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¡Intocable! (artículo censurado)

EL SIGUIENTE TEXTO HA SIDO CENSURADO POR EL DIRECTOR DE MILENIO DIARIO, CARLOS MARÍN. DEBIÓ HABERSE PUBLICADO EL VIERNES 20 DE FEBRERO DE 2015 COMO COLABORACIÓN SEMANAL DEL AUTOR

Se ha producido una sentencia del Tribunal Electoral que entra en los conceptos nada contradictorios de lo cómico y lo patético. El spot del PRD, cuestionado por López Dóriga, no constituye –según mandato judicial– ninguna trasgresión a la ley, no obstante el autor (el mismo PRD) debe ser sancionado con la interrupción de la transmisión del spot que antes había sido censurado por el INE y vuelto a censurar por la llamada sala especializada. Hemos visto en la historia de las ignominias judiciales la condena de inocentes por hechos reales o inventados pero no habíamos visto la condena por hechos declarados inexistentes por el mismo juez. El PRD ha sido sancionado con la “interrupción de la transmisión” de su spot (art. 456 de la ley) pero la sentencia también sostiene que ese mismo PRD jamás cometió transgresión alguna. ¿Alguien puede explicar este disparate? Piénsese que no hubo homicidio pero el asesino ha sido sentenciado. En esta situación se encuentra el PRD sólo por haber incluido la imagen de López Dóriga en un spot.

Pero no, ya sabemos que no se trata de López Dóriga (asunto menor) sino de Televisa (a la cual se le rechazó la misma pretensión censuradora por exceso de idiotez jurídica y porque no era necesaria ante la existencia de la queja de López Dóriga, por lo demás patrocinada y redactada en la misma Televisa), empresa que no tolera que sus frecuencias sean utilizadas para criticarla.

Ahora bien, estamos ante una confabulación de intereses casi siempre coincidentes entre el gobierno y Televisa. El spot del PRD criticaba a Peña, Videgaray y Osorio (así como a la herencia priista en general) y de paso mencionaba que hay cosas que no han cambiado: el monopolio informativo de la televisión cuyo incono es López Dóriga, conductor en pantalla (por el momento) del noticiero estrella del canal de las estrellas.

En el Tribunal Electoral (siete integrantes) se produjeron tres votos a favor de que en este caso había un ataque a la honra de López Dóriga (sin decir, claro, cual es ésta), con lo cual la sentencia tiene un sustento minoritario. Otros tres dividieron sus opiniones sobre el asunto pero sin coincidir con el argumento del proyecto aprobado. Otro más manifestó su disenso completo. Se trata de una sentencia sin mayoría real pero sostenida por el Tribunal, como tal, con el propósito de acatar la consigna oficial: López Dóriga es intocable. Bueno, algún día escucharemos a Azcárraga decir lo contrario, el día en que despida al conductor estrella del canal ibidem. En realidad no hay reinado del duque de Velandia (segundo apellido de López Dóriga) sino del verdadero rey, el dueño del consorcio monopolista, Azcárraga. (Me cuesta seguir con esto porque siento que alguien me puede censurar pero me arriesgo).

Lo que ha resultado atropellado no es sólo el derecho del PRD, el cual se atrevió a criticar a Televisa junto a Peña et. al., sino la libertad de difusión, recién incorporada en el artículo 7 de la Constitución y ahí declarada inviolable pero que ya se violó. Dice el tribunal que su sentencia es resarcitoria de un derecho de López Dóriga pero, si no hubo calumnia en el spot perredista, entonces ¿qué hubo? Nada, sino algo que molestó al consorcio televisivo en absoluta convergencia con el gobierno. Por lo pronto, el insigne Poder Judicial dice que López Dóriga es intocable. Pero, ¿por cuánto tiempo? La gravedad es la más fuerte de las leyes.

¿Intocable?

La Comisión de Quejas y Denuncias del flamante Instituto Nacional Electoral se ha permitido realizar un acto de censura con el argumento de que las fuertes críticas tendientes a “perturbar (sic) la fama” de los servidores públicos y los partidos se encuentran “proscritas para el particular dedicado a la actividad periodística, es decir, para Joaquín López-Dóriga Velandia”. La letra en negritas es de la Comisión, la cual añade que esto es así “no obstante ser figura pública por su calidad de comunicador”.

Más allá del atropello a la libertad de difusión establecido en el artículo 7º. de la Carta Magna y del derecho de los partidos a tener acceso a la radio y la televisión consignado en el artículo 41, esa comisión del órgano garante del ejercicio de muchos de los derechos políticos y de no pocos derechos humanos (fundamentales), es decir, el INE, nos ha recetado la tesis de que los periodistas son intocables a partir de que lo es el señor López-Dóriga Velandia, quien aparecía en un espot del PRD a propósito de la afirmación de ese partido de que hay muchas cosas que no han cambiado en México, una de ellas es precisamente el monopolio de la información a través de la TV, pero otra, por lo que se observa, es el temor que infunde el conductor del noticiero de Televisa.

La empresa de Azcárraga también fue en queja contra el mismo espot pero ahí se equivocó de ventanilla porque el INE no dirime cuestiones de propiedad intelectual (ni de personas) y la Dirección de lo Contencioso tuvo que rechazar el recurso, cuestión que ahora será resuelta por la Sala Superior del Tribunal Electoral al igual que el presentado por el PRD contra el acto de censura.

Se está dando un espectáculo que corresponde a otras épocas. El PRD tiene razón cuando afirma que se cometen los mismos errores y que muchas cosas no han cambiado, lo cual es la línea argumentativa del espot censurado. En otras palabras, la reacción contra el espot confirma lo que éste afirma.

Pero, además, existe otro punto: López-Dóriga, sedicente defensor de la libertad de difusión, ha recurrido al INE con la petición de que éste realice un acto de censura contra un mensaje de televisión por el hecho de que se usa su figura como un icono del monopolio televisivo, lo que él ha sido durante muchos años como antes lo fue otro periodista empleado de Azcárraga, Jacobo Zabludovsky: los hechos históricos se pueden ocultar pero al final no se pueden negar. La monopolización de la palabra difundida es del todo conocida en el país y sigue siendo uno de los mayores problemas culturales y políticos. Pero lo grave del caso es que el INE ha brindado de inmediato la censura solicitada.

El anticristo de la metáfora usada por Jesús Zambrano contra López-Dóriga se ha mostrado como un verdadero diablo en lucha contra la libertad de difusión mientras que la consigna política arribó descaradamente a la Comisión de Quejas del INE para consumar la censura. La cuestión ahora será dirimida en el terreno de si en verdad López-Dóriga es intocable o se encuentra inmerso en el debate político cotidiano del país aunque lo haga, como todos reconocemos, con la alevosía de ser vocero del mayor monopolio de la televisión existente en cualquiera de los países que se proclaman democráticos en el endiablado mundo en el que vivimos.

Libertad de prensa de ida y vuelta

Julio Scherer anduvo en peleas con varios presidentes de la República pero en realidad su lucha era por la libertad de prensa de ida y vuelta, es decir, tanto para el periodista como para el lector (léase también radio escucha y video espectador). Scherer fue impactado por el movimiento de 1968, en especial cuando miles desfilaban frente a Excélsior al grito unánime de prensa vendida. En realidad, en México teníamos unos periódicos pésimos desde todo punto de vista. El sedicente diario de izquierda, El Día, lo era sólo en la información internacional mientras que, en asuntos nacionales, era igual de gobiernista que todos los demás pero más directamente priista.

Las cosas en la prensa mexicana no cambiaron bajo la influencia directa del movimiento de 1968 sino a partir del 10 de junio de 1971, cuando Luis Echeverría lanzó a Los Halcones contra los estudiantes y se produjo una nueva matanza. Muchos reporteros se indignaron, tanto porque habían sido agredidos como porque ante sus ojos reaparecía el rostro de la represión sangrienta de jóvenes inermes. Muchas redacciones apoyaron a sus reporteros y empezaron a decir lo que en realidad había ocurrido, de dónde habían salido Los Halcones, de qué manera la policía se replegó para que los sicarios dispararan y golpearan libremente a los estudiantes. La versión oficial de que se había producido un enfrentamiento entre jóvenes rivales era completamente falsa, así lo consignaron muchos reporteros. Ese fue el gran campanazo con el que se inició un nuevo trayecto de la prensa.

Scherer acompañó el acontecimiento y pronto se volvió víctima de Echeverría, quien organizó un golpe para expulsar de Excélsior al director y su grupo cercano. Muchos periodistas se fueron, orgullosos, a fundar Proceso, el semanario más fuerte del país con aquel estilo que tenía Scherer de hacer periodismo, el cual abarcaba el honrado esfuerzo de hacer prensa libre y de otorgar libertad a sus lectores, es decir, no presentar publicidad como noticia. Las dos libertades, la de ida y la de vuelta, tienen que ir juntas porque, si sólo se reivindica la primera, pronto se regresa al sometimiento y, por tanto, a la venalidad.

La gacetilla y el chayote son propios de un periodismo venal que no respeta al lector, radio escucha y video espectador. Esto lo supo Scherer toda su vida y cuando de tal tema hablaba recordaba haber escuchado los gritos multitudinarios del ´68 cuando era director de Excélsior en su oficina de Paseo de la Reforma. Pero esos métodos de engaño del usuario del servicio informativo están tan vivos como antes. La flamante sala especializada del Tribunal Electoral acaba de recetarnos una increíble defensa de la gacetilla al proclamarla expresión legítima de la libertad de prensa ni más ni menos que en una sentencia judicial. Ningún periódico, estación o canal admite vender gacetilla, se jura que toda ella es noticia legítima y verdadera, pero todos sabemos que es pagada y nadie cree lo contrario, ni siquiera los magistrados electorales que fingen demencia.

No ha concluido la lucha de Scherer y de otros muchos, los que se fueron a hacer Unomasuno de la nada y, más tarde construyeron La Jornada, los reporteros dirigidos por Gutiérrez Vivó, quien fundó la radio noticiosa ininterrumpida, y de muchos que han hecho periodismo de riesgo. Mas no se crea que sólo se miente al lector con publicidad presentada como noticia, ahora prohibida mediante ley inaplicable, sino también callando, como ocurrió con el caso Tlatlaya, a donde nadie fue a averiguar sino hasta que se presentó un reportero de una agencia internacional y hasta que se hizo la denuncia fuera del país: ¡qué vergüenza! La radio y la Tv, así como la inmensa mayoría de los diarios, callaron ante un hecho de por sí perturbador y nadie se ha autocriticado. Así están las cosas en el país de Scherer, quien sabía de todo eso y de otras muchas de la comunicación social en un país organizado dentro de la corrupción como sistema.

Censura de internet

El dictamen sobre la iniciativa de ley de telecomunicaciones pretende que las empresas de redes de internet puedan “bloquear el acceso a determinados contenidos, aplicaciones o servicios cuando medie orden de autoridad competente (art. 145). Pero el proyecto de ley no define cuál es la autoridad en esta materia ni tampoco indica en qué situaciones y bajo cuáles procedimientos podría ser procedente el bloqueo. El requisito sería que hubiera una orden y basta. Además, las sanciones por desobedecer serían multa y cárcel.

Este precepto no venía en la iniciativa del gobierno sino que fue introducido recientemente a través de un irregular procedimiento de dictamen en el Senado. El bloqueo aparecía como una acción que podría abarcar regiones. Ahora se cambia por bloqueo de contenidos, aplicaciones o servicios.

En el proyecto está incluido un apartado de “colaboración con la justicia” (art. 189) según el cual los concesionarios y autorizados de los servicios de telecomunicaciones se encontrarían obligados a prestar auxilio a las procuradurías de justicia, las policías y las “instancias de seguridad nacional”, pero no existe ninguna prescripción sobre procedimientos, condiciones, etcétera, que pudiera dar elementos para conocer de qué clase de bloqueos o espionajes se trata con exactitud. Lo que se busca es otorgar al gobierno capacidad de censurar y espiar, para después definir quién se va a encargar de esa tarea.

El proyecto no otorga a los jueces capacidad para ordenar bloqueos de contenidos en internet a pesar de que bajo un estado de derecho cualquiera sólo la autoridad judicial puede definir si se ha cometido un delito; todo lo demás no pasa de ser sospecha o acusación sujeta a dictado jurisdiccional. La comunicación es un derecho humano según la Carta Magna hace poco reformada, pero el gobierno pretende en la legislación secundaria restringir a discreción ese derecho, lo cual significaría negarlo en toda forma, porque los límites de la libertad deben ser precisos y los procedimientos de su aplicación deben estar perfectamente determinados. Nada de esto se quiere hacer.

Las protestas contra la pretensión del gobierno y de algunos senadores panistas de incluir la censura de internet han sido rechazadas por el subsecretario de Comunicaciones y por el presidente de una de las comisiones dictaminadoras. Este último (el tal Lozano) dijo con toda la cara dura que le caracteriza que en el proyecto no había nada sobre internet.

La pretensión de censurar internet se acompaña con la maniobra para mediatizar la prohibición constitucional de presentar publicidad y propaganda como si fueran informaciones noticiosas. Se trata de la muy conocida gacetilla, la cual es una de las grandes deformaciones corruptas del periodismo mexicano. En el proyecto de ley “se prohíbe la transmisión de publicidad o propaganda presentada como información periodística o noticiosa”, tal como lo señala la Constitución, pero no se define cuál sería la autoridad encargada de hacerla valer. En tal proyecto, el Ifetel ha sido despojado de facultades en materia de contenidos y ni siquiera es sustituido por la Secretaría de Gobernación.

La prohibición de la gacetilla forma parte de los derechos de las audiencias. Presentar comerciales o mensajes políticos como si fueran noticias es un fraude a los radioescuchas y televidentes (también a los lectores). Ya se sabe que de eso engrosan sus bolsillos empresarios y periodistas empleados de esos mismos sin admitir el respeto al público como condición de todo ejercicio profesional. Por esto la Constitución ha prohibido la gacetilla, pero el gobierno quiere que no haya sanción ni autoridad que la aplique.

Muchas otras partes del proyecto de ley tienen esa misma característica de regresión legislativa.

La «chota» en las redes

En la iniciativa de Peña Nieto sobre telecomunicaciones sobresale un título denominado “colaboración con la justicia” que resulta ser en realidad de colaboración con el gobierno para intervenir toda clase de telecomunicaciones y también bloquearlas.

Este es un viejo debate, actualizado a propósito de las revelaciones de Snowden que han provocado un gran escándalo mundial. El Congreso mexicano se ha ocupado del tema en otras ocasiones con mala fortuna. En esta ocasión las cosas podrían empeorar en lugar de que la ley fuera una expresión cabal de los derechos constitucionales.

La irrupción de la autoridad en las comunicaciones privadas puede ser usada para cualquier propósito, incluyendo la reventa de la información. Así, el primer problema es cuándo se justifica. El segundo, quiénes la pueden autorizar y realizar. El tercero tiene que ver con su utilización ulterior. Si se trata de perseguir delitos y no otras cosas, es evidente que sólo puede tener justificación cuando se ordene por autoridad que tuviera a su cargo una formal investigación y permitida por un juez en concordancia con la Constitución y la ley, pues de otra manera no podría tener validez en un proceso penal y sólo serviría para espiar a las personas. Además, se trataría solamente de determinados delitos en curso de investigación. Esto abarca los tres problemas planteados.

Sin embargo, el Ejecutivo propone que cualquier autoridad de procuración de justicia y otros servidores públicos a quienes se les deleguen facultades puedan realizar las intervenciones sin orden judicial alguna, a pesar de que ya existen los llamados jueces de control que, se supone, deben servir entre otras cosas para eso. Además, el gobierno quiere obligar a los concesionarios a realizar la geolocalización  por instrucciones de “las instancias de seguridad” y de quienes tengan delegada “esta facultad” para “el ejercicio de sus atribuciones propias de producción de inteligencia”. Como se puede observar, aquí cabe todo, en cualquier momento y con cualquier objeto. El gobierno de Estados Unidos realiza vigilancia de inteligencia contra el terrorismo pero en realidad espía a todo mundo en todo el mundo incluyendo a sus mejores amigos.

Los concesionarios, además, deberán “bloquear, inhibir o anular de manera temporal las señales de telecomunicaciones en eventos ylugares críticos para la seguridad pública y nacional a solicitud de las autoridades competentes”. Con este precepto se podrían bloquear las señales en ciudades enteras por orden de la autoridad, eso sí muy “competente”. Sin embargo, la Constitución dice que las telecomunicaciones son “servicios públicos de interés general” y que el Estado debe garantizar que sean prestados en condiciones de cobertura universal, continuidad, acceso libre y sin injerencias arbitrarias.

Las regulaciones que tienen que ver con las interferencias y la geolocalización deberían estar en otra ley en la que se abordara el asunto en su conjunto sin llevar al Ifetel a ese terreno que no es el suyo. Bajo esa óptica, las autorizaciones serían otorgadas por un juez, quizá con la excepción de los secuestros y las persecuciones de personas sorprendidas en flagrancia de ciertos delitos en que se requeriría sólo la orden provisional de un procurador. Sin embargo, el gobierno está confiado en que el Congreso se deje llevar por el pánico provocado por la persistente crisis de violencia delincuencial. De ser así, se daría un paso más hacia el Estado policía: ningún país mejora de esa manera.

Inversiones y derechos

En las negociaciones sobre la iniciativa de reformas constitucionales en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, el gobierno buscaba promover nuevas inversiones, en especial de capital extranjero. El planteamiento gubernamental inicial, dentro del Pacto por México, era notoriamente pobre. Las oposiciones (PRD-PAN) entraron a un diálogo entre ellas con el propósito de proponer una reforma completa y amplia, podría decirse ambiciosa, para crear una nueva institución autónoma con amplias facultades y establecer nuevos derechos de los mexicanos.

La negociaciones fueron largas y se integró también la reforma del sistema de regulación de la competencia económica dejando esta materia al Ifetel en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión, lo cual es algo, digamos, heterodoxo y raro pero adecuado a un país altamente monopolizado.

La figura de preponderancia fue creada como traje a la medida de Televisa y América Móvil. Estos son los preponderantes que deben estar sometidos a regulaciones especiales y urgentes. Esa fue una decisión política de Estado. No obstante, el gobierno propone ahora que Televisa no sea preponderante en el sector de radiodifusión ya que no tiene el 50 por ciento de la audiencia tomando en cuenta la radio. La Constitución, sin embargo, fue redactada para declarar preponderante a cualquiera que lo sea en “la prestación de los servicios de radiodifusión o telecomunicaciones” y ya se sabe que tales servicios son radio, televisión abierta, televisión restringida, internet, telefonía, satélites, según dice el segundo transitorio del mismo decreto, donde se añade que las medidas de fomento a la competencia deben aplicarse en todos los segmentos para garantizar en su conjunto la competencia efectiva en la radiodifusión y telecomunicaciones. Además de que Televisa es preponderante en el servicio de televisión abierta (radiodifusión) también lo es en televisión restringida que corresponde al sector de telecomunicaciones.

Y así como éste hay otros temas en los que el texto o el espíritu de la reforma constitucional es negado en la iniciativa del gobierno pues también se le regatean facultades expresas al Ifetel, se minimizan los derechos de usuarios y audiencias y se mantiene en el rincón a la radio social.

Otro ejemplo es la reforma del artículo 6º. de la Constitución con la cual se crea un organismo descentralizado “con autonomía técnica, operativa, de decisión y de gestión que tendrá por objeto proveer el servicio de radiodifusión…”. Los bienes del organismo creado por Calderón mediante decreto presidencial (OPMA) pasarán al nuevo, pero eso no significa que también se transfiera su objeto puesto que aquél se creó para promover la radiodifusión y a éste se le ha conferido el proveer, lo cual es sensiblemente diferente. Además, la Constitución dice que el nuevo organismo “contará con un Consejo Ciudadano con el objeto de asegurar su independencia y una política editorial imparcial y objetiva”, nombrado directamente por el Senado. Pero el gobierno pretende convertir al consejo ciudadano en uno consultivo sin ninguna facultad. Todo, bajo la jefatura de la Secretaría de Gobernación, como antes. Lo que se convino fue la formación de una cadena nacional de radio y televisión pública capaz de ser una opción cultural e informativa pluralista e independiente. Así está expuesto en el artículo 6º. y en los transitorios del decreto.

El gobierno está suponiendo que con unos seis senadores díscolos puede imponer una legislación secundaria al revés. Se basa quizás en los Lozano para proteger a algunos concesionarios y a sí mismo. El diferendo sin embargo continuaría en los recursos de inconstitucionalidad. Nadie las puede ya tener todas consigo.

«Must carry, must offer»

Las televisoras de señal restringida están obligadas a retransmitir las emisiones de las televisoras de señal abierta. A su vez, éstas deben proporcionar a las primeras dicha señal. En ambos procedimientos no puede haber pago alguno ni las televisoras de cable o satélite pueden cobrar a sus suscriptores las señales de la televisión abierta. Televisa, sin embargo, reclama el cobro por los derechos de autor de los artistas que intervienen en su programación, pero esos derechos ya están cubiertos por Televisa.

Como la retransmisión es un acto simultáneo a la emisión, no se trata de un uso diverso de las señales abiertas. Según la nueva legislación, emitir implica retransmitir en forma completa, sin cortes y al mismo tiempo (comerciales incluidos). Este es un mandato de ley. Dicha retransmisión es gratuita para la televisión restringida y para los abonados. Así, los derechos de autor se encuentran plenamente cubiertos, pues la emisión y la retransmisión forman parte del mismo acto legal, no son elementos separados ni en el tiempo ni en el contenido. En conclusión, Televisa no puede cobrar derechos que ya están pagados —se supone— por ella misma, pues no se trata de una venta de tales derechos para usos comerciales diversos, sino de una obligación legal de entregar su señal a las televisoras de señal restringida. Pero, ¿por qué?

Las señales emitidas por la televisión abierta son del público cuando están en el aire, pero Televisa las ha tenido acaparadas para beneficiar a Cablevisión y Sky, que son de su propiedad. Para terminar con esta situación en la que el monopolista de la televisión se cierra con propósitos claramente monopólicos, el Congreso creó la obligación de entregar las señales desde la televisión abierta y la de retransmitirlas a través de la restringida: must carry, must offer. Todo gratuitamente. Hay cosas que pueden estar fuera del mercado en ciertas circunstancias, pero esto no termina por entenderse. La televisión es una concesión que otorga el Estado bajo ciertas reglas. Los negociantes son concesionarios, no producen y venden salchichas sino usan un bien de dominio público, algo que es de la propiedad de todos, de la nación entera.

La objeción de Televisa que se cuelga del derecho de autor no va a funcionar, pero las cosas no son, sin embargo, tan sencillas. La gratuidad de la señal de televisión abierta no existe legalmente para un operador que fuera dominante en el mercado o cuando éste se encontrara en condiciones de competencia real. En este contexto, Tv Azteca acusa a Dish de ser parte de América Móvil, propietaria de Telmex, la cual domina en telefonía fija e internet, así como en celulares a través de Telcel. El indicio es que Telmex cobra mediante sus recibos telefónicos las facturas de Dish (casi el único competidor de Cablevisión y Sky, propiedad de Televisa ahora asociada a su rival Tv Azteca) a pesar de que su título de concesión no le autoriza prestar servicios de cobranza por cuenta de terceros. Este asunto debe litigarse en el Ifetel, ya que ese instituto es la autoridad en materia de telecomunicaciones y sus facultades abarcan la competencia económica en esta materia.

Lo que tenemos son disputas entre operadores monopólicos que tienen ya varios años: antes fueron amigos y socios. La reforma de telecomunicaciones busca establecer una autoridad imparcial para tales pleitos pero, sobre todo, abrir el mercado a otros participantes en un país ahogado por la monopolización. Este es el reto del Congreso.

No todos tenemos los mismos derechos

Uno de los puntos donde se ve más claro que no todos tenemos los mismos derechos es el de la libertad de expresión. Quien cuenta con un medio audiovisual, radiofónico o impreso llega a más gente a pesar de las modernas redes sociales que tienden a emparejarnos. No se trata sólo de espectáculos, comedias y filmes, sino de la manifestación de ideas en general: el que tiene mejores medios llega a más cerebros.

En la reciente reforma constitucional en materia de telecomunicaciones se incluyó la creación de tres nuevas redes nacionales de televisión: una pública y dos comerciales. Se trata de una apertura frente al duopolio (dos grandes empresas) que hace gran negocio bajo concesiones de un bien de dominio público. Sin embargo, de esas tres nuevas cadenas sólo una de ellas podría significar un cambio en materia de libertad de expresión: la televisión pública si acaso ésta fuera, como se ha prescrito, un organismo de Estado.

México es uno de los países donde la televisión pública es más escasa (Estados Unidos es el extremo, aunque con mayor concurrencia privada) y, por tanto, reinan las dos grandes empresas privadas concesionarias. Los pobres canales públicos, como el Once, el 22 y otros de los estados, abarcan muy poco y en su mayoría son medios de gobierno, aunque a veces algo menos cerrados. Lo que se requiere con urgencia es un nuevo canal nacional público donde se expresen las corrientes políticas y culturales del país.

Como parte del paquete de ordenamientos secundarios es indispensable expedir una ley orgánica del sistema público de radio y televisión de la Federación y otra ley general para las emisoras de los estados con excepción de las asignadas a las universidades autónomas.

En materia de periodismo las cosas son más complicadas porque, para que tenga amplia cobertura, un noticiero de tv requiere un gasto alto que hoy es sufragado con el patrocinio privado y gubernamental en emisoras comerciales. En los canales públicos el financiamiento es del Estado, por lo cual se precisarían fuertes presupuestos y, claro, la prohibición efectiva de que los órganos estatales paguen directamente propaganda en cualquier medio y, por tanto, se limiten a los tiempos oficiales y a los anuncios institucionales en la prensa.

La reforma de telecomunicaciones vino después de la que prohíbe la publicidad personalizada de los servidores públicos, la cual es una de las más violadas. Pero las trasgresiones a la Constitución no sólo las realizan los anunciantes —políticos con poder y dinero del presupuesto—, sino también los periódicos y las estaciones de radio y televisión, ya que los medios se niegan a admitir que publican gacetillas, es decir, anuncios en forma de noticias. Junto con las leyes secundarias de telecomunicaciones, deberían expedirse las normas sobre propagada oficial, ya que ésta es una de las formas a través de las cuales la libertad de expresión es más desigual.

En conclusión, una amplia reforma de las normas de radio y televisión y la expedición de la ley reglamentaria de la prohibición constitucional del uso de recursos públicos para hacer propaganda de los gobernantes son tareas democráticas y de justicia en general. Tendrán desarrollo las redes sociales y los medios de paga, pero en México sí se requiere un gran ajuste para abrir espacios de amplio acceso. Estos cambios debieron hacerse hace más de 30 años. Hemos perdido mucho tiempo, pero eso no debe llevarnos a dejar las cosas como hasta ahora.

La tragicomedia de Snowden y Obama

Con la generalización del internet y, en general, de las tecnologías de la comunicación se ha producido también una revolución en la política. Los gobiernos cubren el amplio espectro abierto con sofisticados mecanismos de espionaje, pero no sólo espían a sus enemigos, sino también a sus amigos. Como antes, Estados Unidos es la principal potencia del espionaje mundial, pero también la más vulnerable.

El asunto Snowden ha ido de la tragedia de los servicios secretos estadunidenses hasta la más increíble comicidad internacional. Entre asombro e hilaridad, el mundo confirma un viejo supuesto que consiste en que nadie se ha escapado del espionaje, pero lo que no habíamos visto es a un gobierno haciendo tantos desfiguros. Varios gobernantes europeos hicieron lo que nunca se había hecho: bloquearon el vuelo de un presidente dentro de un operativo internacional que no pudo ser más que ideado en Washington después de que Obama había dicho que no movería sus poderosos aviones de guerra para ir por Snowden. Pues bien, lo que Obama logró, por increíble que parezca, fue cerrar el espacio aéreo de varios países, a los cuales su propio gobierno espía de manera ilegal, para tratar de averiguar si en el avión presidencial boliviano viajaba precisamente quien ha denunciado el ilícito espionaje.

Mientras, Snowden está, al parecer, en Moscú sin protección oficial de ningún país, en tránsito hacia dónde nadie sabe, cuando Obama envía mensajeros para convencer a algunos gobiernos de que deben negar el asilo a un personaje que encarna el contraespionaje por cuenta de él mismo. Esos espías de nadie, como Bradley Manning y el mismo Edward Snowden, son una especie de reciente aparición que antes nadie se podía imaginar. La causa que enarbolan es la transparencia, el desvelar secretos de Estado y, sobre todo, aquellos actos de espionaje contra gobiernos y personas que realiza el espía mayor del mundo.

El espionaje siempre ha sido una actividad de Estado y de algunos otros poderosos, para tomar ventaja frente a los demás o prevenir daños. Pero el espionaje en las redes de información y comunicación está prohibido en términos generales, es decir, cuando se hace sin control judicial, tal como lo indican las revelaciones de Snowden. Entre los gobiernos, esa ilegalidad es un valor entendido, es decir de sencilla y tolerada ejecución, pero cuando un espía de nadie sino de sí mismo la pone al descubierto, la justicia se vuelca en su contra en lugar de perseguir a quienes violaron las leyes mediante el espionaje ilícito.

Sí, en efecto, Manning y Snowden son espías de la humanidad y en cuanto tales están sujetos a las leyes dictadas por quienes realizan el espionaje y, por tal motivo, deben comparecer ante los tribunales, pero quienes realizan los actos ilícitos de origen, los que ocultan informaciones que deberían ser públicas, los que se entrometen en la vida privada de cualquiera, los que poseen informaciones de pretensiones y actos de gobiernos “amigos” (Estados Unidos no tiene amigos, sino intereses, ya se ha dicho), los que violan las leyes internacionales, ésos no deben enfrentar la justicia, porque ellos son la justicia. Ese mundo no es desconocido por nadie, el problema es cómo superarlo.

La propuesta política de AMLO

Ante más de cien mil personas, López Obrador ha lanzado una propuesta política. El hecho es significativo por dos motivos. Primero, porque no lo había hecho desde el movimiento postelectoral del 2006. Segundo, porque aborda los principales aspectos de la crítica situación del país.

Los diez puntos de Andrés Manuel son en verdad una propuesta política, es decir, un planteamiento de acción, una convocatoria de unidad de fuerzas, una forma de abordar la crisis de México y un método para resaltar los problemas más importantes de la nación en la búsqueda de soluciones auténticas y viables.

El primer punto se refiere al Estado democrático y social de derecho, aspecto central del programa del PRD y elemento sin el cual es imposible emprender la lucha a favor del desarrollo, en contra de la pobreza y el atraso, y en pos de un Estado de perfil contemporáneo. Se trata, en efecto, de un planteamiento que busca superar la naturaleza oligárquica del poder actual, la cual se encuentra en el centro de la situación de México pues condiciona casi todos los temas nacionales.

Sin la democratización de los medios de comunicación no podrán darse pasos en sentido verdaderamente democrático. El duopolio de la televisión y el oligopolio de la radiodifusión no pueden ser el marco de ninguna democracia por más que tal cosa se niegue una y otra vez. Este es el segundo punto.

Una nueva economía es lo que el país requiere pues las trabas del desarrollo son de carácter estructural. La falta de crecimiento y el pésimo patrón de distribución del ingreso son ya males endémicos que han lastrado a México entero. No hay problema concreto que no tenga referencia directa con el estancamiento –ahora hemos tenido recesión—y con la estrechez del mercado interno. Este es el tercer punto.

Un programa antimonopólico es ya indispensable para promover el desarrollo nacional, pues México es el país de América Latina con mayor estructura monopólica, la cual impide el crecimiento. Tal es el cuarto punto relacionado con el quinto: abolición de los privilegios fiscales. Es ésa la reforma hacendaria que requiere el país, para dejar de dar vueltas anuales a un problema que en realidad no han querido resolver los sucesivos gobiernos ni los sucesivos congresos.

Un Estado que no derroche y que rompa con el patrimonialismo de los jefes políticos y administrativos es algo más que urgente. La austeridad no es sólo un asunto ético sino que el gasto innecesario y abusivo es ya un inmenso desagüe presupuestal que no puede la República seguir admitiendo. Este es el sexto punto.

El tema de la energía es cada vez más acuciante. El país va hacia atrás y no tiene ni la gasolina que consume. Los energéticos son estratégicos para todos los países y México tiene recursos. Lo que no tiene es gobierno. Aunque el problema carece de la gran complejidad que se observa en otras naciones, casi nada se hace aquí para resolverlo. Este es el séptimo.

El octavo punto es la producción de alimentos. ¿Hasta dónde puede llegar México sin suficientes productos agropecuarios propios? No se trata sólo de un asunto de soberanía alimentaria sino de la crisis social del campo mexicano.

El noveno punto está ligado al primero: el Estado de bienestar, es decir, el Estado social, cada vez más necesario ante la quiebra del Estado neoliberal que sólo ha llevado al mundo a mayores injusticias y desigualdades. La pobreza en México sigue creciendo por lo que no sólo se requiere una política social nueva sino un Estado diferente.

El punto diez es el planteamiento ideológico propiamente dicho: promover una nueva cultura basada en el trabajo, la tolerancia, la solidaridad, el respeto a la diversidad y la protección del medio ambiente. Una cultura que contrarreste la idolatría del poder del dinero y el lucro, que promueva una nueva moral.

Esta es una propuesta política. ¿Dónde están otras?