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País a la venta

La inversión extranjera directa no es despreciable de por sí. El problema es que el Estado, administrador por cuenta de la nación de los yacimientos de crudo y gas, decide traspasar parte de esa riqueza a empresas privadas. Los inversionistas van tras un 40 por ciento del valor del producto. Pero México podría ir por toda la ganancia y, además, desarrollaría la ingeniería y la tecnología que tanto hace falta en un país atrasado.

Dos de las asignaciones en la zona marítima conocida como Perdido han sido otorgadas a consorcios en los cuales Pemex es socio minoritario. En una de las áreas ya se han hecho trabajos de exploración, la inversión es por tanto muy segura. Los nuevos socios mayoritarios de Pemex en esos proyectos serán la australiana BHP Billington, para el campo Trión (120 mil barriles diarios), y Chevron (EU)-Inpex (Japón).

Las otras trasnacionales beneficiadas con siete contratos adicionales, agrupadas todas ellas en diferentes consorcios, fueron: Statoil (Noruega); BP (Gran Bretaña); Total (Francia); ExxonMobil (EU); Offshore Oil Corporation (China); PC Carigali (Malasia). Ha sido un festín para esas empresas las cuales ampliarán sus operaciones hacia la zona sur del límite internacional marino del Golfo de México.

Todo lo que se pueda hacer con esos nueve contratos para aguas profundas pudo haber sido planeado hace diez años exclusivamente por Pemex de tal forma que ya estarían en actividad varios campos. Pero durante ese lapso el Estado mexicano, sus grupos políticos decisorios, se dedicaron a ponerse de acuerdo poco a poco hasta que al final definieron la forma exacta en que privatizarían los yacimientos de hidrocarburos. Mientras, siguieron dejando a Pemex sin recursos propios con el fin de que contratara empréstitos que en los hechos y en forma ilegal financiaran el gasto corriente del gobierno. La empresa petrolera estatal mexicana fue ahorcada también para justificar las actuales subastas petroleras a favor de trasnacionales. Sin embargo, al día siguiente de la asignación de nuevas áreas Pemex lanzó una oferta de deuda para obtener 4 mil millones de dólares pero contrató 5 mil 500 de una demanda de 30 mil. El petróleo sigue siendo negocio aunque el gobierno federal ya no lo quiera operar. Los inversionistas privados se arrebatan los papeles.

La política petrolera del gobierno es una de las formas de poner un país a la venta pues se trata de bienes nacionales no renovables (crudo y gas) cuyos precios son variables y constituyen además reservas de largo plazo. Aunque sea una enajenación parcial, ya que una parte del dinero se quedará como impuestos y otros ingresos, no se puede ocultar el carácter de venta de los yacimientos. Los contratos se firman con una duración que está determinada por la existencia productiva de los pozos y el número de éstos en cada depósito natural será el necesario para extraer todo el hidrocarburo posible. Es evidente que el yacimiento es lo que se está vendiendo con independencia de la forma de determinar el precio del mismo.

El problema no termina ahí. La concesión a las trasnacionales implica que México renuncia a un desarrollo de la ingeniería en general y de la tecnología petrolera. Un país atrasado debe usar sus riquezas naturales no sólo para el gasto social sino principalmente para construir las estructuras productivas permanentes a través de las cuales se forjen trabajadores más productivos y con mayores ingresos. Lo que México requiere no sólo es vender materias primas sino transformarlas y aprender a producir más y mejor. Esa no es la política del gobierno.

La subasta de yacimientos ha sido presentado como un respaldo del “mercado” a México como economía y como gobierno. Eso lo ha dicho el secretario Meade, pero no es más que propaganda. Las trasnacionales han venido a hacer negocios altamente redituables –eso es lo suyo– aprovechando el entreguismo del PRI y del PAN que fraguaron todo a espaldas al país. Como la Suprema Corte negó la consulta popular sobre la reforma energética, solicitada separadamente por el PRD y Morena, la nación fue ubicada en situación de indefensión, pero sólo por lo pronto, es decir, mientras no sean removidos del poder ambos partidos causantes del innecesario e inicuo remate de bienes de la nación.

«Potencialidad» de México

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En su primer mensaje de blog en el nuevo año, Enrique Peña Nieto ha dicho que en 2015 “México rompió inercias y eliminó las barreras que le impedían desplegar todo su potencial”. Ese “potencial” del país no ha sido definido por la actual administración aunque forma parte del discurso oficial. Se trata de una promesa difusa. Sin embargo, existen algunas señales que podrían introducirnos a la manera de pensar del gobierno actual: las “reformas estructurales”, señaladamente la petrolera.

Existe la idea de que México recibirá una inversión extranjera inusitada en la medida en que se vaya haciendo la asignación de campos para la explotación de crudo y gas. Ese capital será en sí mismo la base para un aumento en la inversión doméstica en la medida en que las empresas extranjeras ganadoras de los concursos logren alianzas con otras mexicanas al tiempo de que empiecen a consumir insumos de la industria nacional. Bien, el problema es que eso no funciona y que, por tanto, la principal oferta de Peña Nieto se ha ido haciendo humo en términos económicos.

La reforma petrolera tiene varias aristas. Una de ellas es el debilitamiento de Pemex. Como es sencillo entender, en la medida en que la paraestatal disminuye su inversión en esa misma medida debilita la inversión en general. Pero, más al detalle, en la medida en que Pemex es reemplazada para desarrollar campos maduros que produjeron hidrocarburos durante décadas, en esa misma medida se reducen sus posibilidades de inversiones rápidas y técnicamente sencillas. Los “grandes” contratos firmados con empresas petroleras privadas han golpeado el potencial de Pemex. Dar dicho potencial a otros al quitárselo a la industria nacional es realizar un acto de malinchismo económico.

El punto central de Peña y del PAN es revertir la expropiación de la industria petrolera por haber, se dice, propiciado la corrupción y la ineficiencia. El resultado es la renuncia a luchar contra estas dos lacras del Estado mexicano, pero no por ello se ha resuelto algún otro problema ni se ha desplegado el “potencial” de México.

Se dice que el gasto público se ha “despetrolizado” durante la presente administración pero esto se debe a una caída espectacular del precio del crudo el cual es ahora casi la quinta parte de lo que llegó a ser. Peña no quiere reconocer que se evitó el colapso fiscal sólo mediante la reforma pactada hace dos años entre el gobierno y el PRD con la cual se aumentaron los ingresos públicos mediante la subida de impuestos, especialmente a la renta de sectores que pagaban casi nada, pero esa modificación fue denunciada y votada en contra por el PAN, el aliado de Peña en la privatización del petróleo.

Dentro de no pocos años, el petróleo va a valer aún menos y la “despetrolización” se va a consumar con la toma de fuerza de otros sectores de la energía. No es que México esté acabado como país petrolero sino que lo están todos los países petroleros. Es cuestión de algunos años más pero ya lo estamos viendo. Sin embargo, el gobierno mexicano no impulsa el “potencial” de otros sectores sino que se la pasa hablando dentro y fuera del país de su proyecto petrolero en el peor momento de esa rama industrial. Y está bien que el mundo se deshaga de la calamidad de altos precios del principal energético, pues esos se dieron como parte de una monopolización de origen natural en la cual muchos pueblos sufrieron una especie de impuesto por no tener petróleo mientras que quienes sí lo poseían también tuvieron que pagar precios generadores de súper ganancias de unas cuantas compañías. Y está bien además que se dejen de quemar combustibles fósiles con lo que se daña la atmósfera y se modifica el clima mundial.

El gobierno de Peña Nieto es tan anacrónico que sueña con recibir muchos miles de millones de dólares en inversiones petroleras en los próximos dos años, los que le quedan, para compensar la reciente disminución de los flujos de inversión foránea. Peña no tiene los ojos puestos en el país sino en decisiones que tendrían que tomarse fuera. De tales decisiones depende el “potencial” oficialista de México. ¿Qué irá Peña a “potenciar” en el próximo Foro Mundial después de pasar la visita de países petroleros, hoy inviables?

¿Goodbye Pemex?

Ningún país pobre pudo crear una sociedad relativamente rica con sólo producir petróleo. México no ha sido la excepción pues hasta ahora se encuentra por encima del índice de pobreza mundial, para vergüenza de muchos mexicanos. Pero un país que tiene petróleo al menos puede tener soberanía en la materia y decidir sobre el uso de los excedentes económicos que en tiempos recientes genera la producción y venta del energético. México dejará de asumir esa responsabilidad durante el tiempo en que dure en vigencia la reforma de Peña Nieto.

Lo que se quiere imponer no es nada sencillo pero tampoco será perdurable. La riqueza mexicana de energéticos es tan potencialmente grande que habrá tiempo para que la reforma privatizadora pueda ser revertida con el simple argumento que brinde el hacer bien las cuentas. Jamás podrá un contrato o concesión dar más dinero a un Estado que la explotación directa del recurso natural. Eso lo sabe cualquier idiota en el mundo entero. Entonces, estamos frente a una cuestión de capacidad como país y de tiempo de un gobierno. Según Peña Nieto, en unos cuantos años tan sólo el Golfo podría brindar un millón de barriles diarios adicionales, sobre los cuales el gobierno podría cobrar derechos en cantidad ahora no determinada pero supuestamente mayor a la que Pemex podría brindar si tuviera que organizarlo todo. Así, el problema es Pemex, organismo que habría que convertir en concurrente menor de la industria petrolera abriendo el camino a las trasnacionales expropiadas en 1938. Por eso se consolidará también el pasivo laboral de Pemex para imponer el sistema de retiros individuales y de administración privada.

De acuerdo con el proyecto de Peña, el gobierno podrá administrar directamente la asignación de campos, es decir, de yacimientos, a favor de cualquier empresa. Ya se sabe que las trasnacionales ofrecerán siempre mayor rapidez en la ejecución de las obras, lo cual es lo que más importa para el gobierno actual, persuadido –según dice—de que el petróleo crudo va a dejar de ser tan caro como ahora en el mercado mundial. Pero también se quiere entrar al callejón del llamado hidrocarburo no convencional cuya tecnología de producción no conoce Pemex: se trata de una industria prohibida en un número creciente de países pero que a Peña le urge inaugurar en el norte de México donde menos agua tenemos.

En lugar de reformar Pemex para combatir su corrupción que tanto daño ha hecho, para incrementar su capacidad industrial y para generar la ingeniería que México requiere, el gobierno ha decidido empezar su eliminación con el imprescindible y entusiasta apoyo de Acción Nacional que nació a raíz de la expropiación de 1938. Esta ya no es una victoria moral de la derecha sino una a secas aunque 75 años más tarde.

La respuesta de la izquierda es la correcta: buscar que el pueblo vote y decida. El planteamiento es incuestionable en todos sus aspectos por más que los trapecistas del derecho han de tomar la palabra para tratar de hacer bolas a quien se deje. Estas son cosas que deben ser decididas por la ciudadanía tanto como la elección de gobernantes y legisladores. No se trata solamente de una reversa histórica sino del peor negocio que puede hacer un país con sus recursos nacionalizados, la peor entrega de algo que ya se tiene. La cuestión no se reduce a Pemex sino que se renuncia a ejercer soberanía energética, se proclama a los cuatro vientos la incapacidad para resolver grandes problemas y se quiere convencer a los mexicanos de que son un pueblo inepto.

Enfermedad de contratismo

En la respuesta del gobierno a Alfonso Cuarón se plantea que deben ponerse a subasta los derechos de extracción de petróleo para lograr la mayor renta posible. Esta ciencia es enternecedora: el dueño de Pemex, un importante productor en el mundo, tiene que ir a buscar otras compañías que sólo le pagarían una renta y que se quedarían con la ganancia industrial que es lo principal.

El gobierno se cuestiona a sí mismo: “¿cómo logramos que la reforma nos permita dar vuelta al deterioro (de las finanzas) que ya se observó?” Y se responde: “el uso de contratos permitirá que aumente aún más la inversión en el sector.” No se dice la verdad: las inversiones de Pemex han sido escasas si se toma en cuenta el potencial existente en el subsuelo y la baja de la extracción, pero la causa no es una falta de dinero ni la ausencia de proyectos sino la incapacidad de operación que se inventaron los últimos gobiernos, incluyendo el actual. Sin embargo, Pemex podría crecer y mejorar. Ahora bien, el contratismo no aporta mayor riqueza. Cualquiera que sea el esquema de éste, se ha de compartir lo que ya se tiene, sacrificando además desarrollo tecnológico. Ninguna trasnacional querría venir a extraer petróleo a cambio de migajas sino para realizar un gran negocio. Lo que esas empresas ganen, lo perderá la nación.

El gobierno agrega: “la reforma nos permitirá dar vuelta a la caída en la producción de petróleo al mismo tiempo que el Estado mexicano ya no es el único que incurre en todos los riesgos y costos asociados a esa mayor producción”. Costos financieros también los tienen las trasnacionales que encuentran dinero en el mismo lugar que los gobiernos. Pero, ¿cuáles son los riesgos? No los conocemos. La producción petrolera es algo de lo más rentable en el mundo a través de precios artificiales. El crudo es un bien monopolizable y monopolizado pero, a diferencia del suelo, es exclusivo de un grupo de países con excedentes. Hay precios mundiales de petróleo solamente según su calidad. Pueden producirse accidentes pero ese riesgo es inherente a toda industria. Puede bajar el precio, como ha ocurrido, pero siempre estará por arriba de los costos y ya se inventaron los fondos de estabilización. “Compartir riesgos” es el peor argumento que se puede utilizar para compartir en realidad una riqueza nacional que tiene la peculiaridad de brindar ganancias extraordinarias.

El gobierno dice que “el régimen fiscal de Pemex implica que todas las utilidades se transfieren a la Secretaría de Hacienda independientemente de si Pemex tiene buenas oportunidades de reinversión de esas utilidades”. El sistema no funciona así. El monto que Pemex entrega al gobierno es decidido por el gobierno mismo. Los excedentes petroleros se convierten en ingresos de gobierno ante la falta de otros y se obliga a Pemex a tomar deudas que el mismo gobierno tendría que contratar para cubrir su propio gasto. Pero, con la reforma, en lugar de que Pemex invierta más y produzca más, lo harían las trasnacionales dejando menos al país.

El gobierno afirma que con su plan se podría pasar de 2.5 millones de barriles diarios a 3 millones en el año 2018. Se habla de medio millón de barriles adicionales que sólo equivale al doble de lo que hoy se produce en Ku-Maloob. Serían unos 200 mil millones de pesos brutos al año, de los cuales las trasnacionales se llevarían más de la mitad. ¿Para eso se tiene que convertir a Pemex en una empresa más frente a las trasnacionales, en su propio territorio y por decisión de su propio gobierno?

La tesis del tesorito, propagada por Calderón, es la misma de Peña, pero ahora se trata del contratismo como enfermedad: las asignaciones se realizarían directamente por el gobierno a través de contratos y de un nuevo sistema de licencias, es decir, concesiones.

¿Por qué no le proponen el mismo plan a Arabia Saudita, primer exportador mundial de crudo? Todos en ese país se reirían hasta las lágrimas.

Te quieren engañar, Cuarón

En la respuesta del gobierno a Alfonso Cuarón se dice que el precio del gas se reducirá porque se va a producir más. No se dice que ese precio no está determinado por el volumen de la producción potencial sino por la demanda en la zona geográfica internacional de su consumo. No se explica tampoco por qué no se ha querido producir mayor cantidad teniendo el hidrocarburo en el subsuelo. La mentira es mayor cuando se ocultan tres aspectos: que Pemex quema gas en la atmósfera; que parte del gas producido en México está sometido a contratos con compañías privadas (Cuenca de Burgos); y que Pemex puede invertir como cualquier otra compañía.

Dice la respuesta a Cuarón: “Entre más gas se produzca en México, menores serán los costos de generar electricidad”. Esto es una verdad a medias porque la sustitución de combustóleo por gas en la producción eléctrica es algo que debió haberse culminado hace tiempo y de hecho se ha venido haciendo pero comprando el gas fuera del país. Cuando se empezó a regasificar parte de lo importado y cuando se redujo el precio del gas de Texas, no bajó la tarifa eléctrica. Sin embargo, con una mayor producción del Estado, la renta, la ganancia industrial y los empleos serían de nuestro país. Por eso se insiste en que Pemex se amplíe pues con los extranjeros la ganancia se iría a otro lado y la nación se quedaría sólo con la renta como ahora ocurre en Burgos.

Se afirma en la respuesta a Cuarón que “el país no desarrolló la infraestructura necesaria para transportar el gas por ductos”. Pero no se dice por qué el gobierno no invirtió y no invierte lo necesario. Cierto es que faltan ductos pero no se midieron en gastos cuando construyeron la regasificadora de Manzanillo para recibir el gas de Perú.

Dice el gobierno: “con la Reforma Energética, las empresas privadas podrán producir gas en México y venderlo en nuestro país, generando empleos y pagando impuestos en nuestro territorio”. Y sigue: “a partir de los nuevos cambios, existirán múltiples productores de gas en México, compitiendo entre sí, con lo cual tendremos gas suficiente y a menor precio”. Esta es otra maraña de mentiras. Primero: ya tenemos varias empresas privadas que producen gas pero el precio es el mismo, como es natural en este mercado. Segundo: la existencia de “múltiples” productores no implica competencia ni reducción del precio: sólo se produce el gas que se puede vender mediante contrato con los consumidores. Tercero: nada que puedan hacer las trasnacionales es imposible por parte del Estado mexicano en esta materia.

Se sigue leyendo en la respuesta a Cuarón: “En el caso de la gasolina, México importa el 49% del consumo nacional, por lo que la reforma prevé la apertura a la inversión en refinación para incrementar la oferta. Además, la gasolina es subsidiada y el esquema de subsidios vigente es altamente regresivo”. Más mentiras. Primero: México importa gasolina por decisión del gobierno. El Estado puede producir toda la necesaria como lo hizo durante muchos años. Segundo: el “subsidio” a la gasolina tendría que mantenerse debido al valor del crudo incorporado; nuestro país no tiene dos precios diferentes de su petróleo; éste es uno y se determina según la demanda porque la oferta está regulada internacionalmente. Tercero: el llamado subsidio no sólo opera para los ricos o clase media sino para todos los que consumen productos transportados en vehículos a diesel o gasolina. Las refinerías extranjeras en México venderían las gasolinas al mismo precio que lo hacen hoy en el mundo pero se llevarían la ganancia industrial, claro está.

He aquí un comentario a la primera de las 10 respuestas a las preguntas de Cuarón. Las demás están por el estilo. No era de esperarse otra cosa.

Dependencia energética

Durante algún tiempo, a partir de los descubrimientos de la Sonda de Campeche, el gobierno mexicano buscó diseñar una política de diversificación de exportaciones de crudo. Ya casi nadie recuerda aquel proyecto, pero no se trataba sólo de problemas con los precios y contratos de abastecimiento de largo plazo (ahora casi todo es mercado spot), sino de lograr una diversificación de compradores que otorgara mayor libertad comercial. Hoy, casi todo el crudo mexicano va a Norteamérica.

Por el lado de los compradores de petróleo el asunto es harto complicado, ya que la seguridad energética depende de sus suministros. Estados Unidos, Japón y algunos países de Europa —ahora también señaladamente China— buscan soluciones a este problema. Como la energía nuclear tuvo un bache en su crecimiento, el abastecimiento seguro de petróleo es un tema mundial de gran importancia. Una de las bases de éste es el alto precio internacional del crudo, pero ya se nota que no basta: Estados Unidos quiere lograr en pocos años la autosuficiencia.

Los nuevos yacimientos mexicanos son parte de una estrategia estadunidense para lograr un abastecimiento más seguro que el ahora logrado. El emplazamiento militar de Estados Unidos en Medio Oriente es demasiado caro para una nación con tan alto déficit presupuestal, por lo cual el mar es una nueva frontera petrolera y, dentro de éste, el Golfo de México. Por ello se apresuró la firma del tratado sobre yacimientos transfronterizos y la Casa Blanca ha aplaudido jubilosa la reciente reforma energética.

Las licencias que otorgaría México a empresas trasnacionales, especialmente de Estados Unidos y Gran Bretaña, serían parte de la seguridad energética estadunidense en tanto que el petróleo, una vez extraído, pertenecería en exclusiva al concesionario (llamado de otra manera), que tendría la libertad de venderlo a quien fuera, es decir, a las refinadoras norteamericanas, al margen de conflictos políticos o comerciales con el país en cuyo territorio se llevara a cabo la extracción. Algo semejante se podría decir de los contratos de producción compartida que también están incluidos en la mencionada reforma.

La estrategia de autosuficiencia energética de Estados Unidos tiene varios aspectos (mar patrimonial, fracking gas y nuevas fuentes de energía), pero también están los territorios más próximos: Canadá y México. Los gastos de transporte serán siempre menores, pero más aún los de defensa. Hasta ahora, Estados Unidos ha tenido suministros muy seguros de esos dos países, por lo cual no habría nada que hiciera suponer que tal situación pudiera cambiar dentro de poco tiempo. Es por ello que el gobierno de Washington alaba la reforma mexicana.

Aquí surge un problema adicional sobre la nueva legislación energética. El ritmo de exploración-producción de crudo no podría ser definido exclusivamente por el gobierno mexicano, sino también por el estadunidense, ya que la influencia de este último sobre México sería mayor en tanto que las trasnacionales concesionarias siempre estarán muy ligadas al gobierno de Estados Unidos y serían, coincidentemente, las únicas que pudieran desarrollar grandes planes en el Golfo.

En conclusión, la vieja idea de que México debería diversificar su mercado exportador de crudo, administrar sus reservas con vistas a un muy largo plazo, proteger sus decisiones soberanas en la materia, alcanzar la autosuficiencia energética (derivados y refinados), desarrollar tecnología e impulsar así la ingeniería nacional ha quedado hecha trizas con la reforma de Peña Nieto, realizada muy en línea con el plan estadunidense de lograr su propia autosuficiencia. El límite del mar patrimonial se correría hacia el sur. ¡Uf!

Soberanía y energía

La soberanía de México depende en gran medida de su capacidad para producir la energía que consume y para asegurar dicha producción en el futuro.

La soberanía nacional sigue siendo un gran tema de todos los países. Sin embargo, no en todas partes tiene las mismas implicaciones y complicaciones. La cuestión de la energía es para muchos uno de los elementos principales del ejercicio de la soberanía.

Para México, una correcta estrategia soberana es producir su propia energía y asegurar el suministro futuro sencillamente porque eso es posible: tiene los recursos naturales. Sin embargo, las cosas se complicaron cuando los políticos neoliberales descubrieron que era más barato comprar gasolinas y petroquímicos en el extranjero mientras se vendía cuanto crudo fuera posible. Ahora, las cosas se han complicado aún más con la reciente reforma energética, que pretende compartir el crudo y el gas con las trasnacionales.

La soberanía de México depende en gran medida de su capacidad para producir la energía que consume y para asegurar dicha producción en el futuro, es decir, administrar sus reservas de hidrocarburos y promover la generación alternativa a través de medios diferentes a la materia fósil. Esto es lo que no se ha estado haciendo y lo que no se quiere hacer.

La energía no puede analizarse como si se tratara de una mercancía cualquiera ni debe verse sólo a través de criterios de comercio internacional. El crudo tiene un precio mundial establecido a través de mecanismos de manipulación de los niveles de producción para el mercado mundial. En consecuencia, las gasolinas de origen fósil llevan en la etiqueta el precio del petróleo. Con el gas ocurre un fenómeno similar, con la diferencia de que los precios de éste son de carácter regional.

El crudo y el gas son grandes negocios de trasnacionales y de países productores. El esquema de industrias nacionales es el único que puede asegurar las decisiones energéticas soberanas cuando las trasnacionales son eso, es decir, no corresponden al país. La reforma energética de Peña hará depender de las trasnacionales las decisiones estratégicas y, por tanto, reducirá la soberanía energética de México. Este traslado de capacidad de decisión se realiza para obtener ingresos mayores en el corto plazo, pero deja al país al garete, sometido a intereses y negocios por completo ajenos.

En un mundo cada vez más integrado, el ejercicio de la soberanía ha tenido modificaciones, pero la cuestión de la energía adquiere un significado de mayor alcance, pues toda la actividad económica se amarra ahí. Así lo ha entendido el gobierno de Estados Unidos, que se propone la autosuficiencia mientras que el gobierno de México lo entiende exactamente al revés no sólo por su afán de entregar el crudo a las trasnacionales, sino también al sostener la tesis de que es mejor comprar en el exterior las gasolinas que producirlas dentro del país. Sólo piénsese que México no tiene capacidad de abasto interno de más de 15 días: una interrupción de suministros haría que las gasolinas escasearan y se detuviera la mitad del transporte nacional, pues no contamos con un ejército que pudiera ir a Texas a traer el combustible. ¿No es éste un problema de soberanía?

Se repite con frecuencia que los conceptos de soberanía y defensa de los intereses nacionales son obsoletos y, más aún, falsos. Pero en los hechos, un país que en asuntos básicos depende de decisiones externas no sólo se vincula mal al resto del mundo, es decir, con debilidad y vulnerabilidad, sino malbarata lo suyo. Así como se desprecia la autosuficiencia alimentaria y se somete al país a los vaivenes de un mercado mundial manipulado, se quiere mantener a México como importante proveedor de crudo para otros y comprador de refinados y productos petroquímicos.

Finanzas públicas y petróleo

Los motivos de la reciente reforma energética parecen un simple entreguismo nacional, pero tienen algunas otras implicaciones. Cuando se descubrió Cantarel, el mayor yacimiento de todos los tiempos en México, el gobierno decidió hacer algo nuevo: obtuvo financiamiento y realizó una gran obra de ingeniería a cargo de Pemex. Hoy, ese depósito de hidrocarburos, con toda su inevitable declinación, sigue siendo uno de los mayores aportantes de recursos fiscales sin que sus cuantiosos ingresos deban ser compartidos con las trasnacionales. Otro problema fue que López Portillo y sucesores no hicieron reservas de capital dinero y se lo gastaron todo, mal, por cierto.

El gobierno de Peña quiere dinero rápido. Pero a diferencia de Cantarel y otros yacimientos, lo que se busca es generar recursos presupuestales dentro del marco de una compartición colosal de riqueza, la mayor de la historia del país después de 1938. El potencial energético del Golfo de México es tan grande que pudiera aportar unos dos millones de barriles diarios dentro de algunos años, pero una parte de los mismos irían a parar a manos de las grandes trasnacionales. Todo ello al margen del esquema de una industria nacionalizada. Es por eso que se puede decir que la reforma de Peña es una desnacionalización petrolera, pero también se puede decir que es una manera de obtener recursos fiscales al más alto precio.

En la actualidad, Pemex ha renunciado a desarrollar tecnología propia y se concentra en su compra aunque bajo su dirección técnica, más o menos. Los esquemas de contratos de servicios totales (exploración, perforación y producción) han sido onerosos, pero no tanto como pueden ser los de utilidades o producción compartidas y mucho menos de las licencias o permisos que son más o menos unas concesiones. Lo que une a todos esos esquemas es una innecesaria entrega de hidrocarburos a las grandes trasnacionales pero hay algo igual de importante: la industria nacionalizada deja de ser un polo de desarrollo tecnológico, productivo, de empleo y de ingresos como lo fue alguna vez, cuando los problemas eran encarados en el marco del concepto nacional del petróleo.

La estrategia desnacionalizadora no es un buen negocio para ningún país. Se aplica cuando no existe una industria petrolera propia, en países más atrasados no sólo en cuanto a las actividades extractivas, sino en general en las industriales. México tuvo una industrialización de cierta importancia y el petróleo le otorgó oportunidades que no hubiera tenido de otra manera. La reforma de Peña es como echar a andar la rueda de la historia pero hacia atrás: en lugar de usar el petróleo y el gas como palancas industrializadoras que logren impulsar la ingeniería nacional, lo que vemos es una derrota decretada desde el Congreso y el Ejecutivo. En lugar de ir al Golfo a impulsar nueva tecnología y desarrollar una petroquímica de nivel mundial se opta por las licencias o permisos y, por lo menos, por otros contratos que siempre serán generadores de corrupción tal como está demostrado en medio mundo.

Con la reforma energética de Peña, el país tendrá algunos ingresos públicos mayores que si no se hiciera nada, pero mucho menores si se opta por el desarrollo industrial. Es de suyo entendido que toda plataforma industrial requiere financiamiento y que el costo financiero es algo que hay que pagar. Pero eso es poco comparado con lo que será preciso entregar con contratos de utilidades o producción compartidas y con permisos o licencias, cuyos titulares se llevan una parte demasiado grande del valor de un producto que es, por definición, de la nación, es decir, de todos los mexicanos y mexicanas. Por desgracia, no sólo se trata de ingresos, sino también de desarrollo industrial, el cual, por lo que se observa, no les importa a los actuales gobernantes.

Desnacionalización de la industria petrolera

Según los promotores de la reforma energética, el petróleo y el gas serán ahora propiedad de la nación mientras se encuentren en el subsuelo, pero serán propiedad privada en el momento de su alumbramiento. Ésta es una perversa manera de tratar de dar vuelta a la historia. México reivindicó para la nación los recursos naturales del subsuelo y optó por otorgar concesiones. Tiempo después, nacionalizó la industria petrolera y prohibió las concesiones. Hoy, se busca desnacionalizar con el peregrino argumento de que el aceite y el gas no valen nada mientras se encuentran confinados: hay que sacarlos y, para ello, el dominio nacional es un estorbo, por lo cual es preciso llamar de nuevo a las trasnacionales cuyos bienes fueron —con otros nombres— expropiados en 1938.

Las licencias son concesiones con la diferencia de que estas últimas trasladaban el dominio a las empresas extranjeras desde que el crudo y el gas estaban en el subsuelo. El sistema de licencias otorga la exclusividad en la exploración y la extracción, así como el producto, lo cual viene a ser lo mismo a todo efecto práctico. En ambos esquemas se paga un derecho al que se reduce la renta petrolera.

Para realizar este proyecto, el gobierno otorgará asignaciones de bloques en tierra y mar a solicitantes, entre ellos Pemex, que contratará a su vez con empresas privadas bajo el sistema de utilidades compartidas o de producción compartida. Las trasnacionales petroleras obtendrán licencias de exclusividad, cubrirán el costo de las mismas (fijado por el gobierno) y pagarán un derecho sobre la producción mucho menor que el pagado por Pemex.

Según Peña Nieto y el PAN es necesario abrir la producción de hidrocarburos a la competencia para extraer todo lo que se pueda en el menor tiempo posible. Pero, ¿de qué hablan? El gobierno regulará las asignaciones. El precio del crudo seguirá siendo determinado mediante un mecanismo global de oferta regulada según la demanda mundial de importaciones en el cual México pinta poco. Total, de lo que se trata es de entregar el petróleo a las grandes trasnacionales para cobrar una renta que difícilmente será mayor a la tercera parte del valor de lo producido. Lo que se quiere es rápida producción a costa de los yacimientos nacionales y mantener al menos el actual ingreso fiscal petrolero. Peor negocio sería difícil.

¿Qué va a ser de Pemex? Se preguntan algunos nada duchos en entender leyes… y otras asignaturas. Se convertirá pomposamente en una “empresa productiva” —siempre lo ha sido y mucho, a pesar de la corrupción— que deberá cabildear dentro del gobierno las asignaciones sólo para entregarlas a empresas privadas mediante contratos. No se requiere gran sabiduría para entender que conforme vayan declinando los yacimientos que hoy se encuentran bajo su cargo, ese organismo público se hará una pasita.

Peña tenía frente a sí un dilema: convertir a Pemex en una empresa pública modernizada, con utilidades netas y capacidad operativa renovada, regida por una estrategia nacional que garantizara la seguridad energética del país y un uso razonable de los excedentes petroleros o desnacionalizar la industria petrolera en busca de nuevos ingresos rápidos a costa de entregar los ricos yacimientos mexicanos a las trasnacionales. Con el apoyo del PAN —nacido entre otras cosas para combatir la expropiación de 1938—, Peña se decidió por la segunda opción. Sólo una consulta popular nacional, un referendo derogatorio, podría detener esa onerosa y ofensiva decisión.

Canto de sirenas

El secretario de Energía, Pedro Joaquín, ha comparecido en el Senado para defender la propuesta de Peña sobre energía. Es un canto de sirenas hablar de “cambio histórico” como no sea en sentido regresivo. Las industrias nacionales no necesitan competencia porque ésta siempre será una concesión, un traslado de riqueza a las empresas privadas. Si bien es cierto que el capitalismo mexicano no surgió así, sino bajo un sistema duro de propiedad privada, aquella línea de los liberales fue criticada y modificada de tal manera que el Estado tomó en exclusiva bienes nacionales y actividades estratégicas. ¿Por qué desandar para volver a un régimen de entreguismo nacional?

Para explicar la posición reaccionaria (volver a los anteriores privilegios) se nos habla de negocios y de progreso. La tesis es que, hoy, no puede haber progreso en las industrias de energía sin el concurso de las grandes trasnacionales, lo cual no está en absoluto demostrado. Se insiste en que el Estado no cuenta con suficiente dinero para invertir con la cuantía requerida, pero no se explica la manera en que se financian las trasnacionales para realizar sus propias inversiones, es decir, en los mismos mercados que los Estados. Pues bien, dejada de lado la mentira de la falta de financiamiento, lo que le queda al gobierno es demostrar que Pemex y CFE no pueden acometer grandes proyectos.

Sobre la incapacidad de las empresas del Estado se ha hablado hasta el cansancio, en especial por los grandes empresarios y los gobernantes, quienes son los responsables de la corrupción en el sector público. Nadie más que el gobierno ha dirigido Pemex y CFE, por lo cual si se ha administrado mal, ya llegó el tiempo en que las empresas públicas se reformen y se deje de presentar el defecto propio como argumento de la propuesta oficial.

No hay nada verdadero en la iniciativa de Peña, pero ahora dijo Pedro Joaquín que no debe impedirse a Pemex asociarse con otras empresas. Lo primero que salta a la vista es que el proyecto oficial no abarca asociaciones de la paraestatal con las trasnacionales, sino directamente del gobierno. Se quiere hacer a un lado al Pemex corrupto e inoperante antes de reformarlo. Se busca que sea el gobierno el que haga los contratos con las grandes trasnacionales. Si se aceptara, sin conceder que eso es mejor, el problema no cambiaría en sus términos. Todo contrato de producción o utilidades compartidas, por definición, entrega parte de algo. Ese algo es el dominio y usufructo exclusivos de la nación sobre los hidrocarburos. ¿Para qué? Para producir, se dice, tres millones de barriles diarios; eso ya lo hicimos y el país no cambió. En este punto ha metido directamente su cuchara Peña Nieto, quien nos ha informado que Estados Unidos será en dos años autosuficiente en energía. Aquí la cosa empeora, pues casi todos nuestros excedentes de crudo se exportan a ese país, lo cual ya no se podrá seguir haciendo y tendremos que buscar clientes lejanos, por lo cual no estaría asegurada la colocación de un millón de barriles diarios, mucho menos de dos. Entonces, ¿para qué la prisa de producir más aceite si no tenemos clientes asegurados a precios elevados? Pero, además, con una disminución de la demanda internacional, el crudo podría bajar de precio cuando México estuviera produciendo petróleo a un costo mayor de 50 dólares por barril en asociación con las grandes trasnacionales, las cuales, de cualquier manera, tendrían garantizadas, por parte del gobierno mexicano, la cobertura de sus costos y una ganancia porcentual. Hablan con fantasías en lugar de buscar hacer negocios nacionales. Es un canto de sirenas. Hay que amarrarse al mástil para atravesar el mar.