Archivo por meses: Diciembre 2009

Discriminación

La Constitución prohíbe toda discriminación motivada por las preferencias. Esto abarca a las preferencias sexuales y sus consecuencias civiles. Pero dice Norberto Rivera Carrera que no puede estar ninguna ley humana por encima de un orden instituido por Dios desde la creación del mundo, es decir, el matrimonio sólo entre personas de sexos diferentes.

Al margen de que todos sabemos, incluido el clero, que el matrimonio no surgió con la humanidad, sino aquél de ésta, el gran problema que seguimos teniendo es que muchos obispos no admiten la existencia del Estado laico, no admiten que las leyes se dicten con independencia de las creencias religiosas y mucho menos aceptan la democracia política.

Es obligación de las autoridades garantizar el derecho de cualquier persona y asociación para profesar su religión, pero es también obligación de todo mexicano admitir el predominio de la Constitución aunque no se esté de acuerdo con ella. Decir que las leyes humanas no pueden contradecir las creencias religiosas es pretender que tales leyes se subordinen al clero y, por tanto, es tratar de imponer otras leyes, las divinas, con lo que se rompería con la libertad religiosa, ya que se negaría, así, el derecho a no plegarse a los mandamientos eclesiales, el cual forma parte de aquella libertad.

El matrimonio es expresión de la capacidad de las personas para convenir entre ellas. Es, además, un acto lícito. Por tanto, el Estado está obligado a atestiguar el pacto matrimonial sin discriminación alguna y a otorgarle plenos efectos jurídicos.

En realidad, la cuestión no tiene que ver con las ideas de los obispos sino con la actitud de muchos de ellos de querer imponer sus dictados a los demás. La iglesia no está obligada a reconocer el derecho de dos personas del mismo sexo a unirse bajo el estado civil, como tampoco admite otros derechos, tales como el divorcio, el aborto, la procreación fuera del matrimonio, el profesar cualquier otra religión o no profesar ninguna y hasta el uso del condón. El atraso del clero en materia de reconocimiento de derechos y de no discriminación es cosa suya y nunca del Estado. Pero, al mismo tiempo, las leyes humanas suelen hacerse sin el consentimiento del arzobispo, de lo cual ya era hora que éste se diera cuenta.

Ahora bien, este problema tiene que ver con la democracia. El principio de la mayoría no tiene vínculo alguno con el alto clero católico. Éste es monárquico. Para los obispos, la mayoría no dicta la norma sino sólo ellos, especialmente el sumo pontífice, es decir, el monarca. De aquí el desprecio del Episcopado a las decisiones mayoritarias. La falta de compromiso de la Iglesia Católica –el alto clero– con la democracia es la fuente de constantes diferendos, no sólo con la sociedad política sino también con la sociedad civil e, incluso, dentro de la iglesia misma.

Luego, el arzobispo pide una declaración de inconstitucionalidad de las recientes reformas al Código Civil de la Ciudad de México, pero no repara en el carácter anticonstitucional de su propia pretensión al querer subordinar al Estado desde la iglesia. No existe un pacto entre los obispos y el Estado, pues el respeto que éste les otorga no tiene una contraparte del lado del alto clero. Vivimos, así, una relación malsana. De un lado, el pragmatismo del Episcopado le lleva a querer que la Constitución se interprete a su gusto. Del otro, está vigente el compromiso constitucional de la libertad religiosa.

En este debate, hay que hacer abstracción del artículo 130 de la Carta Magna en lo que toca a la prohibición a los sacerdotes de oponerse a las leyes del país o a sus instituciones en reunión y en actos de culto o de propaganda religiosa. Este precepto es un abuso pues los ministros de culto deberían tener las mismas libertades que los demás ciudadanos. Si el arzobispo amenaza con la ex comunión, que no se le amenace a él con una multa, la cual sería más onerosa.

¿Qué propone Calderón?

Después de tres años de gobierno y de haber perdido la elección intermedia del sexenio, Felipe Calderón ha presentado su propuesta de reforma del sistema político de la Constitución. De los diez puntos, sólo dos significarían cambios trascendentes en el subsistema de partidos: las candidaturas independientes y la segunda vuelta en la elección de presidente de la República.

El primero de ellos –las candidaturas independientes– se encuentra en el programa del PRD pero no en el del PAN, como tampoco en el del PRI. Éste sería un cambio positivo de mucho fondo pues le arrancaría a los partidos el actual monopolio que ostentan y pondría en cuestión el carácter de franquicias que tienen todos ellos.

El segundo –la doble vuelta– es una forma de bregar a favor de un sistema bipartidista y, en consecuencia, de combatir el pluralismo político, aunque sea en forma tendencial. Sería, por tanto, una manera de obligar a una parte del electorado a votar por alguno de sus adversarios políticos en la segunda vuelta que, en México, probablemente se llevaría a cabo en cada ocasión, como ocurre con la mayor frecuencia en los países que tienen ese sistema. Pero además, hay un plan con maña que no existe en ninguna parte: la segunda vuelta se realizaría en la misma fecha que la elección de legisladores con el evidente propósito de que los dos candidatos finalistas se lleven casi todos los votos y dejen fuera de las cámaras a los demás. Esta genialidad es un monstruo político antidemocrático, es la inducción del voto para elegir Congreso a través de la Constitución misma, la que dice reconocer el pluralismo político de la sociedad.

La reelección de legisladores y ayuntamientos es una tímida forma de abordar el asunto. ¿Por qué sólo de ésos? No se responde. En verdad, no existe ningún argumento sólido en contra de la reelección inmediata –ya existe en forma intermitente para tales cargos—como no sea la realidad política de México, es decir, el carácter más o menos autoritario de los partidos y, sobre todo, el hecho de que la mayoría de la gente no la quiere. Quizá la obligación de los partidos de hacer elecciones primarias directas–como en Argentina—podría ser una solución al tema de la reelección, pero esto último no se encuentra en la propuesta.

La disminución del número de diputados implicaría el agrandamiento de los distritos electorales –de 300 a 240—con lo cual sólo se alejaría a los diputados de sus ya lejanos electores. En cuanto al Senado, la eliminación de la lista nacional sólo traería como consecuencia que más electores dejen de hacerse representar en ese órgano del Congreso.

A partir de aquí todo tiende a ser peor. El referéndum al estilo de Pinochet, para votar exclusivamente iniciativas de reforma constitucional del presidente de la República, sería un acto dictatorial en plena forma. Además, la capacidad del Ejecutivo de legislar cuando el Congreso no vote sus iniciativas sería una antinomia dentro de la Constitución, la cual prohíbe que el poder Legislativo se deposite en una sola persona.

En cuanto al llamado veto parcial, se trata de una facultad mayor del Ejecutivo y una disminución de la fuerza del Congreso, mientras que la reconducción presupuestal es de corte eminentemente conservadora: dejar las cosas como estaban el año anterior.

El aumento del dos al cuatro por ciento para que un partido mantenga su registro es parte de la tendencia hacia la reducción del pluralismo político. El derecho de iniciativa de la Suprema Corte es absurdo cuando ésta es ya un tribunal constitucional.

Finalmente, en cuanto a la iniciativa ciudadana, ésa es una buena propuesta perredista, pero lo más destacado es que no se propone el referéndum como instrumento del pueblo para derogar disposiciones de carácter general ni se admite la revocación del mandato, ambas, también, propuestas del PRD.

En síntesis, en México no hay derecha democrática.

Carstens, reprobado

Agustín Carstens está reprobado. Su calificación proviene de haber hecho caso a Calderón en todo, aunque, ciertamente, él es también artífice de todo. El ex secretario de Hacienda dijo que México sufriría un catarro cuando el mundo iba a tener tremenda gripe o pulmonía. En realidad, nuestro país sufrió más que el resto del planeta: somos el primer lugar en recesión económica en 2009. Esto ya sería suficiente motivo para impedir que Carstens ocupara la dirección del Banco de México. ¿Qué confianza puede tener el Senado para confirmar a una persona que se equivoca tan groseramente en un tema tan importante para su país?

Pero la reprobación más importante es la que se desprende de la consecuencia del error de cálculo sobre la crisis: el gobierno mexicano no puso en marcha ningún programa o plan para esquivar la crisis económica del 2009 –iniciada en 2008–, sino que navegó con la idea de que las crisis se superan solas, la cual es cierta, pero se soslayó que el mayor problema no es la crisis misma sino la fuerza y naturaleza de ésta y, por tanto, la manera de hacerle frente. Aquí la reprobación es de cero de calificación.

Existe al mismo tiempo un problema de constitucionalidad. El Banco de México es autónomo según reza de ley fundamental. Un destripado del gabinete de Calderón –Carstens—no debería asumir la dirección del banco pues representa al gobierno, ha sido parte de éste durante tres años, es autor de la política hacendaria. Se trata, en efecto, del ministro de Finanzas del gobierno que ahora es postulado para director del banco central, teóricamente autónomo. ¡Qué expliquen este contrasentido, por favor!

Es verdad que Zedillo hizo eso mismo con Ortiz –ante la protesta del PAN, entre otros– pero eso no justifica que lo haga Calderón. Este último decidió remover a Carstens y le busca un premio de consolación, un puesto que sustituya el que hasta hace unos días tenía en el gabinete. ¿Es esto admisible? Si lo es, ¿bajo qué punto de vista?

Ya sabemos que muchos comentaristas dirán que Carstens es la gran cosa, un economista destacadísimo. Pero ese señor no es un economista, es un financista, que no es lo mismo, y el Banco de México no es una institución privada; bueno, eso se piensa.

Mas Calderón, quien vive de espaldas al país, postula a Carstens sin el menor rubor. Él debe pensar que el Banco de México, como el Inegi, está hecho para recibir a los destripados de su gobierno. Pero existe otro punto de vista. Tanto el banco como el Inegi son organismos de Estado que no deben recibir a los militantes del gobierno, subordinados del presidente en turno, sino a personas que por su trayectoria hayan prestado servicios al Estado sin militar en el gabinete legal que se encuentra en funciones. Carstens ha llegado al límite del cinismo: ha dicho que él irá a donde lo mande su jefe, Calderón, y que está bajo las órdenes del mismo. ¿Y la cacareada autonomía del Banco de México, tan exigida y luego proclamada por el mismísimo FMI?

Carstens fue el negociador de la reciente reforma fiscal, es decir, un aumento de impuestos en plena recesión, y sostuvo que esa era la línea correcta que el mundo entero iba a seguir en lo sucesivo. Superó al FMI, donde militó durante años. Y éste es otro problema de la postulación de Carstens: él es también un hombre del FMI. Una quintacolumna amenaza al banco central mexicano, se llama Carstens.

Por último, una pregunta pertinente: los críticos o sedicentes críticos de la política económica del actual gobierno, ¿tendrán algún argumento para votar a favor de Carstens o los motivos verdaderos no se pueden confesar?

No te rajes Juanito

El título de este artículo es el lema de toda la derecha antidemocrática y del periodismo afín. Desde hace meses, se ha insistido en caricaturizar la maniobra electoral en Iztapalapa y a sus protagonistas. Pero el valor del sufragio no ha aparecido todavía en el razonamiento de esa derecha que se llena la boca con la palabra democracia pero que la combate en la práctica cada vez que puede. El PAN ha llegado a condicionar su voto a favor de la remoción de Rafael Acosta a que Clara Brugada quede fuera.

Iztapalapa es una expresión de la caducidad de las instituciones mexicanas. Del monopolio de los partidos en la postulación de candidatos. De la bancarrota del tribunal electoral que nombra candidatos. De los poderes constitucionales que declaran que nada tienen que ver en el asunto. De la mayor parte de la prensa que se dedica a echar relajo con el asunto.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (nombre largo para tan cortas luces) hizo el cómputo de una elección interna de un partido y declaró a una candidata ganadora cuando ya no podía haber cambios en los registros ni se podían imprimir nuevas boletas, todo lo cual ubicó a los magistrados en el plano de la prevaricación. Se creó entonces un problema político singular: el PRD se presentaba con una candidata que no era la suya propia y cuyo nombre no aparecía en la boleta junto al logotipo de su partido; en la boleta, la candidata era Clara Brugada. El PT se presentaba con un candidato que no lo era en realidad, sino que prestaba su registro para que la gente pudiera votar por Clara Brugada, despojada de la candidatura del PRD. Los electores que votaron por el PRD y Clara Brugada, votaban en realidad por Silva Oliva; los electores que votaban con Rafael Acosta y el PT votaban en realidad por Clara Brugada, quien al final recibió mayor cantidad de votos y no hubo impugnaciones.

Ahora, nuestros ilustres derechistas, con partido declarado o con partido sin declarar, dicen que el problema fue creado por López Obrador y algunos se atreven a retarlo a que lo arregle. No, no es amnesia lo que padecen sino interés político. Quien creó el problema fue el tribunal, punto. Sin embargo, el insigne periodismo mexicano ya olvidó hasta el nombre del colegiado de magistrados que opera en la sombra y designa candidatos, no sólo del PRD, por cierto.

No te rajes Juanito es la voz que se esparce, pero el tal Juanito ya se rajó. Ha incumplido su solemne compromiso de no asumir el cargo, jurado ante miles de personas y cámaras de televisión varios días antes de la elección. Cuando se hizo el pacto con el PT y Rafael Acosta, yo mismo le pregunté a éste en conferencia de prensa si estaba dispuesto a cumplir con su compromiso y afirmó que sí, que sin duda. Sin embargo, al margen de gandalleces en un país de políticos gandallas, la cuestión sigue siendo la misma: el sufragio.

Una mayoría votó por Clara Brugada, luchadora social de toda su vida, especialista en el tema de desarrollo social y lucha contra la pobreza, destacada profesionista, dos veces diputada federal, coautora de la ley de desarrollo social, actual senadora suplente por el Distrito Federal, entre otras muchas distinciones. ¿Es aceptable que el voto mayoritario sea desconocido a la voz de no te rajes Juanito? ¿Se puede estar de acuerdo con ese acto de gandallez, alentado por gandallas dentro de la más pura tradición política mexicana? Ah, la ley, se dice. ¿Y el voto? ¿Y la gente que votó? ¿Y la mayoría? Vamos, estos no son temas para esa derecha antidemocrática que toma del viejo régimen los textos sagrados no escritos de la gandallez política, de la burla al electorado.

Frente al intento de fraude, ahora de quinto piso, debe reivindicarse el hecho evidente de que el pueblo de Iztapalapa votó y Clara Brugada ganó.