voces se levantan para decir las verdades mundiales. Una de ellas es la de Uruguay, país que se ha limitado a la mariguana, que es la droga de mayor consumo interno.

En México, Fox y Calderón intentaron penalizar el consumo de drogas pero el Congreso se negó y expidió una ley que permite la posesión y uso personal de las mismas a pesar de las protestas del gobierno de Estados Unidos. Hoy, el debate es más fuerte y ha surgido como algo local en la Ciudad de México, lo cual tiene sus problemas jurídicos. Los delitos contra la salud comprenden la producción y comercio de estupefacientes, dentro de los cuales se encuentra la mariguana. Es decir, se trata de un delito federal. Si se quiere despenalizar esa droga o cualquier otra, se debe modificar la legislación federal.

El otro gran problema es el de Estados Unidos. Hay cosas que México no puede resolver nomás porque quiera. Una de ésas es la de las drogas. El gobierno estadunidense es uno de los más dogmáticos a pesar de que varios estados han venido asumiendo normas propias y se anuncian cambios en otros más. Por tanto, el primer asunto es el de la posición oficial del gobierno mexicano frente al problema. Si ésta fuera favorable a un control estatal de la producción y comercio de estupefacientes, se abriría un debate nuevo en el mundo y Estados Unidos —el mayor consumidor— tendría que sentarse a negociar seriamente.

El PAN apesta a gas

La propuesta de reforma constitucional presentada por el Partido Acción Nacional contiene algo de lo que hace unos años Calderón envió al Congreso con muy poca suerte, pero contiene mucho más que entonces. Si el PAN siendo gobierno no se atrevía a proponer una reforma a la Carta Magna, ahora el PAN en la oposición pretende hacer de las empresas nacionales de energía algo así como unas compañías privadas con participación pública. Sin embargo, sus voceros han dicho algunos disparates, como era de esperarse.

Francisco Domínguez, senador del blanquiazul, dijo que la “apertura de la inversión a particulares” no contiene la privatización ni la pérdida del dominio de los recursos del Estado. Habrá que explicar ahora que vender acciones de una compañía petrolera del Estado no es una privatización y cómo la inversión directa en un organismo que administra los yacimientos de hidrocarburos no es un traslado de dominio. Se puede decir lo que se quiera, claro está, pero no será posible nunca sostener que lo propuesto no es lo propuesto sino algo que nadie podría definir. Ésta es, por lo visto, una derecha oligofrénica, pues sus condiscípulos de otros lugares del mundo siempre le han llamado privatización con todas sus letras.

El novel coordinador de los senadores panistas, Luis Preciado, dijo que era un día histórico para el PAN porque se presentaba una reforma que, sin duda, cambiará la vida económica del país y la vida de los mexicanos. Además de buscar privatizar los yacimientos, el PAN se quiere envolver en la bandera nacional y anunciar un cambio en la vida de los mexicanos a partir de una nueva política de energía.

Ya en el ridículo de la inconsecuencia, el PAN quiere sacar a los líderes del sindicato del Consejo de Administración de Pemex, lo cual fue rechazado por ese partido en la anterior reforma. Que el PRI dijera entonces que los charros petroleros no podían ser tocados ni con una gota de decencia era comprensible, pero que lo dijeran también los legisladores panistas que, hoy, están proponiendo eliminar lo que antes apoyaron con los peores argumentos es una especie de transmutación política.

El PAN de plano se quiere ir por la reforma de la Constitución bajo el argumento de que al privatizar se incrementa la renta petrolera. Pero ésta es la parte de la ganancia que el Estado recibe como consecuencia de su posesión de un bien monopolizable y monopolizado. Por tanto, el nivel de la renta lo determina el Estado mismo. Esa parte del valor del producto —la renta— no podrá aumentar por más que los capitalistas privados inviertan en la industria pero acaso deberá disminuir en términos relativos en tanto que la participación privada en la extracción de los hidrocarburos implicaría una reducción de los gravámenes por barril producido.

El peor negocio de un país consiste en compartir los recursos que ya tiene como Estado y darlo a otros. El argumento al respecto es que los privados administran bien mientras los burócratas son puros ladrones. Antes que perseguir a los corruptos se busca el regalo de los bienes nacionales. Pero los hidrocarburos no son cualquier bien nacional sino uno que se va a acabar, que es un recurso natural no renovable y finito. Eso es lo que el PAN quiere rematar.