En cualquier parlamento la mayoría tiene el poder de bolsa. Pero no en cualquier parte esa mayoría tiene la capacidad o el talento político para ejercer su prerrogativa. En México, la coalición PRI-PVEM en la Cámara administró de la peor forma su fuerza mayoritaria, no supo hacer un presupuesto ni negociarlo con los sujetos del gasto. Todo fue una rebatinga y una forma nefasta de llegar a arreglos de la mano de la Secretaría de Hacienda.
¿Por qué el PRI, con su aliado PVEM, no pudo diseñar una política de gasto? Porque carece de una cualquiera. Para el PRI, el presupuesto es un instrumento de reparto entre facciones políticas. No más. Así se modificó el proyecto inicial de Calderón –de por sí carente de rumbo– para asignar recursos en función de quienes los pedían y no de qué se iba a hacer con los mismos. Hay dos métodos: el priista, que consiste en conceder solicitudes de poderosos, y el normal, digamos, de elaborar las prioridades de gasto en función de un programa nacional.
La educación no es una prioridad para Calderón pero tampoco para el PRI. Durante años, los dos sucesivos gobiernos panistas han enviado proyectos de recorte al gasto educativo, especialmente a la educación superior. La Cámara ha tenido que buscar dinero de donde se ha podido para otorgar la misma cantidad del año anterior y, algunas veces, hemos logrado incrementar ese gasto pero nunca en la cantidad necesaria. Esta trampa ha sido utilizada para obligar a los diputados a dirigir los recursos no previstos en el proyecto original hacia los renglones de gasto más importantes. Pero ahora casi no hubo diferencia entre la cantidad de gasto total propuesta por el Ejecutivo y el cálculo final del ingreso. De esta forma, las negociaciones sobre el presupuesto fueron de reasignaciones dentro del proyecto original: quitar aquí para poner allá.
La mayoría priista de la Cámara volvió a caer en la trampa a pesar de su experiencia porque carecía de proyecto propio y liderazgo. En lugar de rehacer el presupuesto, negoció durante días con Hacienda para recortar algunas asignaciones con el propósito de satisfacer las peticiones de sus propios gobernadores y de instituciones y organizaciones que hubieran sido demasiado afectadas con la aprobación del proyecto de Calderón.
El PRD estuvo en la banca sin poder entrar a la cancha, pero al final se le hicieron pequeñas asignaciones a las entidades gobernadas por ese partido y a algunas instituciones públicas. El método no cambió, sin embargo, y todo siguió siendo una rebatinga.
El primer año en que el PRI –con el PVEM– es mayoría en la Cámara todo ha sido un desastre. No podía ser de otra forma con una congregación política que carece de proyecto de rumbo nacional pero defiende poderes políticos locales y grandes intereses económicos. Desde la discusión de los ingresos todo fue una mala conducción política: el PRI (mayoría) votó el aumento del IVA y culpó a la minoría (PAN) de haberlo aprobado. En el Senado el asunto se volvió ridículo cuando el PRI se desapareció del salón de sesiones en el momento de la votación de la tasa al valor agregado para que la minoría panista senatorial la confirmara. En síntesis, la nueva mayoría no se ha hecho responsable de sus actos y tampoco parece querer explicar la rebatinga presupuestal. ¿Qué quiere entonces?
El descrédito del gobierno de Calderón parece apuntar a un fortalecimiento del PRI, es decir, la reposición de un poder priista en Los Pinos. Pero ya el PRI no es el mismo en cuanto a su verticalidad y liderazgo. De aquí la rebatinga y la ausencia de proyectos comunes. En conclusión, la política del país está de pronóstico reservado.