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El Chapo en una campaña del poder

A la memoria de Gerardo Unzueta

Ha dicho Joaquín Guzmán Loera en la entrevista publicada en la revista Rolling Stone que “el narcotráfico no depende de una persona; depende de muchísimas personas”. Esta verdad incontrovertible no parece afectar el ánimo de los gobernantes mexicanos que han organizado una campaña de medios para presentar la captura del jefe narcotraficante como una proeza histórica y un fuerte golpe a la industria del narcotráfico. “Misión cumplida”, escribió el presidente de este país en su twitter.

Que el gobierno entregue videos tomados dentro de la residencia de Guzmán Loera para ser difundidos por la televisión abierta es un hecho absolutamente condenable. Los gobernantes no están autorizados a difundir la violencia militar o policial ni la violencia a secas. Esa propaganda no corresponde a un Estado afecto a los derechos humanos. El país está ahora peor que bajo el gobierno de Felipe Calderón quien empezó el espectáculo. Ahora Peña Nieto da a conocer acciones militares, disparos a discreción, explosiones de granadas como si se tratara de un filme de ficción. Esa campaña envilece al gobierno, lo convierte en un promotor de la violencia. Al tiempo, presenta a El Chapo como un personaje épico con lo que converge con la industria del entretenimiento basado en el amarillismo, el uso de armas y la apología del crimen.

Tiene razón Aurelio Nuño cuando afirma que no se debe presentar la historia de los delincuentes como algo exitoso, pero el secretario de Educación no se atrevió a deslindarse de la campaña gubernamental que presenta la violencia real como único instrumento contra los narcotraficantes. ¿Eso es lo que debe enseñarse en las escuelas? La detención se produjo sin violencia lejos de la casa de El Chapo, pero lo filmado y difundido se presenta como el acto mismo de la aprehensión. Se sabe que Guzmán Loera escapó de la residencia allanada, que los militares no se dieron cuenta de ese hecho hasta después de una hora o más y que su detención en la carretera fue incruenta. No hay nada heroico en tales acciones como lo pretende el gobierno a través de su campaña. Sin embargo, se organizó un tour de periodistas para que éstos reportaran los vestigios de la violencia, la sangre resecada, las huellas de la muerte, los impactos de las balas y los destrozos de las granadas.

La falta de buenos resultados de la gestión gubernamental es cubierta con una acción de pura violencia. Los padres y madres tienen ahora que tratar de explicar a sus hijos e hijas qué es lo que ésta significa, cuál es su causa, y cada quien debe intentar una versión a su modo pues el gobierno no ofrece ninguna sino que nos lanza orgulloso un video a la cara sin brindar la menor explicación del fenómeno que está en el fondo. ¿Qué es el narcotráfico? ¿Cuáles son sus causas? ¿Qué debe hacerse? Un Estado que no dice, miente.

¿Es necesario que el poder haga escandaloso alarde de fuerza? No, ni en la guerra, mucho menos cuando ese mismo poder ha sido sobajado durante décadas por la delincuencia organizada que es un producto genuinamente suyo aunque sea monstruoso, que lo sustituye, que cobra impuestos informales, que controla territorios y órganos del Estado para proteger hechos delictivos, entre ellos muchos de violencia extrema. El video del asalto a la casa de Guzmán Loera no puede ser admitido como un medio de hacer sentir el poder sobre la delincuencia organizada sencillamente porque todo mundo sabe que no se producirán afectaciones en la industria del narcotráfico. Ningún jefe narco tiene ahora más miedo que antes. La tesis de Felipe Calderón era falsa y, en la chocante versión de Peña Nieto, sigue siendo igual de falsa.

Avergüenza tener un gobierno así, sin cultura, sin decencia, sin verdad, sin discurso político, sin propuesta. Todas las instituciones han sido llevadas al festín de la captura del “hombre más buscado del mundo”, según se dijo. Para empeorar las cosas, la PRG se ha puesto a decir disparates sobre las supuestas decisiones de no capturar a El Chapo en recientes ocasiones como si esa dependencia hubiera tenido que ver algo en la persecución y, además, para mayor escándalo se ha referido a la entrevista periodística realizada por Sean Penn y al contacto con Kate Del Castillo mediante comentarios telenovelescos impropios de lo que se supone que sería la alta responsabilidad del Ministerio Público. La PGR no ha tenido sencillamente ni la menor injerencia en estos asuntos. La procuradora debería al menos guardar la compostura. Roberto Campa, supuesto encargado gubernamental de la defensa de los derechos humanos pero convertido sin recato en policía, brinda su aporte a la telecomedia oficial al afirmar que “una pareja que quería servir al mal terminó sirviendo al bien” (a propósito, ¿dónde están los 17 levantados de Arcelia, señor Campa?). El gobierno da a conocer la transcripción de varios chats sin la autorización de ninguna autoridad competente, como vulgar filtración, sólo para llenar de morbo todo el asunto de El Chapo y dar color a su campaña de medios. Y, en fin, como si todo eso fuera poco, el gobierno analiza la manera de extraditar al jefe narcotraficante a Estados Unidos con lo cual sólo demostraría que no está seguro de que se puedan concluir los juicios en México. No hay el menor recato ni la menor decisión de cumplir con el deber sino sólo de hacer propaganda cruda, barata y dañina del poder establecido.

Así no tiene caso el debate sobre la mariguana

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Enrique Peña Nieto ordenó la apertura de un debate sobre la mariguana organizado por su propio gobierno. Ese mismo día reiteró: “mi posición categórica de estar en contra de la legalización de la mariguana”. “No se confundan, se abre un debate”, le ha dicho a sus hijos quienes le preguntaron si podrán pronto fumarse un churro en Los Pinos. El padre protector ya lo ha dicho: nada de churros. ¿Para qué convoca al debate? ¿Para concluir irremediablemente con su “posición categórica”? La cuestión es relevante porque el presidente de la República, en México, puede vetar las leyes del Congreso y se necesitaría el voto de dos tercios de los legisladores presentes en ambas cámaras para vencer la resistencia presidencial: imposible en este caso.

Las consultas convocadas en las cámaras, tal como la que organizará Osorio Chong, serán ejercicios con un solo resultado posible: dejar las cosas más o menos como están. Sin embargo, el uso de la mariguana es un problema cada vez mayor en México, pero no por cierto por sus consecuencias de salud sino por el rápido crecimiento del comercio ilegal monopolizado por bandas delincuenciales muy violentas y armadas hasta los dientes.

La cuestión no es médica porque la mariguana hace mucho menos daño que las drogas permitidas y porque los médicos especialistas están divididos en sus opiniones de tal manera que cuentan más las consideraciones morales que cualesquiera otras. Es evidente que no todo lo que hace daño o puede hacer daño a la salud está prohibido. Así que esa discusión carece de sentido.

Pero el endeble argumento de la salud se mezcla con otros temas en forma equivocada por parte de algunos responsables padres de familia. Veamos lo que dice quien va a vetar toda ley que al respecto no le guste: “¿para combatir el crimen organizado pongamos en riesgo la salud de la niñez y la juventud mexicanas? Mi respuesta es no”, ha dicho Peña Nieto. La pregunta está desfasada. Si la mariguana hiciera daño a la salud de niños y jóvenes, eso ya está sucediendo en forma creciente e imparable, tal como en efecto ocurre con las drogas legales, el alcohol, el tabaco. Fallecen muchos miles de adultos al año por alcoholismo y tabaquismo, pero no se tiene registro de decesos por consumir mariguana. Sin embargo, mueren muchos miles al año, jóvenes en su mayoría, en una guerra imposible de ganar e imposible de perder contra la delincuencia organizada que trafica con mariguana.

Las preguntas que hay que hacer son muy importantes porque de las equivocadas, como la hecha por Peña, se obtienen respuestas erróneas. Que cualquiera las haga, tiene poca importancia, pero tratándose de quien puede vetar leyes, es cosa grave.

Un debate verdadero podría requerir a los criminólogos. La división entre ellos generaría al menos la exposición de diversas teorías sobre el crimen, la cual, a su vez, ilustraría a la opinión pública sobre un tema que México vive trágicamente pero que no se discute.

Sin embargo, la discusión es principalmente política. La cuestión radica en cómo combatir a la delincuencia organizada ligada al tráfico de drogas. Como eso ya se ha intentado hasta el desangramiento, el camino que hoy se abre en el mundo es el de revisar la prohibición. Prohibir siempre ha sido lo más fácil. Perseguir a los transgresores ha sido más complicado. Detener con la pura prohibición un comercio con gran demanda ha sido enteramente imposible, al menos bajo el Estado secular. Pero aún es más trascendente discutir este tema desde el lado de las libertades, cuestión que se trata de dejar de lado en los foros o debates convocados sólo para especialistas en diversos temas pero con la ausencia de intelectuales capaces de introducir el elemento central que es la capacidad de autodecisión de las personas.

No tiene caso llevar a cabo debates y foros sabiendo el resultado de antemano. En este contexto, son un fraude, uno más. Carece de ética convocar a una discusión sobre la base de tener tomada la decisión de impedir cualquier opción contraria a la propia, como ha dejado dicho Peña Nieto con entera claridad.

Así que sería mejor realizar el debate por fuera pero en contra de las posiciones presidenciales categóricas.

Mariguana: un debate para alcanzar soluciones

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El debate sobre las drogas no se ha abierto con la resolución de la Suprema Corte sobre el derecho a cultivar y transportar mariguana para consumo propio. El punto ha sido tratado durante muchos años. A partir de la crisis de violencia en México, el asunto se convirtió en algo verdaderamente urgente. Por ello, la culminación de este debate debe hacerse pronto y arrojar soluciones efectivas.

Sería perder el tiempo seguir con la discusión sobre los posibles daños de la mariguana a la salud de los consumidores. Nadie muere por sobredosis de cannabis ni se ha demostrado que fumar esa hierba produzca adicción. Si la mariguana no puede ser tratada de igual forma que el alcohol y el tabaco –extendidos problemas de salud– mucho menos debe mantenerse prohibida.

El problema que hay que plantear es el control del Estado sobre la producción, transporte, distribución y comercio de la mariguana. Lo que se debe buscar es que se termine con la actividad ilegal pero no para desregularla. La Corte considera que la gente puede cultivar su propia cannabis, lo cual implica que también se puede asociar para tal fin. Aunque la mariguana puede cultivarse hasta en macetas, sería difícil tratar de resolver el problema con la pura resolución judicial pues el comercio ilegal se mantendría casi en el mismo nivel que hasta ahora.

De lo que se trata es de sustraer la mariguana del nefasto comercio de drogas que tanto daño ha hecho al mundo, no por las drogas en sí sino por la delincuencia violenta que ha prohijado la prohibición y por el carácter corrupto del Estado que forma parte de este esquema. Cierto es que en el futuro cercano deberá acabarse con la prohibición en general, mas por lo pronto la mariguana es un buen comienzo porque es la más consumida entre las drogas actualmente prohibidas.

La experiencia holandesa debe ser analizada y seguir con atención lo que ocurre en Uruguay y en varios estados de la Unión Americana. Pero lo más urgente es que el tema entre en la esfera de la política, que los partidos definan posiciones y el Congreso aborde el problema sin maniobras distraccionistas o dilatorias que no conducirían más que a dejar las cosas como están. El tema no será resuelto en los tribunales sino en el Poder Legislativo como se desprende del sistema político de la Constitución.

Ahora bien, los obstáculos a un cambio efectivo en este tema se derivan del miedo a que se relajen las buenas costumbres y a que el Estado termine promoviendo el consumo de drogas. Este miedo no se va a eliminar con una discusión sensata porque sencillamente no proviene de la sensatez. Los bandos de opinión a este respecto no coinciden exactamente con la derecha y la izquierda ya que hay gente muy conservadora en materia política y social que combate la prohibición mientras que personas de izquierda tienen miedo y se muestran defensoras de una ley que ha demostrado su naturaleza inicua en el plano social, económico y jurídico. Aunque existe una mayoría de derechistas que defienden el pernicioso sistema actual, no todos lo hacen ni son los únicos en hacerlo.

Otro problema sobre este tema es que bajo el Estado corrupto la desregulación no supera necesariamente la mordida. Como se trata de despenalizar para controlar con certeza y probidad, puede ser una nueva amenaza la generalizada falta de honradez de la autoridad y, por tanto, la violación organizada de las leyes. Hay que admitir que la lucha contra la prohibición es parte de la lucha contra el Estado corrupto pero sólo en un sentido general. Como la persecución legal del negocio de las drogas es parte integrante del sistema de corrupción que impera en México, con la sola regulación de la producción y distribución de la mariguana no se va a reformar el gobierno. Esto quiere decir que se requeriría la más amplia y solidaria participación vigilante de los consumidores para evitar que las autoridades abran un nuevo mercado paralelo ilegal.

Ninguna reforma se realiza sin generar problemas nuevos pero éstos se pueden resolver con el mismo ímpetu con el cual fue posible realizar tal reforma. Con ese espíritu habría que acometer esta tarea. Pero hay algo indispensable: que no se cuelgue nadie de las malintencionadas tesis de que este tema no es importante o que primero debe votarse en plebiscito. Por un lado, no sólo los más grandes problemas deben resolverse. Por el otro, las libertades y derechos humanos no son materia de consultas populares o, al menos, no deberían de serlo.

La desnudez del Estado corrupto

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Enrique Peña Nieto ha reaccionado frente a la fuga del Chapo Guzmán con expresiones que tienden a repartir la culpa. Se trata sin embargo de un descrédito del gobierno, de su gobierno, pues ése era el encargado de la custodia y nadie más. La evasión se hizo en la cárcel de más alta seguridad en el país, de donde nadie antes había podido fugarse. Tendría que haber responsabilidad política, pero no, Peña ofrece sólo la cabeza de empleados de menor relevancia como si éstos no hubieran tenido jefes.

Pero esta fuga denota algo mucho más complejo. El Estado corrupto mexicano –el fenómeno más duro del México contemporáneo—ha quedado una vez más desnudo. Todos hemos visto una fotografía instantánea de lo que es este Estado y la profundidad de su corrupción estructural. La fuga del Chapo se ha prestado a toda clase de bromas, chistes, diretes y burlas pero se trata de una expresión muy concreta de nuestra realidad política.

Sólo en un Estado como el mexicano es posible que exista una organización capaz de lograr una evasión de Almoloya como la que se ha visto. Casi durante un año, con absoluto sigilo y una disciplina a toda prueba, con toda la información de localización exacta y un trazo geométrico preciso, con la excelente colaboración interna que tal operación requería y también el bien guardado secreto de los cómplices, la mayor organización de narcotraficantes hizo posible en minutos poner en libertad a su jefe.

Aquí encontramos otro rasgo relevante de la fuga del Chapo Guzmán: la unidad del cartel de Sinaloa, su elevada organización y disciplina, su capacidad para emprender acciones sin disidencias o competencias internas. No es así el gobierno y, en general, la administración pública que colaboró con la fuga, por un lado, u omitió prevenir tal acontecimiento, por otro.

Si el Chapo había logrado su fuga de Puente Grande disfrazado de ropa sucia, se tenía que sospechar que lo intentaría de nuevo pero por otra vía. La excavación de túneles para la evasión de prisiones es una técnica muy antigua. Entre más profundo es el cimiento de la cárcel, mayor la profundidad del túnel. Eso es sencillo. No se debería nadie admirar de la obra de construcción tan elemental; lo admirable es el secreto bien guardado de la obra y la localización exacta del lugar donde iba estar el Chapo en un minuto determinado para entrar en el túnel sin que “nadie” se diera cuenta. Todos esos elementos sí que son dignos de ser analizados a profundidad. Este es el Estado corrupto: los vínculos tan funcionales entre la función pública venal y la organización de la delincuencia extraestatal, la ejecución de planes tan precisos y su realización tan exacta. No es ironía: el Estado, en especial el gobierno, funciona mejor cuando actúa en beneficio personal de los funcionarios, es decir, en tanto Estado corrupto. Todo se ha perdido pero en especial la probidad y, en consecuencia, la función pública del Estado. El fenómeno Chapo con su organización casi perfecta y su disciplina es una evidencia mayor de esa terrible enfermedad que padece México: el Estado corrupto.

Responsabilidades

Los estudiantes de Ayotzinapa viajaron desde Tixtla hasta Iguala sin que por lo visto ninguna autoridad estatal o federal hiciera un seguimiento de ese desusado movimiento. Cuando fueron reprimidos por la policía municipal y cuando ésta realizó el gigantesco levantón y se llevó fuera de la ciudad a los estudiantes, tampoco estaba un solo agente estatal o federal, ni siquiera un vigía que informara a las autoridades lo que estaba sucediendo. Si esto es cierto o no lo es, de cualquier forma el gobierno del Estado y el gobierno federal tienen responsabilidad en la represión y probable matanza.

Si no dieron seguimiento, están en falta; si lo dieron y no hicieron nada, también están en falta. Así debería entenderse el desempeño de las funciones publicas, en especial en materia de seguridad: la autoridad no puede desaparecerse ni tampoco desentenderse.

El alcalde, José Luis Abarca, que era miembro del PRD, aunque ocasional, había sido antes señalado como posible autor de los homicidios de Arturo Hernández Cardona y dos de sus compañeros, así como integrante de un grupo de delincuencia organizada junto con su cuñado y su esposa. Nada hizo el partido para obligar al gobierno de Aguirre a asumir sus deberes al respecto, lo cual entraña responsabilidad.

Por su parte, el gobierno federal, con su poderoso Cisen entretenido en dar a conocer los videos de la Tuta y en intervenir teléfonos de otros políticos, no pudo en todo este tiempo investigar a Abarca e informar con datos duros al gobierno de Guerrero. Dice Murillo Karam que no le entregaron pruebas, pero éstas deben ser obtenidas justamente por el procurador, según reza la Constitución. Ahora va a resultar que los ciudadanos son quienes deben hacer la probanza. De ser así, que desparezca el Ministerio Público y a ver a cómo nos toca.

Tan luego que se produjo la represión, el secretario de Gobernación declaró que no intervendría el gobierno federal en un asunto local, como antes había guardado silencio sobre la matanza de Tlatlaya. El mismísimo presidente de la República, con ganas de joder a la oposición perredista, se pronunció por la atención local de problemas locales. Para ambos, ya estaba bueno que todos quisieran la ayuda federal mientras en el ámbito local no hacían nada en materia de seguridad pública. Pero, ¿para qué tanto despliegue de fuerzas federales en el terreno? En Iguala, la PF y el Ejército, con suficiente dotación de efectivos, estaban desaparecidos cuando la policía municipal hacía fuego y levantaba muchachos. En el colmo, ninguna autoridad se dio cuenta por dónde se habían retirado las patrullas policíacas con los estudiantes secuestrados. Ahora, Peña declara que va ir, “tope donde tope”, para perseguir a quienes por negligencia permitieron la represión pero él mismo es uno de los negligentes comprobados.

Sí hay responsabilidad de parte del gobierno de Ángel Aguirre y del gobierno de Enrique Peña. Sostener lo contrario sería asumir que la autoridad es intocable por carecer de responsabilidad política. Eso no hay que admitirlo, nunca.

En eso estábamos cuando Ángel Aguirre anuncia, con el respaldo de su partido, una iniciativa de decreto para poner a consulta popular la revocación de su mandato. Es aire puro porque el gobierno asume que puede ser imputado por responsabilidad política, lo cual es clarísimo, y porque la decisión se le deja a los ciudadanos de Guerrero, para lo que se convoca, por vez primera, a un procedimiento de consulta popular revocatoria.

Esta es una forma política democrática de afrontar un problema concreto relacionado con una situación general. El problema concreto es la responsabilidad política en la represión de Iguala mientras la situación general es la forma en que el Estado mexicano hace frente al fenómeno de la delincuencia organizada. Que por vez primera el pueblo se manifieste, sería un invaluable precedente.

Los secretos del narcotráfico

Cada día caen más delincuentes a manos de la fuerza pública y son eliminados muchos más por parte de los mismos grupos delincuenciales. Sin embargo, la violencia sigue en aumento. Este fenómeno no ha sido explicado por la autoridad. La sociedad desconoce los secretos del narcotráfico.

Las preguntas importantes se ubican en tres planos principales: integración, estructura y funcionamiento del narcotráfico, es decir, casi todo. Ninguna autoridad tiene interés en dar a conocer estudios serios sobre estos aspectos, de tal manera que los secretos de esa delincuencia son también los secretos guardados por el gobierno.

A simple vista y mediante los trabajos periodísticos publicados, podemos observar que la situación social sí está relacionada con el narcotráfico. El reclutamiento de efectivos se realiza dentro de sectores sociales especialmente resentidos: jóvenes desempleados, militares desertores y delincuentes de bajo perfil. También parece que el reclutamiento es muy fácil y existe una especie de carrera en la que los reclutas van escalando en la jerarquía de los grupos. Ellos son también las principales víctimas de los atentados y levantones.

La estructura de cada grupo ha de ser diferente pero siempre se observa un grupo de comandantes con funciones y territorios asignados. Esto quiere decir que debe existir alguna forma celular de organización que sirva de protección de los núcleos de mando y de instrumento de la eficacia en la realización de las tareas. Al mismo tiempo, se observa cierta movilidad en la que algunos jefes dejan un grupo y se afilian a otro pues la materia del trabajo es la misma. El sector financiero y de tesorería de las bandas es también todo un enigma, quizás el mayor.

El funcionamiento de estos grupos debe tener gran relación con sus tareas, tanto las relevantes y más lucrativas como aquellas hacia donde se han desplazado en los últimos años. Se observan al respecto cambios muy grandes si vemos esto en retrospectiva de unos veinte años. El narcotráfico siempre fue violento pero los enfrentamientos entre los grupos eran administrados, tanto por los jefes de los mismos como por las autoridades. Así también, otras actividades como el chantaje, la protección, el secuestro, el robo simple casi no eran realizadas por estas bandas. Hoy, todos los grupos ejecutan diversos delitos. Este fenómeno está relacionado con su integración, pues debe ser una de las bases del reclutamiento. La disputa por territorios y mercados llevó a crear pequeños ejércitos muy bien armados capaces de realizar cualquier delito.

En realidad, la “guerra” en la que vive el país no es entre la delincuencia organizada y el Estado, sino entre los grupos de aquélla. Mientras esa “guerra” no encuentre alguna salida, el Estado no podrá superarla directamente.

Llegamos a dos problemas centrales: la permeabilidad de los órganos del Estado para ser instrumentos de los delincuentes y la incapacidad de las bandas de llegar a acuerdos entre ellas en los últimos años. El nivel de penetración de las bandas en la esfera estatal es parte de los secretos. Pero lo que llama más la atención es que el carácter corrupto del Estado se convirtió en un instrumento común de todas las bandas. En cuanto a que la “guerra” sigue sin destino cierto, la verdad es que es ilógico suponer que la cantidad de bajas en todos los bandos –es decir, en las bandas—pueda ser un elemento para que cesen los combates si los comandantes no se ponen de acuerdo.

Las mafias tradicionales no reclutan a cualquiera sino a personas conocidas, cercanas. Las bandas mexicanas ya son diferentes. Se trata de un negocio en el que cualquier persona puede entrar bajo ciertas circunstancias.

Los secretos del narcotráfico seguirán ahí mientras el general imaginario de una guerra que no es –Felipe Calderón– siga en el puesto y nadie, desde el Estado, se atreva a desvelar tales secretos. Que no se les pida, entonces, a los ignorantes una propuesta de solución del problema. Mejor discutamos sobre la prohibición mundial, ineludible causa del fenómeno.