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Propaganda personalizada

Como no se sabe, en México está prohibida en la Constitución la propaganda gubernamental personalizada, es decir, que contenga nombres, símbolos o rostros de cualquier servidor público. Lo que sí se sabe es que esta publicidad pagada abunda en los medios.

Durante años he llevado a cabo una lucha en contra de esa práctica inconstitucional pero he tenido muy poca suerte. El primer problema es que no existe ley reglamentaria de ese precepto constitucional contenido en el artículo 134, por lo cual tampoco está definido el procedimiento ordinario exacto para hacer denuncias formales y exigir las sanciones correspondientes. El segundo problema es que en tiempo de elecciones sí se puede combatir esa propaganda personalizada en los organismos electorales y los correspondientes tribunales, pero eso tampoco ha resuelto nada, ya que la autoridad es remisa y omisa, y, además, los servidores públicos no pueden ser sancionados por el Instituto Nacional Electoral, son impunes por mandato legal.

La Sala Superior del Tribunal Electoral ha resuelto una vez más que no se acredita la conducta ilegal imputada a dos gobernadores: Eruviel Ávila, del Estado de México (ponente: Oropeza), y Javier Duarte de Veracruz (ponente: Penagos); además, lo hizo también en principio respecto de Manuel Velasco de Chiapas, a reserva de aprobar la exculpación posteriormente, ya que fue desaprobada la ponencia de la magistrada Carmen Alanís que proponía declarar fundada la queja y se nombró un nuevo ponente.

Dice la mayoría del Tribunal (Carrasco, González Oropeza, Penagos y Galván) que no se acredita propaganda personalizada porque no está probado que se haya pagado con fondos públicos, pero se da vista al congreso mexiquense para que averigüe si hubo “falta de cuidado”. ¿Si las gacetillas son ajenas al gobierno, cuál podría ser la “falta” de cuidado? Pero la mayoría de los magistrados explica el asunto admitiendo que la gacetilla denunciada efectivamente tiene apariencia de gacetilla pues no está firmada y tiene un formato diferente que las notas normales, pero que nadie, ni el quejoso ni la autoridad (el INE), mucho menos la Sala Especializada del Tribunal, mostraron la orden de inserción y el recibo de pago. La magistrada Alanís les respondió que eso no es necesario porque hubo contratos con los medios aunque en éstos no se esclarece las inserciones que ampara cada uno. En síntesis, el Tribunal envió a Toluca el asunto para que allá se averigüe algo. No es ingenuidad sino plan con maña.

Si la gacetilla era gacetilla y en ella aparecieron los gobernadores, entonces hay una violación del artículo 134, párrafo 8, de la Constitución sin que la autoridad tenga que saber porqué el periódico no lo informa. La gacetilla pagada no está prohibida, lo prohibido es la foto del gobernante, la promoción de su persona. Eso es todo. Pero no ha podido hacerse valer.

Las resoluciones de la Sala Superior del TEPJF sólo servirán para que los gobernadores que pagan dinero público por aparecer en los diarios (Eruviel Ávila es el campeón nacional) se sigan burlando de la Constitución y de todo el orden jurídico que, como se sabe, en México es muy relativo. ¿Aparte de los diarios y revistas donde las inserciones son más claras, cuántas noticias de radio y televisión en la que aparecen gobernantes o se habla de ellos son gacetillas? No lo sabemos. La falta completa de transparencia en los gastos de comunicación social de todas las oficinas públicas del país nos impide tener alguna idea al respecto. En realidad, los medios no están obligados a informar al público quién paga cada inserción pagada, pero los entes públicos sí se encuentran obligados por las leyes para informar a quién le pagan y para qué.

La censura y la consigna

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Es horrible vivir bajo la censura y peor bajo tribunales de consigna. Así estamos.

A la censura aquella contra un mensaje de televisión del PRD en el que se afirmaba que todo seguía igual o peor y aparecían las figuras de Peña, Osorio, Videgaray y López-Dóriga (este último en relación con el viejo predominio en la televisión), llegamos ahora a otro acto de censura contra López Obrador por hablar de un desvío multimillonario de dinero público y criticar la adquisición del ahora llamado avión presidencial, el cual, a decir del líder de Morena, será vendido en 2018.

En realidad importa menos quiénes son los censurados frente a los monstruosos actos de censura. Y preocupa aún más el que la censura venga del más alto tribunal electoral del país.

Los cinco magistrados que por unanimidad aprobaron la censura han dicho que los mensajes de radio y televisión “no pueden ser utilizados para la promoción personal de los presidentes de los partidos políticos, sino que deben destinarse exclusivamente a la difusión de los objetivos, programas de acción y posturas ideológicas de los partidos políticos”. ¿Quién lo dice? El Tribunal y nadie más. En efecto, la Constitución señala el objeto del derecho de los partidos a difundir propaganda en radio y Tv pero jamás insinúa siquiera que los voceros de tales partidos no puedan hablar en nombre de su organización. El Tribunal carece de vergüenza al añadir por antojo textos a la Carta Magna.

Pero el Tribunal también le quita textos a la Constitución. Interpreta la misma sin admitir que se trata del ejercicio de un derecho humano definido en el artículo séptimo como difusión, por cualquier medio, de opiniones, información e ideas. Se niega, sin analizar el punto, que en ese espot como en otros se difunden opiniones, y que, mientras no haya calumnia, el Tribunal no puede censurarlo en vía precautoria ni de ninguna otra manera.

Dicen los magistrados que el líder de Morena “aparece prácticamente todo el tiempo, exaltando su nombre y cargo (por lo que) resulta incuestionable que se trata de la promoción anticipada de su imagen (sic), con lo cual se vulnera (!) el principio constitucional de equidad”. Se acusa al indiciado de “constituir un posicionamiento personalizado indebido de un dirigente partidista (!) vinculado a un proceso electoral específico (?), considerando tanto la centralidad del sujeto (!) participante como el contenido del mensaje, lo que podría resultar contrario a los fines y obligaciones (sic) de los partidos políticos, así como del objeto central de las prerrogativas en radio y televisión”.

Lo anterior carece de agarradera legal pero tiene un piso político muy claro. Los magistrados se han tragado la especie de que hay que detener a López Obrador a como dé lugar porque él ya dijo que será candidato a presidente. Ya sabemos que Osorio, Videgaray, Nuño y Beltrones también quieren llegar a Los Pinos por lo cual ellos aparecen todos los días en la televisión pero en lapsos más largos y con mayor cobertura que cualquier líder de partido: pagan por debajo del agua. La Constitución está muy lejos de impedir la propaganda de los líderes políticos sino que, por el contrario, les otorga acceso a la radio y la televisión.

La propaganda personalizada está prohibida en la Constitución para los servidores públicos con recursos también públicos. Este precepto que se viola todos los días a ciencia y paciencia de las mismas autoridades que se encargan de rechazar las quejas que yo presento por montones, ahora se aplica a los líderes de los partidos políticos. Esto en verdad es una vergüenza mundial.
El Tribunal no ha otorgado una medida cautelar sino que ha entrado al fondo del asunto y ha resuelto la inconstitucionalidad del uso de la radio y la Tv para exponer opiniones inconvenientes desde el punto de vista del gobierno.

Así lo hicieron esos mismos magistrados cuando censuraron el espot del PRD. Ellos dijeron entonces que ese partido no había cometido ninguna infracción pero que de todas formas se cancelaba su promocional porque molestaba la imagen de otro. Ese otro, López-Dóriga, quien había presentado la queja contra la libertad de expresión, aparece casi todos los días en la Tv, impide que muchos se expresen ahí pero le molesta que un partido utilice su imagen como símbolo viviente de un monopolio y, encima de todo, le apoya un tribunal porque junto con él también aparecían Peña y sus compañeros.

El Tribunal ahora ha ido más lejos: “la propaganda política se transmite con el objeto de divulgar contenidos de carácter ideológico para generar, transformar o confirmar opiniones a favor de ideas y creencias”, es decir, no se pueden hacer críticas puntuales sino pura ideología. A los magistrados no les importa la libertad de difusión. Están escribiendo una nueva Carta Fundamental y se las está dictando el secretario de Gobernación.

Así era antes, cuando gobierno y tribunales no se distinguían en absoluto. Ahora, con tribunales de consigna, el gobierno lleva nuevamente al país a un despeñadero de confrontaciones y odios por todas partes.

El Chapo en una campaña del poder

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A la memoria de Gerardo Unzueta

Ha dicho Joaquín Guzmán Loera en la entrevista publicada en la revista Rolling Stone que “el narcotráfico no depende de una persona; depende de muchísimas personas”. Esta verdad incontrovertible no parece afectar el ánimo de los gobernantes mexicanos que han organizado una campaña de medios para presentar la captura del jefe narcotraficante como una proeza histórica y un fuerte golpe a la industria del narcotráfico. “Misión cumplida”, escribió el presidente de este país en su twitter.

Que el gobierno entregue videos tomados dentro de la residencia de Guzmán Loera para ser difundidos por la televisión abierta es un hecho absolutamente condenable. Los gobernantes no están autorizados a difundir la violencia militar o policial ni la violencia a secas. Esa propaganda no corresponde a un Estado afecto a los derechos humanos. El país está ahora peor que bajo el gobierno de Felipe Calderón quien empezó el espectáculo. Ahora Peña Nieto da a conocer acciones militares, disparos a discreción, explosiones de granadas como si se tratara de un filme de ficción. Esa campaña envilece al gobierno, lo convierte en un promotor de la violencia. Al tiempo, presenta a El Chapo como un personaje épico con lo que converge con la industria del entretenimiento basado en el amarillismo, el uso de armas y la apología del crimen.

Tiene razón Aurelio Nuño cuando afirma que no se debe presentar la historia de los delincuentes como algo exitoso, pero el secretario de Educación no se atrevió a deslindarse de la campaña gubernamental que presenta la violencia real como único instrumento contra los narcotraficantes. ¿Eso es lo que debe enseñarse en las escuelas? La detención se produjo sin violencia lejos de la casa de El Chapo, pero lo filmado y difundido se presenta como el acto mismo de la aprehensión. Se sabe que Guzmán Loera escapó de la residencia allanada, que los militares no se dieron cuenta de ese hecho hasta después de una hora o más y que su detención en la carretera fue incruenta. No hay nada heroico en tales acciones como lo pretende el gobierno a través de su campaña. Sin embargo, se organizó un tour de periodistas para que éstos reportaran los vestigios de la violencia, la sangre resecada, las huellas de la muerte, los impactos de las balas y los destrozos de las granadas.

La falta de buenos resultados de la gestión gubernamental es cubierta con una acción de pura violencia. Los padres y madres tienen ahora que tratar de explicar a sus hijos e hijas qué es lo que ésta significa, cuál es su causa, y cada quien debe intentar una versión a su modo pues el gobierno no ofrece ninguna sino que nos lanza orgulloso un video a la cara sin brindar la menor explicación del fenómeno que está en el fondo. ¿Qué es el narcotráfico? ¿Cuáles son sus causas? ¿Qué debe hacerse? Un Estado que no dice, miente.

¿Es necesario que el poder haga escandaloso alarde de fuerza? No, ni en la guerra, mucho menos cuando ese mismo poder ha sido sobajado durante décadas por la delincuencia organizada que es un producto genuinamente suyo aunque sea monstruoso, que lo sustituye, que cobra impuestos informales, que controla territorios y órganos del Estado para proteger hechos delictivos, entre ellos muchos de violencia extrema. El video del asalto a la casa de Guzmán Loera no puede ser admitido como un medio de hacer sentir el poder sobre la delincuencia organizada sencillamente porque todo mundo sabe que no se producirán afectaciones en la industria del narcotráfico. Ningún jefe narco tiene ahora más miedo que antes. La tesis de Felipe Calderón era falsa y, en la chocante versión de Peña Nieto, sigue siendo igual de falsa.

Avergüenza tener un gobierno así, sin cultura, sin decencia, sin verdad, sin discurso político, sin propuesta. Todas las instituciones han sido llevadas al festín de la captura del “hombre más buscado del mundo”, según se dijo. Para empeorar las cosas, la PRG se ha puesto a decir disparates sobre las supuestas decisiones de no capturar a El Chapo en recientes ocasiones como si esa dependencia hubiera tenido que ver algo en la persecución y, además, para mayor escándalo se ha referido a la entrevista periodística realizada por Sean Penn y al contacto con Kate Del Castillo mediante comentarios telenovelescos impropios de lo que se supone que sería la alta responsabilidad del Ministerio Público. La PGR no ha tenido sencillamente ni la menor injerencia en estos asuntos. La procuradora debería al menos guardar la compostura. Roberto Campa, supuesto encargado gubernamental de la defensa de los derechos humanos pero convertido sin recato en policía, brinda su aporte a la telecomedia oficial al afirmar que “una pareja que quería servir al mal terminó sirviendo al bien” (a propósito, ¿dónde están los 17 levantados de Arcelia, señor Campa?). El gobierno da a conocer la transcripción de varios chats sin la autorización de ninguna autoridad competente, como vulgar filtración, sólo para llenar de morbo todo el asunto de El Chapo y dar color a su campaña de medios. Y, en fin, como si todo eso fuera poco, el gobierno analiza la manera de extraditar al jefe narcotraficante a Estados Unidos con lo cual sólo demostraría que no está seguro de que se puedan concluir los juicios en México. No hay el menor recato ni la menor decisión de cumplir con el deber sino sólo de hacer propaganda cruda, barata y dañina del poder establecido.

Los liderazgos y la Tv

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El presidente del PRI, Manlio Fabio Beltrones condena que líderes de otros partidos aparezcan en los promocionales de radio y televisión. ¿Quiénes otros tendrían que hacerlo? El jerarca responde: cualquiera que no fuera líder político principal y posible precandidato a la presidencia de la República. Además, el priista agrega: salir en la tele es un fraude a la ley porque ésta no se hizo para adelantar campañas electorales.

Es difícil encontrar en otro país afirmaciones como éstas. Los principales voceros de los partidos suelen ser sus líderes sin que tal cosa pueda ser reprimido. En las llamadas democracias avanzadas el jefe de Estado o presidente del gobierno es el líder de su partido y busca la reelección. Mas si los dirigentes no hablaran se entendería que nada tienen que decir y estaríamos en el mejor mundo posible, uno con políticos mudos. Sin embargo, la ley no se hizo para prohibir que los líderes aparezcan en la pantalla sino justamente para permitir que digan su discurso sin depender para ello de las empresas de televisión y radio.

Por otro lado, el país sufre una campaña de publicidad de Aurelio Nuño en radio, televisión y prensa que al parecer jamás acabará porque empezó justo el día en que Peña Nieto le nombró secretario de Educación Pública y en ese cargo seguirá. Pero Nuño no es líder de un partido, al menos no lo es de manera formal, sino un servidor público que tiene prohibido por la Constitución realizar propaganda oficial personalizada. No obstante, él lo hace todos los días, como también lo hacen algunos gobernadores (Eruviel Ávila en primer lugar), sin que haya sido posible hasta ahora detener las cotidianas violaciones de la Carta Magna, no obstante los esfuerzos que se han llevado a cabo en sedes administrativas y jurisdiccionales.

El tiempo de los partidos en radio y televisión se ha concedido para que éstos digan lo que quieran por parte de quienes quieran, en especial para que critiquen al gobierno o, siendo partido en el poder, lo apoyen. No puede haber ninguna limitación a un derecho que deviene de la libertad de difusión y de la naturaleza de entidades de interés público que poseen los partidos políticos en México. Esto quiere decir que el Estado debe proteger –no sólo permitir– que los partidos hagan propaganda sin depender de los dueños de los medios ni del dinero de los ricos.

Los promocionales políticos y electorales donados o comprados están prohibidos con el propósito de impedir que los medios inunden el espectro radioeléctrico con su propagada y que los partidos se vendan aún más para así poder pagar las tarifas. Sin embargo, ahora Beltrones, al contrario de lo que él mismo apoyó en el Senado cuando estaba en la oposición, quiere que los partidos puedan adquirir tiempo en radio y televisión al precio que los concesionarios les impongan.

El escaso debate en los medios electrónicos se lleva a cabo a través de los mensajes de los partidos. Pero para que un político se vea realmente en la Tv se requiere que los noticiarios cubran a diario sus actividades. Eso lo logran quienes pagan de manera subrepticia por cuenta del erario, naturalmente. Así se hacen las campañas publicitarias. Así lo hizo Peña Nieto cuando era gobernador del Estado de México. No les ha importado nunca que la Constitución lo prohíba porque su texto es algo referencial. Si Aurelio Nuño puede aparecer a diario en todos los informativos de la radio y la televisión, ¿qué aflige a Beltrones? Peña Nieto ya tiene precandidato y éste es el personaje político más visto y escuchado de la temporada. El problema de Nuño es que se le ha ido acabando el discurso regañón con el cual sostiene que la reforma avanza y nadie la podrá impedir como si la evaluación de los profesores pudiera ser un objetivo en sí mismo.

El PRI se muestra muy preocupado por el simple uso de los tiempos políticos en la televisión a través de inocuos promocionales de 20 segundos. La reforma que debería hacerse es que los partidos contaran con programas de varios minutos en los que expusieran algunas ideas, si llegaran a tenerlas, de tal manera que el público pudiera tener información sobre lo que cada cual propone. Además, se requeriría lo que casi está prohibido en México: el debate político directo y presencial de los líderes de los partidos en las cadenas nacionales de televisión. Ante estas propuestas, Beltrones calla. Es normal.

¡Intocable! (artículo censurado)

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EL SIGUIENTE TEXTO HA SIDO CENSURADO POR EL DIRECTOR DE MILENIO DIARIO, CARLOS MARÍN. DEBIÓ HABERSE PUBLICADO EL VIERNES 20 DE FEBRERO DE 2015 COMO COLABORACIÓN SEMANAL DEL AUTOR

Se ha producido una sentencia del Tribunal Electoral que entra en los conceptos nada contradictorios de lo cómico y lo patético. El spot del PRD, cuestionado por López Dóriga, no constituye –según mandato judicial– ninguna trasgresión a la ley, no obstante el autor (el mismo PRD) debe ser sancionado con la interrupción de la transmisión del spot que antes había sido censurado por el INE y vuelto a censurar por la llamada sala especializada. Hemos visto en la historia de las ignominias judiciales la condena de inocentes por hechos reales o inventados pero no habíamos visto la condena por hechos declarados inexistentes por el mismo juez. El PRD ha sido sancionado con la “interrupción de la transmisión” de su spot (art. 456 de la ley) pero la sentencia también sostiene que ese mismo PRD jamás cometió transgresión alguna. ¿Alguien puede explicar este disparate? Piénsese que no hubo homicidio pero el asesino ha sido sentenciado. En esta situación se encuentra el PRD sólo por haber incluido la imagen de López Dóriga en un spot.

Pero no, ya sabemos que no se trata de López Dóriga (asunto menor) sino de Televisa (a la cual se le rechazó la misma pretensión censuradora por exceso de idiotez jurídica y porque no era necesaria ante la existencia de la queja de López Dóriga, por lo demás patrocinada y redactada en la misma Televisa), empresa que no tolera que sus frecuencias sean utilizadas para criticarla.

Ahora bien, estamos ante una confabulación de intereses casi siempre coincidentes entre el gobierno y Televisa. El spot del PRD criticaba a Peña, Videgaray y Osorio (así como a la herencia priista en general) y de paso mencionaba que hay cosas que no han cambiado: el monopolio informativo de la televisión cuyo incono es López Dóriga, conductor en pantalla (por el momento) del noticiero estrella del canal de las estrellas.

En el Tribunal Electoral (siete integrantes) se produjeron tres votos a favor de que en este caso había un ataque a la honra de López Dóriga (sin decir, claro, cual es ésta), con lo cual la sentencia tiene un sustento minoritario. Otros tres dividieron sus opiniones sobre el asunto pero sin coincidir con el argumento del proyecto aprobado. Otro más manifestó su disenso completo. Se trata de una sentencia sin mayoría real pero sostenida por el Tribunal, como tal, con el propósito de acatar la consigna oficial: López Dóriga es intocable. Bueno, algún día escucharemos a Azcárraga decir lo contrario, el día en que despida al conductor estrella del canal ibidem. En realidad no hay reinado del duque de Velandia (segundo apellido de López Dóriga) sino del verdadero rey, el dueño del consorcio monopolista, Azcárraga. (Me cuesta seguir con esto porque siento que alguien me puede censurar pero me arriesgo).

Lo que ha resultado atropellado no es sólo el derecho del PRD, el cual se atrevió a criticar a Televisa junto a Peña et. al., sino la libertad de difusión, recién incorporada en el artículo 7 de la Constitución y ahí declarada inviolable pero que ya se violó. Dice el tribunal que su sentencia es resarcitoria de un derecho de López Dóriga pero, si no hubo calumnia en el spot perredista, entonces ¿qué hubo? Nada, sino algo que molestó al consorcio televisivo en absoluta convergencia con el gobierno. Por lo pronto, el insigne Poder Judicial dice que López Dóriga es intocable. Pero, ¿por cuánto tiempo? La gravedad es la más fuerte de las leyes.

¿Intocable?

La Comisión de Quejas y Denuncias del flamante Instituto Nacional Electoral se ha permitido realizar un acto de censura con el argumento de que las fuertes críticas tendientes a “perturbar (sic) la fama” de los servidores públicos y los partidos se encuentran “proscritas para el particular dedicado a la actividad periodística, es decir, para Joaquín López-Dóriga Velandia”. La letra en negritas es de la Comisión, la cual añade que esto es así “no obstante ser figura pública por su calidad de comunicador”.

Más allá del atropello a la libertad de difusión establecido en el artículo 7º. de la Carta Magna y del derecho de los partidos a tener acceso a la radio y la televisión consignado en el artículo 41, esa comisión del órgano garante del ejercicio de muchos de los derechos políticos y de no pocos derechos humanos (fundamentales), es decir, el INE, nos ha recetado la tesis de que los periodistas son intocables a partir de que lo es el señor López-Dóriga Velandia, quien aparecía en un espot del PRD a propósito de la afirmación de ese partido de que hay muchas cosas que no han cambiado en México, una de ellas es precisamente el monopolio de la información a través de la TV, pero otra, por lo que se observa, es el temor que infunde el conductor del noticiero de Televisa.

La empresa de Azcárraga también fue en queja contra el mismo espot pero ahí se equivocó de ventanilla porque el INE no dirime cuestiones de propiedad intelectual (ni de personas) y la Dirección de lo Contencioso tuvo que rechazar el recurso, cuestión que ahora será resuelta por la Sala Superior del Tribunal Electoral al igual que el presentado por el PRD contra el acto de censura.

Se está dando un espectáculo que corresponde a otras épocas. El PRD tiene razón cuando afirma que se cometen los mismos errores y que muchas cosas no han cambiado, lo cual es la línea argumentativa del espot censurado. En otras palabras, la reacción contra el espot confirma lo que éste afirma.

Pero, además, existe otro punto: López-Dóriga, sedicente defensor de la libertad de difusión, ha recurrido al INE con la petición de que éste realice un acto de censura contra un mensaje de televisión por el hecho de que se usa su figura como un icono del monopolio televisivo, lo que él ha sido durante muchos años como antes lo fue otro periodista empleado de Azcárraga, Jacobo Zabludovsky: los hechos históricos se pueden ocultar pero al final no se pueden negar. La monopolización de la palabra difundida es del todo conocida en el país y sigue siendo uno de los mayores problemas culturales y políticos. Pero lo grave del caso es que el INE ha brindado de inmediato la censura solicitada.

El anticristo de la metáfora usada por Jesús Zambrano contra López-Dóriga se ha mostrado como un verdadero diablo en lucha contra la libertad de difusión mientras que la consigna política arribó descaradamente a la Comisión de Quejas del INE para consumar la censura. La cuestión ahora será dirimida en el terreno de si en verdad López-Dóriga es intocable o se encuentra inmerso en el debate político cotidiano del país aunque lo haga, como todos reconocemos, con la alevosía de ser vocero del mayor monopolio de la televisión existente en cualquiera de los países que se proclaman democráticos en el endiablado mundo en el que vivimos.

Libertad de prensa de ida y vuelta

Julio Scherer anduvo en peleas con varios presidentes de la República pero en realidad su lucha era por la libertad de prensa de ida y vuelta, es decir, tanto para el periodista como para el lector (léase también radio escucha y video espectador). Scherer fue impactado por el movimiento de 1968, en especial cuando miles desfilaban frente a Excélsior al grito unánime de prensa vendida. En realidad, en México teníamos unos periódicos pésimos desde todo punto de vista. El sedicente diario de izquierda, El Día, lo era sólo en la información internacional mientras que, en asuntos nacionales, era igual de gobiernista que todos los demás pero más directamente priista.

Las cosas en la prensa mexicana no cambiaron bajo la influencia directa del movimiento de 1968 sino a partir del 10 de junio de 1971, cuando Luis Echeverría lanzó a Los Halcones contra los estudiantes y se produjo una nueva matanza. Muchos reporteros se indignaron, tanto porque habían sido agredidos como porque ante sus ojos reaparecía el rostro de la represión sangrienta de jóvenes inermes. Muchas redacciones apoyaron a sus reporteros y empezaron a decir lo que en realidad había ocurrido, de dónde habían salido Los Halcones, de qué manera la policía se replegó para que los sicarios dispararan y golpearan libremente a los estudiantes. La versión oficial de que se había producido un enfrentamiento entre jóvenes rivales era completamente falsa, así lo consignaron muchos reporteros. Ese fue el gran campanazo con el que se inició un nuevo trayecto de la prensa.

Scherer acompañó el acontecimiento y pronto se volvió víctima de Echeverría, quien organizó un golpe para expulsar de Excélsior al director y su grupo cercano. Muchos periodistas se fueron, orgullosos, a fundar Proceso, el semanario más fuerte del país con aquel estilo que tenía Scherer de hacer periodismo, el cual abarcaba el honrado esfuerzo de hacer prensa libre y de otorgar libertad a sus lectores, es decir, no presentar publicidad como noticia. Las dos libertades, la de ida y la de vuelta, tienen que ir juntas porque, si sólo se reivindica la primera, pronto se regresa al sometimiento y, por tanto, a la venalidad.

La gacetilla y el chayote son propios de un periodismo venal que no respeta al lector, radio escucha y video espectador. Esto lo supo Scherer toda su vida y cuando de tal tema hablaba recordaba haber escuchado los gritos multitudinarios del ´68 cuando era director de Excélsior en su oficina de Paseo de la Reforma. Pero esos métodos de engaño del usuario del servicio informativo están tan vivos como antes. La flamante sala especializada del Tribunal Electoral acaba de recetarnos una increíble defensa de la gacetilla al proclamarla expresión legítima de la libertad de prensa ni más ni menos que en una sentencia judicial. Ningún periódico, estación o canal admite vender gacetilla, se jura que toda ella es noticia legítima y verdadera, pero todos sabemos que es pagada y nadie cree lo contrario, ni siquiera los magistrados electorales que fingen demencia.

No ha concluido la lucha de Scherer y de otros muchos, los que se fueron a hacer Unomasuno de la nada y, más tarde construyeron La Jornada, los reporteros dirigidos por Gutiérrez Vivó, quien fundó la radio noticiosa ininterrumpida, y de muchos que han hecho periodismo de riesgo. Mas no se crea que sólo se miente al lector con publicidad presentada como noticia, ahora prohibida mediante ley inaplicable, sino también callando, como ocurrió con el caso Tlatlaya, a donde nadie fue a averiguar sino hasta que se presentó un reportero de una agencia internacional y hasta que se hizo la denuncia fuera del país: ¡qué vergüenza! La radio y la Tv, así como la inmensa mayoría de los diarios, callaron ante un hecho de por sí perturbador y nadie se ha autocriticado. Así están las cosas en el país de Scherer, quien sabía de todo eso y de otras muchas de la comunicación social en un país organizado dentro de la corrupción como sistema.

Censura de internet

El dictamen sobre la iniciativa de ley de telecomunicaciones pretende que las empresas de redes de internet puedan “bloquear el acceso a determinados contenidos, aplicaciones o servicios cuando medie orden de autoridad competente (art. 145). Pero el proyecto de ley no define cuál es la autoridad en esta materia ni tampoco indica en qué situaciones y bajo cuáles procedimientos podría ser procedente el bloqueo. El requisito sería que hubiera una orden y basta. Además, las sanciones por desobedecer serían multa y cárcel.

Este precepto no venía en la iniciativa del gobierno sino que fue introducido recientemente a través de un irregular procedimiento de dictamen en el Senado. El bloqueo aparecía como una acción que podría abarcar regiones. Ahora se cambia por bloqueo de contenidos, aplicaciones o servicios.

En el proyecto está incluido un apartado de “colaboración con la justicia” (art. 189) según el cual los concesionarios y autorizados de los servicios de telecomunicaciones se encontrarían obligados a prestar auxilio a las procuradurías de justicia, las policías y las “instancias de seguridad nacional”, pero no existe ninguna prescripción sobre procedimientos, condiciones, etcétera, que pudiera dar elementos para conocer de qué clase de bloqueos o espionajes se trata con exactitud. Lo que se busca es otorgar al gobierno capacidad de censurar y espiar, para después definir quién se va a encargar de esa tarea.

El proyecto no otorga a los jueces capacidad para ordenar bloqueos de contenidos en internet a pesar de que bajo un estado de derecho cualquiera sólo la autoridad judicial puede definir si se ha cometido un delito; todo lo demás no pasa de ser sospecha o acusación sujeta a dictado jurisdiccional. La comunicación es un derecho humano según la Carta Magna hace poco reformada, pero el gobierno pretende en la legislación secundaria restringir a discreción ese derecho, lo cual significaría negarlo en toda forma, porque los límites de la libertad deben ser precisos y los procedimientos de su aplicación deben estar perfectamente determinados. Nada de esto se quiere hacer.

Las protestas contra la pretensión del gobierno y de algunos senadores panistas de incluir la censura de internet han sido rechazadas por el subsecretario de Comunicaciones y por el presidente de una de las comisiones dictaminadoras. Este último (el tal Lozano) dijo con toda la cara dura que le caracteriza que en el proyecto no había nada sobre internet.

La pretensión de censurar internet se acompaña con la maniobra para mediatizar la prohibición constitucional de presentar publicidad y propaganda como si fueran informaciones noticiosas. Se trata de la muy conocida gacetilla, la cual es una de las grandes deformaciones corruptas del periodismo mexicano. En el proyecto de ley “se prohíbe la transmisión de publicidad o propaganda presentada como información periodística o noticiosa”, tal como lo señala la Constitución, pero no se define cuál sería la autoridad encargada de hacerla valer. En tal proyecto, el Ifetel ha sido despojado de facultades en materia de contenidos y ni siquiera es sustituido por la Secretaría de Gobernación.

La prohibición de la gacetilla forma parte de los derechos de las audiencias. Presentar comerciales o mensajes políticos como si fueran noticias es un fraude a los radioescuchas y televidentes (también a los lectores). Ya se sabe que de eso engrosan sus bolsillos empresarios y periodistas empleados de esos mismos sin admitir el respeto al público como condición de todo ejercicio profesional. Por esto la Constitución ha prohibido la gacetilla, pero el gobierno quiere que no haya sanción ni autoridad que la aplique.

Muchas otras partes del proyecto de ley tienen esa misma característica de regresión legislativa.

La «chota» en las redes

En la iniciativa de Peña Nieto sobre telecomunicaciones sobresale un título denominado “colaboración con la justicia” que resulta ser en realidad de colaboración con el gobierno para intervenir toda clase de telecomunicaciones y también bloquearlas.

Este es un viejo debate, actualizado a propósito de las revelaciones de Snowden que han provocado un gran escándalo mundial. El Congreso mexicano se ha ocupado del tema en otras ocasiones con mala fortuna. En esta ocasión las cosas podrían empeorar en lugar de que la ley fuera una expresión cabal de los derechos constitucionales.

La irrupción de la autoridad en las comunicaciones privadas puede ser usada para cualquier propósito, incluyendo la reventa de la información. Así, el primer problema es cuándo se justifica. El segundo, quiénes la pueden autorizar y realizar. El tercero tiene que ver con su utilización ulterior. Si se trata de perseguir delitos y no otras cosas, es evidente que sólo puede tener justificación cuando se ordene por autoridad que tuviera a su cargo una formal investigación y permitida por un juez en concordancia con la Constitución y la ley, pues de otra manera no podría tener validez en un proceso penal y sólo serviría para espiar a las personas. Además, se trataría solamente de determinados delitos en curso de investigación. Esto abarca los tres problemas planteados.

Sin embargo, el Ejecutivo propone que cualquier autoridad de procuración de justicia y otros servidores públicos a quienes se les deleguen facultades puedan realizar las intervenciones sin orden judicial alguna, a pesar de que ya existen los llamados jueces de control que, se supone, deben servir entre otras cosas para eso. Además, el gobierno quiere obligar a los concesionarios a realizar la geolocalización por instrucciones de “las instancias de seguridad” y de quienes tengan delegada “esta facultad” para “el ejercicio de sus atribuciones propias de producción de inteligencia”. Como se puede observar, aquí cabe todo, en cualquier momento y con cualquier objeto. El gobierno de Estados Unidos realiza vigilancia de inteligencia contra el terrorismo pero en realidad espía a todo mundo en todo el mundo incluyendo a sus mejores amigos.

Los concesionarios, además, deberán “bloquear, inhibir o anular de manera temporal las señales de telecomunicaciones en eventos ylugares críticos para la seguridad pública y nacional a solicitud de las autoridades competentes”. Con este precepto se podrían bloquear las señales en ciudades enteras por orden de la autoridad, eso sí muy “competente”. Sin embargo, la Constitución dice que las telecomunicaciones son “servicios públicos de interés general” y que el Estado debe garantizar que sean prestados en condiciones de cobertura universal, continuidad, acceso libre y sin injerencias arbitrarias.

Las regulaciones que tienen que ver con las interferencias y la geolocalización deberían estar en otra ley en la que se abordara el asunto en su conjunto sin llevar al Ifetel a ese terreno que no es el suyo. Bajo esa óptica, las autorizaciones serían otorgadas por un juez, quizá con la excepción de los secuestros y las persecuciones de personas sorprendidas en flagrancia de ciertos delitos en que se requeriría sólo la orden provisional de un procurador. Sin embargo, el gobierno está confiado en que el Congreso se deje llevar por el pánico provocado por la persistente crisis de violencia delincuencial. De ser así, se daría un paso más hacia el Estado policía: ningún país mejora de esa manera.

Inversiones y derechos

En las negociaciones sobre la iniciativa de reformas constitucionales en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, el gobierno buscaba promover nuevas inversiones, en especial de capital extranjero. El planteamiento gubernamental inicial, dentro del Pacto por México, era notoriamente pobre. Las oposiciones (PRD-PAN) entraron a un diálogo entre ellas con el propósito de proponer una reforma completa y amplia, podría decirse ambiciosa, para crear una nueva institución autónoma con amplias facultades y establecer nuevos derechos de los mexicanos.

La negociaciones fueron largas y se integró también la reforma del sistema de regulación de la competencia económica dejando esta materia al Ifetel en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión, lo cual es algo, digamos, heterodoxo y raro pero adecuado a un país altamente monopolizado.

La figura de preponderancia fue creada como traje a la medida de Televisa y América Móvil. Estos son los preponderantes que deben estar sometidos a regulaciones especiales y urgentes. Esa fue una decisión política de Estado. No obstante, el gobierno propone ahora que Televisa no sea preponderante en el sector de radiodifusión ya que no tiene el 50 por ciento de la audiencia tomando en cuenta la radio. La Constitución, sin embargo, fue redactada para declarar preponderante a cualquiera que lo sea en “la prestación de los servicios de radiodifusión o telecomunicaciones” y ya se sabe que tales servicios son radio, televisión abierta, televisión restringida, internet, telefonía, satélites, según dice el segundo transitorio del mismo decreto, donde se añade que las medidas de fomento a la competencia deben aplicarse en todos los segmentos para garantizar en su conjunto la competencia efectiva en la radiodifusión y telecomunicaciones. Además de que Televisa es preponderante en el servicio de televisión abierta (radiodifusión) también lo es en televisión restringida que corresponde al sector de telecomunicaciones.

Y así como éste hay otros temas en los que el texto o el espíritu de la reforma constitucional es negado en la iniciativa del gobierno pues también se le regatean facultades expresas al Ifetel, se minimizan los derechos de usuarios y audiencias y se mantiene en el rincón a la radio social.

Otro ejemplo es la reforma del artículo 6º. de la Constitución con la cual se crea un organismo descentralizado “con autonomía técnica, operativa, de decisión y de gestión que tendrá por objeto proveer el servicio de radiodifusión…”. Los bienes del organismo creado por Calderón mediante decreto presidencial (OPMA) pasarán al nuevo, pero eso no significa que también se transfiera su objeto puesto que aquél se creó para promover la radiodifusión y a éste se le ha conferido el proveer, lo cual es sensiblemente diferente. Además, la Constitución dice que el nuevo organismo “contará con un Consejo Ciudadano con el objeto de asegurar su independencia y una política editorial imparcial y objetiva”, nombrado directamente por el Senado. Pero el gobierno pretende convertir al consejo ciudadano en uno consultivo sin ninguna facultad. Todo, bajo la jefatura de la Secretaría de Gobernación, como antes. Lo que se convino fue la formación de una cadena nacional de radio y televisión pública capaz de ser una opción cultural e informativa pluralista e independiente. Así está expuesto en el artículo 6º. y en los transitorios del decreto.

El gobierno está suponiendo que con unos seis senadores díscolos puede imponer una legislación secundaria al revés. Se basa quizás en los Lozano para proteger a algunos concesionarios y a sí mismo. El diferendo sin embargo continuaría en los recursos de inconstitucionalidad. Nadie las puede ya tener todas consigo.