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Estado huachicol

El robo de hidrocarburos no ha sido efecto de unas bandas delincuenciales que lograban eludir la vigilancia de la autoridad. Ya se ha visto y comentado con amplitud. Es preciso, por tanto, examinar el asunto desde el ángulo del Estado, su estructura y sus formas de gobernanza.

El robo de gasolinas, así como de otros muchos bienes públicos, es parte del funcionamiento del Estado corrupto y sus maneras de gobernar a través de la corrupción directa y el reparto de canonjías, fondos, bienes y resoluciones gubernativas, legislativas y judiciales, a favor de personas con quienes se gobierna, funcionarios y líderes de organizaciones sociales.

El huachicol es una expresión radiografiada de ese Estado corrupto que ha existido en México desde los años cincuenta del siglo XX. La organización estatal funciona mediante repartos, de tal manera que se conforma un sistema de distribución de riqueza pública. Al mismo tiempo, opera mediante la adjudicación de funciones en las cuales es posible el cobro de sobornos.

Bajo este método de gobernar, la corrupción baja hasta los eslabones más finos de la sociedad. Ya no sólo el Estado es corrupto sino que muchas personas entran en contacto con la corrupción y de alguna manera admiten ese funcionamiento estatal.

No existe otro país en el que durante lustros hubiera sido robada todos los días una gran parte del combustible hasta el grado de construir un sistema. Hay muchos expendios que vendían más gasolina robada que la recibida legalmente de Pemex. La corrupción oficial se convertía en privada. Los expendedores recibían un grato descuento pero tenían que aceptar como algo normal y cotidiano que los funcionarios públicos siguieran robando a la nación, sencillamente porque así eran las cosas.

Al mismo tiempo, los transvasadores de los ductos tomaban el combustible de válvulas y vías paralelas construidas o toleradas por empleados y funcionarios de la paraestatal petrolera.

El producto ilegal de las ventas de gasolina se tenía que repartir entre todos los integrantes de la industria del huachicol.

El gobierno estaba al tanto con detalles de ese saqueo, en el cual también participaba la policía. El huachicol ha sido una actividad de Estado.

Cuando se abran al público los mecanismos ilegales imperantes en energía eléctrica y otros bienes y servicios se verá que el problema no se ha limitado a Pemex.

El sistema político de la corrupción que hemos llamado Estado corrupto no es un fenómeno circunstancial ni corresponde a una u otra administración. Como parte integrante de la forma de gobernar, la corrupción ha permeado todo el entramado político y el espacio público. No existe ámbito en el cual la corrupción no se exprese de alguna manera y, por tanto, por lo regular, es ampliamente conocida.

La tolerancia social a la corrupción no sólo ha tenido su base en el reparto de beneficios y en las facilidades que se otorgan, sino principalmente en la ausencia de un relevo en el poder que tuviera como una de sus motivaciones justamente la de desmontar el Estado corrupto. Ahora, por fin, tenemos un gobierno que asume, como parte relevante de su programa, el acabar con la corrupción.

Las tareas políticas para superar el Estado corrupto son muy grandes y diversas, pero todas deben cumplirse. Si no fuera así, el aparato estatal volvería una y otra vez sobre sus mismos pasos, aquellos métodos ampliamente conocidos y arraigados.

No hay derecho de fallar.

Ahora se propone “activar” la suspensión de garantías

En las audiencias que ha convocado la Cámara de Diputados se ha propuesto “activar” o “reglamentar” el artículo 29 de la Constitución, con el objeto de encarar el problema de la violencia y la intervención de militares en funciones de policía.

Lo más llamativo y sorprendente es que esa propuesta ha procedido de defensores de derechos humanos, los cuales coincidieron en dicho planteamiento durante la audiencia de la mañana del jueves 10 de enero en San Lázaro.

El artículo 29 de la Constitución fija la regla para “restringir o suspender el ejercicio de derechos y garantías”. Ni más ni menos. Cualquiera supondría que un defensor de los derechos humanos siempre estaría en contra de decretos para limitar libertades. Ahora, por lo visto, estamos empezando a caminar sobre un sendero de lo nunca antes visto… ni imaginado.

Ese artículo constitucional está redactado para hacer frente a invasiones extranjeras o revoluciones armadas internas: la guerra de verdad. Es difícil entender de qué manera sería aplicado ahora con el propósito de continuar esa “guerra” declarada hace 12 años por Felipe Calderón contra la delincuencia organizada.

Las personas que están proponiendo “activar” una declaración de “invasión” o “perturbación grave de la paz pública” se manifiestan, al mismo tiempo, en contra de la creación de la Guardia Nacional y la incorporación a ésta, por un tiempo limitado, de efectivos procedentes del Ejército y la Armada.

Ya se ha repetido que esa Guardia sería un cuerpo policial civil dirigido desde la secretaría de seguridad, aunque con disciplina militar, a diferencia de las corporaciones policiales que hemos tenido hasta ahora y que infortunadamente han fracasado en el cumplimiento de sus funciones básicas.

Mas no se está pensando en una institución para reprimir las protestas sociales y políticas con el pretexto de garantizar “la paz pública” o “el orden público”, ya que estos conceptos no serían parte de las funciones de la Guardia Nacional. Esto quiere decir que la propuesta de creación de ésta se encuentra absolutamente alejada de todo lo que tenga que ver con restricción o suspensión de derechos y garantías o con represiones en contra de manifestaciones populares.

Entre la “activación” del artículo 29 de la Carta Magna y la idea de formar una Guardia Nacional no existe contacto alguno porque sendos elementos se ubican en los extremos propositivos: la primera serviría para cercenar libertades de la gente, mientras que la segunda estaría buscando exclusivamente que esa misma gente pudiera vivir sin tantas amenazas a su propia seguridad.

Sin embargo, la presencia y dirección temporal de efectivos del Ejército y la Armada en la nueva Guardia Nacional, es algo que crea justificada desconfianza. Esto se debe a que, por definición, la seguridad pública es una función de instituciones civiles. El problema es que hoy en día el país adolece de un notorio déficit de policías que efectivamente lo sean. Tampoco, por otro lado, se puede retirar súbitamente al Ejército y a la Armada de muchos lugares del país acosados por una exacerbada crisis de violencia.

La idea es que los militares regresen a los cuarteles y que exista suficiencia en los cuerpos policiales. Esto conlleva la condición de que la policía deje de ser parte del sistema de corrupción que ha imperado, pues, si no fuera así, todo seguiría igual o peor por más agentes de policía que ingresaran al servicio.

El proceso de transición entre una Guardia Nacional con una fuerte presencia de soldados y marinos, y aquella que se busca formar como institución de policía civil profesional, disciplinada, inspeccionada y controlada, no podría ser tan rápido como se quisiera. Por tanto, lo que principalmente se debate en la Cámara de Diputados es de qué manera y con qué plazos tendría que darse esa transición.

Pero lo que está por completo descartado es “activar” cualquier mecanismo para “restringir” o “suspender” el ejercicio de derechos y garantías constitucionales.

El modelo mexicano de seguridad pública ha fracasado

De momento no existe la Guardia Nacional proyectada por el actual gobierno. Lo único que hay es un dictamen favorable en la Cámara de Diputados que aún no ha sido consultado al pleno. Pero, con o sin proyecto, el problema de la inseguridad pública y la emergencia de violencia es básicamente el mismo.

La Guardia Nacional no va a acabar con ese fenómeno que tiene ya más de 20 años. Cuando la violencia delincuencial se desborda, los cuerpos policiales se convierten en partes integrantes del problema, ya que éstos profundizan su corrupción y son puestos al servicio del negocio ilegal.

La solución mexicana resultó un fracaso. El Ejército y la Armada fueron volcados a las acciones contra la delincuencia organizada durante 12 años, supuestamente al lado de la policía. En lugar de tener un cuerpo policial federal se tenían tres: dos militares y uno civil aunque con frecuencia a cargo de militares, más otro en cada entidad federativa. Ninguno de ellos podía hacer lo necesario porque la política social no estaba en dirección de la lucha contra la delincuencia organizada, con lo cual seguía creciendo el resentimiento en el que se anida el fenómeno criminal.

Además, el Estado mexicano siguió considerando la prohibición legal de las drogas como algo ineludible. Aunque el consumo en sí mismo no es en México un delito, los cuerpos de seguridad lo siguen prohibiendo en los hechos y cobrando mordidas. Además, las cárceles están llenas de jóvenes consumidores o narcomenudistas, así como de campesinos productores. El resultado es un desastre.

El proyecto de Guardia Nacional no está hecho para resolver todos estos grandes y penosos problemas. De lo que se trata es de conformar paulatinamente un cuerpo de seguridad federal, estrictamente una guardia, capaz de convertirse en institución civil al servicio de las personas, pero sin tener como funciones las de preservar el orden público.

Desde algunas instituciones ya existentes se tendría que empezar a construir esa guardia. Durante los próximos cinco años, aunque, si es posible, antes –dice el dictamen aprobado en la Cámara—, la nueva Guardia tendría que ir pasando de un mando a cargo de miembros del Ejército y la Armada a otro de personal formado en la nueva institución.

Así tendrían que volver a los cuarteles los integrantes de las fuerzas armadas que ahora se dedican a trabajos de policía. Mas la nueva Guardia no se quiere sólo para la emergencia sino para contar con un cuerpo de seguridad que cubra el territorio del país, mientras que los cuerpos de policía federal, local y municipal se dediquen a resguardar instalaciones públicas y lugares de habitación, lo cual supuestamente siempre ha sido su deber.

El combate a la delincuencia organizada tendrá éxito cuando sea derruido el Estado corrupto, se reoriente la política de todas las entidades del Estado nacional hacia el bienestar social y el trabajo, se distribuya de otra forma el ingreso y las funciones públicas se orienten hacia el beneficio de la gente. Dentro de esto, un punto, sólo uno, es el contar con cuerpos profesionales de seguridad que no sean corruptos.

Una parte de la oposición hubiera querido que el nuevo gobierno y la nueva mayoría legislativa se cruzaran de brazos, decepcionaran, se pusieran a repetir lo mismo.

En cuanto a la política económica y social, en lo referente a los nuevos sistemas democráticos de toma de decisiones y en lo relativo a la creación de nuevas instituciones de seguridad pública debe aplicarse el programa que tuvo el apoyo mayoritario en las elecciones. Hacer caso a esa oposición que busca que todo quede igual que antes sería una desobediencia del mandato ciudadano.

Si la oposición considera que las propuestas de la nueva fuerza gobernante son peores que las implantadas por ellos en otros momentos, ese es su derecho, su privilegio. Que la oposición se oponga es lo más normal. Lo que no se puede admitir es el argumento que consiste en que lo nuevo debe ser lo mismo que antes.

El fracaso del modelo mexicano de seguridad pública ya no requiere demostración.

EZLN: 1 de enero de 1994-2019

Hace 25 años hubo en México una rebelión en contra del neoliberalismo impuesto desde arriba sin consultar a la nación y en contra del priismo represivo y antidemocrático. No fue el único pronunciamiento, sino el que asumió el carácter de lucha armada. Como tal duró poco, sin embargo sus protagonistas directos se han mantenido armados y más o menos sitiados durante estos 25 años.

El EZLN es un agrupamiento político-militar integrado por indígenas de varias etnias chiapanecas, pero no elaboró por sí mismo un programa propiamente indígena. Sus planteamientos se refieren siempre a la pobreza, el atraso, la falta de derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales, de los habitantes del país.

Sus referencias a la pobreza, como las repetidas en la celebración del 25 aniversario en La Realidad, son las mismas porque la situación no ha cambiado durante ese lapso. Pero tampoco se ha modificado el programa ni el análisis básico de la situación política de México que realizan los dirigentes del EZLN.

El planteamiento más fuerte de la reciente celebración ha sido el rechazo del EZLN al nuevo gobierno, al que se acusa de tramposo y mañoso, pero se agrega que éste busca destruir a la organización zapatista.

Un planteamiento obligadamente novedoso del discurso del EZLN es que, a diferencia de los gobiernos anteriores, se considera un tanto diferente al que encabeza Andrés Manuel López Obrador (nombre que no consideran oportuno mencionar, según han dicho): “qué lástima que le hacen caso al que está ahí engañando al pueblo”, se lee en el discurso oficial de la celebración en La Realidad.

La rebelión detenida por el cese al fuego impuesto bajo presión popular e internacional por parte del gobierno de Carlos Salinas, llevado después a una ley, siguió siendo de alguna manera rebelión, pues el discurso de Marcos influía en las izquierdas, en segmentos de la juventud y entre los pueblos originarios.

Sin embargo, desde hace años ya no se ha podido decir lo mismo. La rebelión zapatista es uno de los pocos datos políticos congelados que existen en el México actual. Si ese movimiento armado y sus modos de propaganda y organización posteriores eran una forma de lucha política, es decir, por el poder, en la actualidad ya no lo son.

Han escrito los líderes del EZLN: “hemos visto que estamos solos; lo que hemos logrado ha sido con nuestro trabajo y esfuerzo, con nuestros errores”. Esto es cierto, aunque habría que precisar que lo hecho por la dirigencia y el pueblo zapatistas ha sido una elevada obra de organización, entereza y firmeza. Mas el problema consiste precisamente en que la lucha política no se emprende con el objeto para dejar las cosas como estaban antes.

Según el EZLN, en su entorno y en el país siguen igual la miseria, la desigualdad y la injusticia. Así es; quizá sean mayores. Pero no se encuentran en la reciente proclama de los zapatistas algunas vías de acción para combatir esos factores socioeconómicos y políticos tan lacerantes. Sólo se halla el mismo razonamiento tendiente a resistir, aunque ahora frente al nuevo gobierno federal.

No debería ser motivo de discusión la indispensable independencia política y la integridad orgánica del EZLN. En este campo, cualquier gobierno puede ser una amenaza, sin exceptuar al actual. Tampoco podría alguien dudar del carácter crítico del discurso de aquellos y aquellas que se rebelaron la madrugada del 1º de enero de 1994.

Pero ya llevan tiempo estando ausentes las pautas zapatistas para continuar en aquella lucha, gigantesca por sus objetivos e inesperada por su forma, que esa admirable organización inició hace ya 25 años.

Hay algo nuevo y mejor en eso que acaba de hacer una mayoría popular mexicana. Soslayarlo podría servir para sufrir menos por parte de quienes han perdido poder y privilegios. Mas el pensamiento crítico, por otro lado, siempre debe serlo y… demostrarlo. O sea, conocer el pasado, analizar el presente y usar los prismáticos para alcanzar a ver el futuro.

La situación de la extrema derecha

El ruido calumnioso metido en las redes sociales, tan luego se informó del trágico fallecimiento de la gobernadora y ex gobernador de Puebla, no ha sido una respuesta elemental e irreflexiva. Es parte de la situación en la que se encuentra la extrema derecha mexicana a partir de las recientes elecciones.

Vemos ahora una ira contra todo lo que siempre se había odiado. La extrema derecha mexicana ha vivido un tanto asustada del peligro de que llegara al poder lo que ella misma califica de populismo. Primero fue Cuauhtémoc Cárdenas, después, Andrés Manuel López Obrador. La diatriba, el rumor, la noticia falsa han sido armas de constante uso en contra de la fuerza política emergente en el país.

Para aproximarnos a la existencia de este fenómeno, véase la forma tan tranquila en que esa derecha observó el cambio de presidente de la República en 2012. Se iba el PAN pero no llegaba la izquierda sino la otra derecha. Las cosas se mantuvieron bajo control, aún cuando se criticara y despreciara de vez en vez al mandatario priista, dentro y fuera del PAN, dentro y fuera del PRI.

Es verdad que esa extrema derecha no sólo está dentro de ambos partidos. Esto mismo le permite asumir diversas formas para expresarse con frecuencia sin compromiso partidista alguno, desde medios de comunicación y a través de organizaciones y empresas.

El problema de estos días es que muchos en el PAN y no pocos en el PRI están avanzando en la misma actitud iracunda contra la izquierda cuando ésta se ha convertido en fuerza gobernante del país como consecuencia de un torneo electoral, es decir, a través del voto ciudadano.

El viejo partido de la derecha, aquel que siempre fue leal oposición del viejo sistema político, el presidencialismo exacerbado y de partido del Estado, ha dejado de proponer y dedica su tiempo a tratar de bloquear mientras acusa al nuevo gobierno, así nomás, de dictatorial.

El otro viejo partido, el que siempre asumió al PAN como única oposición y le fue leal hasta entregar sin disgusto la presidencia a Vicente Fox, un panista impostor pero al fin líder del PAN, ahora, en ocasiones, se acomoda lastimosamente como último vagón de la derecha extrema.

Es la reacción, es decir, el tratar de volver las cosas al estado en que estaban antes.

La pensión universal de adultos mayores, las becas a todos los estudiantes de bachillerato, el financiamiento público de millones de empleos de jóvenes aprendices, son vistos como un reparto de dinero para obtener el apoyo de una parte del pueblo. Son programas “populistas”, en la visión reaccionaria, aunque no sean financiados con más deuda pública, como lo fueron los programas sociales focalizados y condicionados que llevaron a cabo PRI y PAN durante muchos años.

No se trata, sin embargo, del neoliberalismo a secas, sino de aquel que es más ideológico. La extrema derecha mexicana no es vociferante y maledicente sólo para preservar sus intereses económicos individuales y la corrupción que le brinda ganancias, sino para defender su concepción de país y de mundo, ligada sin duda a sus intereses de clase, pero también a su concepción más general, aquella que expresa intereses difusos, más históricos: los de dominancia social. Es por ello que no va a cambiar y no va a dejar de maldecir el día en que la izquierda se convirtió en fuerza gobernante en su “propio país”.

A esto debe responder, ahora y en el futuro, la nueva fuerza gobernante, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo.

El PRI en el Senado se ha ubicado también del lado de esa actitud iracunda. Al ponerse a la cabeza del PAN, en medio de las acusaciones contra el gobierno sobre la desgracia ocurrida en Puebla, el PRI descalifica desde ahora la investigación sobre la caída del helicóptero. Propone que el Senado investigue, pero una comisión senatorial no podría en forma alguna saber más y mejor al respecto que otra de técnicos especialistas.

Sin embargo, Osorio Chong, el ex secretario de gobernación cuando ocurrió la tragedia de Iguala, nos dice a bocajarro que no está dispuesto a tolerar que se oculte la verdad y que todo debe ser esclarecido rápidamente. Este sería un episodio de comicidad si no fuera porque el PRI se ubica, por boca de uno de sus portavoces parlamentarios, en el plano de la extrema derecha: vocifera en lugar de pensar.

Las acusaciones vertidas en redes sociales en contra de López Obrador con motivo del deceso de las dos personalidades políticas poblanas y panistas no son obra de una acción concertada, aunque, soltada la mentira, algunos bien organizados reprodujeron la especie del atentado político. Se trata de otra cosa. Es un estado de conciencia de la extrema derecha ante un mundo que se le está cayendo y que no logra volver a integrar en su escindida cognición. Entre lo real y lo que debe ser hay para esa corriente política e ideológica muchos puntos que no quieren coincidir.

Por esto, dentro de ese pensamiento reaccionario aceptado por la voluntad propia, el designio de la extrema derecha arroja que, pase lo que pase, el gobierno de AMLO siempre ha de ser perverso, lo peor, lo irreconciliable con una moral que se niega a reconocer su hundimiento porque no contiene en sus preceptos el mínimo elemento de democracia.

La extrema derecha mexicana se está ubicando en el plano del delirio. Por ello busca solamente bloquear, vociferar, insultar, falsear, mentir.

Es preciso un nuevo sistema de comunicación social que responda bien y rápido a un fenómeno que no sólo está siendo manipulado por varios mecanismos formales, sino que es incontinente expresión de un estado de conciencia que viene de la profunda sensación de haber sido despojado de un orden establecido. Así está la extrema derecha. Pocas veces había estado así en México.

Piénsese en 1857.

 

 

No se puede gastar más

El paquete de ingresos y gastos presentado por el nuevo gobierno tiene un mensaje demasiado contundente: no se puede gastar más.

Una manera de trascender el demacrado gasto público hubiera sido aprobar una reforma fiscal que recuperara ingreso desde las altas ganancias. El nuevo gobierno ha desechado sin embargo ese recurso, durante los próximos tres años, con la idea de que, primero, es indispensable hacer otra recuperación, la de los gravámenes evadidos y eludidos. Ha quedado pendiente también el compromiso de reducir las tasas fiscales de los trabajadores de menores ingresos.

No es posible calcular en cuánto podría elevarse la recaudación mediante una política de combate al fraude fiscal durante el próximo año. Por lo pronto, se va a elevar el cálculo de ingresos en la Cámara, aunque ligeramente, por lo que toca al combate a la facturación falsificada.

Esta cerrado el camino del aumento de la deuda en términos reales porque en los últimos años ésta fue casi duplicada, sin que el nuevo endeudamiento se tradujera en un incremento en la tasa de crecimiento del producto interno. La política de deuda de Peña-Videgaray fue desastrosa, pero lo peor es que sus efectos están vigentes. Tendremos ahora un superávit primario de 1% del PIB, es decir, el gobierno regresará, en ese mismo porcentaje, menos dinero que el que recoja de la economía.

Pero si dentro de ese marco no se puede gastar más, entonces la mayor obligación es gastar mejor.

La disminución de remuneraciones es la parte menos cuantiosa, aunque indispensable luego de varias décadas de aumentos escandalosos en los sueldos de una burocracia abusiva e insaciable que logró hacer realidad el sueño dorado de todo jerarca del Estado: decidir cuánto más va a ganar cada año.

Más allá de los sueldos, el conjunto de gastos de operación de las dependencias y entidades federales empezaron a crecer de manera escandalosa desde el sexenio de Vicente Fox. Tales aumentos tuvieron una motivación exactamente política, eran una forma de distribuir gasto público para cubrir tareas ligadas al futuro de los integrantes de la estructura gubernamental.

Es desde ese renglón donde se pueden obtener algunas importantes reorientaciones del gasto. López Obrador ha divulgado el concepto de austeridad republicana, inspirado en algunos liberales del siglo XIX, para convocar al combate del derroche, el dispendio y, en general, el mal uso de fondos públicos.

Al aplicar dicho concepto se arroja una considerable masa de recursos que se destinarán a dos grandes objetos de gasto: la política social y la inversión pública.

Los nuevos proyectos gubernamentales son un rompimiento inicial de una larga cadena neoliberal. Por una parte, la naturaleza universal de las asignaciones personales en pensiones alimentarias de adultos mayores y becas a estudiantes rompe con el asistencialismo tradicional que, por focalizado, fue un resquicio político-electoral en el gran edificio neoliberal del repliegue del Estado en su función de redistribuidor del ingreso.

Pero también existe una búsqueda del objetivo de unir la política económica y la política social. Para dar respuesta al drama social de la juventud arruinada, es decir, sin empleo y sin escuela, el nuevo gobierno plantea incorporar una enorme masa de jóvenes al trabajo productivo en la modalidad de asalariados del Estado. Los lugares de trabajo han de ser las empresas públicas, privadas y cooperativas, las cuales podrán aportar de tal manera algo más al producto nacional.

El arco iris de la política social tiene tonos para contribuir a la lucha por la paz y la seguridad en un México azotado por una crisis de inseguridad y violencia delincuencial sin precedentes en nuestra historia.

Como se sabe, la dictadura de los mercados internacionalizados o, como muchos dicen, globalizados, tiene un peso enorme, pero quizá en este momento lo más crítico es el diferencial que contiene una tasa de riesgo que debe pagar México a los inversionistas financieros y otros acreedores. En otras palabras, México paga mayor rédito, sólo por riesgo, que el establecido en Estados Unidos, Alemania y otros países que marcan las tasas referenciales a nivel mundial. Se considera que los inversionistas en mercados abiertos arriesgan más en México, por lo cual se llevan mayores regalías y utilidades.

Bajo la opresión de los mercados, México debe buscar nuevas formas de financiamiento que eludan en alguna medida la especulación de los mercados y, por ende, las elevadas tasas de riesgo.

Por lo pronto, no se puede gastar más, sino sólo mejor, hasta que se produzcan varios eventos. Tratemos, entonces, que así sea.

Debates sin hipocresía

Se critica a Andrés Manuel López Obrador por participar directamente en debates políticos ventilados en medios y redes. El principal argumento es que el presidente de la República tiene tanto poder que resulta ventajosa su intervención en las confrontaciones políticas. Algunos agregan que cualquier debate en el que tome parte viene a ser un uso de recursos públicos a favor o en contra de uno o varios partidos.

El Poder Ejecutivo siempre ha participado en todo debate público e, incluso, privado, que tenga que ver con la lucha política. Los presidentes fueron mucho más lejos que eso, al mandar callar a políticos y periodistas. Eso ocurría hasta hace muy poco.

La parafernalia del poder y el ropaje del poderoso llevaban a ubicar al jefe de gobierno como un político diferente porque era más o menos intocable y estaba por encima de las pugnas. Sin embargo, el mandatario siempre se hacía sentir aunque muchas veces de manera indirecta, a través de toda clase de intermediaciones, cuando se trataba del debate o la defenestración de adversarios o críticos.

Ese no parece ser el estilo de López Obrador porque la política ha empezado a cambiar en el país. Hay una nueva fuerza gobernante cuyo líder que no requiere de subterfugios ni intermediarios sino del lenguaje franco. En otras palabras, esa clase de liderazgo que ejerce AMLO requiere medios directos.

El ahora presidente tiene la misma situación dentro de su partido. La controversias en Morena tienen con frecuencia la participación de Andrés Manuel en la misma forma en que se produce el debate con partidos, medios de comunicación y críticos de diversas inclinaciones ideológicas.

En el México de estos días la opinión crítica es mucho mayor que nunca antes. El ensanchado marco de libertad de comunicación de ideas es producto de una muy larga lucha contra los poderes que tenían la censura y la supresión como instrumento de prevalencia. Además, las nuevas redes han traído libertad a millones de personas que ahora pueden comunicar sin ser dueños o trabajadores de los medios formales.

Al mismo tiempo, el presidente de la República es y seguirá siendo uno de los principales objetivos de la crítica. A éste le corresponde, en consecuencia, la misma libertad de replicar, alegar, argumentar, responder, criticar.

Los tiempos no son los de la vieja hipocresía de los poderosos quienes movían a otros, hablaban mediante picos ajenos, daban órdenes encubiertas.

Si se quiere vivir en democracia, trascender el formalismo en todos los sentidos, profundizar en los temas, informar en la libertad y criticar sin miedo, tenemos que admitir que podemos discutir entre nosotros y que el presidente es uno más en este terreno.

En reciente reunión entre Andrés Manuel y la mayoría parlamentaria de ambas cámaras, aquél repitió que no tiene halcones ni palomas mensajeras, que nadie habla por él y que cuando tenga desacuerdo lo dirá, tal como lo hacen los mismos legisladores y legisladoras.

Si ha llegado un nuevo momento de debates políticos, de seguro habrá de ser mejor que los tiempos de la hipocresía.

La CNDH se asoma a un precipicio

El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Raúl González Pérez, tiene una percepción mensual neta de 170 373 pesos. Si la Cámara de Diputados llegara a aprobar una remuneración menor para el presidente de la República, como está propuesto, aquel sueldo tendría que ser reducido.

Esto sería consecuencia de que el artículo 127 de la Constitución establece, desde 2009, que ningún servidor público del Estado mexicano puede ganar más que el Presidente de la República. Además, dicha remuneración es determinada por la Cámara de Diputados, la cual “no podrá dejar de señalar la retribución que corresponda a un empleo que esté establecido por la ley”, según ordena el artículo 75 de la misma Carta Magna. Sólo si, “por cualquier circunstancia”, se omitiera hacerlo, el sueldo sería el mismo que el año anterior, pero eso ya no ocurre nunca y no debe ocurrir porque sería una transgresión de la norma.

No obstante, la CNDH ha interpuesto una Acción de Inconstitucionalidad contra la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, recién expedida por el Congreso, con el propósito de que ésta sea declarada inconstitucional.

Un problema nada menor consiste en que la persona que firma dicho recurso ante la Suprema Corte de Justicia tiene interés personal en el asunto. Se trata del presidente de la CNDH, cuya remuneración actual corre peligro de contracción.

Supongamos que la Suprema Corte decide declarar la inconstitucionalidad de la ley mencionada, Raúl González no podría impedir que la Cámara de Diputados obedeciera el mandato del artículo 127 de la Carta Magna, ya que la Corte está incapacitada para declarar inconstitucional a la Constitución. De cualquier forma, al reducirse la remuneración del Presidente de la República, el resto de las retribuciones sólo podrían ser iguales o menores. La norma constitucional debe ser respetada, con o sin ley reglamentaria, porque es tan clara y directa que no requiere ninguna disposición secundaria para tener validez plena.

El argumento que usa la CNDH es que, con la ley de remuneraciones, se están violando derechos humanos. Esto es sin duda falso, pero si la Corte la cancelara, de igual forma, la remuneración de Raúl González a partir del 1º. de enero del próximo año no podría rebasar un solo peso el sueldo del Presidente de la República. Por ello, se está buscando que la misma Corte ordene a la Cámara de Diputados otorgar una remuneración a López Obrador en 2019 igual a la señalada para Peña Nieto en 2018.

Esto es lo que busca Raúl González en abierto reto a la institucionalidad democrática, el voto ciudadano, el mandato político de la mayoría y la vigencia del sistema político de la Constitución. Pero, lo que es peor es que se busca que la Corte ordene a los diputados y diputadas hacer algo indebido, contrario a sus facultades expresas, lo que provocaría un choque absurdo, por innecesario, entre poderes.

El ataque a la ley de remuneraciones sería inoperante ante el predominio de la Constitución, pero se quiere torcer el tronco de la legalidad desde una pretendida defensa de los derechos humanos. Esto último es lo que en realidad duele.

Se invoca un derecho humano de gozar siempre de una remuneración igual o mayor, y nunca menor, aunque sin precisar cuales serían sus actuales garantías constitucionales aplicables a los más altos servidores públicos. Esto es tanto más ofensivo contra el Congreso cuando las y los legisladores se han reducido ya sus propias remuneraciones, acto que no ha sido controvertido por parte de la CNDH ni por nadie por supuesto ataque a derechos humanos y a una buena interpretación de la Carta Magna.

Entre 2009 y 2017 el salario mínimo se ha reducido, tal como en la década anterior. Ha pasado de 54.8 a 88.36 pesos diarios con una inflación acumulada mayor que la suma de los aumentos nominales. La CNDH no ha interpuesto ninguna acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte contra los sucesivos actos de disminución salarial en términos reales, realizados por el organismo público encargado de fijar los salarios mínimos.

Más en concreto, la CNDH considera que reducir la remuneración del Presidente de la República, en el marco del artículo 127 constitucional que fija a ésta como la máxima, sería una trascendente violación de derechos humanos.

En su texto de 108 folios, la CNDH nunca defiende los salarios en general, sino sólo de los servidores públicos y, por su contexto, exclusivamente de aquellos que ahora están percibiendo más que el sueldo propuesto por López Obrador para el presupuesto de 2019. No se trata de los nuevos funcionarios sino sólo de aquellos que han sido designados para un periodo transexenal, entre ellos, el presidente de la CNDH.

¿De qué se trata la maniobra? De hacer declarar la inconstitucionalidad de la Ley de Remuneraciones bajo el argumento de que ésta no impide que se rebaje el sueldo del Presidente de la República y, por lo mismo, tratar de impedir tal rebaja por la vía jurisdiccional, por orden de un tribunal.

Si la Ley de Remuneraciones hubiera fijado de alguna manera la remuneración del Presidente de la República o hubiera limitado su cuantía, como lo quiere Raúl González, entonces sí sería una ley inconstitucional porque desobedecería a la Carta Magna, la cual confiere sólo a la Cámara de Diputados la función de señalar la “retribución” correspondiente.

Lo que la Cámara de Diputados no podría hacer es rebajar el sueldo de los trabajadores, cuyos parámetros están relacionados en leyes, contratos, convenios que rigen las relaciones laborales, ya que esas normas se encuentran permanentemente en vigor y son de acatamiento obligatorio.

La CNDH pretende que se confundan las cosas y que el sueldo de su propio presidente sea considerado como algo determinado en un contrato laboral, lo cual, todos lo sabemos, no es así. El sueldo de Raúl González se fija cada año en el Presupuesto de Egresos de la Federación, de acuerdo con el artículo 75 de la Carta Magna, precepto que no es tomado en cuenta en el texto enviado a la Suprema Corte por parte de la CNDH.

Aunque parezca increíble, Raúl González hace abstracción de que se votó el pasado 1 de julio y se eligió a un nuevo presidente de la República, quien ha integrado un nuevo gobierno, el cual tiene una nueva política que va a proponer, en términos de un nuevo Presupuesto de Egresos, a una también nueva Cámara de Diputados, la cual cuenta con la facultad constitucional exclusiva de aprobar los egresos.

Es deber de todo ciudadano y toda ciudadana coadyuvar con los organismos de derechos humanos, entre ellos la CNDH, la cual se ha distinguido muchas veces por cumplir con su deber constitucional. Pero para seguir respetándola es preciso que ésta se respete a sí misma, se ciña a sus tareas, asuma el sistema democrático de decisión popular y los mandatos políticos de la ciudadanía, entre los cuales se encuentran los de la conducción de la administración pública.

El actual sueldo de Raúl González no tiene relación con un derecho humano sino es producto de la decisión política de la Cámara de Diputados que le asignó la cantidad neta de 5 679.10 pesos diarios. Según se infiere del mensaje y la conducta de la CNDH, cuando esa cantidad se aprobó por parte de los diputados y diputadas era justa, aunque millones ganaban la mísera cantidad de 88.36 al día, 64 veces menos que aquél, sin que algún órgano del Estado, ni los de derechos humanos, intentara alguna acción.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos se asoma a un precipicio al proteger el sueldo de su presidente. Sus prerrogativas constitucionales no fueron otorgadas para tal propósito. Defendámosla porque le pertenece a los seres humanos.

 

Fuero de bolsillo

Según la Constitución, algunos funcionarios no pueden ser penalmente procesados. Eso se llama “fuero constitucional”. ¿Quiénes son? El presidente de la República, diputados y senadores, ministros de la Corte, magistrados de la sala superior del TRIFE, fiscal general (hoy procurador), consejeros del INE, secretarios de Estado y consejeros de la Judicatura. Se les llama “aforados”.

Para que se les inicie proceso penal, se requiere un permiso de la Cámara de Diputados, a través de una especie de juicio. En el caso del presidente de la República es necesario el voto de las dos cámaras del Congreso.

Lo que se votó el pasado martes 27 de noviembre en San Lázaro era la cancelación de ese sistema. El nuevo hubiera consistido en que algunos de esos funcionarios no tendrían inmunidad (consejeros de la judicatura y secretarios de Estado) porque no son titulares de poderes públicos. Los demás serían sujetos de proceso penal en libertad, como cualquiera otra persona que estuviera bajo fianza. Cuando el juez los sentenciara, se irían a la cárcel, también como cualquiera, porque ya no se mantendrían en su respectivo cargo.

El nuevo sistema propuesto es sencillo, sin recovecos y sin mentiras.

Pero este tercer intento de abolir el fuero fracasó por decisión de los mismos que lo bloquearon en las dos ocasiones anteriores.

Para dar cobertura al nuevo bloqueo argumentaron o apoyaron sin decir nada (PAN) que ir a la cárcel antes de tener una “sentencia ejecutoriada”, sino sólo de “primera instancia”, es atentar contra el debido proceso, los derechos humanos, etcétera. Ese encarcelamiento le puede ocurrir a cualquier sentenciado, pero como en este escenario sería un político, entonces se le considera diferente por parte de los bloqueadores.

La inmunidad de los titulares de los poderes públicos no es un asunto del sistema penal sino del sistema político de la Constitución. Se trata de impedir que una autoridad menor y sin previo juicio pueda privarles de la libertad y, de esa forma, impedir el normal funcionamiento de tales poderes. ¿Qué hacer cuando alguno de sus integrantes posiblemente cometió un delito? Pues abrir el proceso penal si acaso se acreditan los requerimientos de la ley y bajo el estatuto de presunción de inocencia. Cuando se dicta sentencia condenatoria, ya pasó aquella etapa, por lo que el funcionario pierde inmunidad y cargo, lo que lo lleva a la cárcel como a cualquiera otra persona.

Quienes han bloqueado por tercera vez la abolición del llamado fuero dicen que hay que esperar a que el sentenciado sea confirmado en tal condición en las apelaciones o amparos que interponga. ¿Tendremos legisladores sentenciados votando leyes en el Congreso mientras pasan los años que duran esos recursos judiciales? A eso se le llama fuero de bolsillo.

Sería peor tener altos funcionarios desempeñando sus cargos tranquilamente luego de haber sido sentenciados, que tenerlos como sospechosos de cometer un delito. A estos últimos, al menos se les puede desaforar en la Cámara de Diputados, pero a los sentenciados en libertad incondicional no se les podría remover de sus cargos durante años.

Si saliera adelante en el Congreso (cosa que es numéricamente imposible) el fuero de bolsillo, todo sería peor que bajo el sistema de “fuero constitucional” que ahora impera. El privilegio sería mayor y más ofensivo. Eso es lo que exigen PAN, PRI, PRD, MC y PVEM, conforme al voto que emitieron el martes 27 de noviembre en San Lázaro.

Sin embargo, esos partidos saben que su planteamiento es imposible por absurdo. Lo que en realidad hicieron fue negar su voto a favor de la abolición del fuero con un falso argumento, con el propósito de bloquear una promesa de campaña de López Obrador y de la coalición Juntos Haremos Historia (Morena, PT, PES).

Cierto es que a las y los integrantes de los grupos parlamentarios de la nueva minoría opositora no les hace ninguna gracia abolir el fuero del que ahora gozan y, por tanto, plantean como condición establecer uno nuevo que sería peor y más odioso, pero, sabiendo que su propuesta no es factible por monstruosa, el interés político de impacto inmediato ha sido bloquear a la mayoría parlamentaria y mostrar las garras de una oposición firme.

Hay también otro elemento. Ya se ha visto que el PAN tiene una política de bloqueo, la cual es seguida por sus más recientes aliados, PRD y MC, pero, ¿qué tendría que hacer el PRI haciéndole el juego a Acción Nacional?

Esto es nuevo y nadie se lo esperaba. El vetusto partido puede estar lamiéndose sus profundas yagas, pero eso no le tiene que llevar a convertirse en comparsa de la otra anciana derecha. Si antes fue imposible diferenciar las líneas políticas de uno y otro partidos, lo que fue factor relevante del fracaso electoral de ambos, ahora sería suicida para los priistas confundirse con los panistas con tal de bloquear a la nueva mayoría.

El PAN no propuso en la Cámara una sola enmienda al proyecto de abolir el fuero. Todas las reservas estuvieron a cargo de los demás partidos de lo que será la oposición a partir del 1 de diciembre. Acción Nacional sólo votaba en espera de que el proyecto no tuviera la mayoría calificada de dos tercios.

La mentira de los argumentos de quienes votaron en contra se demuestra con el hecho de que, antes, cuando en dos ocasiones se votó la abolición del fuero, ninguno de esos partidos propuso el fuero de bolsillo. ¿Por qué ahora sí lo hicieron? Pues para dar cobertura argumentativa a su bloqueo.

Los dos anteriores proyectos de abolir el fuero fueron congelados en el Senado sin tener que votar en contra ni proponer absolutamente nada. En esta última ocasión, eso no hubiera funcionado porque esos partidos ya no pueden manipular el termostato en el Congreso, por lo que tuvieron que votar en contra directamente.

La abolición del fuero, sin engaños ni simulaciones como es el fuero de bolsillo, terminará por imponerse porque la política de bloqueo se irá haciendo insostenible. Pronto.

Guardia Nacional: ¿militarización o civilidad?

No es que se busque militarizar la seguridad pública sino que ya se hizo. Bajo ese fenómeno no se han eliminado las policías civiles sino que ésas no funcionan bien; las tres: federal, locales y municipales.

Ante la agudización de la crisis de seguridad pública en casi todo el país se plantearon diversas opciones. Desde el “fortalecimiento” de la policía federal, un súper subsidio a los estados para sus cuerpos policiales, hasta el seguir con la misma dinámica que consiste en incrementar las labores del Ejército y la Armada en funciones de policía. Ninguna de estas puede convencer a nadie.

La idea de una nueva guardia no es nueva. Se ha hablado de ella durante los años del fracaso del Estado mexicano en la materia de seguridad pública. La ley de “seguridad interna” fracasó antes de ponerse en práctica, tanto porque el candidato que luego resultó triunfador había dicho que no la aplicaría, como porque la Suprema Corte la declaró inconstitucional. Hay que recordar que esa efímera ley señalaba que se nombraría un “comandante” militar al frente de todo el aparato de “seguridad” en los estados que lo requirieran. Eso era un abierto y legalizado ejercicio militar de autoridad en asuntos civiles, como parte del proceso en el que hemos estado inmersos desde hace 12 años.

La Guardia Nacional fue eminentemente ciudadana en el pasado, aunque bajo disciplina militar. Lo mismo en Francia que en México y muchos países. En otros, la guardia es profesional, como ahora en Europa y varios países de América Latina.

Se propone crear un cuerpo de seguridad pública nuevo, con perspectiva ciudadana, aunque sólo por sus funciones y compromisos, que vaya ocupando el territorio nacional, empezando por los lugares donde la crisis de inseguridad y violencia es mayor.

¿De dónde sacar a los primeros efectivos? Tendrían que salir del Ejército, la Armada y la Policía Federal, sencillamente porque no se podría hacer un súbito reclutamiento de civiles que requerirían uno o dos años de entrenamiento.

Pero no se trata de que el personal castrense se quede a vivir en la Guardia Nacional, sino que se produzca un proceso de entrenamiento y educación de nuevos reclutas, de guardias.

La Guardia Nacional sería un cuerpo de seguridad bajo leyes civiles, expedidas por el Congreso, con responsabilidad exclusivamente civil, integrada en la administración pública dentro de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Luego de tres años, dice el proyecto de decreto, el Presidente de la República y del Congreso de la Unión harán una evaluación para tomar las nuevas medidas que sean necesarias, las cuales podrían ir desde la disolución de la Guardia hasta su continuación y reformas.

La idea de crear la Guardia no ofrece garantía de éxito, pero tampoco es aconsejable convertir la preocupación en premonición de fracaso y mucho menos de catástrofe. Lo que se desea es poder atender gigantescos requerimientos de seguridad pública y empezar el regreso de los militares a sus cuarteles, aunque, mientras tanto, se trasladen miles de efectivos castrenses a las filas de una guardia militarizada en su disciplina, pero civil en su relación con la sociedad, como lo son no pocas en el mundo entero.

El camino hacia la superación de la política de creciente intervención militar en la seguridad pública estará llena de obstáculos, pero hay que emprenderlo ahora mismo con lo que se tiene.

Como sea que se analice el asunto, es tanta la violencia delincuencial, que se requiere empezar a cubrir el territorio. Al menos es preciso aceptar esto y luego arriesgarse a decir de qué otra manera se podría lograr. El debate va a fortalecer la lucha contra esa violencia, ya que existe en el país un acuerdo sobre el qué y sólo debatimos los cómo.

Si la Guardia Nacional se reinstala en el país con otras formas y tareas, aquellas derivadas de la crisis de violencia, tendremos tiempo para evaluar su funcionamiento. Lo que no podemos hacer es seguir reprobando el esquema actual de seguridad pública nacional sin que se emprenda algo nuevo.

El problema, sin embargo, es que no hay soluciones ya probadas aunque fueran parciales. Lo que ahora se proponga y luego se intente llevar a cabo estará sometido al criterio de la verdad: la práctica.