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Legalizar la ilegalidad, ¿se vale?

Como ya sabemos, la Constitución prohíbe los contratos en materia de hidrocarburos. Sabemos también que no se prohíben todos los contratos, por ejemplo, las compras de bienes, alquileres y la prestación de servicios. Se trata de contratos de riesgo en cualquiera de sus modalidades, ya sea de producción compartida o de utilidades compartidas. El contenido actual del artículo 27 constitucional tiende a proteger la propiedad nacional de los hidrocarburos y a impulsar una industria petrolera propia. Si esa riqueza es de la nación, nadie tendría, en consecuencia, el derecho de repartirla entre particulares. No parece tener este concepto alguna dificultad en su comprensión.

La nueva ley de Pemex (art. 61) señala que en la realización de contratos, Pemex no concederá derecho alguno sobre las reservas, se mantendrá en todo momento el control y dirección de la industria, las remuneraciones a los contratistas serán siempre en efectivo, por lo que en ningún caso podrá pactarse como pago un porcentaje de la producción o del valor de las ventas de los hidrocarburos ni de sus derivados o de las utilidades de la entidad contratante, no se suscribirán contratos que contemplen esquemas de producción compartida ni asociaciones en las áreas exclusivas y estratégicas a cargo de la Nación. Además, los contratos que no observen las disposiciones legales serán nulos de pleno derecho.

Esto es lo que quiere derogar el gobierno actual a pesar de que ya se inventaron, desde la anterior administración —la de Calderón— los “contratos incentivados” que no son otra cosa que de utilidades compartidas, es decir, el gobierno viola la Constitución y la ley. En otras palabras se quiere legalizar la ilegalidad a través de una reforma constitucional. Así, después de violada, regalada. ¿Es esto válido?

Hace poco, después de largos debates y posteriores negociaciones, las fuerzas políticas del país llegaron a un acuerdo. El primero fue que la Constitución no debería ser violada, al menos tan fácilmente. El segundo fue que la ley debería ser fiel a la Carta Magna. El tercero fue que Pemex debería tener mayor libertad de operación y la explotación de hidrocarburos debería apegarse a una planeación que asegurara la seguridad energética y el aprovechamiento de los recursos nacionales.

Pero las ansias expoliadoras de las trasnacionales son grandes y los criterios de una parte de la clase política coinciden con las mismas. Lo que se nos está diciendo es que la Constitución y la ley están mal, que por ello son violadas impunemente y que para evitar seguir en la ilegalidad se requiere modificar la ley en el sentido que desean los violadores de ésta. O sea, para evitar la impunidad hay que dar la razón a los impunes. Han de decir que muerto el perro —la Constitución— se acabó la rabia —la violación de la ley—, por lo cual la nación mexicana tendría que dar la razón a los críticos históricos de la expropiación de los bienes de las compañías petroleras de 1938 y llegar a la conclusión de que dicho acto no fue el conveniente: que compañías privadas se apropien de parte de lo que no es suyo, sino de la nación, aunque sea en la forma de contratos de utilidades compartidas y ya no de concesiones directas, como lo sigue proponiendo el PAN.

Bueno, los violadores de la legislación actual dicen que esa defensa total de los hidrocarburos no es más que un nacionalismo trasnochado que ya no tiene justificación. Pero lo que en realidad importa es el mal negocio que hace una nación al compartir sus propias riquezas por falta de inteligencia, decisión y arrojo de sus gobernantes cuando éstos representan intereses diferentes a los nacionales.

Dilema petrolero

México se enfrenta a un dilema sobre su industria petrolera. No es la primera vez. Pero, ahora, la prisa del gobierno y las ansias del PAN han puesto las cosas en una situación de alarma nacional. Si un país tiene dos cosas: petróleo e industria petrolera nacional, pública y administrada por el Estado, debe resolver el problema de la declinación de su propia producción. Aquí es donde surge el dilema: lo hace directamente o lo encarga a las trasnacionales.

Estados Unidos no tiene problema, pues carece de industria nacional y pública. Recurre a las empresas privadas, como siempre lo ha hecho, mediante una política de concesiones en los mares y apertura de nuevos campos. Ésa es su propia vía hacia la seguridad energética.

Pero los países como México tienen que tomar una decisión. No se trata del financiamiento, pues se sabe que una fuerte industria nacional puede financiarse mejor que las trasnacionales. El problema consiste en la capacidad operativa y la tecnología. Para el gobierno de Peña Nieto, Pemex carece de capacidad de incorporar y apropiarse de la tecnología que requieren los yacimientos de aguas profundas. Ya hemos dicho que varias empresas nacionales en el mundo pudieron resolver este problema, pero la pregunta sobre si México es capaz ha generado un debate que huele a otra cosa que no es precisamente industrial.

No habría dilema entre desarrollar la industria propia o llamar a las trasnacionales si no fuera por dos factores: la prisa en aumentar los ingresos públicos de procedencia petrolera y la perniciosa idea de que el país no puede hacerlo. El primer factor tiene que ver con la estrecha visión sexenal de la política nacional. Todo presidente quiere hacer las cosas rapidito, es decir, dentro de su periodo improrrogable, sin analizar el horizonte transexenal. El segundo factor tiene varios componentes que van desde la hipertrofia burocrática, mafiosa y de corrupción (sindicato incluido) que padece Pemex hasta la duda en que un esfuerzo propio pudiera ser fructífero sin tener que entregar una parte del producto a los capitalistas privados (extranjeros por añadidura).

El dilema es enteramente político. No existiría si la industria petrolera nacionalizada se pusiera en movimiento, se lanzara a resolver problemas, obtuviera el apoyo del gobierno y del Congreso para desarrollar mayores inversiones y, finalmente, lograra un nuevo impulso de la ingeniería mexicana para mantener la plataforma de producción de crudo o, incluso, elevarla.

Cuando se abrió Cantarell, Pemex no era experto en yacimientos marítimos. Hoy lo es. Este yacimiento está en declive irreversible, como le suele ocurrir a cualquiera y, aunque no es previsible encontrar otro de igual capacidad, México puede ir al golfo a obtener petróleo de grandes yacimientos. ¡Ah!, pero solo no, dice el gobierno. Ya se sabe que solo no lo hará porque las soledades industriales no existen, sino porque se requiere el concurso de muchas empresas de la industria mundial, pero no necesariamente a partir de la compartición de utilidades, sino como prestadoras de servicios que cobran y se van.

El plan del gobierno es traer a las trasnacionales para realizar la exploración, la perforación y la producción. Pemex no metería ni las manitas en toda esa ingeniería. Pero, además de compartir el petróleo, el gobierno tendría que pasársela en los tribunales porque las trasnacionales son irremediables generadoras de litigios judiciales debido a su inveterada gandallez. ¡Qué futuro tan malo nos depara la propuesta del gobierno!

La verdad y los silencios de Lozoya

El director de Pemex ha dicho una verdad y ha callado muchas otras. En su comparecencia ante empresarios hace un par de semanas, Emilio Lozoya habló muy claro, tanto que avanzó en un sentido distinto a la propaganda gubernamental. El estratega de inversiones privadas dijo que la reforma que propone Peña Nieto busca la participación de las trasnacionales petroleras en cantidad y rapidez inusitadas bajo contratos de utilidades compartidas.

Sí, ésa es la verdad. El gobierno mexicano considera que no es capaz de hacer lo que hacen los grandes conglomerados privados de la energía. No opinan así otros muchos gobiernos que han demostrado que las compañías nacionales pueden crecer más rápidamente que las trasnacionales y de hecho así es. Se pone el ejemplo de la brasileña Petrobras, pero ésa no ha requerido a las trasnacionales, sino que se ha apropiado de la tecnología necesaria y ha conseguido el financiamiento suficiente para mantener un alto ritmo de expansión en aguas profundas. Como ése hay muchos otros ejemplos de empresas nacionales.

Es incomprensible en el mundo la manera en que el gobierno de Peña pretende quitarse el problema de tener que expandir la industria nacional y desarrollar nuevos campos petroleros especialmente en el golfo de México. Pero el proyecto gubernamental sí puede ser entendido al tomar en cuenta la mentalidad predominante en la derecha política mexicana —PRI y PAN—, la cual tiene una idea de la globalización que va en retirada en casi todo el resto del mundo. Sí existe una clara diferencia entre hacer las cosas y llamar a extranjeros para que las hagan en exclusiva. Lo que Peña quiere es evadir el esfuerzo nacional, pero al costo de entregar una parte del valor de los hidrocarburos que son propiedad de la nación.

Lo que no dijo Lozoya es que las industrias de la energía son generadoras de tecnología propia o apropiada y que crean una fuerza de trabajo altamente calificada. Lo que tampoco dijo es que la capacidad productiva propia —incluyendo gas, gasolinas y electricidad— es la base de la seguridad energética de cualquier país y que ésta sigue siendo un concepto válido en el mundo.

Tampoco ha dicho Lozoya cómo es que un país con industria petrolera consolidada y con reservas de hidrocarburos no puede resolver sus problemas de energía sin el concurso oneroso de las trasnacionales. En el extremo absurdo, México no tiene suficiente producción de gas, pero una parte de la extracción que ya se lleva a cabo es quemada en la atmósfera sin que el señor Lozoya haya presentado algún plan para superar esa lastimosa situación.

Otra cosa que no dijo el señor Lozoya es que las empresas de energía se financian en los mercados internacionales, no tienen dinero debajo del colchón, mientras un Estado puede obtener financiamiento en condiciones aún mejores que las trasnacionales para dar sustento a sus propias inversiones.

En su discurso el señor Lozoya se hubiera tomado la molestia de explicar en cuánto y cuándo bajarían el precio del gas y las tarifas eléctricas con la aplicación del proyecto de Peña, pero no lo hizo porque sencillamente no tiene la menor idea.

Virtual recesión

No es nada halagüeño para un gobierno nuevo concluir su primer semestre de gestión con una recesión industrial claramente declarada y con una perspectiva recesiva en el conjunto de la economía. Es decir, tenemos una virtual disminución del producto interno respecto al existente el primer día de diciembre del año pasado.

Una causa del fenómeno tiene que ver con la torpe forma de ejercer el gasto público, pero existen otras. Por lo pronto ninguna autoridad está dispuesta a hacer algo para detener la caída, la cual se considera como algo estacional.

La economía mexicana tiene una enfermedad. Su capacidad de expansión depende de unos pocos factores, los cuales le afectan fuertemente al menor cambio. Esto quiere decir que los pobres resultados de los años anteriores no forman parte de un ciclo expansivo, sino que se encuentran dentro del estancamiento económico crónico.

La economía estadunidense puede retomar el crecimiento y contribuir a aminorar la profundidad de ese estancamiento estructural de México, pero no será así como se logre un impulso hacia la expansión. El factor que puede dar la vuelta y llevar a México hacia un crecimiento cada vez mayor es el gasto público productivo. En este momento no hay ningún sector de la economía que pueda detener el estancamiento estructural ni la virtual recesión en la que nos encontramos, más que un amplio programa de inversiones.

Es verdad que el gobierno federal no tiene muchos proyectos acabados para realizar, desde luego, grandes inversiones, pero el conjunto de las entidades federativas sí los tienen. Lo que ocurre es que no existe un soporte financiero para llevarlas a cabo. Éste es el que habría que brindar en el corto plazo.

Sería indispensable que el próximo año se produjera un golpe de timón en materia fiscal y se recuperara ingreso público sacrificado en el altar de las concesiones a los grupos monopolistas y oligárquicos del país. Pero eso no bastaría para financiar un mayúsculo programa de inversiones productivas. Sería necesario un programa de financiamiento del gasto que potenciara los rescates fiscales mediante empréstitos con propósitos productivos y certeza de retorno de mediano y largo plazo. Eso es justamente lo que los temerosos economistas del gobierno no quieren por falta de capacidad de organización de un enorme programa de inversiones y de una gestión política que ponga en línea todos los gobiernos locales. Pero sobre todo por falta de convencimiento del papel de la inversión pública en el impulso del crecimiento sostenido de la economía nacional: son privatistas y adoradores del llamado libre mercado.

El actual debate sobre energía es un ejemplo que ilustra lo anterior. El gobierno considera que carece de capacidad para elaborar y conducir nuevos y grandes planes de crecimiento de la industria petrolera, por lo cual necesita a las trasnacionales. El costo de invitar a tales empresas extranjeras es sencillamente inaceptable porque es un pésimo negocio que le costaría al país una parte de sus hidrocarburos sin que tal entrega sea necesaria en absoluto. Pero el punto es que el gobierno reconoce que es inepto, que carece de capacidad de conducir un impulso nuevo de la exploración y la producción, es decir, que no puede hacer más de lo que ahora está haciendo en materia de hidrocarburos, así como de otras actividades productivas.

México tiene un enorme potencial de crecimiento, pero éste no podrá expresarse sin una política de impulso a la producción acompañada de reformas en el patrón de distribución del ingreso, el cual también es un freno estructural de la expansión económica.

Expropiación

La falta de política nacional del Estado en el tema de energía ha llevado a un esquema deficitario en casi todo. Si no hay un esfuerzo propio, no habrá solución de problemas nacionales porque el capital trasnacional no ha sido constituido para eso. Y así ha ocurrido: la estrategia en petroquímica ha resultado un fracaso oneroso, así como en materia de gas y de refinación, donde existen enormes deficientes, pero se queman en la atmósfera millones de pies cúbicos y se importan cantidades gigantescas de gasolina.

Los gobiernos priistas y panistas se negaron de manera necia a realizar las inversiones necesarias para superar esos rezagos mientras que Pemex generaba una inmensa riqueza y el Estado se dormía en sus laureles con el megayacimiento de Cantar, el que ha brindado a la nación colosales ganancias mal administradas.

Ahora, se plantea realizar una expropiación de recursos de la nación a favor de empresas trasnacionales para la producción de crudo y gas. Según el proyecto de Peña, el gobierno podría hacer los contratos con o sin Pemex, es decir, con operadores diferentes a ese organismo público, con lo cual la discrecionalidad en la política petrolera y en el manejo de los recursos naturales sería mucho mayor que ahora.

Mas existen otros elementos asociados. La renuncia a tomar en manos propias la política de inversiones es peor que reducirlas. Peña Nieto propone lo mismo que Calderón: contratos de producción compartida o “incentivados” pero plenamente constitucionales. Se quiere seguir haciendo lo mismo que se ha hecho hasta ahora. ¿Quiénes deciden bajo ese esquema el nivel de inversión productiva en hidrocarburos y energía eléctrica? Las trasnacionales. Cuando un Estado administrador de recursos nacionales cede la iniciativa a otros, renuncia a ejercer sus cualidades soberanas. Así ha ocurrido con el gas; así ocurrió con la petroquímica. En cierta forma, también ha ocurrido con las gasolinas que se compran en el extranjero debido a la renuncia irresponsable a emprender los proyectos que son indispensables desde hace 30 años.

Sí, insisto, la propuesta de Peña es una expropiación. Es lo mismo dar concesiones que firmar contratos de producción compartida u otros iguales, según los cuales debe pagarse al operador privado un porcentaje de la producción, en especie o en dinero, cuando todo el recurso es propio y no existe necesidad alguna de compartirlo con nadie. Estamos hablando del peor negocio que puede hacer un Estado que reivindicó el petróleo y el gas como algo nacional desde hace casi un siglo, pero se concedió a extranjeros. En 1938 se prohibieron las concesiones. Lo que se hizo en 1960 fue prohibir también los contratos de riesgo, que eran los sustitutos fraudulentos de las concesiones. Hoy, la ley prohíbe toda contraprestación determinable y todo pago con producción o con el valor de ésta, aunque los contratos “incentivados” —nulos de pleno derecho según la misma ley—se estén firmando en abierta violación de la Carta Magna. Por eso, Peña propone la reforma constitucional con el fin de eliminar la prohibición de los contratos. Después de violar la legislación se propone derogarla. ¡Así es México!

¿Cuál es el argumento de fondo de esa propuesta expropiadora? Que México no puede explorar y extraer petróleo y gas en mayores cantidades ni producir más energía eléctrica y más barata sin el concurso de las trasnacionales. ¡Falso!

El PAN apesta a gas

La propuesta de reforma constitucional presentada por el Partido Acción Nacional contiene algo de lo que hace unos años Calderón envió al Congreso con muy poca suerte, pero contiene mucho más que entonces. Si el PAN siendo gobierno no se atrevía a proponer una reforma a la Carta Magna, ahora el PAN en la oposición pretende hacer de las empresas nacionales de energía algo así como unas compañías privadas con participación pública. Sin embargo, sus voceros han dicho algunos disparates, como era de esperarse.

Francisco Domínguez, senador del blanquiazul, dijo que la “apertura de la inversión a particulares” no contiene la privatización ni la pérdida del dominio de los recursos del Estado. Habrá que explicar ahora que vender acciones de una compañía petrolera del Estado no es una privatización y cómo la inversión directa en un organismo que administra los yacimientos de hidrocarburos no es un traslado de dominio. Se puede decir lo que se quiera, claro está, pero no será posible nunca sostener que lo propuesto no es lo propuesto sino algo que nadie podría definir. Ésta es, por lo visto, una derecha oligofrénica, pues sus condiscípulos de otros lugares del mundo siempre le han llamado privatización con todas sus letras.

El novel coordinador de los senadores panistas, Luis Preciado, dijo que era un día histórico para el PAN porque se presentaba una reforma que, sin duda, cambiará la vida económica del país y la vida de los mexicanos. Además de buscar privatizar los yacimientos, el PAN se quiere envolver en la bandera nacional y anunciar un cambio en la vida de los mexicanos a partir de una nueva política de energía.

Ya en el ridículo de la inconsecuencia, el PAN quiere sacar a los líderes del sindicato del Consejo de Administración de Pemex, lo cual fue rechazado por ese partido en la anterior reforma. Que el PRI dijera entonces que los charros petroleros no podían ser tocados ni con una gota de decencia era comprensible, pero que lo dijeran también los legisladores panistas que, hoy, están proponiendo eliminar lo que antes apoyaron con los peores argumentos es una especie de transmutación política.

El PAN de plano se quiere ir por la reforma de la Constitución bajo el argumento de que al privatizar se incrementa la renta petrolera. Pero ésta es la parte de la ganancia que el Estado recibe como consecuencia de su posesión de un bien monopolizable y monopolizado. Por tanto, el nivel de la renta lo determina el Estado mismo. Esa parte del valor del producto —la renta— no podrá aumentar por más que los capitalistas privados inviertan en la industria pero acaso deberá disminuir en términos relativos en tanto que la participación privada en la extracción de los hidrocarburos implicaría una reducción de los gravámenes por barril producido.

El peor negocio de un país consiste en compartir los recursos que ya tiene como Estado y darlo a otros. El argumento al respecto es que los privados administran bien mientras los burócratas son puros ladrones. Antes que perseguir a los corruptos se busca el regalo de los bienes nacionales. Pero los hidrocarburos no son cualquier bien nacional sino uno que se va a acabar, que es un recurso natural no renovable y finito. Eso es lo que el PAN quiere rematar.

Otra vez, el petróleo

En casi todos los países, el dueño del suelo no lo es del subsuelo. Por tanto, la nación es propietaria de lo que está debajo hasta el centro inexpugnable de la Tierra. México es uno de ésos. Pero lo es desde antes de la expropiación de los bienes de las compañías petroleras, las cuales operaban como concesionarias: Cárdenas les expropió sus bienes mas no los yacimientos, que ya eran de la nación.

Nadie, ciertamente, pide que ese régimen jurídico de propiedad sea modificado, pero sólo aparentemente. Lo que se busca es que los productos posibles del subsuelo —como ocurre con la minería— sean concesionables, pero no directamente como antes del decreto del general Cárdenas, sino de manera indirecta, lo cual quiere decir engañosa, tramposa. Y, para ello, hay maneras de privatizar sin decir que se privatiza.

Los contratos de riesgo, prohibidos por la Constitución, tienen ahora otro nombre: “contratos incentivados”. La dificultad estriba en que éstos no están permitidos por la ley, por lo cual todos los firmados hasta ahora por Pemex son, como dice la norma vigente, “nulos de pleno derecho”.

Dichos “contratos incentivados” no sólo abarcan obras de exploración y perforación, sino también la producción durante todo el tiempo en que el pozo esté activo. Así, el concesionario opera para siempre y cobra según la capacidad productiva del yacimiento.

Para abrir la industria petrolera más allá de la prestación de servicios concretos con contraprestaciones determinadas —como dice la ley vigente— se necesita cambiar la legislación si se quiere llevar la práctica ilegal al plano de la legalidad, aunque nunca de la constitucionalidad. Es por ello que se ha planteado la reforma de la Carta Magna.

Privatizar no quiere decir por fuerza la conversión de Pemex en una sociedad anónima con o sin mayoría del capital privado, sino abrir la ganancia industrial petrolera —todos los hidrocarburos— al capital privado. Es pueril ese argumento tan repetido de que no se quiere privatizar, sino compartir con el capital privado un recurso que es propiedad de la nación. El país que concesiona comparte y el que “incentiva” también comparte: es lo mismo con denominación diferente.

Lo que se busca, en síntesis, es ir al fondo del Golfo de México a buscar crudo con la “ayuda” de las transnacionales, las cuales exigen contratos de riesgo: me pagas por lo que extraigo; si el pozo está seco no pagas nada. Pero la Constitución y la ley prohíben ese trato: no se puede pagar a un contratista con base en el volumen de lo producido ni en su valor, sino por la obra realizada con independencia del hidrocarburo, tal como se hace al contratar la construcción de un puente en cualquier remoto lugar.

El argumento es que el Estado no tiene recursos para aumentar, sin endeudamiento, las inversiones en la industria petrolera. Pero es que los ingresos de Pemex se los come el gasto corriente del gobierno federal, por lo que ese organismo público carece de suficientes recursos propios de inversión. El gobierno federal cubre gran parte de su gasto corriente con petróleo: así de simple.

Nota para los periodistas y comentaristas falsarios por acelere, ignorancia, cochambre ideológico o conveniencia: privatizar no sólo es vender propiedad pública, sino también entregar a privados una riqueza nacional.

Otra vez Pemex

Un par de empresarios prominentes: Daniel Servitje (Bimbo) y X. González (Kimberly) se pronunciaron anteayer a favor de la propuesta de Peña Nieto para convertir a Pemex en una sociedad anónima.

Para cualquier inversionista de bolsa la propuesta es magnífica, pero cada uno de ellos, al igual que Peña, debería explicar cómo sería tal cosa posible. Para empezar, Pemex es una empresa con capital contable negativo, corrupción crónica, charrismo sindical galopante, pésima administración e inmensa deuda. Pero el problema mayor —para convertirlo en sociedad anónima—quizá sea el régimen fiscal al que está sometido.

Los ingresos de Pemex son casi en su totalidad tomados por el gobierno federal para financiar el gasto corriente del mismo y de las entidades federativas. En realidad, Pemex es el mayor suministrador de fondos para sostener el costo del Estado mexicano, de tal manera que, al expropiarle sus recursos, el aparato público obliga a la paraestatal a recurrir a la deuda como medio para realizar sus inversiones. Así, el gobierno federal tiene un déficit bajo (0.4% del PIB) y Pemex toma la mayor parte del verdadero déficit (2.4% del mismo PIB), la cual se asigna a la llamada administración pública descentralizada.

Supongamos que se admite la propuesta de Peña Nieto y sus apoyadores, prominentes empresarios. Primer problema: ¿cómo sustituir ingresos fiscales actualmente a cargo de Pemex con el propósito de hacer funcionar la nueva sociedad anónima? No existiría otro método que ir por los dos puntos porcentuales del PIB a donde está el dinero: en las arcas de las grandes corporaciones que casi no pagan impuestos. Pero tal reforma implicaría cambiar el acuerdo supremo capitalistas-gobierno (sea del PRI o del PAN) bajo el cual se protegen las altas tasas de ganancia del sector monopólico del país. Pero en esto no van a estar de acuerdo ni Peña Nieto ni Servitje ni X. González ni los demás oligarcas mexicanos. Sin una gran reforma fiscal, imaginemos a Pemex pagando el impuesto sobre la renta más un porcentaje ínfimo por la extracción de hidrocarburos, digamos, como las empresas mineras: 5 pesos semestrales por hectárea concesionada. ¿De dónde va a salir el dinero para pagar los sueldos del Estado mexicano? A esto no responden ni el político (candidato) ni los dos entusiastas empresarios.

Segundo problema: la deuda de Pemex es tan grande que una sociedad anónima tendría que dedicarse en las próximas décadas a pagar el débito. No habría realmente utilidades y mucho menos repartibles. A menos, claro está, que el Estado benefactor (de ricos) asumiera, como ahora, la deuda de Pemex como deuda soberana, lo que sería algo así como un nuevo Fobaproa mediante el cual el pueblo pagaría para que unos cuantos hicieran negocio con el petróleo propiedad de la nación.

Ahora bien, supongamos que se admite la propuesta de Peña Nieto y Pemex se convierte en una sociedad anónima con un régimen fiscal normal mientras su gigantesca deuda es asumida por la Federación. Pues bien, los hidrocarburos que se encuentran en el subsuelo —propiedad de la nación— pasarían a manos privadas y se tomarían los capitalistas una revancha histórica. Díganlo así, con sinceridad.

Dicen sus promotores que la privatización sería la única forma de incrementar la inversión petrolera. Se equivocan. Como organismo público, Pemex podría invertir más si el gobierno dejara de expropiarle todos sus ingresos. Además, existe el financiamiento de mercado, por lo que si Pemex fuera eficiente podría hacer las inversiones necesarias sin comprar acciones de Repsol por más de mil 500 millones de dólares (70% a crédito) cuando se requieren proyectos nuevos en México, país donde la importación de gasolinas resulta ser como vender naranjas para importar después jugo de naranja.

Pero, se dirá, negocios son negocios.

¿Quién decide el precio de la gasolina?

La respuesta al título de este texto es muy sencilla: el gobierno. Pero la pregunta va dirigida a la ley y no a la costumbre. Sí, el gobierno dispone de los bienes públicos pero eso no es lo señalado en la Carta Magna. Según la Constitución, el Congreso debe aprobar cada año la Ley de Ingresos. Los precios y tarifas del sector público son ingresos precisamente públicos y, por tanto, deben establecerse en la ley, es decir, en un mandato de cobro. En México no existe el Estado de derecho, de tal suerte que el Ejecutivo asume funciones que no le corresponden.

Ya sabemos que los precios del gas, el diesel y la gasolina, entre otros, están siendo incrementados con el propósito de elevar ingresos públicos en lugar de cobrar impuestos, por lo cual, con mayor razón el Congreso debería fijarlos como expresión de la política fiscal. Si así fuera, el PRI hubiera tenido que votar con el PAN los aumentos, ya que el viejo partido es incapaz de negarle al Ejecutivo un requerimiento de ingreso, menos aún cuando una parte del botín del asalto que implican tales aumentos va a parar a las arcas de los gobernadores.

Pero he aquí que el PRI se ha negado persistentemente a definir en la Ley de Ingresos una política de precios y tarifas del sector público, al menos de la parte sujeta a control presupuestal directo, como es el caso de Pemex y CFE. Cada año se lo hemos planteado y se hace el disimulado. Luego, cuando el gobierno panista hace los aumentos, se hace el enojado. Este juego tiene como propósito, por un lado, no impedir los aumentos y, por el otro, no aparecer como responsable de los mismos.

Ahora, el PRI anuncia una iniciativa para radicar en el Congreso la capacidad de definir los precios de gasolinas, electricidad y gas. Pero eso no es necesario. La Constitución ya le otorga al poder Legislativo esa atribución. Habría que recordar que la violación de la ley se hace desde los años de captura del Estado por parte del PRI. Durante muchas décadas, el presidente de la República en turno ha dispuesto de los bienes públicos como si fuera el dueño de una gran compañía. Calderón lo sigue haciendo, a pesar de la falsa crítica del PAN al viejo régimen de presidencialismo autoritario.

La política de precios de los bienes y servicios de origen público es peor que la de los monopolios pues éstos deben cuidar un cierto nivel óptimo de ventas, pero las gasolinas tienen una demanda menos elástica. El gobierno abusa del monopolio público que debería servir para fijar precios adecuados a la economía en su conjunto en lugar de verlo como un instrumento para sacarle dinero a la gente.

En la ciudad de México se hizo un gran escándalo con el aumento de la tarifa del Metro de dos a tres pesos. La anterior tarifa era ya ridícula para el costo de operación del sistema y la Asamblea Legislativa fue quien tomó la difícil decisión. El problema del pasaje del Metro es que no puede ser incrementado paulatinamente pues no existe suficiente circulante de baja denominación lo que llevó a un rezago de varios años. Pero al menos que no digan que el aumento del Metro y el de los precios de la gasolina y el gas son lo mismo. Estos energéticos no han dejado de subir de precio y, ahora, el gobierno a las claras nos dice que eso va a seguir en tanto que el Congreso no ejerce sus facultades constitucionales.

La contradicción entre el PRI y Calderón sólo fue porque éste aplicó el aumento al combustible antes de tiempo, unos días, pues su compromiso era congelar el precio durante todo 2009 y ni siquiera eso quiso cumplir.

Los incrementos de precios y tarifas de bienes públicos, aunados a la subida de impuestos, han traído las consecuencias que ya se esperaban. Pero las mercancías que más aumentan son los alimentos, es decir, otra vez el pueblo paga. Mientras, Calderón, desde Los Pinos, nos augura un buen año 2010, año de la patria.