Archivo por meses: julio 2013

¿Informalidad, enemiga?

En acto de pura parafernalia, el gobierno federal anunció una campaña a favor del empleo formal y para dejar atrás —se dijo— a esa enemiga de los trabajadores que es la informalidad. Por lo visto, si no fuera por el trabajo informal, la mayoría de los trabajadores carecería de enemigo pero también de empleo.

El empleo informal es irregular en tanto que está fuera del sistema fiscal y de la ley laboral, pero es del todo regular al tener un enorme peso en la economía y ser producto del sistema social. Es la válvula de escape de un capitalismo extremista en el que imperan los bajos salarios —eso sí, muy formales— y una pésima distribución del ingreso. Sin trabajo informal no podría funcionar ese capitalismo bestial porque el sistema formal carece de capacidad para crecer al ritmo de la realidad social.

Como es obvio, no hay otra forma de bajar la cifra de informalidad más que aumentando relativamente la de formalidad, pero para ello se requieren más empleos y mejores salarios, lo cual es justamente lo que no ocurre ni es parte de la política general del gobierno. Lo peor del acto de parafernalia fue que se realizó apenas se dieron a conocer las cifras del empleo formal, que van a la baja.

Otro problema es que la informalidad es producto también de la economía ilegal, es decir, de aquella que es formal e informal a la vez. Todo el outsourcing era hasta hace poco ilegal y lo sigue siendo en tanto que, entre otras cosas, no se pagan contribuciones de seguridad social. Empresas que tienen a la vez trabajadores formales e informales están en la economía informal sin que ningún gobernante se preocupe en lo más mínimo. ¿Qué son por ejemplo los cerillos de los supermercados sino personas sujetas a una relación de trabajo en la que se les admite, se les dirige y se les despide por la empresa? Mas existen otros sistemas mucho más extendidos sin que se les denuncie, mucho menos por ese sindicalismo gremialista que no mira más allá de su propio contrato.

Mientas tanto, en amplias zonas del campo predomina la informalidad con jornaleros sin derechos y con muy bajos salarios que son sometidos a contratos verbales tanto por pequeños propietarios como por ejidatarios que en sí mismos están en la economía formal y promueven la informal. Tiempos de siembras y de cosechas son momentos en los cuales la parte agraria del país se mira en el espejo del capitalismo del siglo XVIII.

¿El gobierno va a perseguir la informalidad que existe dentro de la formalidad? Claro que no. El gobierno lamenta el trabajo informal pero no hará la menor acción política concreta contra el mismo. México es en muchos aspectos un país informal donde es irrisoria la parafernalia del Estado, es decir, su formalidad oficial solemne. Se hacen muchas ceremonias pero no existe una política social de profundidad. Es más, sin el nivel de la llamada informalidad económica no existiría el sistema actual que ha sido incapaz de ofrecer empleo a la mayoría.

Así, el verdadero mayor enemigo de los trabajadores es el capitalismo desregulado y depredador. El gobierno de las parafernalias es su mejor aliado.

Desavenencias en los partidos

Después de las elecciones locales de 13 entidades, como era de esperarse, han resurgido las desavenencias en los principales partidos de la oposición. Pero no hay debate político amplio, sino circunscrito al llamado Pacto por México.

En efecto, el gobierno incumplió y sigue incumpliendo el adendo del Pacto, con lo cual asume la responsabilidad del hundimiento de éste, ya que quien no respeta lo firmado no puede aspirar a seguir signando ilegítimos documentos con sus interlocutores. Pero, más allá de las inconsecuencias gubernamentales, el debate sobre la validez del instrumento llamado Pacto sigue siendo actual.

El Pacto no es un acuerdo de gobierno y ni siquiera legislativo. Es un mecanismo de negociación política, el cual no se puede llevar a cabo en el Congreso, como ya se ha visto. La llamada parálisis legislativa es un fenómeno recrudecido, pues las cámaras no se han puesto de acuerdo en temas muy importantes tales como la réplica, el fuero, la publicidad gubernamental, la ley de sueldos y un largo etcétera. Hay más de cien minutas congeladas, lo cual es inconstitucional.

Esa parálisis tiene su causa en la situación de los partidos, no sólo en los de oposición, sino también en el gubernamental. Ninguno tiene una dirección con firme liderazgo dentro y fuera del Congreso. El PRI sigue bajo los designios de sus gobernadores, como antes. El PAN se ha seccionado dentro y fuera de las cámaras. El PRD no ha podido llegar a una propuesta política nacional única y a un acuerdo sobre sus métodos internos.

El Pacto es un esfuerzo por llegar a acuerdos políticos, aunque sin la menor garantía de que éstos se produzcan. Pero la izquierda no puede ser una fuerza que avance por dar la espalda al diálogo que siempre ha exigido. Quienes se han negado a ordenar la lucha política mediante el debate, los desacuerdos y los acuerdos abiertos y dignos han sido justamente los gobernantes priistas y panistas. La lucha entre partidos no tiene por qué llevarse con acuerdos poco claros. En este año, la oposición ha seguido siéndolo con sus propias limitaciones e incapacidades sin que estorbe en absoluto ese listado de temas y esa mesa inestable de negociaciones a la que le llaman Pacto por México. Hallar en éste la causa de los fracasos es pura pereza intelectual o franco interés en tomarse la dirección partidista, más aún cuando sus impugnadores estarían en la misma mesa que critican si fueran los dirigentes de sus respectivos partidos. Cordero, de plano, se confesó al declarar que su proyecto de reforma política será enviado a Peña Nieto. Cualquiera diría que es mejor una mesa formal de negociación que unas peticiones epistolares al Ejecutivo.

No es exagerado decir que sin el Pacto no hubiera sido posible aprobar en el Congreso la reforma de telecomunicaciones.

El Pacto puede hacer agua, pero que sea por indolencia del gobierno y el desconocimiento de la firma propia por parte de Peña Nieto, sin que la oposición tenga ahora que asumir el boicot al diálogo político de manera oscura, es decir, sin reconocer a las claras que tal diálogo no es fructífero, hoy y aquí, en el Congreso. La mesa del Pacto puede suspenderse cualquier día ante desacuerdos insalvables —como el tema petrolero—, pero entonces tendría que saberse la causa de interés nacional y social que estuviera impidiendo el diálogo entre oposición y gobierno. Esa sería otra historia.

La tragicomedia de Snowden y Obama

Con la generalización del internet y, en general, de las tecnologías de la comunicación se ha producido también una revolución en la política. Los gobiernos cubren el amplio espectro abierto con sofisticados mecanismos de espionaje, pero no sólo espían a sus enemigos, sino también a sus amigos. Como antes, Estados Unidos es la principal potencia del espionaje mundial, pero también la más vulnerable.

El asunto Snowden ha ido de la tragedia de los servicios secretos estadunidenses hasta la más increíble comicidad internacional. Entre asombro e hilaridad, el mundo confirma un viejo supuesto que consiste en que nadie se ha escapado del espionaje, pero lo que no habíamos visto es a un gobierno haciendo tantos desfiguros. Varios gobernantes europeos hicieron lo que nunca se había hecho: bloquearon el vuelo de un presidente dentro de un operativo internacional que no pudo ser más que ideado en Washington después de que Obama había dicho que no movería sus poderosos aviones de guerra para ir por Snowden. Pues bien, lo que Obama logró, por increíble que parezca, fue cerrar el espacio aéreo de varios países, a los cuales su propio gobierno espía de manera ilegal, para tratar de averiguar si en el avión presidencial boliviano viajaba precisamente quien ha denunciado el ilícito espionaje.

Mientras, Snowden está, al parecer, en Moscú sin protección oficial de ningún país, en tránsito hacia dónde nadie sabe, cuando Obama envía mensajeros para convencer a algunos gobiernos de que deben negar el asilo a un personaje que encarna el contraespionaje por cuenta de él mismo. Esos espías de nadie, como Bradley Manning y el mismo Edward Snowden, son una especie de reciente aparición que antes nadie se podía imaginar. La causa que enarbolan es la transparencia, el desvelar secretos de Estado y, sobre todo, aquellos actos de espionaje contra gobiernos y personas que realiza el espía mayor del mundo.

El espionaje siempre ha sido una actividad de Estado y de algunos otros poderosos, para tomar ventaja frente a los demás o prevenir daños. Pero el espionaje en las redes de información y comunicación está prohibido en términos generales, es decir, cuando se hace sin control judicial, tal como lo indican las revelaciones de Snowden. Entre los gobiernos, esa ilegalidad es un valor entendido, es decir de sencilla y tolerada ejecución, pero cuando un espía de nadie sino de sí mismo la pone al descubierto, la justicia se vuelca en su contra en lugar de perseguir a quienes violaron las leyes mediante el espionaje ilícito.

Sí, en efecto, Manning y Snowden son espías de la humanidad y en cuanto tales están sujetos a las leyes dictadas por quienes realizan el espionaje y, por tal motivo, deben comparecer ante los tribunales, pero quienes realizan los actos ilícitos de origen, los que ocultan informaciones que deberían ser públicas, los que se entrometen en la vida privada de cualquiera, los que poseen informaciones de pretensiones y actos de gobiernos “amigos” (Estados Unidos no tiene amigos, sino intereses, ya se ha dicho), los que violan las leyes internacionales, ésos no deben enfrentar la justicia, porque ellos son la justicia. Ese mundo no es desconocido por nadie, el problema es cómo superarlo.

Otra vez, el petróleo

En casi todos los países, el dueño del suelo no lo es del subsuelo. Por tanto, la nación es propietaria de lo que está debajo hasta el centro inexpugnable de la Tierra. México es uno de ésos. Pero lo es desde antes de la expropiación de los bienes de las compañías petroleras, las cuales operaban como concesionarias: Cárdenas les expropió sus bienes mas no los yacimientos, que ya eran de la nación.

Nadie, ciertamente, pide que ese régimen jurídico de propiedad sea modificado, pero sólo aparentemente. Lo que se busca es que los productos posibles del subsuelo —como ocurre con la minería— sean concesionables, pero no directamente como antes del decreto del general Cárdenas, sino de manera indirecta, lo cual quiere decir engañosa, tramposa. Y, para ello, hay maneras de privatizar sin decir que se privatiza.

Los contratos de riesgo, prohibidos por la Constitución, tienen ahora otro nombre: “contratos incentivados”. La dificultad estriba en que éstos no están permitidos por la ley, por lo cual todos los firmados hasta ahora por Pemex son, como dice la norma vigente, “nulos de pleno derecho”.

Dichos “contratos incentivados” no sólo abarcan obras de exploración y perforación, sino también la producción durante todo el tiempo en que el pozo esté activo. Así, el concesionario opera para siempre y cobra según la capacidad productiva del yacimiento.

Para abrir la industria petrolera más allá de la prestación de servicios concretos con contraprestaciones determinadas —como dice la ley vigente— se necesita cambiar la legislación si se quiere llevar la práctica ilegal al plano de la legalidad, aunque nunca de la constitucionalidad. Es por ello que se ha planteado la reforma de la Carta Magna.

Privatizar no quiere decir por fuerza la conversión de Pemex en una sociedad anónima con o sin mayoría del capital privado, sino abrir la ganancia industrial petrolera —todos los hidrocarburos— al capital privado. Es pueril ese argumento tan repetido de que no se quiere privatizar, sino compartir con el capital privado un recurso que es propiedad de la nación. El país que concesiona comparte y el que “incentiva” también comparte: es lo mismo con denominación diferente.

Lo que se busca, en síntesis, es ir al fondo del Golfo de México a buscar crudo con la “ayuda” de las transnacionales, las cuales exigen contratos de riesgo: me pagas por lo que extraigo; si el pozo está seco no pagas nada. Pero la Constitución y la ley prohíben ese trato: no se puede pagar a un contratista con base en el volumen de lo producido ni en su valor, sino por la obra realizada con independencia del hidrocarburo, tal como se hace al contratar la construcción de un puente en cualquier remoto lugar.

El argumento es que el Estado no tiene recursos para aumentar, sin endeudamiento, las inversiones en la industria petrolera. Pero es que los ingresos de Pemex se los come el gasto corriente del gobierno federal, por lo que ese organismo público carece de suficientes recursos propios de inversión. El gobierno federal cubre gran parte de su gasto corriente con petróleo: así de simple.

Nota para los periodistas y comentaristas falsarios por acelere, ignorancia, cochambre ideológico o conveniencia: privatizar no sólo es vender propiedad pública, sino también entregar a privados una riqueza nacional.