Archivo de la categoría: narcotráfico

Mariguana: un debate para alcanzar soluciones

El debate sobre las drogas no se ha abierto con la resolución de la Suprema Corte sobre el derecho a cultivar y transportar mariguana para consumo propio. El punto ha sido tratado durante muchos años. A partir de la crisis de violencia en México, el asunto se convirtió en algo verdaderamente urgente. Por ello, la culminación de este debate debe hacerse pronto y arrojar soluciones efectivas.

Sería perder el tiempo seguir con la discusión sobre los posibles daños de la mariguana a la salud de los consumidores. Nadie muere por sobredosis de cannabis ni se ha demostrado que fumar esa hierba produzca adicción. Si la mariguana no puede ser tratada de igual forma que el alcohol y el tabaco –extendidos problemas de salud– mucho menos debe mantenerse prohibida.

El problema que hay que plantear es el control del Estado sobre la producción, transporte, distribución y comercio de la mariguana. Lo que se debe buscar es que se termine con la actividad ilegal pero no para desregularla. La Corte considera que la gente puede cultivar su propia cannabis, lo cual implica que también se puede asociar para tal fin. Aunque la mariguana puede cultivarse hasta en macetas, sería difícil tratar de resolver el problema con la pura resolución judicial pues el comercio ilegal se mantendría casi en el mismo nivel que hasta ahora.

De lo que se trata es de sustraer la mariguana del nefasto comercio de drogas que tanto daño ha hecho al mundo, no por las drogas en sí sino por la delincuencia violenta que ha prohijado la prohibición y por el carácter corrupto del Estado que forma parte de este esquema. Cierto es que en el futuro cercano deberá acabarse con la prohibición en general, mas por lo pronto la mariguana es un buen comienzo porque es la más consumida entre las drogas actualmente prohibidas.

La experiencia holandesa debe ser analizada y seguir con atención lo que ocurre en Uruguay y en varios estados de la Unión Americana. Pero lo más urgente es que el tema entre en la esfera de la política, que los partidos definan posiciones y el Congreso aborde el problema sin maniobras distraccionistas o dilatorias que no conducirían más que a dejar las cosas como están. El tema no será resuelto en los tribunales sino en el Poder Legislativo como se desprende del sistema político de la Constitución.

Ahora bien, los obstáculos a un cambio efectivo en este tema se derivan del miedo a que se relajen las buenas costumbres y a que el Estado termine promoviendo el consumo de drogas. Este miedo no se va a eliminar con una discusión sensata porque sencillamente no proviene de la sensatez. Los bandos de opinión a este respecto no coinciden exactamente con la derecha y la izquierda ya que hay gente muy conservadora en materia política y social que combate la prohibición mientras que personas de izquierda tienen miedo y se muestran defensoras de una ley que ha demostrado su naturaleza inicua en el plano social, económico y jurídico. Aunque existe una mayoría de derechistas que defienden el pernicioso sistema actual, no todos lo hacen ni son los únicos en hacerlo.

Otro problema sobre este tema es que bajo el Estado corrupto la desregulación no supera necesariamente la mordida. Como se trata de despenalizar para controlar con certeza y probidad, puede ser una nueva amenaza la generalizada falta de honradez de la autoridad y, por tanto, la violación organizada de las leyes. Hay que admitir que la lucha contra la prohibición es parte de la lucha contra el Estado corrupto pero sólo en un sentido general. Como la persecución legal del negocio de las drogas es parte integrante del sistema de corrupción que impera en México, con la sola regulación de la producción y distribución de la mariguana no se va a reformar el gobierno. Esto quiere decir que se requeriría la más amplia y solidaria participación vigilante de los consumidores para evitar que las autoridades abran un nuevo mercado paralelo ilegal.

Ninguna reforma se realiza sin generar problemas nuevos pero éstos se pueden resolver con el mismo ímpetu con el cual fue posible realizar tal reforma. Con ese espíritu habría que acometer esta tarea. Pero hay algo indispensable: que no se cuelgue nadie de las malintencionadas tesis de que este tema no es importante o que primero debe votarse en plebiscito. Por un lado, no sólo los más grandes problemas deben resolverse. Por el otro, las libertades y derechos humanos no son materia de consultas populares o, al menos, no deberían de serlo.

La desnudez del Estado corrupto

Enrique Peña Nieto ha reaccionado frente a la fuga del Chapo Guzmán con expresiones que tienden a repartir la culpa. Se trata sin embargo de un descrédito del gobierno, de su gobierno, pues ése era el encargado de la custodia y nadie más. La evasión se hizo en la cárcel de más alta seguridad en el país, de donde nadie antes había podido fugarse. Tendría que haber responsabilidad política, pero no, Peña ofrece sólo la cabeza de empleados de menor relevancia como si éstos no hubieran tenido jefes.

Pero esta fuga denota algo mucho más complejo. El Estado corrupto mexicano –el fenómeno más duro del México contemporáneo—ha quedado una vez más desnudo. Todos hemos visto una fotografía instantánea de lo que es este Estado y la profundidad de su corrupción estructural. La fuga del Chapo se ha prestado a toda clase de bromas, chistes, diretes y burlas pero se trata de una expresión muy concreta de nuestra realidad política.

Sólo en un Estado como el mexicano es posible que exista una organización capaz de lograr una evasión de Almoloya como la que se ha visto. Casi durante un año, con absoluto sigilo y una disciplina a toda prueba, con toda la información de localización exacta y un trazo geométrico preciso, con la excelente colaboración interna que tal operación requería y también el bien guardado secreto de los cómplices, la mayor organización de narcotraficantes hizo posible en minutos poner en libertad a su jefe.

Aquí encontramos otro rasgo relevante de la  fuga del Chapo Guzmán: la unidad del cartel de Sinaloa, su elevada organización y disciplina, su capacidad para emprender acciones sin disidencias o competencias internas. No es así el gobierno y, en general, la administración pública que colaboró con la fuga, por un lado, u omitió prevenir tal acontecimiento, por otro.

Si el Chapo había logrado su fuga de Puente Grande disfrazado de ropa sucia, se tenía que sospechar que lo intentaría de nuevo pero por otra vía. La excavación de túneles para la evasión de prisiones es una técnica muy antigua. Entre más profundo es el cimiento de la cárcel, mayor la profundidad del túnel. Eso es sencillo. No se debería nadie admirar de la obra de construcción tan elemental; lo admirable es el secreto bien guardado de la obra y la localización exacta del lugar donde iba estar el Chapo en un minuto determinado para entrar en el túnel sin que “nadie” se diera cuenta. Todos esos elementos sí que son dignos de ser analizados a profundidad. Este es el Estado corrupto: los vínculos tan funcionales entre la función pública venal y la organización de la delincuencia extraestatal, la ejecución de planes tan precisos y su realización tan exacta. No es ironía: el Estado, en especial el gobierno, funciona mejor cuando actúa en beneficio personal de los funcionarios, es decir, en tanto Estado corrupto. Todo se ha perdido pero en especial la probidad y, en consecuencia, la función pública del Estado. El fenómeno Chapo con su organización casi perfecta y su disciplina es una evidencia mayor de esa terrible enfermedad que padece México: el Estado corrupto.

Responsabilidades

Los estudiantes de Ayotzinapa viajaron desde Tixtla hasta Iguala sin que por lo visto ninguna autoridad estatal o federal hiciera un seguimiento de ese desusado movimiento. Cuando fueron reprimidos por la policía municipal y cuando ésta realizó el gigantesco levantón y se llevó fuera de la ciudad a los estudiantes, tampoco estaba un solo agente estatal o federal, ni siquiera un vigía que informara a las autoridades lo que estaba sucediendo. Si esto es cierto o no lo es, de cualquier forma el gobierno del Estado y el gobierno federal tienen responsabilidad en la represión y probable matanza.

Si no dieron seguimiento, están en falta; si lo dieron y no hicieron nada, también están en falta. Así debería entenderse el desempeño de las funciones publicas, en especial en materia de seguridad: la autoridad no puede desaparecerse ni tampoco desentenderse.

El alcalde, José Luis Abarca, que era miembro del PRD, aunque ocasional, había sido antes señalado como posible autor de los homicidios de Arturo Hernández Cardona y dos de sus compañeros, así como integrante de un grupo de delincuencia organizada junto con su cuñado y su esposa. Nada hizo el partido para obligar al gobierno de Aguirre a asumir sus deberes al respecto, lo cual entraña responsabilidad.

Por su parte, el gobierno federal, con su poderoso Cisen entretenido en dar a conocer los videos de la Tuta y en intervenir teléfonos de otros políticos, no pudo en todo este tiempo investigar a Abarca e informar con datos duros al gobierno de Guerrero. Dice Murillo Karam que no le entregaron pruebas, pero éstas deben ser obtenidas justamente por el procurador, según reza la Constitución. Ahora va a resultar que los ciudadanos son quienes deben hacer la probanza. De ser así, que desparezca el Ministerio Público y a ver a cómo nos toca.

Tan luego que se produjo la represión, el secretario de Gobernación declaró que no intervendría el gobierno federal en un asunto local, como antes había guardado silencio sobre la matanza de Tlatlaya. El mismísimo presidente de la República, con ganas de joder a la oposición perredista, se pronunció por la atención local de problemas locales. Para ambos, ya estaba bueno que todos quisieran la ayuda federal mientras en el ámbito local no hacían nada en materia de seguridad pública. Pero, ¿para qué tanto despliegue de fuerzas federales en el terreno? En Iguala, la PF y el Ejército, con suficiente dotación de efectivos, estaban desaparecidos cuando la policía municipal hacía fuego y levantaba muchachos. En el colmo, ninguna autoridad se dio cuenta por dónde se habían retirado las patrullas policíacas con los estudiantes secuestrados. Ahora, Peña declara que va ir, “tope donde tope”, para perseguir a quienes por negligencia permitieron la represión pero él mismo es uno de los negligentes comprobados.

Sí hay responsabilidad de parte del gobierno de Ángel Aguirre y del gobierno de Enrique Peña. Sostener lo contrario sería asumir que la autoridad es intocable por carecer de responsabilidad política. Eso no hay que admitirlo, nunca.

En eso estábamos cuando Ángel Aguirre anuncia, con el respaldo de su partido, una iniciativa de decreto para poner a consulta popular la revocación de su mandato. Es aire puro porque el gobierno asume que puede ser imputado por responsabilidad política, lo cual es clarísimo, y porque la decisión se le deja a los ciudadanos de Guerrero, para lo que se convoca, por vez primera, a un procedimiento de consulta popular revocatoria.

Esta es una forma política democrática de afrontar un problema concreto relacionado con una situación general. El problema concreto es la responsabilidad política en la represión de Iguala mientras la situación general es la forma en que el Estado mexicano hace frente al fenómeno de la delincuencia organizada. Que por vez primera el pueblo se manifieste, sería un invaluable precedente.

Los secretos del narcotráfico

Cada día caen más delincuentes a manos de la fuerza pública y son eliminados muchos más por parte de los mismos grupos delincuenciales. Sin embargo, la violencia sigue en aumento. Este fenómeno no ha sido explicado por la autoridad. La sociedad desconoce los secretos del narcotráfico.

Las preguntas importantes se ubican en tres planos principales: integración, estructura y funcionamiento del narcotráfico, es decir, casi todo. Ninguna autoridad tiene interés en dar a conocer estudios serios sobre estos aspectos, de tal manera que los secretos de esa delincuencia son también los secretos guardados por el gobierno.

A simple vista y mediante los trabajos periodísticos publicados, podemos observar que la situación social sí está relacionada con el narcotráfico. El reclutamiento de efectivos se realiza dentro de sectores sociales especialmente resentidos: jóvenes desempleados, militares desertores y delincuentes de bajo perfil. También parece que el reclutamiento es muy fácil y existe una especie de carrera en la que los reclutas van escalando en la jerarquía de los grupos. Ellos son también las principales víctimas de los atentados y levantones.

La estructura de cada grupo ha de ser diferente pero siempre se observa un grupo de comandantes con funciones y territorios asignados. Esto quiere decir que debe existir alguna forma celular de organización que sirva de protección de los núcleos de mando y de instrumento de la eficacia en la realización de las tareas. Al mismo tiempo, se observa cierta movilidad en la que algunos jefes dejan un grupo y se afilian a otro pues la materia del trabajo es la misma. El sector financiero y de tesorería de las bandas es también todo un enigma, quizás el mayor.

El funcionamiento de estos grupos debe tener gran relación con sus tareas, tanto las relevantes y más lucrativas como aquellas hacia donde se han desplazado en los últimos años. Se observan al respecto cambios muy grandes si vemos esto en retrospectiva de unos veinte años. El narcotráfico siempre fue violento pero los enfrentamientos entre los grupos eran administrados, tanto por los jefes de los mismos como por las autoridades. Así también, otras actividades como el chantaje, la protección, el secuestro, el robo simple casi no eran realizadas por estas bandas. Hoy, todos los grupos ejecutan diversos delitos. Este fenómeno está relacionado con su integración, pues debe ser una de las bases del reclutamiento. La disputa por territorios y mercados llevó a crear pequeños ejércitos muy bien armados capaces de realizar cualquier delito.

En realidad, la “guerra” en la que vive el país no es entre la delincuencia organizada y el Estado, sino entre los grupos de aquélla. Mientras esa “guerra” no encuentre alguna salida, el Estado no podrá superarla directamente.

Llegamos a dos problemas centrales: la permeabilidad de los órganos del Estado para ser instrumentos de los delincuentes y la incapacidad de las bandas de llegar a acuerdos entre ellas en los últimos años. El nivel de penetración de las bandas en la esfera estatal es parte de los secretos. Pero lo que llama más la atención es que el carácter corrupto del Estado se convirtió en un instrumento común de todas las bandas. En cuanto a que la “guerra” sigue sin destino cierto, la verdad es que es ilógico suponer que la cantidad de bajas en todos los bandos –es decir, en las bandas—pueda ser un elemento para que cesen los combates si los comandantes no se ponen de acuerdo.

Las mafias tradicionales no reclutan a cualquiera sino a personas conocidas, cercanas. Las bandas mexicanas ya son diferentes. Se trata de un negocio en el que cualquier persona puede entrar bajo ciertas circunstancias.

Los secretos del narcotráfico seguirán ahí mientras el general imaginario de una guerra que no es –Felipe Calderón– siga en el puesto y nadie, desde el Estado, se atreva a desvelar tales secretos. Que no se les pida, entonces, a los ignorantes una propuesta de solución del problema. Mejor discutamos sobre la prohibición mundial, ineludible causa del fenómeno.