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Seguro de desempleo

Los empresarios siempre dicen que son quienes crean empleos pero lo que jamás aclaran es que siempre que los “crean” es para mejorar sus negocios, de otra manera, en lugar de crearlos, sencillamente los extirpan para proteger su tasa de ganancia. La cobertura social del desempleo debe estar, por tanto, a cargo de los patronos pero nunca de los trabajadores ya que tal traslado de responsabilidad implicaría culpar al desempleado de su propia desgracia.

El seguro de desempleo es de costumbre colgado total o parcialmente del fisco de tal manera que los contribuyentes asumen el costo en la medida en que cada cual aporta al gasto público. De esta forma también hay una injusticia ya que ni los contribuyentes en su mayoría serán alguna vez desempleados ni el objeto de los impuestos es el de resolver uno de los fenómenos estructurales del capitalismo: el desempleo.

La manera en que el gobierno quiere establecer un seguro del desempleo es sencillamente partiendo el fondo para la vivienda de los trabajadores para desviar un segmento a otro propósito. Todos sabemos que el Infonavit tiene dinero de más, es decir, no lo usa todo para sus fines propios. Por ello, el gobierno busca que una parte de ese fondo sirva para crear un seguro sin hacer reforma social alguna.

Por cierto, tal fondo se creó para sustituir la obligación patronal de proporcionar vivienda en las empresas con más de cien trabajadores, creada por el Constituyente de Querétaro en 1916. Como no se cumplía el mandato, se creó el Infonavit como un sistema de cuotas patronales con participación del fisco.

Ahora, como el sistema funciona mal (incluyendo el sobreendeudamiento de los trabajadores que adquieren un crédito y se financian con algún prestamista privado para cubrir el precio de la vivienda), tenemos una crisis que podría encararse mediante la creación de otro fondo, sobrepuesto al de vivienda, para cubrir el seguro de desempleo. Mas si hoy el Infonavit no otorga créditos suficientes en su monto y amplitud, con la división en dos fondos eso seguiría igual o peor.

Lo correcto sería que se estableciera una tasa patronal progresiva según el número de trabajadores de cada empresa para fondear el seguro de desempleo, pero los economistas consideran que como prevalece la tendencia recesiva de la economía esto podría generar más desempleo, lo cual es relativamente cierto.

Pero, en esencia, no habría forma justa de fondear un seguro de desempleo sin una nueva cuota patronal. Sin embargo, parte de la derecha quiere un seguro de desempleo pagado por patrones, gobierno y trabajadores. La izquierda quiere que el nuevo seguro sea sostenido con fondos públicos. Ambas propuestas son parcialmente injustas pero la izquierda, a diferencia de la derecha, defiende el exiguo salario actual. Por ello, sería mejor que los “creadores” y extirpadores de empleos se hicieran cargo de su posición social.

Si la propuesta del gobierno saliera adelante, el nuevo uso de las cuotas patronales de vivienda sería producto de la crisis de la forma en que se administra el Infonavit que, como decíamos, ha llevado a un sobreendeudamiento de las familias y también es peligrosa para la economía del país. En realidad, el Infonavit debería aumentar el monto de los créditos para los trabajadores jóvenes aunque se alargara el plazo de amortización y reducir sus inicuos sobrantes que se lanzan a la esfera de la especulación financiera en la época del reinado del capitalismo rentista y depredador.

«Must carry, must offer»

Las televisoras de señal restringida están obligadas a retransmitir las emisiones de las televisoras de señal abierta. A su vez, éstas deben proporcionar a las primeras dicha señal. En ambos procedimientos no puede haber pago alguno ni las televisoras de cable o satélite pueden cobrar a sus suscriptores las señales de la televisión abierta. Televisa, sin embargo, reclama el cobro por los derechos de autor de los artistas que intervienen en su programación, pero esos derechos ya están cubiertos por Televisa.

Como la retransmisión es un acto simultáneo a la emisión, no se trata de un uso diverso de las señales abiertas. Según la nueva legislación, emitir implica retransmitir en forma completa, sin cortes y al mismo tiempo (comerciales incluidos). Este es un mandato de ley. Dicha retransmisión es gratuita para la televisión restringida y para los abonados. Así, los derechos de autor se encuentran plenamente cubiertos, pues la emisión y la retransmisión forman parte del mismo acto legal, no son elementos separados ni en el tiempo ni en el contenido. En conclusión, Televisa no puede cobrar derechos que ya están pagados —se supone— por ella misma, pues no se trata de una venta de tales derechos para usos comerciales diversos, sino de una obligación legal de entregar su señal a las televisoras de señal restringida. Pero, ¿por qué?

Las señales emitidas por la televisión abierta son del público cuando están en el aire, pero Televisa las ha tenido acaparadas para beneficiar a Cablevisión y Sky, que son de su propiedad. Para terminar con esta situación en la que el monopolista de la televisión se cierra con propósitos claramente monopólicos, el Congreso creó la obligación de entregar las señales desde la televisión abierta y la de retransmitirlas a través de la restringida: must carry, must offer. Todo gratuitamente. Hay cosas que pueden estar fuera del mercado en ciertas circunstancias, pero esto no termina por entenderse. La televisión es una concesión que otorga el Estado bajo ciertas reglas. Los negociantes son concesionarios, no producen y venden salchichas sino usan un bien de dominio público, algo que es de la propiedad de todos, de la nación entera.

La objeción de Televisa que se cuelga del derecho de autor no va a funcionar, pero las cosas no son, sin embargo, tan sencillas. La gratuidad de la señal de televisión abierta no existe legalmente para un operador que fuera dominante en el mercado o cuando éste se encontrara en condiciones de competencia real. En este contexto, Tv Azteca acusa a Dish de ser parte de América Móvil, propietaria de Telmex, la cual domina en telefonía fija e internet, así como en celulares a través de Telcel. El indicio es que Telmex cobra mediante sus recibos telefónicos las facturas de Dish (casi el único competidor de Cablevisión y Sky, propiedad de Televisa ahora asociada a su rival Tv Azteca) a pesar de que su título de concesión no le autoriza prestar servicios de cobranza por cuenta de terceros. Este asunto debe litigarse en el Ifetel, ya que ese instituto es la autoridad en materia de telecomunicaciones y sus facultades abarcan la competencia económica en esta materia.

Lo que tenemos son disputas entre operadores monopólicos que tienen ya varios años: antes fueron amigos y socios. La reforma de telecomunicaciones busca establecer una autoridad imparcial para tales pleitos pero, sobre todo, abrir el mercado a otros participantes en un país ahogado por la monopolización. Este es el reto del Congreso.

No todos tenemos los mismos derechos

Uno de los puntos donde se ve más claro que no todos tenemos los mismos derechos es el de la libertad de expresión. Quien cuenta con un medio audiovisual, radiofónico o impreso llega a más gente a pesar de las modernas redes sociales que tienden a emparejarnos. No se trata sólo de espectáculos, comedias y filmes, sino de la manifestación de ideas en general: el que tiene mejores medios llega a más cerebros.

En la reciente reforma constitucional en materia de telecomunicaciones se incluyó la creación de tres nuevas redes nacionales de televisión: una pública y dos comerciales. Se trata de una apertura frente al duopolio (dos grandes empresas) que hace gran negocio bajo concesiones de un bien de dominio público. Sin embargo, de esas tres nuevas cadenas sólo una de ellas podría significar un cambio en materia de libertad de expresión: la televisión pública si acaso ésta fuera, como se ha prescrito, un organismo de Estado.

México es uno de los países donde la televisión pública es más escasa (Estados Unidos es el extremo, aunque con mayor concurrencia privada) y, por tanto, reinan las dos grandes empresas privadas concesionarias. Los pobres canales públicos, como el Once, el 22 y otros de los estados, abarcan muy poco y en su mayoría son medios de gobierno, aunque a veces algo menos cerrados. Lo que se requiere con urgencia es un nuevo canal nacional público donde se expresen las corrientes políticas y culturales del país.

Como parte del paquete de ordenamientos secundarios es indispensable expedir una ley orgánica del sistema público de radio y televisión de la Federación y otra ley general para las emisoras de los estados con excepción de las asignadas a las universidades autónomas.

En materia de periodismo las cosas son más complicadas porque, para que tenga amplia cobertura, un noticiero de tv requiere un gasto alto que hoy es sufragado con el patrocinio privado y gubernamental en emisoras comerciales. En los canales públicos el financiamiento es del Estado, por lo cual se precisarían fuertes presupuestos y, claro, la prohibición efectiva de que los órganos estatales paguen directamente propaganda en cualquier medio y, por tanto, se limiten a los tiempos oficiales y a los anuncios institucionales en la prensa.

La reforma de telecomunicaciones vino después de la que prohíbe la publicidad personalizada de los servidores públicos, la cual es una de las más violadas. Pero las trasgresiones a la Constitución no sólo las realizan los anunciantes —políticos con poder y dinero del presupuesto—, sino también los periódicos y las estaciones de radio y televisión, ya que los medios se niegan a admitir que publican gacetillas, es decir, anuncios en forma de noticias. Junto con las leyes secundarias de telecomunicaciones, deberían expedirse las normas sobre propagada oficial, ya que ésta es una de las formas a través de las cuales la libertad de expresión es más desigual.

En conclusión, una amplia reforma de las normas de radio y televisión y la expedición de la ley reglamentaria de la prohibición constitucional del uso de recursos públicos para hacer propaganda de los gobernantes son tareas democráticas y de justicia en general. Tendrán desarrollo las redes sociales y los medios de paga, pero en México sí se requiere un gran ajuste para abrir espacios de amplio acceso. Estos cambios debieron hacerse hace más de 30 años. Hemos perdido mucho tiempo, pero eso no debe llevarnos a dejar las cosas como hasta ahora.

Dependencia energética

Durante algún tiempo, a partir de los descubrimientos de la Sonda de Campeche, el gobierno mexicano buscó diseñar una política de diversificación de exportaciones de crudo. Ya casi nadie recuerda aquel proyecto, pero no se trataba sólo de problemas con los precios y contratos de abastecimiento de largo plazo (ahora casi todo es mercado spot), sino de lograr una diversificación de compradores que otorgara mayor libertad comercial. Hoy, casi todo el crudo mexicano va a Norteamérica.

Por el lado de los compradores de petróleo el asunto es harto complicado, ya que la seguridad energética depende de sus suministros. Estados Unidos, Japón y algunos países de Europa —ahora también señaladamente China— buscan soluciones a este problema. Como la energía nuclear tuvo un bache en su crecimiento, el abastecimiento seguro de petróleo es un tema mundial de gran importancia. Una de las bases de éste es el alto precio internacional del crudo, pero ya se nota que no basta: Estados Unidos quiere lograr en pocos años la autosuficiencia.

Los nuevos yacimientos mexicanos son parte de una estrategia estadunidense para lograr un abastecimiento más seguro que el ahora logrado. El emplazamiento militar de Estados Unidos en Medio Oriente es demasiado caro para una nación con tan alto déficit presupuestal, por lo cual el mar es una nueva frontera petrolera y, dentro de éste, el Golfo de México. Por ello se apresuró la firma del tratado sobre yacimientos transfronterizos y la Casa Blanca ha aplaudido jubilosa la reciente reforma energética.

Las licencias que otorgaría México a empresas trasnacionales, especialmente de Estados Unidos y Gran Bretaña, serían parte de la seguridad energética estadunidense en tanto que el petróleo, una vez extraído, pertenecería en exclusiva al concesionario (llamado de otra manera), que tendría la libertad de venderlo a quien fuera, es decir, a las refinadoras norteamericanas, al margen de conflictos políticos o comerciales con el país en cuyo territorio se llevara a cabo la extracción. Algo semejante se podría decir de los contratos de producción compartida que también están incluidos en la mencionada reforma.

La estrategia de autosuficiencia energética de Estados Unidos tiene varios aspectos (mar patrimonial, fracking gas y nuevas fuentes de energía), pero también están los territorios más próximos: Canadá y México. Los gastos de transporte serán siempre menores, pero más aún los de defensa. Hasta ahora, Estados Unidos ha tenido suministros muy seguros de esos dos países, por lo cual no habría nada que hiciera suponer que tal situación pudiera cambiar dentro de poco tiempo. Es por ello que el gobierno de Washington alaba la reforma mexicana.

Aquí surge un problema adicional sobre la nueva legislación energética. El ritmo de exploración-producción de crudo no podría ser definido exclusivamente por el gobierno mexicano, sino también por el estadunidense, ya que la influencia de este último sobre México sería mayor en tanto que las trasnacionales concesionarias siempre estarán muy ligadas al gobierno de Estados Unidos y serían, coincidentemente, las únicas que pudieran desarrollar grandes planes en el Golfo.

En conclusión, la vieja idea de que México debería diversificar su mercado exportador de crudo, administrar sus reservas con vistas a un muy largo plazo, proteger sus decisiones soberanas en la materia, alcanzar la autosuficiencia energética (derivados y refinados), desarrollar tecnología e impulsar así la ingeniería nacional ha quedado hecha trizas con la reforma de Peña Nieto, realizada muy en línea con el plan estadunidense de lograr su propia autosuficiencia. El límite del mar patrimonial se correría hacia el sur. ¡Uf!

Capitalismo depredador

Si no fuera por el Estado social —producto de la lucha de los trabajadores—, se habrían llevado a cabo muchas más revoluciones en el mundo. El Estado regulador y redistribuidor del ingreso ha generado condiciones en las cuales se ha hecho posible una disminución de la pobreza material y una conversión de la productividad del trabajo social en mejorías salariales relativas y en la seguridad social. Claro que esto no ha funcionado igual en todas partes, pero ha sido el más importante esfuerzo no revolucionario.

Durante las últimas décadas el Estado social ha sido defenestrado por las corrientes conservadoras y reaccionarias que lo acusan de detener el progreso y generar supuestas injusticias igualatorias. El liberalismo se ha tomado sus revanchas y ha conducido a esquemas en los cuales la influencia política de los trabajadores se ha empequeñecido en tanto el Estado ha renunciado a intervenir directamente en el reparto del ingreso y en la vigilancia de las tramas criminales de los operadores de los grandes mercados.

La crisis financiera más reciente, cuyas consecuencias se observan todavía, fue resultado de la combinación de un incremento relativo del capital dinero y una falta de regulación sobre el uso de éste. Las mismas autoridades estadunidenses que propiciaron la debacle tuvieron que reconocer su error: el mercado no puede regularse a sí mismo, lo cual parece una proclama socialista o algo por el estilo. Sin embargo, una y otra vez, en un grupo de países o en otro, sigue adelante la tesis del repliegue del Estado y, por tanto, de la lucha política. México tiene mucho de esto, en especial en la llamada reforma energética.

El control privado de la generación de electricidad ha llevado a desastres. Baste recordar la crisis de California. En Argentina las consecuencias fueron catastróficas. En España, se les ocurrió un sistema de subastas con el cual las tarifas aumentan sin relación con los precios en general. Los oferentes se encuentran supuestamente regulados por el gobierno, pero a través de un procedimiento en el cual la variación de costos (y el acuerdo soterrado de los productores) domina un mecanismo demasiado sensible: la velocidad del viento y la insolación tienen un lugar importante.

Así, en México el gobierno planea algo por el estilo. Se quiere hacer proliferar a los llamados productores independientes, dejando al Estado en su papel de distribuidor y comercializador, pero bajo el criterio de costos de las unidades productivas, lo cual llevaría a que la electricidad fuera más cara para el consumidor. Hacer esto en un país donde la reserva anda en alrededor de 30 por ciento y el Estado posee a la vez los generadores más caros y los más baratos es algo tan absurdo como las subastas españolas, pero habrá quien pague, aunque proteste, porque la energía no se compra en las tlapalerías.

Abrir toda la economía a las corporaciones empresariales lleva al Estado a regular en favor de los grandes productores. De esa manera, la función corruptora de la empresa privada alcanza el lugar donde se anida la corrupción misma, el gobierno. Trabajar únicamente para la obtención de la mayor tasa de ganancia no sólo se basa en la revolución técnica, sino en la protección pública de aquellas empresas que se convierten en factores económicos determinantes. Los grandes inversores son en realidad elementos decisorios en los gabinetes de gobierno, porque de ellos dependen los equilibrios macroeconómicos. La lucha política deja su lugar a presiones y condicionamientos de unos cuantos. La democracia política se hace más formal de lo que es de por sí.

La reforma energética de Peña tiene que ser analizada también desde el ángulo del capitalismo depredador, del estrechamiento de caminos democráticos.

Finanzas públicas y petróleo

Los motivos de la reciente reforma energética parecen un simple entreguismo nacional, pero tienen algunas otras implicaciones. Cuando se descubrió Cantarel, el mayor yacimiento de todos los tiempos en México, el gobierno decidió hacer algo nuevo: obtuvo financiamiento y realizó una gran obra de ingeniería a cargo de Pemex. Hoy, ese depósito de hidrocarburos, con toda su inevitable declinación, sigue siendo uno de los mayores aportantes de recursos fiscales sin que sus cuantiosos ingresos deban ser compartidos con las trasnacionales. Otro problema fue que López Portillo y sucesores no hicieron reservas de capital dinero y se lo gastaron todo, mal, por cierto.

El gobierno de Peña quiere dinero rápido. Pero a diferencia de Cantarel y otros yacimientos, lo que se busca es generar recursos presupuestales dentro del marco de una compartición colosal de riqueza, la mayor de la historia del país después de 1938. El potencial energético del Golfo de México es tan grande que pudiera aportar unos dos millones de barriles diarios dentro de algunos años, pero una parte de los mismos irían a parar a manos de las grandes trasnacionales. Todo ello al margen del esquema de una industria nacionalizada. Es por eso que se puede decir que la reforma de Peña es una desnacionalización petrolera, pero también se puede decir que es una manera de obtener recursos fiscales al más alto precio.

En la actualidad, Pemex ha renunciado a desarrollar tecnología propia y se concentra en su compra aunque bajo su dirección técnica, más o menos. Los esquemas de contratos de servicios totales (exploración, perforación y producción) han sido onerosos, pero no tanto como pueden ser los de utilidades o producción compartidas y mucho menos de las licencias o permisos que son más o menos unas concesiones. Lo que une a todos esos esquemas es una innecesaria entrega de hidrocarburos a las grandes trasnacionales pero hay algo igual de importante: la industria nacionalizada deja de ser un polo de desarrollo tecnológico, productivo, de empleo y de ingresos como lo fue alguna vez, cuando los problemas eran encarados en el marco del concepto nacional del petróleo.

La estrategia desnacionalizadora no es un buen negocio para ningún país. Se aplica cuando no existe una industria petrolera propia, en países más atrasados no sólo en cuanto a las actividades extractivas, sino en general en las industriales. México tuvo una industrialización de cierta importancia y el petróleo le otorgó oportunidades que no hubiera tenido de otra manera. La reforma de Peña es como echar a andar la rueda de la historia pero hacia atrás: en lugar de usar el petróleo y el gas como palancas industrializadoras que logren impulsar la ingeniería nacional, lo que vemos es una derrota decretada desde el Congreso y el Ejecutivo. En lugar de ir al Golfo a impulsar nueva tecnología y desarrollar una petroquímica de nivel mundial se opta por las licencias o permisos y, por lo menos, por otros contratos que siempre serán generadores de corrupción tal como está demostrado en medio mundo.

Con la reforma energética de Peña, el país tendrá algunos ingresos públicos mayores que si no se hiciera nada, pero mucho menores si se opta por el desarrollo industrial. Es de suyo entendido que toda plataforma industrial requiere financiamiento y que el costo financiero es algo que hay que pagar. Pero eso es poco comparado con lo que será preciso entregar con contratos de utilidades o producción compartidas y con permisos o licencias, cuyos titulares se llevan una parte demasiado grande del valor de un producto que es, por definición, de la nación, es decir, de todos los mexicanos y mexicanas. Por desgracia, no sólo se trata de ingresos, sino también de desarrollo industrial, el cual, por lo que se observa, no les importa a los actuales gobernantes.

Sí procede la consulta

Se ha empezado a decir que no hay consulta popular en temas constitucionales. Antes, un senador priista había afirmado que no procedía en la reforma energética, porque ésta era de carácter fiscal, pero la hilaridad que provocó le produjo inhibición. En lo sucesivo vamos a tener más voces para desvirtuar la petición de consulta.

La Constitución establece que la consulta popular debe ser sobre temas de trascendencia nacional. Dentro de éstos se entiende que pueden estar actos de los poderes Ejecutivo y Legislativo de la Unión.

Ahora bien, debe dilucidarse si una adición o reforma constitucional es un acto legislativo federal o un milagro del Espíritu Santo. El artículo 135 de la Constitución admite que se pueden llevar a cabo y agrega que para que lleguen a ser parte del texto constitucional se requieren dos condiciones: el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes del Congreso de la Unión y ser aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los estados. No existe, por tanto, “poder revisor de la Constitución” ni “constituyente permanente”. Existe Congreso de la Unión y 31 congresos locales, y un procedimiento de adiciones o reformas constitucionales.

Además, es necesario recordar, a los que dicen que la consulta es un “engaño”, que el texto constitucional señala lo que no puede ser objeto de la consulta: la restricción de los derechos humanos y el sistema republicano y federal, así como la materia electoral, las cuestiones de ingresos y gastos, la seguridad nacional y los asuntos de las fuerzas armadas, casi todos ellos incluidos en la Constitución. Si la Carta Magna prohíbe realizar una consulta popular sobre el artículo 40 y otros preceptos de ella misma, quiere decir que los demás carecen
de prohibición, pues si no fuera así, el mismo texto lo establecería. No sería constitucional que alguna autoridad impusiera restricciones adicionales a un derecho otorgado por la Constitución. En realidad, el texto vigente en esta materia es prácticamente un reglamento, pues había tanta desconfianza que se hicieron muchos ajustes al grado que la lista de limitaciones no es enunciativa, sino exhaustiva.

Sostener que la consulta popular sólo es para actos que no se han realizado aún, es decir, para presentar propuestas, no tiene el menor asidero. El pueblo puede también anular decretos que ya hubieran entrado en vigor. Esta capacidad popular la otorga la misma Constitución cuando señala: “Cuando la participación total corresponda, al menos, al cuarenta por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, el resultado será vinculatorio para los poderes Ejecutivo y Legislativo federales y para las autoridades competentes”. Vinculatorio quiere decir de obligado cumplimiento.

En México nunca se ha realizado una consulta nacional, popular y vinculante, lo cual debe dar escozor a unos cuantos, pero ahora se haría sobre un tema tan trascendente como es la mayor desnacionalización de la historia contemporánea, lo cual debe dar miedo a los entreguistas, es decir, los mayores poderes políticos y económicos del país, así como a las potencias mundiales.

En otro orden de cosas, habría que añadir que la mejor forma de encarar la división nacional sobre el tema petrolero es admitiendo que el pueblo decida. ¿No que muy demócratas? A la hora de la verdad se les nota lo autoritario, además de lo huizachero.

PD: A propósito de la ignorancia y los malos propósitos: las adiciones o reformas constitucionales no se promulgan por el Ejecutivo si no se declaran por el Congreso y se envían directamente a su publicación. Véase al respecto el artículo 135 de la Carta Magna.

Desnacionalización de la industria petrolera

Según los promotores de la reforma energética, el petróleo y el gas serán ahora propiedad de la nación mientras se encuentren en el subsuelo, pero serán propiedad privada en el momento de su alumbramiento. Ésta es una perversa manera de tratar de dar vuelta a la historia. México reivindicó para la nación los recursos naturales del subsuelo y optó por otorgar concesiones. Tiempo después, nacionalizó la industria petrolera y prohibió las concesiones. Hoy, se busca desnacionalizar con el peregrino argumento de que el aceite y el gas no valen nada mientras se encuentran confinados: hay que sacarlos y, para ello, el dominio nacional es un estorbo, por lo cual es preciso llamar de nuevo a las trasnacionales cuyos bienes fueron —con otros nombres— expropiados en 1938.

Las licencias son concesiones con la diferencia de que estas últimas trasladaban el dominio a las empresas extranjeras desde que el crudo y el gas estaban en el subsuelo. El sistema de licencias otorga la exclusividad en la exploración y la extracción, así como el producto, lo cual viene a ser lo mismo a todo efecto práctico. En ambos esquemas se paga un derecho al que se reduce la renta petrolera.

Para realizar este proyecto, el gobierno otorgará asignaciones de bloques en tierra y mar a solicitantes, entre ellos Pemex, que contratará a su vez con empresas privadas bajo el sistema de utilidades compartidas o de producción compartida. Las trasnacionales petroleras obtendrán licencias de exclusividad, cubrirán el costo de las mismas (fijado por el gobierno) y pagarán un derecho sobre la producción mucho menor que el pagado por Pemex.

Según Peña Nieto y el PAN es necesario abrir la producción de hidrocarburos a la competencia para extraer todo lo que se pueda en el menor tiempo posible. Pero, ¿de qué hablan? El gobierno regulará las asignaciones. El precio del crudo seguirá siendo determinado mediante un mecanismo global de oferta regulada según la demanda mundial de importaciones en el cual México pinta poco. Total, de lo que se trata es de entregar el petróleo a las grandes trasnacionales para cobrar una renta que difícilmente será mayor a la tercera parte del valor de lo producido. Lo que se quiere es rápida producción a costa de los yacimientos nacionales y mantener al menos el actual ingreso fiscal petrolero. Peor negocio sería difícil.

¿Qué va a ser de Pemex? Se preguntan algunos nada duchos en entender leyes… y otras asignaturas. Se convertirá pomposamente en una “empresa productiva” —siempre lo ha sido y mucho, a pesar de la corrupción— que deberá cabildear dentro del gobierno las asignaciones sólo para entregarlas a empresas privadas mediante contratos. No se requiere gran sabiduría para entender que conforme vayan declinando los yacimientos que hoy se encuentran bajo su cargo, ese organismo público se hará una pasita.

Peña tenía frente a sí un dilema: convertir a Pemex en una empresa pública modernizada, con utilidades netas y capacidad operativa renovada, regida por una estrategia nacional que garantizara la seguridad energética del país y un uso razonable de los excedentes petroleros o desnacionalizar la industria petrolera en busca de nuevos ingresos rápidos a costa de entregar los ricos yacimientos mexicanos a las trasnacionales. Con el apoyo del PAN —nacido entre otras cosas para combatir la expropiación de 1938—, Peña se decidió por la segunda opción. Sólo una consulta popular nacional, un referendo derogatorio, podría detener esa onerosa y ofensiva decisión.

Reforma barroca y cosmética

En la víspera de la aprobación de la reforma energética —reinicio obligado de la lucha nacional por el petróleo—, el Congreso expide una reforma político-electoral francamente barroca y en muchos sentidos cosmética. Cuando Peña firmó el Pacto no se imaginó la protesta de su partido contra la desaparición de los organismos electorales de los estados y tampoco la claudicación del PAN al compromiso de un solo organismo electoral nacional y una misma legislación. Ambos acontecimientos ocurrieron rápidamente ante la prisa de líderes panistas por llegar a la reforma energética, buscada por el PAN desde 1938.

El proyecto político-electoral crea un nuevo organismo con capacidad de nombrar y remover a los titulares de las entidades electorales de los estados. En otras palabras, la Federación, mediante el INE, va a nombrar y destituir a funcionarios locales y, además, a los magistrados electorales de los estados a través del Senado. Algo nunca visto que ataca en nombre del federalismo las relaciones institucionales federativas. Así, el nuevo INE será una especie de interventor de organismos electorales locales y podría declararlos caducos, lo cual es improbable, pero sirve para la cosmética.

Esta nueva estructura barroca —llena todo— no es nada estética, sino la trampa para conflictos en los cuales el INE terminará enfrentándose a funcionarios por éste mismo nombrados, mientras los gobernadores podrán seguir sobornando a los consejeros electorales locales.

Pero el asunto no queda ahí. La PGR será sustituida por una fiscalía general, mas el Presidente de la República podrá destituir al fiscal —por “causa grave”, claro está—y el Senado sólo podría atacar dicha destitución con dos tercios de los votos, lo cual es imposible: ningún presidente tendrá nunca menos de un tercio más uno en el Senado. Ésta es otra cosmética. No puede haber “organismo autónomo” bajo inspección del Ejecutivo. Se repite el mismo error de Carranza al dar al Ministerio Público el monopolio de la acción penal, pero hacerlo depender del presidente de la República. Al parecer, todo quedará igual… de mal.

Una de las peores cosas de esta reforma es el aumento al 3 por ciento del umbral para entrar en el reparto de diputados y senadores de lista (actualmente es de dos). Esto dejará más votantes sin representación legislativa y aumentará las sobrerrepresentaciones de los mayores partidos.

Llegamos entonces al preciado bien de la reelección inmediata de legisladores y ediles. Es sabido que en el resto del mundo existe la reelección y, muchas veces, sin límite alguno. Se supone que los electores pueden reelegir tal como eligen. Pero México es diferente, porque los partidos no están listos. La competencia interna  de los partidos no permite llevar al Congreso a muchos líderes parlamentarios, sino a representantes de grupos con estructura clientelar y a los amigos de los más altos dirigentes. El problema no está en la reelección inmediata, sino en el precario sistema de partidos y en los partidos mismos. En materia municipal la cosa es peligrosa: la delincuencia organizada tiene amenazados a muchos alcaldes que serían, lógicamente, sus candidatos a continuar en el cargo. Además, en un país donde todavía abundan los cacicazgos rurales, nada asegura que las elecciones municipales no se vayan a convertir en un festín del cacique.

En este lance Peña perdió a manos del PAN. Pero mucho menos que si hubiera tenido que aceptar el proyecto del PRD, nada cosmético y mucho más ubicado en la realidad política del país. Por lo pronto no habrá un solo organismo electoral: violación del Pacto por México y ya.

El Pacto que se va

Cuando el Pacto por México fue firmado, se entendía que el gobierno y las principales oposiciones tenían bases de negociación. El Pacto era para eso. Pero también el documento signado tiene contenidos. Los aspectos concretos son justamente la materia de las negociaciones.

Las cosas no iban tan mal hasta que el gobierno decidió abrir una negociación paralela con el PAN para sacar adelante su reforma energética, atropellando otros temas convenidos desde el principio. Quizá el más importante para la izquierda es la ley de consultas populares, que sería el instrumento para ir al referendo derogatorio contra el proyecto petrolero, la cual, por lo demás, debe ser obligatoriamente expedida bajo mandato constitucional.

El Pacto siempre ha dependido de que opere y funcione. Si no hay negociaciones de los temas incluidos en el documento firmado, entonces el Pacto no existe por más que el gobierno llegue a arreglos con algún otro partido. En realidad, el PRD no ha repudiado el Pacto, sino la falta de respeto a su contenido. Por su parte, Peña sabía que los pasos que iba dando tenían que llegar a la inoperancia del Pacto. En este momento ya no hay en realidad nada pactado sino un documento firmado sin mecanismo propio de reclamación: así suelen ser los acuerdos políticos.

En los tres partidos se han producido problemas internos con motivo de la existencia del Pacto, pero más en relación con su aplicación. Es así que el PRI rechaza la creación del Instituto Nacional de Elecciones que abarque los comicios federales, locales y municipales, como lo dice con esas palabras el documento Pacto. Por su lado, el PAN ha condicionado votar el proyecto de energía a la aprobación de la reforma electoral, pero cediendo a peticiones priistas que no se ajustan a lo firmado en el Pacto. El PRD no tendría que ceder ni un ápice frente a los arreglos que involucran una reforma petrolera contra la cual debe ir hasta el final. Además de que reformar la Constitución en materia de energía sería contrario al Pacto, Peña no lo incluyó en su programa de candidato, como tampoco lo hizo Vázquez Mota: se quiere timar al país porque no se trata de cualquier tema.

El porcentaje oficial que se le asignó a Peña en la elección de 2012 fue de 38 por ciento. Con esta proporción no se debería caer en el autismo político. Es por ello que el Pacto parecía ser un reconocimiento de que no se debe de gobernar sin un esquema político permanente. Pero la tentación de volver a un bipartidismo virtual (PRI-PAN), que no es expresión de las urnas, está echando a perder una idea política original de diálogo permanente que nunca había existido y que Peña parece estar dispuesto a tirar a la basura. Algunos dirán que eso es lo mejor, pero en este terreno el asunto está en otros términos. Hay siempre varios caminos posibles y cada fuerza política escoge uno cada vez. Lo que no se puede es caminar al mismo tiempo por todas las sendas. Así, el Pacto está siendo roto por Peña.

Han quedado puestas algunas importantes reformas que el país estaba necesitando desde hace mucho tiempo y que no hubieran salido adelante sin el Pacto. Pero ahí están muchas más que no saldrían o, si acaso, serían expresión de acuerdos difíciles y circunstanciales. Por lo que se advierte, estamos regresando.