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Nuevos derechos constitucionales

INTERVENCIÓN DE PABLO GÓMEZ EN LA CONFERENCIA DE PRENSA CON MOTIVO DEL ANUNCIO DE SU PRECANDIDATURA A DIPUTADO DE LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO (FEBRERO 25 DE 2016)

 

 

El principal reto de la redacción de una carta fundamental para la Ciudad de México consiste en establecer derechos económicos, sociales y políticos que no se encuentran en la legislación federal ni en las de las demás entidades federativas. Habría que alcanzar una constitución original pues sería un desperdicio si sólo se repitieran los derechos ya consagrados en la carta federal.

En las últimas décadas se han producido grandes avances en materia de derechos humanos y también se han defendido en muchas partes del mundo los derechos sociales. Al mismo tiempo, el rezago de México en materia de participación ciudadana hace necesario empezar a crear un sistema de decisiones directas. Es por ello que se requiere una Constitución de la Ciudad de México original y avanzada.

Para alcanzar este objetivo se necesita la elaboración de nuevos conceptos de carácter constitucional y de las garantías para hacer efectivos los derechos, tanto los que ya existen en la legislación mexicana como los nuevos que se introducirían en el nuevo texto.

 

DERECHOS FUNDAMENTALES

  1. Los derechos fundamentales deben pormenorizarse de tal manera que todos ellos queden directamente incluidos en el texto constitucional. Esto tiene el propósito de evitar su dispersión normativa y garantizar a la vez su pleno reconocimiento por parte de las autoridades, las cuales quedarían obligadas a divulgar, promover, respetar, proteger y garantizar los derechos fundamentales.
  2. La acción para prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos fundamentales debe estar a cargo de diversas autoridades, cada cual en su esfera de competencia, mas se construirá un tribunal constitucional de derechos capaz de obligar a las autoridades de la ciudad a cumplir con sus obligaciones en esta materia. Dicho tribunal será un órgano especializado del Poder Judicial de la Ciudad de México encargado de hacer valer los derechos fundamentales y proveer lo necesario para el efectivo otorgamiento de las garantías de los mismos. Sus resoluciones serán vinculantes para los órganos de gobierno y otras autoridades administrativas de la ciudad. Estará compuesto por un colegio de magistrados así como defensores de derechos con funciones ministeriales de asistir y representar a las personas en sus denuncias, quejas y reclamos, así como velar por el debido proceso dentro de dicho tribunal y en otras instancias administrativas cuando se trate de derechos fundamentales. Este tribunal resolverá en única instancia sobre la constitucionalidad de las leyes y decretos emitidos por la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, así como de los decretos, acuerdos, ordenanzas y reglamentos del Poder Ejecutivo Local y las alcaldías, a través del recurso de inconstitucionalidad presentado dentro del marco normativo señalado en la propia Constitución y conforme a la ley.
  3. Los derechos de igualdad y no discriminación se harán efectivos constitucionalmente y tendrán garantías expresas y precisas.
  4. La igualdad entre hombres y mujeres abarcará todos los ámbitos en la ciudad. La discriminación y el hostigamiento contra las mujeres, en todas sus formas, serán impedidas, perseguidas y sancionadas. El gobierno estará obligado a promover activamente la eliminación de la violencia contra las mujeres incluyendo toda manifestación del machismo.
  5. Los menores de edad estarán protegidos constitucionalmente y se establecerán las garantías de alimentación, educación, libertad y trato no violento ni discriminatorio.
  6. La ciudad contará con un organismo público independiente de radio y televisión, de carácter plural, supervisado por un consejo ciudadano que garantice el derecho de todos y todas a una difusión abierta y libre.
  7. Toda persona estará dotada de plena capacidad para presentar quejas y denuncias por infracciones a las disposiciones sobre el medio ambiente, las cuales deberán ser atendidas de inmediato por las autoridades sin otro requisito que el testimonio personal.
  8. Los derechos fundamentales podrán ser reclamados tanto en forma individual como colectiva.

 

DERECHOS SOCIALES

  1. Entre los derechos sociales habrá derechos fundamentales que podrán reclamarse de acuerdo con su carácter constitucional.
  2. Los derechos sociales más importantes serán:
  3. Derecho a la atención médica. Toda persona tendrán derecho a la atención médica completa y gratuita con independencia de su afiliación a alguna institución de seguridad social.
  4. Derecho a la educación. Toda persona tendrá derecho a la educación en todos sus niveles. Todo joven estudiante de educación media superior y superior en los establecimientos públicos de la Ciudad y residente de la misma tendrá derecho a un salario como elemento de garantía de terminación de sus estudios.
  5. Derecho a la cultura. Toda persona tendrá derecho a solicitar libros y otros materiales impresos o en lenguaje electrónico de la Gran Biblioteca de la Ciudad de México que constituirá un sistema público. Los jóvenes menores de 25 años y los mayores de 65 tendrán derecho a ingresar gratuitamente a las actividades artísticas y culturales a cargo del gobierno de la Ciudad. En las actividades culturales privadas se brindarán descuentos a los jóvenes y adultos mayores. La Ciudad organizará un sistema público de educación artística. El espacio público de la ciudad estará disponible para la organización de actividades de promoción y difusión culturales en forma no discriminatoria y gratuita, de conformidad con una ley.
  6. Derecho al deporte. La ciudad organizará un sistema deportivo abierto para la participación de personas de todas las edades y sexos.
  7. Derecho al retiro. Toda persona tendrá derecho por ley a recibir una pensión de retiro a partir de los 67 años de edad cualquiera que haya sido su condición laboral. Este derecho abarcará a las personas con dificultad o incapacidad de incorporación al trabajo cualquiera que sea su edad.
  8. Derecho a la vivienda. Toda familia tendrá derecho a una vivienda en propiedad siempre que no cuente con algún otro inmueble y haya tenido residencia en la ciudad durante el tiempo que determine la ley.
  9. Derecho al trabajo. El gobierno pugnará por la creación de los puestos de trabajo productivo para cubrir las necesidades de la ciudad mediante la política económica y la inversión pública. Establecerá un subsidio para cubrir las necesidades familiares de los trabajadores desempleados hasta por un máximo de tiempo. La Procuraduría de la Defensa del Trabajo de la ciudad tendrá autonomía en el desempeño de sus funciones y será independiente del gobierno de conformidad con su ley orgánica; sus funciones abarcarán también la capacidad de dar fe de controversias relacionadas con sindicación, registros sindicales, tomas de nota, recuentos, entre otras, así como la supervisión del desempeño de la Junta de Conciliación y Arbitraje. La ley prohibirá y perseguirá toda forma de contrato laboral de protección y la existencia de sindicatos ficticios. Los trabajadores tendrán derecho a la libertad sindical y no podrán ser obligados a afiliarse a ninguna organización. El sindicato efectivamente mayoritario administrará el contrato colectivo sin menoscabo de los derechos y participación de los trabajadores no sindicalizados o pertenecientes a otros sindicatos. Los derechos de contratación colectiva y huelga serán plenamente respetados y las autoridades otorgarán las garantías para su ejercicio.
  10. Derecho al salario decente. La ciudad establecerá el salario decente con independencia del salario mínimo federal, el cual será moralmente obligatorio para todos los empleadores incluyendo el gobierno. La fijación del salario decente estará a cargo de una institución de la Ciudad que gozará de completa independencia y asumirá sus funciones de manera autónoma con base en su ley orgánica. El salario decente se fijará de conformidad con el concepto de salario mínimo contenido en la Constitución federal así como con un programa de recuperación salarial. Se concederá plena capacidad de denuncia pública moral contra quienes no acaten el salario decente.

 

DERECHOS POLÍTICOS

  1. Todo ciudadano y toda ciudadana tendrá derecho de voto y de ser votado teniendo las cualidades legales, así como a participar en las consultas populares, (plebiscito o referéndum) que sean convocadas para la toma colectiva de decisiones, tanto en el ámbito de toda la ciudad, de una o varias alcaldías o de una o varias colonias, barrios, pueblos o unidades habitacionales. La consulta popular se convocará obligatoriamente a partir de que sus requisitos legales sean colmados por los solicitantes y se llevará a cabo tan luego como pueda ser organizado el proceso por parte de la autoridad competente según la ley. El Tribunal Constitucional de Derechos de la Ciudad de México hará la declaratoria y emitirá la convocatoria a la consulta popular. La autoridad administrativa será el órgano encargado de las elecciones. No podrán ser objeto de consultas los impuestos y otros financiamientos, los presupuestos de egresos ni la vigencia de los derechos fundamentales, así como tampoco aquellas normas legales que tengan su base en la Constitución federal.
  2. Para ocupar cualquier cargo de elección, empleo o comisión de carácter público será suficiente tener al menos 18 años cumplidos, excepto en aquellos casos en los que la Constitución federal imponga otra edad.
  3. A toda petición personal o colectiva la autoridad responderá dentro de los siguientes 10 días hábiles a partir de su recepción, con excepción de aquellos casos en los que las leyes determinen un plazo menor.
  4. Los concejos de las alcaldías tendrán a su cargo, entre otras funciones, ratificar el nombramiento de los jefes de la administración pública, elaborar el proyecto de presupuesto, iniciar procedimientos para realizar consultas ciudadanas, investigar denuncias sobre el desempeño de servidores públicos de la alcaldía, dar seguimiento a las obras públicas, recibir y discutir el informe semestral del alcalde o alcaldesa, oír en sesión plenaria quejas y propuestas de los ciudadanos y ciudadanas y gestionar su atención en el ámbito administrativo.
  5. Todo ciudadano tendrá derecho de presentar denuncia por responsabilidad política contra el jefe de gobierno, los diputados, los magistrados, el fiscal, los alcaldes y concejales, los secretarios de despacho, los presidentes, directores o encargados de los organismos públicos de cualquier naturaleza así como de los integrantes de sus respectivos órganos de gobierno, ante el Tribunal Constitucional de Derechos de la Ciudad de México, el cual incoará el procedimiento de juicio político, llevará a cabo el debido proceso y aprobará sus conclusiones, las cuales, cuando sean acusatorias, serán enviadas a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, donde se resolverá en plazo perentorio por mayoría absoluta de sus integrantes.
  6. Ningún funcionario de la ciudad gozará de fuero. Los legisladores no podrán nunca ser reconvenidos exclusivamente por los puntos de vista que expresen. El jefe o jefa de gobierno, los diputados y diputadas, los alcaldes y alcaldesas, los o las secretarios del despacho, así como el o la fiscal general, gozarán de inmunidad por lo cual no podrán ser detenidos mientras se encuentren en funciones, pero podrán ser sujetos de proceso penal como cualquier otra persona. En el caso de que el juez de primera instancia dicte sentencia condenatoria, la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México resolverá la separación del cargo mediante la mayoría de votos de sus integrantes.
  7. La Ciudad de México tendrá una fiscalía en la que se organice el Ministerio Público. El fiscal general será nombrado por la Asamblea Legislativa, gozará de independencia respecto de los poderes públicos, será autónomo en sus decisiones y podrá ser sujeto de juicio político. La ley fijará su organización y funcionamiento, y tendrá presupuesto propio aprobado por el poder legislativo de la Ciudad. Como parte del Ministerio Público, existirá una fiscalía contra la corrupción cuyo titular será nombrado y removido por la Asamblea Legislativa; la ley definirá con precisión la esfera de competencia de este organismo.
  8. Todo ciudadano podrá ejercer acción penal ante los tribunales cuando se trate de delitos contra su patrimonio, integridad, libertad, dignidad, libre desarrollo de la personalidad y, de manera colectiva, de delitos contra el servicio público tanto de servidores públicos como de particulares, delitos en contra del adecuado desarrollo de la justicia cometidos por servidores públicos, así como delitos contra el ambiente y la gestión ambiental. Los tribunales estarán expeditos y la negativa será especialmente sancionada como ataque al ejercicio de un derecho, por lo cual el juzgador infractor será removido del cargo y suspendido para ejercer la profesión. La defensoría de oficio será habilitada también para auxiliar a los particulares que ejerzan acción penal.

 

REFORMA ADMINISTRATIVA

La Constitución de la Ciudad de México debe contener una reforma administrativa que potencie sus recursos económicos y el talento de sus servidores públicos al tiempo que elimine la corrupción. Las normas constitucionales que deberán incluirse son, entre otras, las siguientes:

  1. Creación de un sistema de planeación del desarrollo de la Ciudad con participación popular y expedición de una ley reglamentaria por parte de la Asamblea Legislativa.
  2. Creación de un mecanismo de auditoría superior de carácter independiente de los poderes públicos, con autonomía en sus decisiones y con capacidad de acción penal. La auditoría tendrá capacidad para realizar auditorías y revisiones en cualquier momento y no sólo después de concluido el ejercicio presupuestal anual. Obligación de la auditoría para realizar actuaciones por mandato de la Asamblea Legislativa.
  3. Creación de un nuevo sistema de seguimiento y control de las obras públicas. Rendimiento de informes parciales de gasto y avance de las obras, y amplia publicidad de los mismos. Publicidad de todos los mecanismos de adquisiciones de parte del gobierno de la ciudad y las alcaldías, así como de todo otro ente público.
  4. Establecimiento de un cuerpo de policía de investigación dentro de la nueva Fiscalía Anticorrupción.
  5. Derecho de los ciudadanos de ejercer acción penal ante los tribunales por los delitos contra el servicio público. Establecimiento de contralorías ciudadanas para la verificación de las obras a cargo de las alcaldías.
  6. Prohibición para que las dependencias del Ejecutivo, organismos descentralizados, órganos autónomos y poderes Legislativo y Judicial realicen inversiones financieras. Todo subejercicio debe conducir al retorno de los fondos no utilizados a la Tesorería de la Ciudad. Prohibición de crear fideicomisos públicos sin ley o decreto del Poder Legislativo.
  7. Prohibición estricta de utilizar recursos públicos en gastos de carácter personal y, por tanto, eliminación de todas las partidas de tal naturaleza. Ningún servidor público podrá disponer de más recursos en dinero o en especie que lo especificado en el presupuesto debidamente aprobado.
  8. Establecimiento por ley de un salario máximo y aplicación estricta del artículo 127 de la Constitución federal. Obligación constitucional de expedir una ley de sueldos. Creación de los delitos referentes al pago de remuneraciones no autorizadas en dinero o en especie.
  9. Imposibilidad legal para que las alcaldías redunden los programas sociales del gobierno de la Ciudad. Prohibición de todo subsidio no autorizado expresamente en el presupuesto de egresos de la ciudad.

 

A los anteriores derechos y reformas de orden constitucional será pertinente añadir otros temas de interés ciudadano que durante el periodo preelectoral podremos ir presentando a la opinión pública.

Acción Nacional frente al Estado democrático

Durante los doce años en que Acción Nacional tuvo en sus manos el Poder Ejecutivo demostró que no comparte la lucha por conquistar un Estado democrático de derecho. La corrupción siguió siendo un sistema estatal, la legalidad mantuvo su inmensa deficiencia, la administración pública fue prácticamente la misma, la relación de poderes empeoró, la Constitución sufrió varios golpes promovidos por el Ejecutivo con reformas contrarias a los derechos humanos, la policía y la procuración de justicia siguieron el mismo patrón anterior, el diálogo político siempre se produjo en medio de engaños, los altos sueldos y demás privilegios de los mandos se incrementaron, el poder se siguió usando para propósitos ilegítimos, la impunidad se mantuvo en los más altos niveles mundiales.

¿Cuál sería el propósito de que desde la izquierda se buscaran alianzas electorales con el PAN aunque fueran “casuísticas”? La respuesta no podría ser más que obtener posiciones de poder, puestos, pero, ¿para qué? En 1999 el PRD abrió con el PAN unas negociaciones para convenir un programa hacia el Estado democrático de derecho y para postular candidaturas comunes con el fin de realizar la transición a la democracia sin el PRI pues este partido, a toda evidencia, no estaba dispuesto a avanzar en esa dirección. Las negociaciones se rompieron luego de que el PAN se atrincheró en que Vicente Fox fuera el candidato común y, por tanto, rechazó la propuesta del PRD de que la candidatura saliera de una votación abierta de carácter popular. En realidad el PAN no estaba en la ruta de la transición al margen del PRI sino que buscaba ganarle a éste pero sin llegar a las reformas democráticas, como en los hechos se pudo comprobar sobradamente. La alternancia no es en sí misma transición democrática.

En efecto, el PAN triunfó con Vicente Fox en la elección del año 2000 pero las cosas no mejoraron desde el punto de vista de la democracia y del Estado de derecho. La PGR resolvió el no ejercicio de la acción penal por la trama conocida como Amigos de Fox luego de que el presidente se negara al nombramiento de un fiscal independiente. Lo mismo de antes y lo mismo de ahora: el poderoso es exonerado por sus propios secretarios. Mas también Fox perdonó a los que robaron mil millones a Pemex para la campaña priista. Así fue todo, desde el toalla gate hasta la colusión del PAN con el PRI que llevó al desafuero de López Obrador para impedir que fuera candidato en uno de los actos de poder más antidemocráticos de la historia contemporánea del país. Se reeditó, en suma, el mismo sistema de corrupción con su impunidad y su arbitrariedad.

Calderón fue algo peor pues le pegó a la Carta Magna e inventó normas contrarias a los derechos humanos, declaró una guerra antinarcóticos que no puede ganarse ni perderse, llevó al Ejército al lodazal de los atropellos contra delincuentes y no delincuentes, por unos cuantos dólares transó la aplicación de los planes de Washington en materia de narcotráfico, aumentó los privilegios de la alta burocracia y no intentó en absoluto perseguir la corrupción. En ese sexenio hubo un alarmante aumento del número de presos políticos en el país.

Aliarse hoy con el PAN para integrar “gobiernos de coalición” no es algo que pudiera inscribirse en el propósito de coadyuvar a una transición democrática sencillamente porque ya vimos la inviabilidad práctica de ese aliancismo. Moreno Valle es como Mario Marín, el góber precioso, y Yunes sería igual o peor que Duarte, por sólo poner dos ejemplos. La tesis renovada dentro del PRD en el sentido de que hay que detener al PRI con alianzas electorales con el PAN es como apoyar lo mismo que se rechaza. El cambio de siglas no es nada. Lo importante, lo principal, la conquista de un Estado democrático de derecho, seguirá postergado.

La perspectiva de la izquierda en unidad consiste en alcanzar el tercio mayor en las elecciones dentro de una amplia concertación de fuerzas progresistas. Ningún gobierno de coalición con PAN o PRI podría ser progresista, ya no digamos democrático y menos aún apegado a la legalidad. El PRD no tendría que pagar por el fracaso del PAN como fuerza democrática sino a costa de lanzarse por una cuesta. Con las alianzas con el PAN en realidad el PRD se haría inviable como instrumento de la democracia. Veremos pronto hasta donde se puede evitar un nuevo desbarranco.

El vuelco del PRD

La crisis del PRD se asemeja a una situación en la que los habitantes de una casa dejan durante años que ésta se deteriore sin hacer la menor reparación. Cuando el lugar se vuelve inhabitable tienen que hacer toda una obra urgente y costosa si quieren seguir viviendo en el mismo sitio. Una mayoría en el PRD se negó durante mucho tiempo a realizar reformas y a cambiar de línea política de tal manera que ahora, cuando ya nadie puede negar la crisis de la conducta vieja, entonces será mucho más penoso y difícil realizar un vuelco.

No se construye una fuerza alternativa sin ser la oposición. De momento, suele parecer que el oponerse casi a todo no da resultados pero, cuando la crisis del poder se torna grave, el opositor puede lograr que se entienda su propuesta. La cuestión consiste también, por tanto, en tener esta última, sin la cual no puede haber oposición en sentido completo. El PRD ha navegado sin una propuesta nacional. Como a todos los partidos, la búsqueda del poder lo había unido hasta que se produjo la división, pero no hubo durante más de una década la necesaria unidad en el propósito transformador. Esta situación la hemos visto durante años de gestión gubernamental en no pocos sitios y en los parlamentos. Después del año 2000 se definió a la izquierda perredista como el partido que busca la instauración del Estado democrático y social de derecho, pero este planteamiento no fue suficiente para armar una propuesta opositora, es decir, una nueva política económica y una plataforma de reformas al régimen político dentro del marco de un plan concreto.

El PRD ha dado la impresión de que es un partido en el que cada cual entiende las cosas a su modo. Y así es. No hay una política igual para las entidades y municipios gobernados por los perredistas. En todas partes se aplica una política temporalera. En algunos lugares se han conseguido importantes reformas pero, en otros, ninguna se hizo. El partido jamás le ha exigido a alguno de sus gobernantes que haga o deje de hacer algo. Esto es increíble pero es rigurosamente cierto. Por otro lado, no puede ocultarse que algunos dirigentes locales del PRD están subordinados al respectivo gobernador de otro partido o sin partido.

Al lado de lo anterior, el PRD ha carecido de una dirección propiamente dicha. Su estructura de corrientes es el resultado de que en el partido predomina la política de la no exclusión y de que todos los grupos tienen derecho a participar en los órganos internos y el reparto de candidaturas. Sin embargo, como no existe ninguna corriente mayoritaria y como todos los grupos son titubeantes en cuanto a la política a seguir, lo que hemos tenido es una falta de liderazgo en el sentido de ausencia de una línea definida y de una práctica de tomar decisiones a tiempo, con destreza y en firme.

¿Cuál es el discurso del PRD? En concreto eso no se sabe, hay que esperar cada coyuntura para escuchar algo al respecto. Esto se nota en lo que dicen y proponen sus gobernantes y legisladores al igual que sus dirigentes formales, pero se nota mejor en lo que callan que es con mayor frecuencia más que lo declarado. Se afirma que el PRD carece de una política de comunicación social, lo cual es cierto, pero eso no es tan grave como carecer de unas ideas para ser comunicadas.

La política de alianzas del PRD ha sido errática como consecuencia de todo lo anterior. Se han llegado a pactar en forma virtual alianzas con el PRI. Los gobiernos encabezados por panistas con el apoyo del PRD han desfondado a este partido. No hay en realidad base alguna para compartir responsabilidades de gobierno con el PAN o con el PRI. Entonces, lo que se hace es ubicar al PRD como factor del triunfo de un candidato pero en ausencia de todo compromiso de gobierno en cuanto a programa y cargos. Esta es la forma más desordenada de llevar a cabo alianzas, es decir, sin política.

En realidad, el PRD se encara ahora con él mismo antes de hacerlo con los otros partidos. Su situación podría cambiar en la medida en que haga modificaciones muy fuertes de su política y de su forma de tomar y aplicar las decisiones. La cuestión no es tan difícil pero depende, como siempre, de los jugadores que van a salir a la cancha. Si estos no saben ni por dónde empezar, nada se logrará. Aquí está el detalle, la condición primera para lograr un vuelco del PRD.

Yanis Varoufakis

«Portaré el odio de los acreedores con orgullo» ha dicho Yanis Varoufakis al dejar el ministerio de finanzas de Grecia y, al tiempo, se ha convertido en un referente indispensable de la historia de la lucha contra los poderes financieros del mundo. Varoufakis ha dejado su cargo por demanda de los acreedores a quienes por lo visto les faltan argumentos con los cuales vencer al griego. El pueblo de Grecia ha dicho no, lo cual no depende de que Varoufakis sea ministro de finanzas o un diputado sin cartera. Pero la actitud de éste, en consonancia con el gobierno del que formó parte de manera brillante, es lo que prevalece. Dadle a los cobardes la presa que más desean en sus ansias de venganza pues eso no comprometerá la decisión de todo un pueblo en rebeldía frente a los usureros de Europa.

La izquierda, el Pacto y la votación

El llamado Pacto por México se convirtió en una mala frase dentro de la izquierda y en algunos círculos panistas. Tal vez por eso se dice ahora que influyó en las recientes elecciones, pero para medir su impacto es preciso hacer lo que antes no se hizo: el análisis del pacto mismo.

El Pacto fue redactado y firmado al estilo priista: en secreto y, luego, en una ceremonia pomposa y ridícula. El error del PRD no fue proponer la elaboración del acuerdo político sino haberlo hecho sin consultar al partido; algo semejante le ocurrió al PAN.

Después de las elecciones de 2012 las principales fuerzas políticas tenían que llegar a acuerdos si en realidad buscaban lograr algo en los primeros dos años del sexenio. El contenido del Pacto correspondía a lo que habían expresado los partidos aunque también había temas nuevos, especialmente para el PRI. Las cosas eran más complicadas para el PRD porque éste había acusado a Peña de hacer un fraude electoral a través de  la anticipación de su campaña en la televisión y mediante un gasto mayor que el permitido. Una vez más, a la izquierda se le presentaba un dilema entre la actitud política y la posición política. La primera es algo generalizador, es un rechazo o una aceptación en bloque. La segunda es un conjunto de propuestas y unas decisiones tomadas según el contenido de los proyectos y los contextos. En la lucha parlamentaria siempre ha tenido la izquierda ese dilema y no siempre lo ha resuelto bien ya fuera hacia un lado o hacia el otro.

Peña aceptó la propuesta de un acuerdo puntual que no contuviera línea general de gobierno ni significara alianza política. Era la mejor forma de mantener la confrontación sobre la política general sin ahogar todo intento de cambio. El asunto central era que una vez que los votantes se habían expresado, los partidos los tomaran en cuenta en lugar de ignorarlos como se acostumbra. El hecho concreto era que en el país no había ninguna fuerza mayoritaria. Es lo que ahora ocurre, por ejemplo, en la Ciudad de México, donde debería invitarse a Morena a un acuerdo o de plano a formar parte del gobierno por ser el nuevo partido más votado y ser de izquierda. En síntesis, hay que acatar el mandato de las urnas o nunca se podrá siquiera aspirar a ser demócrata. Por lo visto, aquí sigue abierto un debate dentro de la izquierda 35 años después de la participación electoral del Partido Comunista.

El Pacto contenía asuntos de la agenda nacional en los que no se habían producido acuerdos en el pasado reciente. Por ello era un acuerdo amplio aunque no se trataba de un cambio de rumbo general. Había en la agenda dos reformas impostergables sobre las cuales venía insistiendo la izquierda: la administración del sistema de educación básica y las telecomunicaciones. En el primer tema, el gran problema se llama SNTE y se conoce como Gordillo, mecanismo que privatizó bajo el control de un grupo a miles de establecimientos escolares en el país; en el segundo, destaca la existencia de dos monopolios, América Móvil y Televisa. López Obrador había abordado durante su campaña ambos problemas aunque sin definir rumbo concreto. En cambio, Peña Nieto no tenía esos temas en su agenda pública.

Gordillo fue a la cárcel y la reforma, mal llamada educativa en lugar de administrativa, le arrebató al SNTE y por esa vía a la CNTE parte de su control burocrático. Desde la izquierda sin embargo se ha apoyado al viejo sistema en el que los líderes sindicales imponían a directores e inspectores además de repartir plazas y despedir profesores, pero se trata de un apoyo reactivo que exhibe la falta de un proyecto propio para la administración del sistema educativo. La CNTE ha tomado el peso principal de la defensa del modelo gremial de rectoría educativa y financiamiento político aunque los líderes del SNTE siempre han sido los principales beneficiarios de ese gremialismo en cuanto a sus influencias burocráticas e ingresos económicos.

La reforma de telecomunicaciones tuvo como propósito relevante la regulación antimonopólica pues ni siquiera ésta existía en el país. Ha quedado pendiente, aunque dibujada, la creación de una nueva televisión de Estado con fuerte financiamiento público. Se establecieron también nuevos derechos humanos que la vieja Constitución nunca había recogido. Esa reforma fue un poco más allá de los programas políticos hasta entonces conocidos.

La reforma fiscal se hizo fuera del Pacto con el apoyo del PRI y del PRD, objetada con fuerza por el PAN y por Morena. Para parte de la izquierda, era la primera vez en casi 30 años que se aumentaba la progresividad del impuesto sobre la renta y se eliminaban o limitaban algunos regímenes fiscales de privilegio. Cuando el PRD nació tomó esos planteamientos de las izquierdas anteriores. No había justificación alguna para impedir la reforma fiscal (cosa que se podía fácilmente) aunque tuviera insuficiencias. En otras palabras, hubiera sido una vergüenza que la izquierda, toda ella, saliera corriendo de la coyuntura fiscal tan largamente esperada.

La reforma llamada energética fue obra del PRI y el PAN. No se encontraba firmada en el Pacto y el PRD no podía suscribir ninguno de sus puntos. No obstante, se dice que esa reforma ha sido producto del Pacto a sabiendas de que se miente. Por el contrario, la reforma energética fue la causa de su desaparición con la evidente satisfacción  de Peña quien se liberaba así de tener que responder por el contenido verdadero del Pacto.

Sí, el Pacto por México contribuyó al desprestigio del PRD pero principalmente debido a la torpeza de la dirección de ese partido en la forma en que fue firmado y por la falta absoluta de discusión previa e, incluso, de debate posterior. Si alguien tiene necesidad de apegar sus razonamientos a los hechos concretos, podría leer el Pacto y comprobar que esas reformas ahí enunciadas, en su mayoría, siguen siendo necesarias y forman parte de las propuestas progresistas del país. Ojalá se lograran ahora o mañana bajo el gobierno que fuera. Sigue habiendo en la izquierda, en efecto, un conflicto con la democracia a pesar de los años y la experiencia.

El PRD frente a su derrota electoral

El Partido de la Revolución Democrática sufrió sin duda una derrota electoral en la Ciudad de México. Por más que se la quiera ver con disimulo, la verdad es que Morena superó en votos al PRD y que aquel partido es la principal fuerza electoral de la ciudad. Se ha producido un cambio que es preciso reconocer: hay otra fuerza política mayoritaria.

Sin embargo, el problema mayor es procesar un análisis que llegue a conclusiones compartidas sobre las causas de ese cambio. El primer elemento es que la escisión del PRD tuvo un calado muy fuerte en la ciudad, pero ¿por qué? Esta situación no ocurrió por igual en todas partes ni siquiera en Tabasco, estado de donde es líder político el fundador de Morena. Parece que la respuesta debería tomar en cuenta que el PRD ha sufrido un proceso de descrédito debido a que la corrupción ligada a la administración pública sigue siendo alta en la percepción de la ciudadanía; a que la gestión pública de los delegados y delegadas se ha concentrado en los grupos que conforman la clientela perredista en evidente desatención a sectores de ciudadanos no corporativizados; a que no se han producido nuevas reformas sociales y no se ha avanzado en las ya establecidas; a que no existe un plan conocido de infraestructuras que permita a la gente saber lo que el gobierno de la ciudad tiene pensado hacer; a que los gobernantes delegaciones y los de la administración central carecen de un discurso político preciso en el que se reflejen orientaciones y objetivos de la gestión pública; a que el PRD como tal tiene poca injerencia en las actividades de gobierno y se limita a realizar gestiones; a que ese mismo PRD no discute absolutamente nada, se ha alejado de la política y se encuentra cada vez más desorganizado como partido.

A todo lo anterior es preciso agregar un elemento que ha calado fuerte en la conciencia ciudadana del país pero en especial en la Ciudad de México: la tragedia de Iguala en la que existió evidente responsabilidad política del PRD como partido político nacional.

Así como en su momento no se reconoció que la escisión de López Obrador era un acontecimiento de gran trascendencia y que muchos dirigentes perredistas trataron de convencerse a ellos mismos de que se trataba de un asunto relativamente menor, de la misma manera se ha tratado de evadir el desprestigio del PRD dentro de numerosos sectores de izquierda, muchos de los cuales existen desde antes de la fundación del partido. Se trata de la intelectualidad, dentro de la cual están académicos, artistas, profesionistas, pero también de un amplio sector de la clase media educada en principios de izquierda. Desde hace años el PRD se fue divorciando de esos segmentos sociales de tal manera que ahora muchos de sus integrantes anularon su voto (más del 7% en la ciudad) o votaron por Morena. El PRD no incorporó a su dirección a intelectuales, abandonó el trabajo cultural, renegó de sus orígenes al despreciar a los académicos, no creó una plataforma de protección del ambiente, se ligó a los jóvenes sólo como parte de sus clientelas ya tradicionales pero sin especificidad juvenil alguna, jamás acertó a definir una clara política sobre las cuestiones de género, ignoró los centros de educación de la ciudad, sigue careciendo de una política laboral distintiva, entre otros muchos errores políticos que forman parte de su situación actual.

En la campaña reciente el PRD hizo hincapié en sus logros de gobierno pero olvidó algo elemental: la gente no vota por las conquistas del pasado sino por los objetivos a futuro a menos de que se encuentre en peligro de perder lo ya ganado. El PRD se refugió en sus anteriores reformas sociales y legislativas, así como en sus importantes obras públicas, porque no tenía mucho nuevo que ofrecer ya que ha perdido el impulso reformador y se ha refugiado en un esquema de conservación que no es la vía para ser la fuerza política mayoritaria en una ciudad progresista. La campaña del gobierno capitalino para elevar los salarios mínimos nunca tuvo el acompañamiento efectivo del PRD en el DF ni de su dirección nacional y, de tal suerte, entró en un impasse al grado de que no fue bandera electoral perredista.

En la ciudad no existe un plan cierto y conocido de crecimiento del Metro y mucho menos un calendario; la ciudadanía ignora si el gobierno tiene planes para garantizar la educación media-superior a todos los jóvenes y para ayudar a que ingresen a la educación superior aquellos que lo requieran; nadie puede saberse enterado de algún plan general para reordenar el actual comercio en las vías públicas y la apertura de nuevas perspectivas para esos comerciantes; no sabemos en qué consiste exactamente la política de uso del suelo más allá de las decisiones puntuales que se toman y que no obedecen a criterios generales sino a intereses particulares; no hay un plan de financiamiento a mediano y largo plazos como no existen tampoco elementos de planificación urbana y económica. El proyecto de conversión en alcaldías de las actuales delegaciones sigue siendo algo limitado, ya que no se admite la creación de cabildos plurales con iguales funciones que los ayuntamientos para terminar con el sistema de administración personal que ya se encuentra en crisis profunda. En síntesis, el futuro se sigue viendo como algo incierto y azaroso en una de las grandes ciudades del mundo.

Aún bajo las condiciones aquí brevemente descritas hubiera sido posible el mantenimiento del PRD como la fuerza mayoritaria sólo gracias a que había carecido de una oposición verdadera, a que el PRI y el PAN en la ciudad carecen de rumbos, programas y liderazgos, pero eso no es en sí mismo un mérito. Sin embargo, surgió una fuerza que, aunque también carece de programa para la ciudad, catalizó en su favor gran parte del descontento con el PRD.

Es evidente que la ciudad sigue siendo mayoritariamente de izquierda y con una presencia fuerte de las derechas políticas. Debido a la división en la izquierda se perdieron algunas delegaciones y distritos pero, más allá de esta circunstancia, las derechas pueden convertirse eventualmente en fuerza mayoritaria si las izquierdas siguen su proceso de división, enfrentamiento y falta de nuevas elaboraciones.

Así, las tareas más urgentes son: la elaboración programática y política con sentido social y democrático, la dotación de nuevos liderazgos moral, intelectual y políticamente elegibles y la unidad de las izquierdas alrededor de un proyecto común para la ciudad. Se advierte difícil pero no es imposible. El PRD tiene que responder al reto sin pretensiones exclusivistas o fenecer por falta de un buen intento.

Decir lo que sabes es decir verdad

Para hablar de otros, de contextos o de hechos ajenos, cercanos o lejanos, no existe la verdad. Lo que tenemos es el saber, bueno, malo o mixto, exacto o aproximado. Lo relevante es que no podemos o no debemos dejar de hablar de otros con tal de hacerlo con  honradez, buscar un saber que no es exactamente propio. Eso es decir verdad aunque no sea la verdad. Bueno, el punto es que así no son los políticos en México ni sus partidos; mucho menos el poder del Estado.

Lo anterior viene a cuento porque el Partido de la Revolución Democrática intentó cambiar  las tradiciones, al menos un poco, y mandó a elaborar un informe sobre sí mismo en relación con la postulación de José Luis Abarca en Iguala, el gobierno de éste y el desenlace de la tragedia con sus heridos, asesinados y desaparecidos. El informe ha sido presentado en plena temporada electoral por una comisión especial.

Con independencia de lo que contiene el informe y de la manera en que algunos medios han tratado de manipular su contenido llegando al extremo de inventar su propio informe, es un hecho relevante el informe mismo porque es el primero de este carácter que se redacta en por lo menos los últimos 50 años de vida política nacional. Nadie ha logrado recordar algo parecido a este informe. El que un partido se investigue a sí mismo y ordene redactar un informe en el que salgan a relucir nombres, situaciones, contextos y demás aspectos de su vida interna es inesperado, por decirlo de alguna manera.

La responsabilidad política de la tragedia de Iguala corresponde al PRD pero no por entero. Existe también responsabilidad política del PRI (partido gobernante en Cocula),  del gobierno federal y del gobierno del Estado, así como del Ministerio Público de ambos niveles. Cada quien fue omiso en algo, incumplió de alguna manera su obligación de defender los intereses públicos. Pero el PRD es el único que ha admitido tal responsabilidad. El PRI, campante como siempre, mantiene en Cocula a su presidente municipal con el apoyo de la PGR y de Murillo Káram que lo examinó y decidió que no podía ser inculpado de absolutamente nada a pesar de que los jefes de policía de ese municipio eran miembros orgánicos de la banda de criminales denominada Guerreros Unidos.

La PGR nos ha salido con la novedad de que José Luis Abarca –jefe de la policía municipal por mandato de la Constitución del país– sólo está procesado por posibles hechos ocurridos antes de la tragedia del 26-27 de septiembre de 2014 pero nada que ver con los heridos, los muertos y los desaparecidos. Operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero) y delincuencia organizada son los cargos. Pero, ¿quién diablos nos va a explicar bien los hechos que llevaron a una tragedia nacional aquel día de septiembre y la madrugada del siguiente?

El inédito informe que presentó la Comisión Especial del PRD aporta elementos válidos para buscar respuestas, no sólo en cuanto a la expresión criminal de los hechos sino en lo que se refiere a contextos anteriores en el campo de la política. La tragedia de Iguala no es un hecho criminal aislado sino un problema político con consecuencias criminales. Por ello, algunos medios han querido sesgar la información atribuyéndole al informe la afirmación de que Zambrano sabía que Abarca estaba ligado a los narcos –lo cual es absolutamente falso– o que el mismo Zambrano no solicitó oficialmente un informe al gobierno sobre Abarca sin admitir que lo oficial no sólo es lo escrito porque de ser así se paralizaría la vida institucional del país. Como suele ocurrir, López-Dóriga es el campeón de la manipulación que pone en labios de la Comisión Especial cosas que no están en el informe sino que son libres interpretaciones suyas, añadidos incluidos: el método de presentar como noticia un editorial, mentiroso por añadidura. Aquí se nota la muy vieja escuela de la manipulación informativa.

Era natural, por decirlo así, que el informe fuera recibido para hacer uso de la falsificación, pero por otro lado el informe ahí está, es consultable íntegro, con sus 16 500 palabras, en el portal de internet del PRD desde el pasado miércoles al medio día. ¿Podría alguien decirnos cual otro partido ha hecho algo así?

Nada personal

Las deserciones del PRD no deben verse como algo personal aunque también tengan cargas personalísimas pero inescrutables. La división en la izquierda PRD-Morena era ya un fenómeno que como tal obligaba a definir posición, lo cual se vino haciendo lentamente como si la escisión fuera poco importante. Se ha olvidado que la izquierda mexicana llegó a ser opción nacional de poder gracias a la unidad de sí misma, lo cual ahora quiere ser negado justamente a través de posiciones divisionistas que no hacen sino beneficiar a las derechas.

La otra cuestión consiste en el efecto Iguala-Cocula, el cual es de carácter político-moral: acreditar que no se ha sido parte de eso y que se repudia. En este contexto se han dado las separaciones de Cárdenas y de Encinas, entre otras. En efecto, es preciso mostrar indignación frente al gran levantón histórico de Iguala-Cocula, para lo cual se propone dejar claro el deslinde orgánico con el partido que tiene una ineludible responsabilidad política. Pero en  tal propósito se dejará de tener que asumir responsabilidad política a secas, se dejará de tener compromiso militante y, por tanto, obligación de dar la cara.

Otra cosa es la de cambiar de partido, la de irse a Morena como esperanza de México o lo que se quiera, aunque también hay esperanzas personales nada menospreciables. No obstante que el repudio al PRD por su responsabilidad política en los hechos de Iguala-Cocula es del todo entendible y está justificado, quizá sea algo mejor, aunque mucho más difícil, dar la cara en lugar de tratar de lavarla. El PRD de la noche igualense, como partido nacional, era el mismo que el del día anterior aunque el sometimiento del presidente municipal no se había descubierto de la manera como se advirtió tras el levantón de estudiantes de Ayotzinapa. Mas el fenómeno de supeditación a las mafias de narcotraficantes-secuestradores-extorsionadores atraviesa a todos los partidos y hubiera sido pueril creer que la izquierda iba a estar al margen. Por lo demás, el asunto no está claro todavía por más que el gobierno así lo quiera presentar.

Nada justifica al PRD sino que sencillamente se le tiene que ubicar dentro de una realidad frente a la cual éste ha sido hasta ahora incapaz de presentar otro camino en materia de gestión política municipal y de honradez de sus cuadros. La manera, condiciones y características de la postulación de Abarca como candidato deben ser esclarecidas pero eso no podrá tampoco tapar el fenómeno criminal-político de la sujeción del poder local a las empresas delincuenciales. Por tanto, la separación de connotados y apreciados dirigentes perredistas, con tal de dejar zanjados los crímenes de Iguala-Cocula por lo que a ellos corresponde, no da la menor respuesta al fenómeno que vivimos ni tampoco señala rumbo alguno para superar todo lo que se ha hecho mal o no se ha hecho.

Quien lucha afuera de los partidos o grupos tiene una opción personal del todo válida. Quien asume el compromiso militante (colectivo) quiere cambiar a su país en forma organizada, potenciar su esfuerzo. Así de simple, para no estar dando vueltas. Al mismo tiempo, si no quieres poner tu nombre en el terreno de lo cuestionable, no hagas nada que no sea personalísimo. Si quieres luchar junto a otros, tienes que arriesgar pero nunca callar.

Crisis moral

De un problema de línea política, alianzas, gestión de gobierno, vinculación social, clientelismo exacerbado, sectarismo orgánico y otras dolencias, el PRD entró a una crisis moral que no puede ser superada sencillamente con acuerdos entre partes.

Es verdad que dicha crisis moral se produce en un país en violencia y corrupción galopantes pero el gran levantón de Iguala se hizo por parte de un cuerpo policíaco en funciones y bajo las órdenes de un presidente municipal del PRD, Abarca, donde otro perredista, Aguirre, estaba gobernando y era jefe de los servicios de seguridad y justicia de Guerrero. El punto más crítico de la violencia delincuencial y la corrupción del Estado se definió justamente en territorio perredista, por decirlo de manera figurada, a pesar de que el PRD tiene fuertes banderas programáticas contra la corrupción y la impunidad. De ahí arranca la crisis moral.

Los gobernantes priistas que han cedido ante las mafias delincuenciales y forman parte de esa otra delincuencia organizada que está en la función pública son muchos más pero no estaban gobernando Iguala y Guerrero en el momento de la gran tragedia. La crítica perredista a la política del gobierno en materias de seguridad, justicia y corrupción son correctas pero Iguala es una sombra gigantesca. Aún más, es cierto que el gobierno federal es en parte responsable de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa al no haber hecho absolutamente nada, pero justo por eso mismo el peso mayor de la tragedia ha caído sobre los hombros del PRD.

Se sigue tardando ese partido en presentar un informe detallado de cómo llegó Abarca a ser candidato en Iguala, cómo se llevó a cabo la campaña electoral y cómo se gobernó. La crisis moral no se puede encarar sin el examen público de los antecedentes inmediatos. Al mismo tiempo, es preciso ya anunciar las normas para evitar que se vendan las candidaturas a ricos y riquillos que prometen campañas fuertes pero con recursos ilegales. En tal sentido, se requiere también que las candidaturas a cargos ejecutivos satisfagan un requisito de antigüedad en el partido. Las plataformas tienen que ser concretas y todas ellas deben contener reformas sociales, aunque sean en el ámbito municipal, sin mecanismos ni programas clientelares corporativos. Los gobernantes del PRD deben entregar cuentas al partido en actos de pública, libre y larga discusión. Así también es indispensable anunciar que los grupos internos del partido dejarán de tener finanzas propias, entre otras cosas porque eso es un fraude a la ley. La representación proporcional de los grupos en el reparto de candidaturas legislativas debe vincularse a la aprobación de un examen de conocimientos políticos elementales y del programa del partido. Hay más cambios pero éstos podrían ser urgentes.

Aunque el extravío de la línea política es sólo un percutor de la crisis moral, sí se requiere que aquélla se vuelva cierta, es decir, no admita bruscos e inexplicados cambios según la circunstancia del momento o algún toma y daca. La posición opositora del PRD se debe definir mediante la crítica que contenga propuestas generales y concretas, exigencias y denuncias. Ahora bien, el debate con Morena no se puede ignorar pero hay que tratar que se lleve como un verdadero debate aunque sólo sea de parte del PRD. Examinar ideas y propuestas siempre será ventajoso para la izquierda en lugar de practicar el deporte de las pedradas. Las bases de Morena y el PRD son las mismas.

También es preciso pedir auxilio, pero no a la derecha, los empresarios o la delincuencia organizada del Estado, sino a los intelectuales de izquierda. Para esto se requiere ir al encuentro con ellos, comparecer, entregar cuentas y aceptar la crítica.

Por lo pronto habrá algo nuevo: un debate público entre Cuautémoc Cárdenas y Carlos Navarrete y, quizás, algunos otros miembros del Comité Ejecutivo Nacional. Cuánta falta hacen acontecimientos como éste, pero muchos.

Responsabilidades

Los estudiantes de Ayotzinapa viajaron desde Tixtla hasta Iguala sin que por lo visto ninguna autoridad estatal o federal hiciera un seguimiento de ese desusado movimiento. Cuando fueron reprimidos por la policía municipal y cuando ésta realizó el gigantesco levantón y se llevó fuera de la ciudad a los estudiantes, tampoco estaba un solo agente estatal o federal, ni siquiera un vigía que informara a las autoridades lo que estaba sucediendo. Si esto es cierto o no lo es, de cualquier forma el gobierno del Estado y el gobierno federal tienen responsabilidad en la represión y probable matanza.

Si no dieron seguimiento, están en falta; si lo dieron y no hicieron nada, también están en falta. Así debería entenderse el desempeño de las funciones publicas, en especial en materia de seguridad: la autoridad no puede desaparecerse ni tampoco desentenderse.

El alcalde, José Luis Abarca, que era miembro del PRD, aunque ocasional, había sido antes señalado como posible autor de los homicidios de Arturo Hernández Cardona y dos de sus compañeros, así como integrante de un grupo de delincuencia organizada junto con su cuñado y su esposa. Nada hizo el partido para obligar al gobierno de Aguirre a asumir sus deberes al respecto, lo cual entraña responsabilidad.

Por su parte, el gobierno federal, con su poderoso Cisen entretenido en dar a conocer los videos de la Tuta y en intervenir teléfonos de otros políticos, no pudo en todo este tiempo investigar a Abarca e informar con datos duros al gobierno de Guerrero. Dice Murillo Karam que no le entregaron pruebas, pero éstas deben ser obtenidas justamente por el procurador, según reza la Constitución. Ahora va a resultar que los ciudadanos son quienes deben hacer la probanza. De ser así, que desparezca el Ministerio Público y a ver a cómo nos toca.

Tan luego que se produjo la represión, el secretario de Gobernación declaró que no intervendría el gobierno federal en un asunto local, como antes había guardado silencio sobre la matanza de Tlatlaya. El mismísimo presidente de la República, con ganas de joder a la oposición perredista, se pronunció por la atención local de problemas locales. Para ambos, ya estaba bueno que todos quisieran la ayuda federal mientras en el ámbito local no hacían nada en materia de seguridad pública. Pero, ¿para qué tanto despliegue de fuerzas federales en el terreno? En Iguala, la PF y el Ejército, con suficiente dotación de efectivos, estaban desaparecidos cuando la policía municipal hacía fuego y levantaba muchachos. En el colmo, ninguna autoridad se dio cuenta por dónde se habían retirado las patrullas policíacas con los estudiantes secuestrados. Ahora, Peña declara que va ir, “tope donde tope”, para perseguir a quienes por negligencia permitieron la represión pero él mismo es uno de los negligentes comprobados.

Sí hay responsabilidad de parte del gobierno de Ángel Aguirre y del gobierno de Enrique Peña. Sostener lo contrario sería asumir que la autoridad es intocable por carecer de responsabilidad política. Eso no hay que admitirlo, nunca.

En eso estábamos cuando Ángel Aguirre anuncia, con el respaldo de su partido, una iniciativa de decreto para poner a consulta popular la revocación de su mandato. Es aire puro porque el gobierno asume que puede ser imputado por responsabilidad política, lo cual es clarísimo, y porque la decisión se le deja a los ciudadanos de Guerrero, para lo que se convoca, por vez primera, a un procedimiento de consulta popular revocatoria.

Esta es una forma política democrática de afrontar un problema concreto relacionado con una situación general. El problema concreto es la responsabilidad política en la represión de Iguala mientras la situación general es la forma en que el Estado mexicano hace frente al fenómeno de la delincuencia organizada. Que por vez primera el pueblo se manifieste, sería un invaluable precedente.