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Demencia conservadora

Los intelectuales de la neo derecha nacional, aliados a los de la rancia, han entrado en demencia política. Ponen en duda la legitimidad del resultado de las elecciones legislativas de 2018, pero dos años después de los comicios. Niegan que exista una mayoría legítima en el Congreso y lo hacen a través de una inserción pagada para que sea leída.

Héctor Aguilar Camín y sus compañeros de viaje desconocen la Constitución y se lanzan a tratar de deslegitimar a la única mayoría parlamentaria auténtica que ha tenido México desde hace muchos años. La 4T obtuvo el 47% de la votación efectiva. Si hubiera sido un  solo partido, que no lo fue, pues era una coalición de tres, su representación hubiera sido del 55% de la Cámara, suficiente para ser mayoría absoluta.

El Partido del Trabajo (PT) sólo obtuvo 3 diputados plurinominales (se aplicó severamente la cláusula de sobre representación) y ninguno le fue asignado al Partido Encuentro Social (no alcanzó derecho al reparto). Morena tuvo derecho a 85 curules de representación proporcional según determinó el INE, luego de hacer sus propias cuentas, sin que hubiera litigio al respecto. Los tres partidos en conjunto alcanzaron 307 legisladores, 221 de los cuales son de mayoría relativa de un total de 300 distritos electorales que existen en el país, es decir, la 4T no alcanzó la mayoría sólo en 79.

En cuanto al Senado, la demencia política es de igual gravedad, ya que el grupo de Aguilar Camín no sabe que en cada entidad federativa se eligen tres senadores, dos de mayoría y uno de minoría, además de 32 de cociente nacional. No había manera de que la 4T fuera minoría en esa cámara del Congreso si fue mayoría en casi todos los estados.

Aguilar Camín y socios no conocen las leyes del país que dicen defender. En la Cámara, la Constitución permite a los partidos, en lo individual, una sobre representación hasta de 8 puntos porcentuales respecto de su votación. Este precepto se conoce como «cláusula de gobernabilidad», según le llamaron los amigos de Aguilar Camín, priistas y panistas, cuando la llevaron a la Carta Magna. Durante años, el PRI y el PAN la ejercieron con entera normalidad. Pero los neoconservadores no tienen ojos para el pasado en el que les iba muy bien, sino sólo en el presente que ya no les simpatiza. Viven en la angustia.

¿Por qué tendría que ser desaconsejable que una fuerza política tenga una mayoría parlamentaria? ¿Habría que hostigar a Emmanuel Macron, presidente de Francia, sólo por contar con suficiencia en la Asamblea Nacional? No, allá no, porque aquel gobierno es de la banda de Aguilar y compañía. Si éste y sus amigos quieren cambiar las reglas –no se sabe, luego de su carta pagada, cuáles serían las nuevas—, que se postulen para el Congreso; ese es el método.

La fuerza gobernante puede o no tener mayoría legislativa, pero, cuando la tiene, debe ejercerla porque para eso existe como expresión ciudadana. En México tuvimos tiempos en que el presidente carecía de mayoría y le era necesario acordar con otro u otros. Así se formó el PRIAN y el PANPRI, según a quien le tocaba el turno en el Ejecutivo.

Si en un futuro cercano el resultado de la elección legislativa no otorgara a ninguna fuerza política la mayoría parlamentaria, no habría ningún problema nuevo, pero esa no puede ser una exigencia democrática sino una aspiración de las oposiciones actuales. Son dos cosas diferentes.

La democracia, como la conocemos, es un sistema competencial con relativa tolerancia. La atomización en la representación política no le es consustancial, pues ésta es solamente expresión del  voto ciudadano.

El llamado equilibrio de poderes siempre ha sido una falacia porque no hay equilibrio en la Constitución. Lo que existe es un sistema con ramas del poder, cada cual con facultades diferentes, pero no en competencia. Lo normal en esas democracias es que la fuerza política mayoritaria ocupe el Legislativo y el Ejecutivo. Cuando este último carece de respaldo suficiente, tiene que llegar arreglos con otros. Así de sencillo.

Pero Aguilar Camín y socios creen que el «equilibrio» consiste en que el pueblo vote de la manera en que a ellos les conviene, es decir, que elija una mayoría parlamentaria que no sea de la misma fuerza política que la del Ejecutivo. Lo plantearon cuando íbamos a votar en junio de 2018; pidieron que, por favor, los electores que estaban a favor de AMLO votaran por diferente partido en las boletas de senadores y diputados. ¿Cuáles era los «otros partidos»?, pues los mismos de antes: si el triunfo de AMLO era inevitable, había que buscar acotar el cambio, el nuevo rumbo. El diferencial de votos se produjo por sí mismo porque el fenómeno era al revés: no pocos que por lo regular votan por otros partidos lo hicieron por AMLO en la boleta presidencial. Iban a lo seguro y querían un cambio. Pero no fueron tantos porque en la votación de diputados la suma de los partidos de la 4T alcanzó el 47%.

Los intelectuales orgánicos de la derecha funcional de nuestro tiempo se inventan un nuevo prototipo democrático. El punto central ya no es que cada quien vote como quiera y se respete la votación, tal como hemos llegado a pensar al respecto, sino que lo haga de tal manera que se logre el «equilibrio», es decir, que Ejecutivo y Legislativo correspondan a fuerzas políticas diferentes. Esta novísima teoría, como «obligación democrática», podría conducir al perpetuo conflicto irresoluble entre ramas del poder político. Nada nuevo, a menos que se restablezca el PRIAN, el partido de Aguilar Camín y compañía. De eso ya tuvimos bastante. En cuanto a demencias políticas neoconservadoras, ya estamos teniendo suficiente.

Guardianes electorales

Vigilar las elecciones es un mandato democrático que abarca a la ciudadanía entera. Procurar el respeto al voto genuino es un deber cívico de todos. Pero el INE parece no estar de acuerdo con esto.

No es nueva esa actitud de la actual mayoría consistorial de ese Instituto. Así es, sencillamente. Tenemos años con lo mismo.

El presidente de la República dice que quiere convertirse en «guardián para que se respete la libertad de los ciudadanos a elegir libremente a sus autoridades», en especial denunciar el uso de recursos públicos y la compra de votos,  pero el consejero presidente le responde que «el único guardián» es el INE y que el presidente «no tiene vela en el entierro», según dijo.

El INE, como antes el IFE, nunca pudo impedir el fraude electoral, la compra masiva de votos, el uso ilegal de recursos, el exceso en los gastos y muchas más maniobras electorales abusivas e ilegales. Ni siquiera pudo impedir en el año de 2015 el muy evidente fraude de voto electrónico a distancia, reconocido siete meses después de las elecciones de diputados locales de Chiapas, llevado a cabo mediante la manipulación del «inviolable»  listado de electores. Y también se negó a destituir a los consejeros locales de aquel estado, hasta que se lo tuvo que ordenar el Tribunal.

La lista de incapacidades, torceduras, parcialidades, complicidades, soslayos, inoperancias y torpezas es monumental y se encuentra documentada. Los historiadores en el siglo XXII tendrán todo a la vista para darse gusto. Un día, el INE llegó al extremo, cómico y patético a la vez, de registrar en la suma de los cómputos distritales, tres días después de la elección, más del 100% de los votos depositados en las urnas. Año 2015, caso único en el mundo. El consejero presidente ni se asomó para dar explicaciones: envió a la sala de prensa a algunos de sus buenos colegas.

El Instituto nunca ha logrado tener resultados completos en la mañana del día siguiente, como suele ocurrir en los países de sistema lento que no pueden hacerlo la misma noche. Los tiene cuando terminan los cómputos distritales, tres o cuatro días después. Lo que hace el INE es un muestreo de casillas, llamado conteo rápido, una encuesta de resultados, aunque nunca ha cubierto la totalidad de las casillas de la muestra. Los rangos que brinda ese procedimiento son tan amplios que, en elecciones muy competidas, sólo crea mayores problemas. El punto relevante, sin  embargo, es que, con el pretexto del conteo rápido, el programa de resultados no mejora, es muy lento, políticamente complicado y dudoso.

La vigilancia de los procesos electorales no sólo debe abarcar a partidos, donantes, medios de comunicación, bancos y todos los niveles de gobierno y otras entidades públicas, sino también, especialmente, a la autoridad que organiza los comicios. Esa es nuestra realidad.

El IFE-INE, sin presencia (formal) del gobierno, se construyó bajo buenos auspicios y no empezó mal si se estima la realidad política de entonces y el bloqueo que intentaba el PRI, hasta que decidió desechar la queja sobre el financiamiento ilegal de campaña conocido como «Amigos de Fox». Luego de dos años, el Tribunal ordenó al Instituto, en incidente de apelación, investigar lo que ya se conocía a grosso modo, por lo cual se impuso al PAN y al PVEM una multa de más de 300 millones. Pero ni así presentó el IFE denuncia ante el Ministerio Público.  Eso lo hice yo, con la pésima suerte de que el principal denunciado, entonces presidente de la República, le ordenó al procurador que confirmara el «no ejercicio de la acción penal» dictada por la Fepade, la cual jamás ha servido para gran cosa. En realidad, no pasó nada, el Poder Judicial le dio palo final al asunto en juicio de amparo.

La brutal arremetida del entonces presidente, en 2005, mediante mensajes en radio y televisión en los que realizaba propaganda personalizada con programas sociales, algo prohibido por la ley y que anticipaba la campaña electoral, no la detuvo el IFE, sino un ministro de la Suprema Corte, José de Jesús Gudiño Pelayo, quien resolvió inmediatamente la suspensión de los actos presidenciales luego de admitir a trámite la controversia interpuesta por la Cámara de Diputados.

El IFE-INE ha sido casi ineficaz en la vigilancia de que se observen los dos últimos párrafos del artículo 134 de la Constitución. Miles de quejas y denuncias se han presentado infructuosamente contra servidores públicos que realizan propaganda personalizada por cuenta de recursos públicos. Ahí, el Instituto sí tiene «vela», pero ha fallado de manera indecente. ¿Quién vigila?

El éxito del IFE al imponer una multa de mil millones de pesos al PRI tuvo el defecto de que lo robado había sido del doble de la cantidad indicada en el expediente, lo cual obligaba a una sanción de dos mil millones. Al principio, ya en medio del escándalo, el Instituto no abrió procedimiento oficioso sino que tuvimos que presentar la queja. El Pemexgate culminó en la exoneración penal de los intermediarios, los líderes sindicales y el director de la paraestatal, así como del entonces presidente de la República, quien sin  duda impartió la orden para la defraudación. Nadie que no sea el jefe del Ejecutivo regala mil millones a un candidato desde los fondos de Pemex.

Podría decirse que aquel Consejo General del IFE fue mejor que los posteriores porque, aunque tampoco vigilaba mucho, al menos era reactivo y llegó, aunque a tumbos, a imponer sanciones históricas al PRI y al PAN, los cuales eran los partidos donde mejor se organizaban los transgresores electorales del país.

Después las cosas empeoraron visible y groseramente. La campaña sucia del PAN en el año 2006, con la intervención de agrupaciones patronales y empresas, así como de las televisoras, mediante la difamación y la calumnia, fue pasada de largo por unos consejeros que en su mayoría estaban en la movida chueca electoral. Recordemos sólo la manera torcida de hacer los cómputos y, luego, la declaratoria ilegal del IFE sobre el resultado de la elección presidencial que la ley no le permite hacer, la negativa a realizar un recuento que hubiera aclarado al menos una parte del problema, el carpetazo a toda queja, denuncia, clamor, etcétera.

En el año 2006 México tuvo el movimiento poselectoral más fuerte de su historia, el cual duró prácticamente los años del sexenio. Este fue provocado por las acciones combinadas de la derecha panista en el gobierno, el candidato oficial, las agrupaciones empresariales más conservadoras  y la mayoría de consejeros del IFE, con la muy lucrativa complicidad del PRI. «Haiga sido como haiga sido», se dijo.

Seis años después, volvió la propaganda electoral ilegal en favor del precandidato priista en grandes medios, inmensas cantidades de dinero para la compra masiva de votos, dispersadas a través de entidades financieras; Monex fue señalada, aunque se repartió más dinero a través de Bancomer en donde la autoridad no preguntó nada.

Las nuevas facultades del IFE no se usaron bien porque la indagatoria se hizo con el deliberado propósito de llegar a la conclusión de que nada importante había alterado negativamente el proceso electoral. El PAN calló porque no era opción mayoritaria, como seis años antes lo había hecho el PRI. No es insulto hablar del PRIAN.

El presidente dijo recién: «si yo me entero de que están utilizando el dinero del presupuesto para favorecer un partido o un  candidato…, estoy obligado a denunciarlo». En respuesta descalificadora y acallante, uno de los consejeros que imparte clases en el consistorio del INE lanzó una filípica: «gobernantes, fuera manos de las elecciones». En el contexto del diálogo, tal vez quiso decir: no denuncien nada, dejen en manos del Instituto justamente el trabajo que no se hace.

En arrebato de cretinismo  (ya no se sabe si es más personal que institucional), el consejero presidente ha lanzado una perla digna de un comentario de Carlos Monsiváis, dijo: «El presidente de la República fue beneficiario en una elección que realizamos«. O sea, que el INE realiza las elecciones y que en ellas hay un beneficiario. Los comicios los organiza una instancia del Estado pero no los «realiza»; en ellos participa una ciudadanía que los lleva a cabo, que se encarga de su realización. No hay beneficiarios sino elegidos, personas con encargo popular.

Los actuales consejeros del INE, en su mayoría, dicen que los servidores públicos, en especial el presidente, deben concretarse a tratar los asuntos de su más estricta competencia. Ellos, en cambio, hablan sobre todo y casi todo el tiempo, incluyendo sus respuestas y críticas al presidente y a la mayoría parlamentaria. Han convertido al INE en una plataforma de discursos personalísimos, aunque no son funcionarios elegidos sino designados para cumplir tareas muy concretas, acotadas directamente por la ley.

Es increíble que en el INE se ubiquen consejeros que no admitan la diferencia entre ser elegido y no haberlo sido. Todos deben respetar la ley y ser decentes, pero sólo los elegidos expresan intereses e ideas de sus representados.

Hace muy poco, la Junta Ejecutiva decidió autorizar unas remuneraciones mayores a las señaladas por la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos y, además, por encima de lo que percibe el presidente de la República. Tomaron, así nomás, la decisión de desacatar un decreto legislativo y desconocer la Constitución. Hoy día, para el INE no existen los artículos 75 y 127 de la Constitución. En tal actitud se haya el puro interés monetario, los sueldos de una burocracia dorada. El INE está anclado en el viejo sistema de privilegios y derroche de fondos públicos.

El INE, más o menos, descansa dos años por uno de intenso trabajo. Siempre ha sido así. Cuando vienen las elecciones, unifica la actividad de las áreas de organización y capacitación, pero durante los dos años anteriores las mantiene divididas para tener más vocalías, gastar más sin propósito válido alguno.

Además de lo debido, el INE gasta en lo que les da la gana a los consejeros. Así nomás. Todos los contralores del Instituto lo han dicho de muchas maneras, pero nunca se les ha hecho caso.

El gran error de la conformación del IFE-INE fue que se proyectó como órgano político y no sólo técnico. El problema nunca ha sido la autonomía en sus decisiones sino la falta de la misma. Los partidos han designado hasta ahora a los consejeros, poniéndose de acuerdo en un reparto más o menos proporcional a la presencia parlamentaria de cada cual. Como es lógico, se ha conformado siempre un  núcleo duro mayoritario del PRIAN.

Yo fui el único coordinador parlamentario que no concurrió a la elección de todo un Consejo General, el peor que ha habido, por cierto, en el año de 2005, en víspera del fraudulento y canallesco refrendo panista en la Presidencia. El voto en contra de toda la lista de consejeros fue un escándalo, pero la vida demostró que era lo correcto.

El proyecto político de los neoliberales desde 1988 fue el de crear un  régimen bipartidista para dejar a la izquierda en el margen. Receta clásica estadunidense y europea. Lo intentaron siempre con los peores métodos, desde atentados mortales, encarcelamientos, persecuciones, fraudes electorales, alquimias comiciales, compra masiva de votos, uso gigantesco de recursos públicos, desfalcos de empresas públicas, pase de charolas, manipulación  de los medios de comunicación, reparto electoral de presupuestos, moches, compras y compras, ventas y ventas, hasta el diseño de un aparato electoral profesional pero manipulable.

Los principales guardianes de las elecciones siempre han sido los militantes de las oposiciones, los ciudadanos en las casillas, los periodistas que denuncian, los integrantes de las organizaciones civiles por la democracia, los dirigentes políticos que no se dejan ni se venden, los manifestantes de los miles de conflictos poselectorales de la historia contemporánea de México.

No vengan ahora con el cuento de que los únicos guardianes son ellos, consejeros electorales nombrados comprometidamente por los partidos políticos que hacen fraudes.

¿Quiénes deben combatir la discriminación?

Quienes tienen el encargo de garantizar la igualdad de todos y todas y de que nadie sea discriminado son las autoridades del país. Todas. Eso dice la Constitución en su artículo primero.

Por exigencia de personas defensoras de derechos humanos, pero también como forma de descargar la responsabilidad de las autoridades en materia de igualdad, se creó el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred). La generalidad de los entes de gobierno se desentienden del punto porque dicen que ya existe una pequeña dependencia descentralizada que se encarga de todo. ¿Qué es todo?

La discriminación en México se expresa a cada paso y en todas partes. Es imposible que una sola oficina se encargue de prevenir y mucho menos de combatir ese fenómeno ancestral de la vida de México.

Cuando Gilberto Rincón Gallardo, fundador del Conapred, asumió el cargo, fue a la Cámara de Diputados a quejarse de que Vicente Fox y Santiago Creel no gestionaban el presupuesto que él consideraba mínimo. Los diputados no le dieron más que lo solicitado por el Ejecutivo. En realidad, el gasto para prevenir la discriminación pudiera ser tan grande como los presupuestos de las entidades públicas que ejercen funciones de autoridad, porque todas ellas son competentes de alguna manera en el tema.

Esto es algo muy diferente a las funciones de investigar y perseguir delitos que solo tiene a su cargo el Ministerio Público, aunque éste también debe garantizar la igualdad. Además, no se requiere tener facultades de imponer directamente sanciones administrativas como condición para prevenir la discriminación. Cualquier autoridad tiene la obligación de denunciar los actos que vayan en contra de la observancia de la ley, no sólo los delitos.

Ahora bien. Hay varias leyes en México contra la discriminación. En cada Estado, en los bandos y ordenanzas municipales, en la legislación federal. Hay también autoridades que pueden imponer sanciones, multar, clausurar, etcétera. El problema es que los gobiernos de todos los niveles no promueven el respeto a la igualdad y no combaten la discriminación.

Carece de sentido que haya un consejo central para combatir la discriminación porque siempre será inoperante en el mar de tratos desiguales, ofensas racistas, clasistas, sexistas, por edad, género, preferencias, aspecto, gustos, cultura, etcétera, etcétera. En realidad, ningún país con alta discriminación, como existen tantos en el mundo, puede resolver algo mediante el funcionamiento de una inocua oficina.

El problema no es el presupuesto asignado al Conapred. Decir eso es una exageración y carece de sentido práctico. En cambio, es correcto considerar que, dentro del gobierno federal, le corresponde a la Secretaría de Gobernación, directamente y no a través de una extraña figura desconcentrada, hacerse cargo de las responsabilidades de organizar la atención oficial de ese tan relevante asunto.

Lo que hoy tenemos es que la gente se queja ante el Conapred y el gobierno chifla en la loma y se hace el que la virgen le habla. En los hechos ha ocurrido lo que el gobierno de Fox creyó que sería mejor: una oficina donde llegaran las quejas mientras que el aparato público siguiera viviendo en el disimulo. El Conapred ha sido usado por los gobernantes para quitarse un problema de encima. Pero, además, ningún nivel de gobierno le hace caso al Conapred porque ninguno está en la lucha contra la discriminación, considerada como un terreno espinoso.

La discriminación es un tema de la sociedad pero especialmente del Estado porque éste tiene deberes constitucionales, en especial el de hacer valer los derechos humanos.

La atomización del Estado es una manera de crear compartimentos inoperantes, es la distribución de cargos sin perspectiva alguna. No debe haber un pequeño y arrumbado organismo especializado en asuntos de igualdad y no discriminación cuando estos abarcan tanto. Especialistas en el tema deben estar en todas las dependencias públicas. Lo que sí se requiere es una secretaría de Estado, así como las de carácter local y municipal, que sea autoridad en la materia y tenga el mandato expreso y directo de organizar a las demás entidades públicas para aplicar los programas conducentes a la lucha contra la discriminación.

Toda política pública debe tener un contenido de igualdad, tanto en su confección como en su aplicación. Todas las entidades deben contar con el correspondiente protocolo de comportamiento en esta materia. Ningún servidor público puede tener licencia para discriminar. Toda queja debe ser gestionada y asesorada debidamente.

Conapred no cuesta al Estado dinero. Lo que le cuesta mucho al país es la inoperancia del aparato estatal mexicano para contrarrestar y combatir la discriminación. Por ello, son inmensas las tareas legislativas y administrativas que al respecto deben emprenderse.

Hay que ubicar este debate en sus verdaderos términos. Por ahí se tiene que empezar.

No es tiempo de matices

El hecho de que este no sea tiempo de matices como objeto de la disputa política se debe a la convergencia conservadora frente a la irrupción de la izquierda en el poder. En este momento las oposiciones se están oponiendo y punto. Si hubiera algún partido de oposición que planteara negociaciones sobre la base del respeto a la mayoría surgida de las urnas, pero con campo abierto hacia otras propuestas, la situación política del país sería algo diferente.

Cuando los conservadores dominaban la política hacían todo tipo de acuerdos abiertos y encubiertos, pero discrepaban a menudo sobre temas menores y de reparto de canonjías.  Aquel era tiempo de matices, pero neoliberales casi todos ellos. Ahora que esos conservadores se encuentran en la oposición, se han ido acomodando entre sí, pero se van a enfrentar pronto al difícil reto de crear una coalición.

El objetivo concreto opositor es derrotar a Morena en 2021 y a Andrés Manuel en 2022. Cambiar la relación de fuerzas en la Cámara de Diputados y revocar el mandato del presidente de la República. Quien de manera más directa lo ha cifrado es Héctor Aguilar Camín en su conversatorio telemático fechado el reciente 23 de mayo: que Morena pierda la mayoría en 2021 y que en 2022 se revoque en las urnas a López Obrador… «por pendejo», según dijo.

Esa vulgaridad denominada Proyecto BOA (víbora que estruja a sus víctimas para tragarlas), repite aquellos dos objetivos con la misma claridad con que lo hacen otros conservadores. Su convocatoria busca la unidad de los importantes, el «círculo rojo», dice Aguilar Camín: partidos opositores, gobiernos locales, jueces, medios de comunicación, toda clase de organizaciones patronales, empresarios, intelectuales, etc. Nadie ha respondido por BOA, pero muchos no desconocen el objetivo. No tendrían por qué, es del todo verdadero. El mismísimo presidente del PAN recién lo ha dicho claramente.

No es la primera vez que Andrés Manuel López Obrador afirma que los adversarios de la transformación que él encabeza están a favor de conservar el viejo sistema de injusticias, privilegios y corrupción. Esto se debe al rechazo de plano que manifiestan los opositores a toda la política del gobierno, es decir, justamente a la ausencia de matices.

Al mismo tiempo, como complemento, en el ambiente político no sólo está presente la crítica del gobierno, de la política de éste y de sus actos concretos, sino también una considerable cantidad de mentiras e insultos que se pueden leer a diario en medios de difusión de toda clase. La convergencia conservadora no es sólo de los líderes sino también de las bases.

En condiciones normales sería un error político que el gobierno del cambio respondiera a los conservadores como si casi todos ellos fueran un solo bloque consolidado, pero bajo la situación política actual de México se ha vuelto inevitable, ya que del lado de los opositores la tarea es repudiar en bloque el programa de la 4T y tratar de cambiar de rumbo político; lo demás ya se verá, ahora no discuten entre sí.

El carácter reactivo de ese plan es otro elemento más  que confirma la ausencia de matices en la política mexicana, mientras que la rispidez y la maledicencia son fórmulas que contribuyen a la ausencia de diálogo político.

Por ejemplo, Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, fraguó la maniobra de responsabilizar al presidente de la República de choques de la policía local contra jóvenes manifestantes que exigían esclarecimiento y castigo por la detención y asesinato de Giovanni López. La idea de ese político conservador es que entre más logre confrontarse con el presidente, mejor será su propio prestigio personal, pero resulta ser otra cosa acusar sin motivo al titular del Ejecutivo federal de provocar la represión de manifestantes. Justificar la violencia mediante el infundio es viejo recurso de los déspotas mexicanos.

Hay que aclarar que la causa de fondo de que este no sea tiempo de matices no radica en las malquerencias, las cuales no parecen tener remedio, sino a que, frente a una hilada de cambios y nuevos enfoques, los opositores carecen por el momento de propuestas puntuales que pudieran discutirse en paralelo. Lo que proponen es volver a lo de antes en materia económica, social y administrativa (corrupción pública), lo cual sería el suicidio de la 4T.

Si Andrés Manuel se la pasara llamando al diálogo perdería tiempo y consistencia porque se ha estrechado demasiado el terreno de las interlocuciones entre grandes bandos políticos contrarios. No es una cuestión de personalidades o de opciones a la carta sino de hechos políticos duros.

En todo momento esto podría empezar a cambiar, pero es poco probable que sea pronto. En cambio, luego de las elecciones de 2021, dentro de un año, sí habrá cambios, tanto si Morena confirma su mayoría política como si la pierde. Eso lo saben los conservadores, a pesar de lo cual ellos no han optado por preparar una contienda de programas sino de desgaste de la Presidencia de la República mediante el ataque, la burla y el insulto sistemáticos. Entonces, estamos peor que antes porque, antes de votar, no parece haber materia para el diálogo aunque ambos alineamientos se sigan culpando mutuamente de la ausencia del mismo y afirmen que sería bueno. Círculo vicioso podría denominarse la coyuntura.

Si no hay campo para arreglos puntuales mientras votamos, después quizá se abra, pero no es seguro.

Los viejos ferrocarriles de AMLO

Si usted quiere ir a Cancún por tierra, puede llegar al río Coatzacoalcos y lanzarse a Villa Hermosa para seguir hasta Escárcega y atravesar la parte sur de la península hasta Chetumal, luego de admirar la laguna de Bacalar, tomar la carretera costera de Quintana Roo y, en unas pocas horas, llegar a las playas de Cancún o algunas mejores que están cerca, luego de pasar por otros lugares maravillosos. Si busca algo más, puede regresar por Chichen Itzá y Mérida, para tomar hacia el sur rumbo a Campeche. Usted puede hacer el viaje de ida y vuelta justamente al revés.

Dentro de poco tiempo podrá hacer todo ese periplo en tren, con mayor rapidez y comodidad.

Más de la mitad de ese ferrocarril ya existe, es muy viejo, no funciona.

En 1875 se inició un esfuerzo para ir de Mérida a Progreso en tren, lo cual se logró hasta 1881. Los ferrocarriles yucatecos tenían su gran troncal hacia el sur que llegó a Campeche en 1883 y varios ramales dentro del propio estado (la línea México-Veracruz había sido completada desde 1873). En 1906 el tren llegó a Valladolid, a 181 kilómetros de distancia. La construcción de aquellos ferrocarriles yucatecos duró 38 años. Quizá el Tren Maya pueda estar en servicio en menos tiempo.

Desde el otro lado, en 1901 se empezó a construir el Ferrocarril Central Tabasqueño, pero fue en 1935, bajo la presidencia de Lázaro Cárdenas, cuando el tendido de vías tomó cierto ritmo hasta que se detuvo en 1940 debido a la escasez de materiales provocada por la guerra.

Por fin, en 1950 se inauguró el ferrocarril completo: 738 kilómetros con 28 puentes hasta Campeche. Así, el viaje ya se podía continuar hasta Mérida. El presidente de entonces colocó el clavo del último durmiente. Era de oro… el clavo.

La mayor parte del trayecto del nuevo proyecto ferroviario de AMLO es el mismo viejo ferrocarril. La parte nueva no lo será tanto, ya que va a ser un trazo casi paralelo a la carretera que va de Escárcega a Chetumal y de ahí hasta Cancún.

Se nos quiere convencer que donde hay carreteras no puede haber vías férreas porque aquellas no afectan en nada y éstas destruyen todo: sociedad y medio ambiente. Eso es algo para pensarse varias veces.

En el Istmo de Tehuantepec existe un ferrocarril desde 1907, el cual podría cubrir la distancia de unos 200 kilómetros que separan a los dos océanos más grandes del planeta. Esa vieja vía ha sido rehabilitada y abandonada, relegada y vuelta a recuperar, pero nunca ha sido un gran corredor interoceánico. Junto a la arrumbada vía corre una carretera llena de tráilers y tanques. Nadie protesta por eso.

En México, como en otros países latinoamericanos, el ferrocarril fue emprendido en el siglo XIX y se detuvo en el siglo XX cuando aparecieron los camiones de carga pesada y se inició la construcción de carreteras y, después, de autopistas. Atrás fueron quedando los ferrocarriles por costosos, viejos y lentos.

Al abandonarse el ferrocarril se abonó otra clase de negocio con rápido retorno de la inversión y con menos trabajadores (mayor composición orgánica del capital). Todo fue para mejorar el negocio del transporte.

Llegó un momento en varios países que el ferrocarril reapareció con una velocidad de 300 kilómetros por hora o más. Sin embargo, México sigue en la película del siglo XX cuando en otros lugares del mundo ya miran otra cosa: viajar en tren es mejor que en avión, no hay largas esperas ni terminales lejanas.

Muy pocos se opusieron en el siglo XIX y en la primera mitad del XX a la construcción de ferrocarriles. Nadie protestó por árboles derribados en la vía que va desde Ojinaga hasta Topolobampo, porque todos ellos volvieron a crecer: la tala furtiva es un problema diferente.

El tren a Toluca ya se tardó demasiado por torpezas políticas, financieras y técnicas, pero eso no es fatal. Las cosas se pueden hacer de otra forma.

El gobierno debería tener ya proyectos y propuestas económicas para ligar a través de ferrocarriles modernos a las principales ciudades del norte y occidente del país con las del centro y sur. Los trazos de las troncales de los viejos sistemas ferroviarios son básicamente vigentes. La visión del siglo XIX se ha hecho presente en el siglo XXI.

Las inmensas inversiones que se requieren pueden ser gestionadas. Los proyectos Maya y del Istmo, financiados a través del presupuesto, son excepcionales. Para hacer posible obras mucho mayores se requiere financiamiento, lo cual permitiría hacerlas pronto y pagarlas lentamente a partir de sus propios ingresos. Esos son los créditos que sí hay que contratar.

El hecho de que casi todas las vías se encuentren concesionadas a empresas privadas no debería ser un obstáculo porque, aunque son buenos negocios (mucho más lo han sido, espectacularmente, en el primer trimestre del coronavirus), no dejan de ser unos fierros del pasado. Hay dos grandes concesionarios, Ferromex y Kansas City. Para una gran modernización no tendría que haber impedimento legal o económico. Entre varios se puede lograr un gran cambio. Es posible encontrar unas vías hacia el progreso.

Deberían construirse más viejos ferrocarriles de AMLO.

La crisis económica y cómo verla

Algunos expertos y periodistas insisten en comparar la crisis económica provocada por la pandemia de Covid-19 con la gran recesión de 1929-32. Sin embargo, se trata de dos fenómenos por entero diferentes.

En aquel entonces se produjo una sobreproducción que llevó a la caída generalizada de precios porque gran parte de las mercancías no se podían realizar en el mercado, es decir, vender. En consecuencia, la producción cayó. Sus efectos se prolongaron hasta 1938 y quizás después.

El crack de Wall Street (martes negro) no fue el inicio de la crisis, como algunos siguen creyendo, sino una de sus consecuencias con el derrumbe de precios de las acciones, las cuales se habían usado a menudo como garantías de préstamos bancarios para comprar las mismas. Luego, quebraron también muchos bancos al dejar de tener precio los valores bursátiles recibidos como avales y, además, aquellas acciones que tenían en propiedad como parte del nuevo capitalismo financiero: industria y banca fusionadas. Las carteras vencidas eran la inmensa mayoría.

Llegó un momento en que el sistema de pagos estaba casi a diario al borde de desaparecer. Los precios agrícolas se desplomaron en 60%, lo que hacía para muchos incosteable producir. La deflación alcanzó un 25% en toda la economía. La producción industrial se redujo entre el 60 y el 80%. La producción total bajó en un 30%. El comercio internacional disminuyó 50%. El desempleo llegó en EU al 33%. Los aranceles subieron. Las exportaciones mexicanas pasaron de 274 mdd en 1929 a 96.5 en 1932.

La crisis actual no tiene expresión propiamente financiera. Esos mercados gozan de razonable salud por más que hayan «perdido valor» durante algunos días consecutivos. El problema es el de un enorme parón de la producción, el comercio y los servicios que abarca las actividades que se consideraron no esenciales, en especial la industria.

El desempleo formal que vivimos bajo la crisis de Covid-19 ha sido provocado por la decisión de muchos patrones de despedir a una parte de sus trabajadores como parte del cálculo de la situación nueva que vendrá cuando se reanude el trabajo. En la zona informal es generado por el cierre forzado de pequeños establecimientos o la ausencia de suficientes compradores. Esto quiere decir que, en el momento en que se reanude la producción y el comercio, una parte de los puestos de trabajo cancelados se podrán recuperar, aunque sólo en la medida en que las industrias vayan restableciendo sus anteriores niveles de producción y los comerciantes y prestadores de servicios recuperen su clientela. Pero esto no lo podemos medir antes de tiempo ya que estamos en una situación nunca antes vivida.

Las empresas de todo tamaño requieren crédito para sostenerse hoy y reanudar mañana. La banca privada y la estatal tienen suficiente liquidez para atender la demanda de dinero. Las moras pueden ser manejables. El Banco de México ha abierto un amplio programa para que los mecanismos del crédito cuenten con el respaldo suficiente con intereses moderados, menores que los predominantes en el mercado.

El gobierno se está encargando de ofrecer pequeños créditos a la palabra a quienes no tienen acceso a la banca. Esa es la parte que se puede atender solamente desde el presupuesto de egresos. Creo que habría también que brindar ayudas gubernamentales a trabajadores formales e informales en paro efectivo porque en México no existe un sistema de seguro de separación o de desempleo. Algo de esto último ya se está haciendo en algunos lugares.

El pronóstico de que la crisis de la pandemia agregará en México 10 millones de pobres y 6 más en extrema pobreza quizá sea producto de un cálculo sobre el posible comportamiento del Producto Interno Bruto. Sin embargo, la correlación entre éste y la pobreza es algo que se seguirá discutiendo porque no existe una regularidad que resuelva el punto. No hay duda de que el PIB decrecerá pero eso no significa que automáticamente y en semejante medida se va a  profundizar la pobreza y/o aumentar el número de pobres. El cálculo de la cantidad de personas que no son consideradas en pobreza y que pasarán a esa categoría, así como el de pobres que serán arrojados al extremo no es un asunto de aplicación de fórmulas porque existe la política social.

A la luz del primer trimestre del año es aún imposible calcular la caída exacta que tendrá el PIB en 2020. Abril y mayo han sido el momento del mayor parón económico en el país, pero esa situación no se mantendrá idéntica durante el tercer trimestre del año (julio, agosto y septiembre) ni menos durante el cuarto. La capacidad de recuperación de la planta productiva que ha sido llevada al paro es una incógnita porque no conocemos otra crisis como la actual.

En realidad, lo que se sabe sin discusión es que habrá un decrecimiento del producto y un aumento del desempleo (AMLO lo estima ya en un millón), pero no parece que el nivel de precios vaya a modificarse, cuestión esencial en cualquier pronóstico sobre pobreza monetaria.

Las crisis de los años ochenta del siglo XX, en el marco del colapso de la deuda externa y de la caída del precio del crudo, cortaron de golpe el crecimiento económico de México. El PIB se redujo una y otra vez, de tal forma que decreció en promedio durante la década. Hoy, nadie parece ser responsable de esos desastres. Pero era el PRI.

En 1994, la sobrevaluación del peso con un esquema de deuda indexada al dólar (tesobonos), decidida en gran medida por motivos políticos, es decir, una especie de economía pendida de hilos imaginarios, inventada por Carlos Salinas dentro de su proyecto transexenal, trajo como consecuencia una crisis de dimensiones criminales.

El Efecto Tequila de 1995 que provocó un oleaje internacional, llamado en México «el error de diciembre» (del año anterior) para exculpar al autor y justificar al operador (así era la prensa en México), condujo al país a una especie de ruina. La producción disminuyó casi el 7% en ese año, la banca privada colapsó, la devaluación del peso alteró todos los parámetros, la inflación se hizo galopante, las tasas de interés se revolucionaron, el desempleo se profundizó, los salarios reales cayeron aún más y México acabó bajo los inicuos términos fijados por los acreedores. Como corolario, se le impuso al país desde el gobierno zedillista una nueva deuda de cien mil millones de dólares sólo para salvar a la banca privada y a los deudores de la misma (Fobaproa), la cual sigue devengando intereses que se pagan a través del presupuesto federal.

Era otra vez el PRI, pero Ernesto Zedillo (el entonces recién investido presidente) pretende ahora decidir lo que se debe hacer. Sus amigos periodistas están en lo mismo, aunque parezca increíble.

En 2009 el PIB disminuyó también casi 7 puntos de golpe, a pesar de que el gobierno panista, con operadores financieros priistas, había pronosticado un simple «catarro» frente a la pulmonía que se esperaba en Estados Unidos. Felipe Calderón es uno más de aquellos neoliberales que ahora pretenden dar lecciones.

Muchos de los críticos del gobierno actual, los inconformes de que no haya subsidios a los ricos ni condonaciones fiscales, incluidos intelectuales que no son capitalistas pero piensan peor, estaban en aquellas funestas crisis bastante tranquilos y se les veía muy cerca de los círculos oficiales.

La crisis económica del Covid-19 no durará tanto como la de los treinta del siglo XX ni como el efecto tequila («el error») o la más reciente del colapso financiero, gran operativo del crimen organizado de Wall Street. Pero su superación no será cosa sencilla en México debido al conflicto político.

 Los líderes empresariales se han dedicado a exigir el cumplimiento de su pliego petitorio de ayudas gubernamentales mientras la intelectualidad conservadora defiende los esquemas neoliberales que han fracasado en el mundo. Los partidos de oposición se han convertido en corifeos de aquellos y, ante la falta de propuestas propias, se dedican a tratar de bloquear todo.

Ninguna fuerza al margen de la 4T apoya el golpe de timón nacional de la nueva política económica y social. Se ha acortado extremadamente el terreno de las alianzas políticas en las que se pudieran incluirse a las izquierdas. El diálogo mismo, aunque fuera ritual, está casi interrumpido a la espera de una reanudación tan incierta como el curso de la economía.

Por lo pronto, se acusa desde el conservadurismo a López Obrador de buscar lo que él mismo está diciendo: un cambio mayúsculo en el cual no tengan lugar ni puedan regresar los esquemas neoliberales. Se afirma, nomás por decir algo duro, que la democracia está en peligro, como si ésta consistiera en el predominio de minorías rapaces que han  usado al Estado para enriquecimientos ilícitos.

La confrontación política se aprecia hasta en materia epidemiológica, en la que improvisados «especialistas» critican lo que dicen los médicos encargados de gestionar la emergencia sanitaria.

Encima de todo, la prensa maledicente del gobierno se ofende y protesta porque se le ataca, sin  admitir que cualquiera puede ser criticado como lo es el jefe del Estado. La república es el espacio de la igualdad política de todos sus miembros, las ciudadanas y los ciudadanos. No hay fueros ni privilegios. Lo que debería ser motivo de moderación moral son las falsas noticias (mentiras, se decía antes) que hoy parecen ser materia de competencia entre difusores.

Por primera vez desde 1988 hay que ver la crisis económica como momento de confrontación política directa. En aquel año eran los conservadores haciendo fraude electoral a un movimiento democrático de ruptura contra el neoliberalismo encabezado por Cuauhtémoc Cárdenas. En los años 2019-20 es la ruptura democrática contra el neoliberalismo encabezada desde el gobierno del país por Andrés Manuel López Obrador.

Los conservadores (muchos son reaccionarios en toda forma) no van a ser convencidos porque no les conviene serlo. Aunque han transcurrido más de 30 años, los bandos siguen siendo básicamente los mismos, casi no se mueven, aunque la correlación de fuerzas y el emplazamiento de cada uno de ellos es por completo diferente. Aquí nada será a muerte: esta lucha no tiene caducidad, es diaria.

Interminable historia de los subsidios eléctricos

La empresa estatal mexicana de electricidad, fundada en agosto de 1937 por Lázaro Cárdenas, se hizo para llevar el fluido a mucho más de la mitad de la población que carecía de ese servicio y para dotar de infraestructura a la industria. En aquel año era tan caro que desde un principio se apreció que iba a ser inevitable subsidiarlo para consumo popular, pero no para el industrial. Sin embargo, ambas cosas se han hecho durante 80 años.

El traslado de valor desde la industria eléctrica a empresas privadas y públicas es inestimable. Es quizá el mayor volumen de subsidio industrial de la historia del país.

Desde los años setenta del siglo XX, cada nuevo presidente prometía poner un límite a los subsidios, incluso a los dirigidos a la población. La solución se fue decantando hacia la apertura de la industria eléctrica al capital privado, especialmente extranjero, para que nuevas y modernas plantas elevaran la oferta y distribuyeran el fluido a través de la red eléctrica.

La generación de electricidad es altamente rentable. Lo que no lo es consiste en distribuirla. La idea de los neoliberales mexicanos ha sido que la producción esté en manos privadas y la distribución siga siendo del Estado. Así lo cifraron en la Constitución.

En la actualidad, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tiene a su cargo cerca de la mitad de la generación. Pero como es el gran distribuidor, se encarga de llevar el fluido eléctrico de los privados a través de su red. El funcionamiento de ésta es la que requiere un ejército de trabajadores, a diferencia de la generación.

Por otro lado, la reserva de electricidad en un país es vital para el funcionamiento del sistema en conjunto porque éste no puede operar con la generación máxima. Con una planta que se pare se puede venir todo abajo. La reserva es muy costosa porque representa un alto porcentaje de la capacidad de generación en exceso del consumo promedio diario.

En cuanto a las plantas eólicas y solares el problema es mayor porque su capacidad de producción es variable, según insolación y velocidad del viento. El trato que ha tenido la CFE con las empresas productoras no abarca la participación de éstas en la cobertura del costo de la reserva de la que dependen ellas mismas.

El Estado distribuye fluido eléctrico en la cantidad que generan las plantas privadas y les cubre un precio, pero no les descuenta la parte proporcional de lo que la CFE debe erogar para mantener la reserva. Esta no es el costo de lo que se produce sino de lo que se deja de generar para tener garantizado que siempre haya electricidad suficiente en la red.

En conclusión, el Estado mexicano sigue en la interminable historia de los subsidios, sólo que ahora tenemos unos nuevos beneficiarios: te doy subsidio eléctrico para que hagas negocio en la industria eléctrica.

Dicen algunos, pero no por ignorancia, sino por conveniencia, que el gobierno actual está obstruyendo la generación de electricidad mediante tecnología eólica y solar. Otros, también interesados, afirman que el presidente de la República quiere un monopolio estatal de la generación de electricidad, lo cual no tendría nada de nuevo, pero tampoco es cierto.

Lo que no se quiere es subsidiar, dentro de la peor de las tradiciones mexicanas, a las empresas privadas como un medio para garantizarles sus operaciones. Esa ya no debe ser función del Estado.

Los subsidios existen en cualquier país. El problema estriba en para qué, a quiénes, cuánto y hasta cuándo. México tiene una de las peores experiencias en el mundo justamente en materia de electricidad.

Como dijo el clásico, «ya nos saquearon; no nos volverán a saquear». Alguien le respondió: ¿por qué no? En eso han seguido.

Riqueza, ingreso, impuestos y poder

En México se calcula oficialmente el ingreso-gasto de los hogares pero no se incluye la riqueza patrimonial acumulada. A esto último se abocan agencias, investigadores, revistas, bancos y otras empresas.

En su reciente texto leído el 15 de mayo en el reconstruido recinto del Congreso Constituyente de 1856-57, Andrés Manuel López Obrador señaló que en el orbe, según datos de la revista Forbes, «dos mil 095 personas con más de mil millones de dólares cada una, poseen en conjunto ocho billones (millones de millones) de dólares; es decir, en los últimos nueve años la élite del poder económico mundial incrementó su fortuna en casi el doble». Dijo también que en «1988 éramos el lugar 26 entre los países del mundo con más multimillonarios; en 1994 México escaló el cuarto sitio, solo por debajo de Estados Unidos, Japón y Alemania». De 2011 a la fecha, agregó,  «se acumuló mucho más dinero en pocas manos.»

En México, según la tabla de ingreso corriente, los hogares más pobres (decil I) ingresan, en promedio, 101 pesos diarios. Los hogares de los súper ricos (decil X) ingresan, en promedio, 1 853 pesos diarios. Estos datos se refieren, más o menos, a la pobreza monetaria familiar pero no a la riqueza acumulada también familiar. No incluyen tampoco los ingresos financieros y de capital que reciben casi solamente «los de arriba».

La  inmensa mayoría del país que tiene ingresos muy bajos, bajos, medios y altos (deciles I al VIII),  recibe en su conjunto 3 485 miles de millones al año. Los muy ricos y súper ricos (deciles IX y X) reciben 3 410 miles de millones anuales. Esto quiere decir que el ingreso se puede dividir en dos volúmenes iguales, los más ricos, la minoría insignificante, y todos los demás. Así mismo, si analizamos los deciles IX (muy ricos) y  X (súper ricos), estos últimos reciben más del doble que los primeros (2 317.6 contra 1 092.4 mmp), aunque son mucho menos que aquellos. La diferencia dentro de los más ricos es también considerablemente grande (Fuente: ENIGH 2018, INEGI).

En realidad, no conocemos el monto de la acumulación de capital en manos de los dos deciles con mayores ingresos y, dentro de estos, a los dueños, ya que entre los muy ricos existen personas que viven principalmente de su trabajo, es decir, de su salario.

Las noticias sobre la riqueza privada acumulada en el país son tal vez un tanto especulativas. Se ha dicho que 15 mexicanos poseen en conjunto más de 150 mil millones de dólares, pero tal vez sea más. El fenómeno de la concentración de la riqueza se expresa en las fortunas de esos 15 individuos pero no consiste en eso.

También existe otro fenómeno muy relacionado, el de la centralización de la producción, los servicios y el comercio, es decir, las formaciones monopólicas que afectan gravemente a la economía del país, el cual expresa también la concentración de la riqueza en general.

Es preciso abordar en su conjunto el proceso de concentración de la riqueza visto como un fenómeno estructural. Ha dicho Andrés Manuel en el texto ya referido: «lo fundamental no es cuantitativo sino cualitativo: la distribución equitativa del ingreso y de la riqueza».

Dice la revista Forbes que el 10 por ciento más rico posee en México el 43.3 por ciento de la riqueza acumulada. Esta cifra coincide con la de Global Wealth Report 2014. Sin embargo, el Credit Suisse afirma que en México el 1% concentra el 43 por ciento de la riqueza patrimonial: sobre la base de 34.7 millones de hogares, tendríamos 35 mil familias en posesión de casi la mitad de la riqueza privada del país.

Quizá el primer problema técnico es el cálculo de la riqueza acumulada. Este asunto no es tan sencillo como definir el PIB o realizar la encuesta ingreso-gasto de los hogares con 88 mil formularios habiendo 35 millones de hogares en el país. El segundo sería el mecanismo para conocer la propiedad patrimonial de los capitalistas, ya que carecería de sentido estudiar el patrimonio de las personas aunque no concentren riqueza. Un tema importante sería la distinción entre el mero capital dinero y la inversión física, así como el lugar y las ramas de su ubicación. Todo ello sería información económica y social, es decir, conocimiento sobre México, por lo cual no sería desacertado que el INEGI tuviera esa tarea, pues se trata del organismo nacional de la estadística.

Toda política de redistribución del ingreso tiene que estudiar las fuentes y cuantía de éste, incluyendo, naturalmente, la riqueza acumulada que genera precisamente ingreso y lo concentra.

Ese conocimiento tendría que ser parte del análisis necesario para cambiar el esquema contributivo y, por tanto, las bases del financiamiento del gasto del Estado. Dice la OCDE, de alcurnia neoliberal, que en los países miembros de esa organización, como promedio, el 32.5% de sus ingresos provienen de impuestos a bienes y servicios, mientras que en México, que también es integrante de la OCDE, ese porcentaje es del 54%. Es cierto, aquí se grava más al consumo con impuestos recesivos que a los altos ingresos con una política fiscal progresiva.

Más que las funciones del INEGI, el punto que parece preocupar a los representantes políticos de los muy ricos y súper ricos acerca de las declaraciones de Alfonso Ramírez Cuéllar en el de crear un sistema de impuesto a la renta que grave con mayor porcentaje a los muy altos ingresos, como en la mayoría de países de la OCDE, tan admirada por ellos mismos.

La progresividad fiscal es un principio que está en la ley. La tabla del ISR así lo establece, pero, en la realidad, es como en Estados Unidos, pues la tasa máxima es baja y a partir de ella se acaba la progresividad porque no hay sobretasas extraordinarias para los ingresos gigantescos. Además, hay deducciones y subsidios fiscales dirigidos, que llevan a que el gran capital goce de menores tasas efectivas, las cuales terminan estando al nivel o abajo de las pagadas por los contribuyentes medios.

 Por lo pronto, hay que empezar por una revisión de los gastos fiscales que cada año elabora la Secretaría de Hacienda por mandato de ley, aunque casi nadie le hace caso. La mayoría parlamentaria está obligada a seguir combatiendo los privilegios, incluyendo los fiscales. Se han prohibido en la Constitución las condonaciones de impuestos, se ha dejado de evitar cobros a deudores fiscales, se ha combatido la fabricación y uso de facturas falsas y tenemos una autoridad fiscal honrada. No hay que detenerse, el siguiente paso son los gastos fiscales que no se justifican, aquellos que fueron concesiones políticas a personas y grupos minoritarios.

Luego, pronto, cuando eso de la concentración de la riqueza empiece a tomar referencias menos especulativas, entonces se podrá proceder a un sistema progresivo en el impuesto a la renta, lo que llevaría, por cierto, a una disminución de la elevada tasa que se está pagando por los ingresos medios.

La concentración de la riqueza patrimonial privada es un fenómeno que, en México, está por completo ligado al poder. No existe grupo financiero (fusión de capitales bancario, industrial y comercial) que no haya sido especialmente favorecido por actos de gobierno que le ayudaron o, de plano, lo hicieron surgir. Desde el inicio de la política de privatizaciones que empezó poco antes del fatídico año de 1988, las cosas empeoraron a este respecto porque las grandes empresas del Estado que se vendieron, en realidad fueron entregas a cambio de mordidas. En los sexenios siguientes esas movidas chuecas se replicaron. México es uno de los países que acusan la mayor concentración de riqueza en unos cuantos.

El pequeño grupo de familias que acapara la mayor parte del ingreso es una expresión del fenómeno más amplio de concentración de la riqueza, pero también del extenso entorno corporativo y de poder que han construido los grandes grupos de capitalistas. Riqueza concentrada es también poder concentrado.

El impuesto mexicano a la renta es un escándalo mundial. Este es uno de los países que tiene menor captación recaudatoria en términos del valor de su PIB. En realidad, el empobrecimiento del Estado es consecuencia, por varios caminos, del amontonamiento de riqueza e ingreso en unas cuantas manos. El sistema fiscal está por entero en crisis. Más aún cuando ha llegado un nuevo gobierno que tiene política social y desea impulsar la inversión pública productiva.

Lo que amarra todos estos elementos que constituyen el atraso, la pobreza y la injusticia social es el esquema de poder que predominó. Ellos, los súper ricos, los fantasmas del decil X de la superficial encuesta del INEGI, los dueños de los grandes corporativos, el capital financiero (banca, industria, comercio, servicios) engarzado a través de grandes holdings, ha ejercido el poder a través de unos representantes políticos surgidos del PRI y del PAN.

Ya sabemos que esa trama política fue removida de la sede del gobierno federal y del Congreso. El problema ahora consiste en deshacerla por entero, ejercer otra forma de poder y hacer que no vuelva a levantar cabeza aquello que llevó al país a la ruina, al atraso social, la corrupción, la violencia y la pobreza como emblema nacional.

Desde el PIB hasta el bienestar

Más de medio mundo sufre un parón sanitario de la producción, el comercio y los servicios, como consecuencia del cual se está reduciendo el tamaño de la economía expresado a través del Producto Interno Bruto (PIB). Se dice que es la mayor recesión desde 1929-32. Sí, tal vez, bajo el punto de vista del valor monetario de los bienes y servicios finales (PIB) producidos durante el tiempo que ha durado el actual parón, pero difícilmente éste se prolongará tres años.

El PIB fue formulado como gran indicador luego precisamente de la crisis 1929-32 por Simon Kuznets (USA), quien años después afirmaba que esa medición del crecimiento económico no era suficiente para apreciar el bienestar de una sociedad. El PIB per cápita, que es el cociente de la división entre éste y el número de habitantes, tampoco indica la manera en que se encuentra distribuido el ingreso monetario y mucho menos el acceso social efectivo a los elementos básicos del bienestar.

Para conocer la economía de un país se requiere tener en cuenta las diferencias entre cantidad y calidad del crecimiento, así como su dirección en términos sociales. En otras palabras, el objetivo hoy dominante en el mundo de tener siempre más crecimiento debería a cada paso señalar de qué y para qué.

Algunos periodistas radiofónicos de Ciudad Juárez me increparon hace unos días, entre muchos otros temas, sobre el desdén que pronunció López Obrador hacia el PIB como estandarte del progreso. Es claro que el gobierno actual y cualquier otro seguirán midiendo el Producto Interno Bruto como en todo el mundo, o casi,  pero otra cosa es creer que el PIB sea parámetro de la justicia social y el PIB per cápita sea la medida del bienestar de la gente.

Además, el PIB no es el ojo de Dios. No mide la «economía sumergida» no legal, como tampoco se refiere al trabajo en el hogar que no está monetizado. En países como México esas no son porciones despreciables.

Los datos de concentración del ingreso y acumulación de riqueza privada se consideran derivados del gran cálculo del PIB, sin embargo, para ambas mediciones se requieren métodos propios pues son otra cosa. Además, no sólo las recesiones son las que han incrementado el número de pobres. Crecimiento del PIB se ha dado a la par de agravamiento de la estratificación social, incluso de mayor pobreza por ingreso.

La esperanza de vida, la educación y la vivienda en términos de cantidad y calidad no son elementos del PIB y, lo peor, no necesariamente existe una correlación lineal entre éste y aquéllas.

Han surgido otras formas de estudiar la realidad social y habrá otras. En este tema tiene lugar una animada discusión. Ya existen varios índices alternativos. Las encuestas de ingreso-gasto de las familias se siguen haciendo. Los debates sobre cómo medir la pobreza y evaluar la política social son interesantes y útiles. En todo esto, el PIB ayuda poco.

Un concepto de desarrollo ligado al bienestar de la gente se abre paso por todas partes luego de que el criterio sustentado en el ritmo de crecimiento, el cual se expresa fríamente en el PIB, es cada vez de menor interés político, aunque sigue dominando como método de comparación entre años sucesivos de cada país y con los demás países.

Por lo pronto, se sabe de sobra que el PIB mexicano va a disminuir este año, como el de casi todo el mundo. ¿Para qué toda esa discusión? ¿De qué serviría saber en este momento, si se pudiera, la disminución exactísima del PIB en 2020? El FMI y la OCDE, así como toda clase de organismos, bancos y calificadoras, hacen pronósticos de crecimiento económico por país y del mundo entero, pero cada cual realiza sus cálculos con sus propias herramientas y sus particulares supuestos. Siempre son muy disímiles. Además, los pronósticos van cambiando durante el año y ven más lejos, pues pronostican el año siguiente. Luego, se advierten los desaciertos, los cuales jamás son reconocidos ni explicados por sus autores. Entre pronosticadores del PIB existe una extraña competencia, la cual es alimento de los mercados globalizados; si no fuera por esto sería un simple juego, pero suele ser inicua. Si el crimen es todo lo socialmente dañoso, sea o no ilegal, los mercados financieros globalizados son entidades del crimen organizado: ya lo han demostrado ad náuseam.

Lo que se debe discutir es la manera en que se está encarando esta peculiar crisis económica, así como las demás opciones. Si un gobierno con muy baja recaudación respecto de su PIB descompletara el volumen total de su gasto presupuestado y, por tanto, se sobre endeudara para cubrir el déficit adicional, entonces mañana habría que incrementar el servicio de su débito, ya de por sí desproporcionado respecto de su recaudación, y bajar su caudal de recursos propios para el gasto social y la inversión pública. Si brindara toda clase de coberturas crediticias a particulares –deuda pública contingente–, tendría mañana que cubrir también toda clase de impagos y quebrantos, algunos de los cuales quizá fueran consecuencia de factores anteriores a la crisis.

La política económica del actual gobierno debe seguir poniendo énfasis en cuatro puntos: 1. Gasto en salud; 2. Programas sociales en curso y nuevos; 3. Créditos directos a pequeños productores y comerciantes; 4. Mantener y acrecentar la inversión pública. Lo que se requiere es enfrentar la enfermedad pandémica y, al mismo tiempo, ayudar a defender la demanda social y popular de bienes y servicios, así como la inversión. La recuperación del empleo que se está perdiendo tendrá que apoyarse en el planteamiento gubernamental pero, evidentemente, éste no sería suficiente. Los agentes económicos –empresarios de todo tipo– deben hacer su parte porque, para ellos, proteger el empleo es defender sus propias ventas. Dicho en términos de la economía política: no hay ganancia capitalista sin explotación de la fuerza de trabajo. Esto, si acaso los patrones piensan como clase social y no sólo como facción.

La deuda del sector público va a seguir subiendo debido al recorte del superávit primario y al déficit presupuestal, pero no es aconsejable una pronunciada curva ascendente de endeudamiento en términos reales, aún a pesar de la caída del precio del crudo y de que es de esperarse una baja en la recaudación en los próximos meses del año. Además, la Constitución no permite contratar empréstitos para financiar gasto corriente, aunque eso se haya hecho durante todos los sexenios anteriores.

Por tanto, es preciso hacer una reorientación del gasto hacia esos cuatro puntos básicos. La ley actual se lo permite al Ejecutivo sin restricciones, pero lo mejor sería aprobar la propuesta de Morena de reformarla para hacer pasar los ajustes presupuestales por la Cámara de Diputados.

Las oposiciones neoliberales buscan subsidios y subvenciones fiscales, así como garantías sobre créditos de particulares, todo lo cual llevaría a una política de endeudamiento. No sería conveniente aceptar ese esquema porque, como ya se  ha visto en otras crisis, traería malas consecuencias, además de que contiene medidas intrínsecamente injustas.

Cuando se mitigue la pandemia, todo mundo podrá darse cuenta, por comparación con otros tiempos y con otros países, de la verdad que encierra poner por delante el bienestar social.

Bailes de la justicia electoral

En 2012 el Tribunal Electoral aprobó por unanimidad, en apelación, que el presidente de la República podía enviar cartas ofreciendo créditos del Fovissste, aun en temporada electoral, porque eso no era propaganda y mucho menos personalizada (expediente SUP-RAP-345/2012 y acumulados).

Ocho años después, sin que haya elecciones federales en puerta, el Tribunal ha decidido lo contrario con motivo de un recurso presentado contra una suspensión. Quienes enviaron por correo electrónico las cartas de AMLO sobre los créditos habían dado un paso en falso en un país donde los jueces dictan sentencias de contentillo.

Desde hace ya muchos años se escucha la queja al viento de que el Tribunal Electoral cambia demasiado sus criterios y lo hace según la circunstancia y los litigantes de los juicios. Es decir, le gusta el baile.

El TEPJF ha emitido una resolución muy sencilla que sostiene que el hecho de que el presidente de la República envíe cartas a los posibles contratantes de créditos con el gobierno o alguna dependencia federal puede ser un acto de promoción personalizada del mandatario, la cual está prohibida.

En efecto, el artículo 134 de la Constitución prohíbe que la propaganda oficial incluya «nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.

Uno de los problemas es definir si una carta en la cual el presidente de la República le comunica a un afiliado al Seguro Social que puede optar por un crédito, ya que califica para el mismo, es un acto de propaganda. El Tribunal ha dicho que sí puede ser, aunque hace tiempo había dicho que no.

Con fecha 12 de marzo de 2012, el entonces presidente, Felipe Calderón, envío miles de misivas a derechohabientes del Fovissste, firmadas por él. En la carta le decía al trabajador: «Te invito a que hagamos del 2012 el mejor año para México. Tienes mi compromiso de que en el gobierno federal seguiremos trabajando sin descanso para que germine la semilla del México seguro, justo y próspero que hemos sembrado con el esfuerzo de todos».

Ese era un texto claramente propagandístico en el contexto en el que circulaba puesto que ya estaba el país en proceso electoral. Las elecciones debían realizarse en menos de tres meses. «Seguiremos trabajando sin descanso», decía un presidente saliente que se iba a ir a otro lado porque ya estaba por terminar. Esto, en el marco del exhorto a hacer del 2012 «el mejor año para México». Nada de lo que decía el panista tenía que ver con un sorteo reglamentario del Fovissste en el que el trabajador que recibía la carta había resultado elegible para un crédito hipotecario.

El Instituto Federal Electoral (antecedente del actual INE) declaró fundada la queja que yo presenté por actos de promoción personalizada y transgresión al principio de imparcialidad electoral, aunque la declaró infundada por distribución de propaganda electoral costeada por el Ejecutivo. El presidente, declarado responsable de violar la Constitución y la ley, recurrió al Tribunal Electoral para solicitar la revocación del resolutivo del IFE.

El Tribunal, por unanimidad (Luna Ramos, Alanis, Carrasco, Galván, González Oropeza, Nava y Penagos), resolvió la revocación de la resolución del IFE tan sólo con la idea de que la carta no era propaganda sino parte del ejercicio de gobierno (SUP-RAP-345/2012 y acumulados).

El actual Tribunal no es el mismo en cuanto a sus integrantes, pero es la misma institución que, al menos, debería advertir que sus fallos tienen antecedentes y proceder a desvirtuar los mismos cada que decida resolver en contrario a lo de antes. Pero eso no ocurre. «Como digo una cosa digo la otra», tal como repite la clásica en la materia.

Por lo regular, cada vez que la Sala Superior formula un nuevo criterio, se abstiene de tomarse la molestia de explicarnos bien el asunto del cambio. Quizá podría ser que los magistrados no quieren debatir con sus antecesores, pero a veces también cambian criterios propios. O, tal vez, lo que en realidad cambia en el Tribunal es la situación política, el gobernante, el partido quejoso y cosas por el estilo. Pero esto último, claro está, no puede ser fundamento confesado de la modificación de criterios.

La historia de la propaganda personalizada es muy larga y penosa en México. Durante muchos años, los gobernadores se han hecho propaganda a sí mismos a través de gacetillas, en infomerciales y en noticias que son anuncios pagados. Eso también lo han hecho muchos otros políticos empoderados. Cientos de quejas han sido declaradas infundadas o han sido revocadas en sede judicial debido a las influencias de los denunciados y de las protestas de los medios que reciben el dinero pero que siempre niegan que lo hayan hecho. Además de propaganda personalizada, hemos tenido por años un mal uso de recursos y una evidente falta de justificación contable de los mismos.

Casi nunca se ha logrado algo al respeto y eso también atañe a los actuales integrantes del INE. Pero cuando se ha obtenido una resolución en firme por propaganda individualizada tampoco se logra algo porque los servidores públicos no pueden ser multados por la autoridad electoral, sino por su propio superior jerárquico, como una fórmula legal perfecta para garantizar impunidad. Este artículo ya ha sido derogado en la Cámara de Diputados pero el Senado no ha votado aún, inexplicablemente.

En la carta (ya suspendida desde hace varios días) con la que Andrés Manuel López Obrador le comunicaba al pequeño empresario que es elegible para un préstamo no se hacen referencias a «semillas» germinadas y a que «este año» (electoral) debe ser «el mejor». Se expone el fundamento de la acción de gobierno, sus motivos y sus propósitos. Tampoco estamos en la víspera de unas elecciones federales, como en el 2012.

Hay que seguir pidiendo piso parejo a las autoridades administrativas y judiciales porque si ya el Tribunal había dicho que las cartas presidenciales no eran propaganda, se entendía que no lo eran. Ahora sí lo son. Bueno, está bien, es mejor así pero debe ser para todos los poderosos y todo el tiempo.

Lo bueno de las recientes resoluciones sucesivamente adoptadas por el INE y el Tribunal en esta materia es que permiten organizar mejor la lucha contra la propaganda personalizada pagada de los gobernantes e intentar llevar este tema hacia afuera de la legislación electoral para ubicarlo como transgresiones administrativas a la Constitución.

La propaganda ilícita de gobernantes no es principalmente una falta electoral puesto que se hace todo el tiempo y no sólo durante las campañas. Como no hay otra autoridad a la que se pueda recurrir, es el INE quien resuelve en primera instancia y, luego, el Tribunal Electoral en apelación. Es más, esa transgresión ya casi no se comete cuando va a haber elecciones. Se requiere pues una ley de carácter nacional para hacer valer la Constitución en el plano meramente administrativo mediante sanciones pecuniarias que se impongan a servidores públicos de alto rango en todos los niveles. Si hay un delito, eso se resuelve aparte en el Ministerio Público y en tribunales.

No se crea que sólo en materia de propaganda personalizada se han producido bailes judiciales. Se han dado en una enorme cantidad de temas. Uno de ellos: la censura a los mensajes de los partidos. Ahí se han puesto a bailar magistrados y magistradas al son que les han tocado.

Haga entonces el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sus compilaciones y comentarios, para poder orientar a los sujetos políticos. Y, antes, presente alguna comedida explicación a quienes empezaron a enviar la carta de AMLO creyendo en la vigencia del precedente de 2012.