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Mayoría parlamentaria para la rebatinga

En cualquier parlamento la mayoría tiene el poder de bolsa. Pero no en cualquier parte esa mayoría tiene la capacidad o el talento político para ejercer su prerrogativa. En México, la coalición PRI-PVEM en la Cámara administró de la peor forma su fuerza mayoritaria, no supo hacer un presupuesto ni negociarlo con los sujetos del gasto. Todo fue una rebatinga y una forma nefasta de llegar a arreglos de la mano de la Secretaría de Hacienda.

¿Por qué el PRI, con su aliado PVEM, no pudo diseñar una política de gasto? Porque carece de una cualquiera. Para el PRI, el presupuesto es un instrumento de reparto entre facciones políticas. No más. Así se modificó el proyecto inicial de Calderón –de por sí carente de rumbo– para asignar recursos en función de quienes los pedían y no de qué se iba a hacer con los mismos. Hay dos métodos: el priista, que consiste en conceder solicitudes de poderosos, y el normal, digamos, de elaborar las prioridades de gasto en función de un programa nacional.

La educación no es una prioridad para Calderón pero tampoco para el PRI. Durante años, los dos sucesivos gobiernos panistas han enviado proyectos de recorte al gasto educativo, especialmente a la educación superior. La Cámara ha tenido que buscar dinero de donde se ha podido para otorgar la misma cantidad del año anterior y, algunas veces, hemos logrado incrementar ese gasto pero nunca en la cantidad necesaria. Esta trampa ha sido utilizada para obligar a los diputados a dirigir los recursos no previstos en el proyecto original hacia los renglones de gasto más importantes. Pero ahora casi no hubo diferencia entre la cantidad de gasto total propuesta por el Ejecutivo y el cálculo final del ingreso. De esta forma, las negociaciones sobre el presupuesto fueron de reasignaciones dentro del proyecto original: quitar aquí para poner allá.

La mayoría priista de la Cámara volvió a caer en la trampa a pesar de su experiencia porque carecía de proyecto propio y liderazgo. En lugar de rehacer el presupuesto, negoció durante días con Hacienda para recortar algunas asignaciones con el propósito de satisfacer las peticiones de sus propios gobernadores y de instituciones y organizaciones que hubieran sido demasiado afectadas con la aprobación del proyecto de Calderón.

El PRD estuvo en la banca sin poder entrar a la cancha, pero al final se le hicieron pequeñas asignaciones a las entidades gobernadas por ese partido y a algunas instituciones públicas. El método no cambió, sin embargo, y todo siguió siendo una rebatinga.

El primer año en que el PRI –con el PVEM– es mayoría en la Cámara todo ha sido un desastre. No podía ser de otra forma con una congregación política que carece de proyecto de rumbo nacional pero defiende poderes políticos locales y grandes intereses económicos. Desde la discusión de los ingresos todo fue una mala conducción política: el PRI (mayoría) votó el aumento del IVA y culpó a la minoría (PAN) de haberlo aprobado. En el Senado el asunto se volvió ridículo cuando el PRI se desapareció del salón de sesiones en el momento de la votación de la tasa al valor agregado para que la minoría panista senatorial la confirmara. En síntesis, la nueva mayoría no se ha hecho responsable de sus actos y tampoco parece querer explicar la rebatinga presupuestal. ¿Qué quiere entonces?

El descrédito del gobierno de Calderón parece apuntar a un fortalecimiento del PRI, es decir, la reposición de un poder priista en Los Pinos. Pero ya el PRI no es el mismo en cuanto a su verticalidad y liderazgo. De aquí la rebatinga y la ausencia de proyectos comunes. En conclusión, la política del país está de pronóstico reservado.

La propuesta política de AMLO

Ante más de cien mil personas, López Obrador ha lanzado una propuesta política. El hecho es significativo por dos motivos. Primero, porque no lo había hecho desde el movimiento postelectoral del 2006. Segundo, porque aborda los principales aspectos de la crítica situación del país.

Los diez puntos de Andrés Manuel son en verdad una propuesta política, es decir, un planteamiento de acción, una convocatoria de unidad de fuerzas, una forma de abordar la crisis de México y un método para resaltar los problemas más importantes de la nación en la búsqueda de soluciones auténticas y viables.

El primer punto se refiere al Estado democrático y social de derecho, aspecto central del programa del PRD y elemento sin el cual es imposible emprender la lucha a favor del desarrollo, en contra de la pobreza y el atraso, y en pos de un Estado de perfil contemporáneo. Se trata, en efecto, de un planteamiento que busca superar la naturaleza oligárquica del poder actual, la cual se encuentra en el centro de la situación de México pues condiciona casi todos los temas nacionales.

Sin la democratización de los medios de comunicación no podrán darse pasos en sentido verdaderamente democrático. El duopolio de la televisión y el oligopolio de la radiodifusión no pueden ser el marco de ninguna democracia por más que tal cosa se niegue una y otra vez. Este es el segundo punto.

Una nueva economía es lo que el país requiere pues las trabas del desarrollo son de carácter estructural. La falta de crecimiento y el pésimo patrón de distribución del ingreso son ya males endémicos que han lastrado a México entero. No hay problema concreto que no tenga referencia directa con el estancamiento –ahora hemos tenido recesión—y con la estrechez del mercado interno. Este es el tercer punto.

Un programa antimonopólico es ya indispensable para promover el desarrollo nacional, pues México es el país de América Latina con mayor estructura monopólica, la cual impide el crecimiento. Tal es el cuarto punto relacionado con el quinto: abolición de los privilegios fiscales. Es ésa la reforma hacendaria que requiere el país, para dejar de dar vueltas anuales a un problema que en realidad no han querido resolver los sucesivos gobiernos ni los sucesivos congresos.

Un Estado que no derroche y que rompa con el patrimonialismo de los jefes políticos y administrativos es algo más que urgente. La austeridad no es sólo un asunto ético sino que el gasto innecesario y abusivo es ya un inmenso desagüe presupuestal que no puede la República seguir admitiendo. Este es el sexto punto.

El tema de la energía es cada vez más acuciante. El país va hacia atrás y no tiene ni la gasolina que consume. Los energéticos son estratégicos para todos los países y México tiene recursos. Lo que no tiene es gobierno. Aunque el problema carece de la gran complejidad que se observa en otras naciones, casi nada se hace aquí para resolverlo. Este es el séptimo.

El octavo punto es la producción de alimentos. ¿Hasta dónde puede llegar México sin suficientes productos agropecuarios propios? No se trata sólo de un asunto de soberanía alimentaria sino de la crisis social del campo mexicano.

El noveno punto está ligado al primero: el Estado de bienestar, es decir, el Estado social, cada vez más necesario ante la quiebra del Estado neoliberal que sólo ha llevado al mundo a mayores injusticias y desigualdades. La pobreza en México sigue creciendo por lo que no sólo se requiere una política social nueva sino un Estado diferente.

El punto diez es el planteamiento ideológico propiamente dicho: promover una nueva cultura basada en el trabajo, la tolerancia, la solidaridad, el respeto a la diversidad y la protección del medio ambiente. Una cultura que contrarreste la idolatría del poder del dinero y el lucro, que promueva una nueva moral.

Esta es una propuesta política. ¿Dónde están otras?

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Dos de los últimos lances del Senado han generado ciertas confusiones y han dado lugar a algunos chismes. Todo lo cual requiere de algunas someras aclaraciones por si acaso algunos creen todo lo que leen o lo que les cuentan.

El nombramiento de Raúl Plascencia como presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos es de la exclusiva responsabilidad del PRI y el PAN –como casi todo–, aunque algunas malas plumas han querido endosárselo al PRD con torcidos argumentos y uno que otro chisme de pésima factura. Como se sabe, tal nombramiento debe ser producto de las dos terceras partes de los senadores presentes. El método fue de tres vueltas de votación como se estila en los parlamentos. En la primera vuelta, Plascencia obtuvo un voto menos de los necesarios para ser elegido. La izquierda había votado por Álvarez Icaza, con solo 32 votos. El PRI había votado por Plascencia aunque Raúl González había obtenido seis votos de priistas, digamos que disidentes. En la segunda vuelta dejó de votar un priista con el propósito de garantizar el nombramiento de Plascencia aún cuando los demás votos no variaran. Además, cuatro priistas cambiaron su voto a favor de Plascencia.

Ahora bien, se dice que Raúl González no fue nombrado porque el PRD y otros se amacharon con Álvarez Icaza y que de no ser por esa circunstancia aquél hubiera resultado elegido en lugar de Plascencia. No, no es retraso mental sino enemistad con la más elemental aritmética o de plano mala leche. ¿Cómo hacer que alguien con seis votos pudiera lograr las dos terceras partes de 113 votantes, es decir 76? Bien, hubiéramos juntado los 32 de la izquierda con unos 30 del PRI, si los priistas hubieran estado de acuerdo, aunque no lo estaban de ninguna forma, pero aún así no hubiera sido elegido nadie diferente que Plascencia. En cambio, con un voto emitido menos, Plascencia tenía asegurado el triunfo. Así fue.

Como dicen los abogados, a mayor abundamiento, el PRD había considerado que si González obtenía votos del PRI y del PAN habría que virar el voto en la tercera vuelta a favor del abogado de la UNAM, quien resultaba mejor que Plascencia. El chisme de que yo “veté” a Raúl González por ser candidato de “los barones de la UNAM” es justamente eso: un chisme infame. Ni quería ni podía. Además, nunca he visto a la UNAM como un condado.

La otra aclaración viene de la aprobación de un transitorio de la Ley Federal de Derechos con el cual se exenta del pago del tributo por dos años a los próximos concesionarios de la nueva banda de telecomunicaciones, la más rápida y rentable. Sí, son unos cinco mil millones de pesos que no llegarán nunca a la Tesorería de la Federación pero que servirán para incrementar las ganancias de los concesionarios de las mejores frecuencias. Se trata de algunos de los personajes más ricos de México, pero que demandaron y consiguieron un aliciente fiscal. ¡Bah!

Se dice por los chismosos que cuando yo califique de rajones a los panistas que habían votado en contra y que, en segunda revisión en el Senado, iban a votar a favor, logré que el precepto de la exención fuera finalmente aprobado porque algunos panistas se ofendieron, les salió el pundonor de partido y retiraron su voto por la negativa. La verdad es otra. El gobierno operó sobre muchos senadores del PAN para convencerlos de que algunos grandes ricos de México necesitaban una exención de impuestos para que le hicieran el favor al país de invertir mucho dinero, en asociación con algunos extranjeros también precaristas, en beneficio del futuro de la nación. Algunos panistas se echaron para atrás, suficientes para evitar el rechazo de la exención, ya que todo el PRI estaba votando a favor de los oligarcas que de seguro ganarán las así llamadas licitaciones del espectro radioeléctrico. Pero el asunto no quedó ahí, sino que en la izquierda también hubo bajas –el que se mueve no sale en la tele, les dijeron—de tal forma que Convergencia votó a favor y unos pocos perredistas y petistas se salieron de la sesión para no votar en contra, es decir, para no votar.

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Nadie defiende los privilegios

Haría falta que nos preguntáramos por qué nadie defiende los nuevos privilegios fiscales. En la discusión (es un decir) en el Senado, ningún legislador quiso subir a tribuna a explicar por qué era necesario exentar del pago de derechos por dos años a los futuros concesionarios de las nuevas bandas de telecomunicaciones, las más rápidas y potencialmente rentables del espectro radioeléctrico. La mayoría votó sin explicación alguna. Ni siquiera se justificaron quienes cambiaron su voto, es decir, quienes en la primera revisión del proyecto habían votado en contra y después, en la segunda, lo hicieron a favor. Se ofendieron, sí, cuando se les llamó rajones. No hubo discusión, pues.

En el país de los privilegios fiscales nadie quiere defenderlos, pero siguen ahí. Aún más, se crean nuevos.

Ha sido en verdad doloroso ver senadores que ante el ofrecimiento de salir en la televisión votaron a favor de la nueva concesión fiscal o se ausentaron del salón de sesiones. De seguro que no les cumplirán las promesas ni les van a respetar como personas y políticos, pues han sido vencidos por el temor, más fuerte por lo visto que la convicción y el cumplimiento del deber.

México va para atrás. Antes, sólo el presidente de la República podía doblegar a los legisladores. Ahora lo hace quien tiene poder mediático. Un senador, el cual por cierto mantuvo su voto en contra hasta el final, me dijo que era imposible sacar un decreto en contra de los poderes fácticos en un plazo mayor de tres días. Otro legislador lo contradijo: ¡más de un día! Es que fue tan burda la presión ejercida sobre los senadores que algunos periodistas lo han comentado, aunque por desgracia no en todos los medios. Otro político me dijo que ante circunstancias tan especiales tienes tres puertas enfrente: una donde se encuentra una persona con una metralleta, otra donde está un montón de dinero y la tercera donde hay un televisor; alguna de las tres amenazas-promesas tiene que funcionar.

No se trata sólo ni principalmente de los cinco mil millones concedidos a los más ricos del país. Es la concesión de algo que se llama soberanía, a cambio de la promesa de ser promovido en la televisión. Dicho al revés: el que se mueve no sale en la tele. ¿Cómo se puede aspirar a gobernar una ciudad, un estado, si ante la amenaza-promesa se cede a una pretensión tan ilegítima que lesiona al país? ¿De verdad es aceptable la idea de que el éxito de una precandidatura o una candidatura dependa de la decisión personal del dueño de una cadena nacional de televisión? El PRI no nos ha explicado porqué votó a favor de esta exención fiscal; tampoco lo ha dicho la mayoría de los senadores del PAN ni los legisladores de Convergencia, mucho menos los del Verde. Pero tampoco han dado explicaciones aquellos pocos senadores del PRD y del PT que se ausentaron de la sala de sesiones al momento de la votación.

Un Estado así debería ser declarado en estado de ruina o de emergencia para ser reconstruido. Pero nadie hace la menor declaración ni expone algún argumento. Todo es silencio. Todo es simulación. Todo es un asco.

Estado oligárquico

El viejo sistema de presidencialismo despótico ha dejado su lugar al Estado oligárquico. Durante décadas, los presidentes cedieron a los grupos económicos toda clase de prebendas, incluidas las privatizaciones. Se puede decir que el Estado en México prohijó a casi todos los grupos de la gran burguesía y, a los demás, los apoyó siempre.

Hoy, México tiene la mayor estructura monopolista en América Latina y, consecuentemente, una enorme concentración de poder económico estrechamente ligado a grandes corporaciones extranjeras. La dominación está pasando de una gran burguesía ligada al poder a un sector monopolista cada vez más presente en el poder político, el cual, incluso, ya se representa de manera directa en los órganos del Estado.

El contenido del proyecto fiscal de Calderón nos hizo apreciar más de cerca este fenómeno. En la repartición de las nuevas cargas fiscales se castigó más a la gran masa de contribuyentes y consumidores pero cuando se pretendió cobrar una parte de los impuestos diferidos de los 430 grupos controladores de empresas, entre los cuales se cuentan a los más grandes monopolios de América Latina, el combate abarcó a casi todos los medios de comunicación y llegó a la presión personal sobre integrantes del Congreso. Calderón acudió al debate y reclamó a los monopolios una parte de las nuevas cargas, debido justamente a su falta de contribución efectiva. Ha sido, sin embargo, el PRI quien medió el diferendo y logró reducir el cobro en el año 2010 a sólo el 25 por ciento de los impuestos diferidos durante cinco años (1999-2004).

El debate sobre la exención de cobro de derechos a los próximos concesionarios de las nuevas bandas de telecomunicaciones (ya se sabe quienes van a ser aunque la licitación no se ha realizado aún) es una expresión muy concreta del fenómeno de Estado oligárquico. No son concesiones menores ni tampoco a empresarios temerosos; no existen riesgos en las nuevas inversiones sino gigantescas ganancias en ciernes (una tasa de retorno de 200 por ciento); no hay necesidad de incentivos ni de promociones especiales. Es, puramente, una cesión de soberanía y una falta de respeto a la ley.

No existen diferencias apreciables en la forma en que PAN y PRI representan los intereses oligárquicos aunque siempre se expresan divergencias según los grupos empresariales que están más cerca de uno y de otro. También se manifiesta en ambos el intento de lograr deslindes de las decisiones más antipopulares pero sólo para efectos del reparto de las cargas electorales que aquéllas pudieran traer como consecuencia.

Las cosas al respecto han llegado al extremo del ridículo con la desaparición de todo un partido en la votación sobre el incremento del IVA: el PRI se esfumó en el Senado. Así, el PRI no vota pero de esa forma hace posible la aprobación del aumento de impuestos: no se lavó las manos, se las ensució. Las cosas han llegado también al extremo cuando el PRI se suma a la cancelación del aumento del impuesto sobre la renta a los trabajadores con ingresos de menos de 10 mil pesos al mes pero admite que todos los demás paguen siete por ciento más.

Entre el presidencialismo despótico, cuyo remanente caricaturesco son los estados gobernados por el PRI, y el Estado oligárquico –producto del viejo régimen traído al presente a través de una falsa alternancia en el poder—no existe opción: ninguno de los dos sistemas políticos tiene algo de bienaventuranza. Todo esto es un desastre… hasta que todo estalle.