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De Iguala a Cocula

La tragedia de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y del asesinato de seis personas, hechos ocurridos en Iguala, se ha convertido en el tema del basurero de Cocula. No se discuten ya los levantones y los homicidios de Iguala sino lo que posiblemente ocurrió en Cocula, mejor dicho, lo que no pudo ocurrir ahí: la incineración total de 43 cuerpos en el breve lapso de una noche.

Tampoco se sabe algo sobre las causas de las desapariciones y de la conducta de la policía preventiva municipal al tratar de detener a los estudiantes. Nada se conoce del paradero del entonces secretario de seguridad pública de Iguala ni de sus posibles nexos con el grupo Guerreros Unidos. Tampoco se comentan hechos concretos que vinculen al entonces alcalde y a la esposa de éste con ese mismo grupo de narcotraficantes, buena parte de los cuales se encuentra en prisión.

La opinión pública carece de dato alguno sobre el negocio de producción, industrialización, tráfico, distribución y venta de derivados de la goma de amapola y otras drogas procedentes de Tierra Caliente, tanto en México como en Estados Unidos, todo lo cual podría estar relacionado con la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa. Nada sabemos tampoco del otro grupo, el rival, se dice, denominado Los Rojos, a pesar de las detenciones de varios de sus jefes.

Mucho menos se ha tocado el porqué los autobuses en los cuales aquella noche se transportaban los estudiantes tomaron rumbo hacia el centro de Iguala en lugar de virar hacia la carretera que conduce a Chilpancingo y a Tixtla. Aún más oscuro está la causa de la vuelta a la derecha que dio casi simultáneamente otro de los autobuses para enrumbarse directamente hacia la carretera, no obstante lo cual, según la verdad histórica de la PGR, sus ocupantes también fueron víctimas de un levantón de la policía municipal.

Los agentes activos y pasivos de estos hechos no han sido relacionados por la autoridad, ni siquiera entre sí. Al menos, ésta no se ha tomado la molestia de explicar algo al respecto. El contexto que se presenta ante la opinión pública es que nada coincide, que se trata de piezas de rompecabezas diferentes. Una obsesión se advierte: dar por hecho que nada tuvieron que ver militares y policías federales.

Los expertos independientes se han trenzado en una mala relación con las autoridades del gobierno y con la PGR al punto de que éstas ya no ocultan su deseo de que aquéllos se vayan y nunca vuelvan, mientras los enviados de la CIDH no aciertan a comunicar si desean continuar su trabajo o ya prefieren irse del país. De cualquier forma, el resultado es que la opinión pública, a estas alturas, nada tiene claro y ya hasta se duda de que haya alguien capaz de explicar bien alguno de los temas imbricados en la tragedia de Iguala.

Si en el basurero de Cocula ardieron aquella noche pocos, muchos o ningún cuerpo; si los posibles cadáveres calcinados en ese lugar corresponden a los estudiantes detenidos en Iguala; si hubo un gran incendio controlado aquella madrugada y si llovió poco o mucho, son aspectos que pudieran ser vistos siempre que se encontraran directamente relacionados con lo básico: ¿qué ocurrió y porqué?

Nos han sacado de Iguala y nos han llevado a Cocula, como dicen que hicieron los narcos con los estudiantes, por veredas oscuras y sin que nos diéramos cuenta, sólo para ocultar lo que sucedió aquella infausta noche y mantenernos en la ignorancia sobre quiénes hicieron cada cosa y porqué, es decir, alejarnos del conocimiento del significado verdadero de los hechos reales.

¿Quién atiende el binomio política-delincuencia?

El Partido de la Revolución Democrática y el Partido Acción Nacional han pedido a la comisión de seguridad nacional del Congreso que promueva ante la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría General de la República el examen del problema consistente en que políticos ligados a la delincuencia organizada obtienen candidaturas y desempeñan cargos de elección popular o gubernamentales. Este fenómeno es viejo pero hasta ahora no se han  producido propuestas institucionales para contrarrestarlo. Alguna vez Miguel Ángel Osorio presentó a los presidentes de esos dos partidos algunas observaciones del Cisen sobre sus respectivos aspirantes a cargos de elección. Pero no existe un sistema, todo es circunstancial.

La PGR ha declarado que no tiene permitido dar a conocer elementos de averiguaciones en curso ni tampoco investigar sin “querella”, es decir, denuncia. Pero entonces, ¿por qué lo hace con irritante frecuencia a la menor insinuación de Los Pinos o de Bucareli? La respuesta brindada al PRD y PAN es francamente desesperante pues denota que al Ministerio Público Federal le importa un comino que haya políticos ligados a los carteles. Sin embargo, lleva a cabo filtraciones a los medios, detenciones ilegales y arraigos cuestionables cada vez que lo decide, es decir, según conveniencias políticas. ¿No conviene prevenir institucionalmente a los partidos, incluyendo al PRI donde forma filas la procuradora? Por lo demás, quizá se equivocaron PRD y PAN al incluir a la PGR en su solicitud a la comisión del Congreso porque ésta con la mayor frecuencia no ata ni desata.

Por ejemplo, Humberto Moreira se gastaba más de 300 mil pesos al mes en España, al grado que la policía le investigó sus movimientos. La PGR lo ha exonerado de todo delito en México, pero nadie ha logrado explicar porqué el ex gobernador de Coahuila gasta tanto en su sustento personal. Y así sucesivamente. Este cuento de que el Ministerio Público tiene a su cargo perseguir al binomio crimen-política no se lo cree nadie en el país. Mas ese binomio es mucho mayor que la llamada infiltración del narco en la política pero cuando esta última surgió hace 70 años todo era tan paradisiaco para los políticos oficialistas que sus vínculos con el narco resultaron naturales. Así lo entendió entonces el Ministerio Público y sigue.

El gobierno federal sigue culpando a los partidos (excepto al PRI, el que más) de sufrir la “infiltración” de la delincuencia organizada. Se ignora con evidentes propósitos políticos que los partidos carecen de instrumentos legales, extralegales o ilegales para investigar a sus propios miembros, a sus aspirantes, a sus candidatos, a sus legisladores, ediles, gobernadores, etc. Pero apenas declara algo la PGR, los dirigentes partidistas se lanzan contra los indiciados (excepto cuando son del PRI), los linchan inmediatamente sin datos precisos de alguna posible relación ilícita, sólo para cubrirse. Aquí la presunción de inocencia es una frase, tal como ocurre en la PGR y con no pocos jueces penales. En  realidad ningún partido por sí mismo está en condiciones de hacer trabajos de “inteligencia criminal”. Sólo el gobierno puede.

Sin embargo, ante esta tragicómica realidad, el gobierno no responde a los llamados a crear un sistema de prevención de uno de los fenómenos asociados a la delincuencia organizada. Si esto ocurre cuando los personajes, es decir, los políticos, están al descubierto, imaginemos lo que sucede con individuos que trabajan de manera clandestina.

Han pasado nueve años desde que se declaró la “guerra” a la delincuencia organizada de fuera del Estado y de la empresa formal. Durante ese tiempo han muerto en esa “guerra” decenas de miles de personas y se encuentran desaparecidas otras tantas. En realidad aquello no tenía ningún plan sino que era el discurso para justificar la presencia de los militares en las calles y para seguir sin buscar tener una policía de verdad y sin corrupción. En el fondo se trata de la renuncia a luchar contra el Estado corrupto que es la base sobre la que descansa el sistema dentro del cual se encuentra el narcotráfico y el binomio política-delincuencia. Felipe Calderón no hizo absolutamente nada para combatir la corrupción dentro del aparato del Estado; al contrario, la fomentó, como ya lo había hecho Fox. Este es el mayor fracaso histórico del PAN, aún mayor que el de sus inconsecuencias respecto de la democracia.

La negativa del gobierno de Peña de colaborar con los partidos para prevenir candidaturas ligadas a los narcos refleja la manera como funciona el Estado corrupto mexicano. Mientras, las mayores tareas del momento son desaforar a Lucero Sánchez, meter a la cárcel a Kate Del Castillo y extraditar a Guzmán Loera.

¿El Islam es terrorista y está en guerra con Occidente?

Carta abierta e impersonal a Norberto Rivera Carrera

El semanario Desde la fe, órgano de la Arquidiócesis Primada de México, ha publicado un editorial (23.11.2015) titulado “la violencia terrorista del Islam”, en el cual se afirma: “… nuestro país pertenece cultural e históricamente a ese Occidente al que el Islam ha declarado la guerra”.

Bajo la conducción de Norberto Rivera Carrera, el arzobispado metropolitano se ha distinguido por brindar opiniones polémicas y generar enfrentamientos de contenido político, pero no había hecho hasta hoy proclama belicista, cuestión por lo demás cuestionable también a la luz de postulados contemporáneos de la iglesia romana. Lo más duro del editorial no consiste en la confrontación de Rivera con el clero al que pertenece sino con el país del que es ciudadano y con el mundo occidental cualquiera que sea la acepción de Occidente a la que él mismo se adhiera.

El Islam no ha declarado ni ha realizado actos de guerra contra Europa Occidental, Estados Unidos y demás países de la misma “pertenencia cultural”. Ni siquiera ha sucedido esto con la otra gran zona cristiana compuesta por los países eslavos, entre otros. Pero, para mayor concreción, ¿hay un “verdadero choque de culturas más que de religiones” como suscribe Rivera?

Dentro de la tesis de la “guerra cultural” entre el Islam y Occidente, expuesta atropelladamente por Rivera en su editorial, no existe el menor análisis de la guerra de Siria, de los 200 mil muertos, musulmanes en su inmensa mayoría, de las intervenciones de las potencias occidentales y de Rusia, así como de otros países de mayoría islámica. Para abordar la “guerra del Islam y Occidente”, Rivera ignora la guerra de verdad, la que ha desangrado a un país entero. También ignora a todo efecto práctico la acción terrorista y más aún los efectos de ésta, las reacciones de varios gobiernos, la suspensión de derechos y libertades, el fomento del racismo y la discriminación, la desconfianza étnica contra los árabes, la intensificación de los bombardeos en Siria, el atentado en la capital de Malí.

 

Rivera expone entre sus pruebas algo atroz: “¿Cómo podemos explicar –escribe– que el Islam no hunde sus raíces en la violencia cuando vemos que sus líderes y jefes se deslindan, a regañadientes, de esos actos de barbarie diabólica, y no se atreven a hacer una condena contundente?” Tenemos un arzobispo que podría estar peor que los cruzados de la Edad Media, los cuales al menos reconocían la pretensión de enriquecerse como parte de las guerras contra el Islam.

 

El arzobispo llega al extremo de echar en cara a los “cinco millones de musulmanes” que viven en Francia el no haber realizado “una marcha multitudinaria condenando sin regateos el atentado”. Al margen del hecho de que las manifestaciones en Francia están prohibidas al menos por el momento, habría que preguntarle a Rivera parafraseando al papa Francisco: ¿quién eres tú para juzgar así a esos millones de franceses sólo porque su religión no es la tuya?

 

Norberto Rivera quiere llevar a México al odio contra el Islam tomando como un simple pretexto el terrorismo yihadista procedente de Medio Oriente y de Europa misma. Vivimos un mundo ya enloquecido de por sí como para tener que inventarnos otro peor por consejo de un arzobispo.

23.11.2015

Iguala: más preguntas que respuestas

Otra vez se abrió el debate sobre la tragedia de Iguala. Gracias a los expertos organizados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el gobierno ha tenido que admitir que debe seguir investigando todo. La cuestión no sólo consiste en lo frágil de la versión de que los 43 estudiantes desaparecidos hayan sido asesinados y cremados en el basurero de Cocula, producto de confesiones de detenidos que no son ya la reina de las pruebas. También existen muchas lagunas, acontecimientos soslayados o de plano ignorados por el Ministerio Público.

En el informe presentado por la comisión creada por el PRD para redactar un informe político sobre Iguala se descalifica la “verdad histórica” de Murillo Káram en varios de sus puntos. La versión del basurero de Cocula no es tratado en ese informe porque todos elementos siguen ocultos para el público y sólo los pudo consultar el grupo de la CIDH. Pero todo lo demás está mal. El autobús que dio vuelta a la derecha al salir de la estación en Iguala. Los autobuses que se siguieron de frente y que fueron atacados por la policía municipal. ¿Por qué? Nada de esto se explica en la “verdad histórica”.

El reporte del PRD también recoge las declaraciones de agentes policiales y estudiantes rendidas ante el Ministerio Público de Guerrero al día siguiente de la tragedia. Ahí se relatan las agresiones de los policías, los muertos, los heridos. Ahí aparece el bloqueo final de la calle por donde transitaban los autobuses a una cuadra de la salida a la carretera y la lluvia de balas que mataron a varios jóvenes. Ahí aparecen los militares y los policías federales. ¿Por qué tanto interés en que no abandonaran Cocula unos autobuses? La PGR no da cuenta de nada de esto.

Más que una explicación sobre los hechos, lo que hizo Murillo en su informe fue un ocultamiento de actos y situaciones. Sobre los militares, el entonces procurador sólo dijo que nadie estaba inculpando a los soldados, lo cual era cierto, pero ¿por qué no explicó que varios militares salieron de su cuartel y fueron a los lugares de los hechos? A la fecha, el mando del Ejército no ha querido dar ningún informe sobre la noche del 26 de septiembre de 2014 y la madrugada del día siguiente. Es como si las fuerzas armadas fueran fantasmagóricas pues no le rinden cuenta a la sociedad cuando se han atropellado derechos humanos. Al respecto, dice la Constitución que la protección más amplia corresponde a las personas cuando se deben interpretar los derechos humanos. Hay que poner por delante a la gente y nunca a entes públicos o privados. No puede haber protección a agentes para que no rindan informes castrenses o de seguridad pública cuando de por medio están los derechos humanos. Esto no lo quiere entender Peña Nieto, lo cual es condenable.

La autoridad está obligada a averiguar todo y a informar todo. No debe ocultar nada. ¿Por qué lo hace? Esta es la pregunta más interesante.

A propósito de los ocultamientos, hay periodistas que les encanta que les oculten información y se enfadan cuando alguien dice que la autoridad no ha dicho todo o que lo dicho es erróneo. Algunos han escrito que el informe de los expertos es falso o probablemente falso, en especial las conclusiones de un especialista en fuegos de apellido Torero. Este perito dijo que no era necesario ir a Cocula pues lo que debía analizar estaba en el expediente que le enviaron. Sin embargo, fue, dijo, a corroborar algunos datos. Su conclusión no corresponde con las confesiones de uno o dos detenidos, pero hay periodistas que defienden la prueba confesional y afirman que en Cocula participaron 100 peritos mexicanos que ahora están siendo rebatidos por un solo perito peruano. ¡Qué ofensa al país!

Responsabilidades

Los estudiantes de Ayotzinapa viajaron desde Tixtla hasta Iguala sin que por lo visto ninguna autoridad estatal o federal hiciera un seguimiento de ese desusado movimiento. Cuando fueron reprimidos por la policía municipal y cuando ésta realizó el gigantesco levantón y se llevó fuera de la ciudad a los estudiantes, tampoco estaba un solo agente estatal o federal, ni siquiera un vigía que informara a las autoridades lo que estaba sucediendo. Si esto es cierto o no lo es, de cualquier forma el gobierno del Estado y el gobierno federal tienen responsabilidad en la represión y probable matanza.

Si no dieron seguimiento, están en falta; si lo dieron y no hicieron nada, también están en falta. Así debería entenderse el desempeño de las funciones publicas, en especial en materia de seguridad: la autoridad no puede desaparecerse ni tampoco desentenderse.

El alcalde, José Luis Abarca, que era miembro del PRD, aunque ocasional, había sido antes señalado como posible autor de los homicidios de Arturo Hernández Cardona y dos de sus compañeros, así como integrante de un grupo de delincuencia organizada junto con su cuñado y su esposa. Nada hizo el partido para obligar al gobierno de Aguirre a asumir sus deberes al respecto, lo cual entraña responsabilidad.

Por su parte, el gobierno federal, con su poderoso Cisen entretenido en dar a conocer los videos de la Tuta y en intervenir teléfonos de otros políticos, no pudo en todo este tiempo investigar a Abarca e informar con datos duros al gobierno de Guerrero. Dice Murillo Karam que no le entregaron pruebas, pero éstas deben ser obtenidas justamente por el procurador, según reza la Constitución. Ahora va a resultar que los ciudadanos son quienes deben hacer la probanza. De ser así, que desparezca el Ministerio Público y a ver a cómo nos toca.

Tan luego que se produjo la represión, el secretario de Gobernación declaró que no intervendría el gobierno federal en un asunto local, como antes había guardado silencio sobre la matanza de Tlatlaya. El mismísimo presidente de la República, con ganas de joder a la oposición perredista, se pronunció por la atención local de problemas locales. Para ambos, ya estaba bueno que todos quisieran la ayuda federal mientras en el ámbito local no hacían nada en materia de seguridad pública. Pero, ¿para qué tanto despliegue de fuerzas federales en el terreno? En Iguala, la PF y el Ejército, con suficiente dotación de efectivos, estaban desaparecidos cuando la policía municipal hacía fuego y levantaba muchachos. En el colmo, ninguna autoridad se dio cuenta por dónde se habían retirado las patrullas policíacas con los estudiantes secuestrados. Ahora, Peña declara que va ir, “tope donde tope”, para perseguir a quienes por negligencia permitieron la represión pero él mismo es uno de los negligentes comprobados.

Sí hay responsabilidad de parte del gobierno de Ángel Aguirre y del gobierno de Enrique Peña. Sostener lo contrario sería asumir que la autoridad es intocable por carecer de responsabilidad política. Eso no hay que admitirlo, nunca.

En eso estábamos cuando Ángel Aguirre anuncia, con el respaldo de su partido, una iniciativa de decreto para poner a consulta popular la revocación de su mandato. Es aire puro porque el gobierno asume que puede ser imputado por responsabilidad política, lo cual es clarísimo, y porque la decisión se le deja a los ciudadanos de Guerrero, para lo que se convoca, por vez primera, a un procedimiento de consulta popular revocatoria.

Esta es una forma política democrática de afrontar un problema concreto relacionado con una situación general. El problema concreto es la responsabilidad política en la represión de Iguala mientras la situación general es la forma en que el Estado mexicano hace frente al fenómeno de la delincuencia organizada. Que por vez primera el pueblo se manifieste, sería un invaluable precedente.

Los inmolados de Tlatlaya

Desde que se dio a conocer la noticia de los hechos ocurridos el 30 de junio de este año en la localidad de San Pedro Limón, perteneciente a Tlatlaya, en el Estado de México, nadie ha podido creer la versión de que en el enfrentamiento armado uno de los bandos resultó por completo exterminado mientras en el otro hubo un solo herido. Según los dichos oficiales, ninguno se rindió, los 22 presuntos agresores decidieron inmolarse.

Esa inmolación es en verdad perturbadora. Pero más perturbador es que los mandos del Ejército la hayan dado por cierta y que lo mismo haya hecho de inmediato el gobierno del Estado de México. No existen informaciones oficiales relevantes como si al asunto no se le hubiera dado trámite alguno a pesar de la muerte violenta de 22 personas. Lo que ha vuelto a poner en los medios el sangriento acontecimiento es la sobrecogedora declaración de prensa de alguien que se dice sobreviviente y madre de una muchacha que resultó muerta. Por su lado, la PGR ha dicho que lleva dos meses y medio investigando algo aunque no dice exactamente qué cosa, mientras que la Secretaría de Gobernación, a cargo de la seguridad, aduce desconocimiento.

En Tlatlaya hubo una matanza, la cual se comprueba con los cadáveres. Lo que tendría que ser acreditado es la legalidad de la acción militar. La autoridad siempre está obligada a dar cuenta de sus actos, a diferencia de los particulares que sólo son intimados bajo especiales circunstancias. En México, sin embargo, la autoridad se ha acostumbrado a no dar cuenta, a eludir su deber. Recordemos la matanza de Aguas Blancas en Guerrero que sólo había generado desoídas protestas hasta que Ricardo Rocha publicó en la televisión un video, en el cual se podía advertir que los hechos habían sido por completo diferentes a los consignados en el parte oficial: los agentes de policía dispararon contra los campesinos sin ninguna provocación.

Ahora tenemos otro parte oficial. Un grupo de soldados iba de patrulla cuando fue agredido con armas de fuego, luego de lo cual se produjo un intercambio de disparos. El resultado fue que los 22 agresores resultaron muertos y se rescataron tres mujeres que estaban en situación de secuestradas. Punto. A partir de aquí sólo habría que esperar la aceptación de la escueta versión oficial con lo que el asunto se convertiría en algo definitivamente cerrado. Ningún medio de comunicación nacional acudió a investigar al lugar de los hechos; sólo lo hizo una agencia internacional de noticias. Nadie en el gabinete de Peña se preocupó. Dice el gobierno de Eruviel Ávila que sólo tiene reporte de un enfrentamiento en Tlatlaya, es decir, que no tuvo que investigar nada sino recibir un comunicado y guardarlo. ¡Así se gobierna en México! Sin embargo, nadie creyó el parte oficial. En realidad, tampoco lo creyeron los generales ni los gobernantes aunque lo dieron por bueno.

No es un asunto en exclusiva de la PGR, como afirma el presidente de la República. Es evidente que el gobierno de Peña Nieto está comprometido en los hechos violentos de Tlatlaya y se encuentra obligado a dar una amplia explicación veraz, tanto porque la autoridad debe dar cuenta de sus actos, lo que ya apuntábamos, como por la gravedad del suceso. Debido a que la versión oficial no es verosímil, las explicaciones tienen que ser exactas y exhaustivas de tal manera que no exista el menor elemento de duda. Pero Peña ya se ha tardado en informar. Su gobierno es responsable de las acciones de las tropas y es también el primer obligado a conocer con exactitud la verdad sobre las mismas. Que el gobierno careciera de una versión comprobada y comprobable sería de suyo una omisión y, por tanto, una falta. Si, por el contrario, el gobierno ya cuenta con dicha versión, es del todo injustificado que no la haya comunicado a la opinión pública.

La disputa por el cuerpo de las mujeres

La respuesta de las derechas a la reforma en la Ciudad de México en el tema de la interrupción voluntaria del embarazo ha sido fuerte y bien organizada. Se han adicionado las constituciones de 17 estados para sustentar que “desde el momento en que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley y se le reputa como nacido”. Este texto ha sido objetado por una mayoría de siete ministros de la Corte pero no fue declarado inconstitucional pues para ello se requieren ocho votos. No obstante, se insiste ahora en Nuevo León. El factor determinante en esta contraofensiva es el oportunismo del PRI, pues al PAN se le conocen sus viejas y anacrónicas concepciones morales y su falta de respeto al Estado laico.

En Guerrero, en cambio, se busca replicar la reforma del DF y así abandonar la estigmatización de las mujeres que abortan. La penalización de la interrupción voluntaria del embarazo no sólo amenaza con llevar a la cárcel a quienes tomen esa decisión sino que también es un soez acto de repudio contra las mujeres y una execrable declaratoria de que ellas no son dueñas legítimas de su propio cuerpo, el cual –bajo esa idea—debe estar resguardado y vigilado por legisladores, policías, fiscales y jueces.

La penalización del aborto está relacionada con la sexualidad de las mujeres. Si se tiene un embarazo no deseado, la mujer se encuentra obligada por ley a ser madre. Es así como se reitera el muy antiguo concepto de que las mujeres tienen el deber de ser madres y que tal función es suprema, es decir, se encuentra por encima de cualquier otra noción, en especial, de su propia libertad. Con esto, el artículo cuarto de la Constitución carece de vigencia. El tipo penal del aborto es, por tanto, discriminador pues ubica a las mujeres en el papel que les ha sido asignado dentro las denominadas relaciones desiguales de género que, se supone, deben ser combatidas en los parlamentos, para lo cual se han formado comisiones especializadas, pero desde donde –hace tres días en Guerrero–, contradictoriamente, se fomenta la discriminación y se apoya la regulación estatal del inicuo sitio social que se les impone a las mujeres en general.

Todo lo anterior se agrava cuando la penalización del aborto voluntario orilla a mujeres embarazadas a la clandestinidad. De esta forma hay dos puniciones: la cárcel y el daño a la salud o la muerte, en especial si se es pobre, con lo cual se implanta una adicional discriminación de clase.

Bajo la ideología imperante en el poder, el castigo prescrito en la ley es una forma de defender una moral cuestionada por la realidad social pero también es un medio de esconder la conducta prohibida, la desobediencia, es decir, de mantener ocultos los abortos con el propósito de que no se conozcan. Esa hipocresía es algo propio de la derecha a quien no le importan las perversas consecuencias.

La izquierda de cualquier tendencia o grupo no debe hacerse cómplice de esa discriminación, opresión y negación de libertad. El programa del PRD reivindica el derecho de las mujeres a disponer libremente del cuerpo propio y, por tanto, se pronuncia a favor de la despenalización del aborto voluntario antes de las 12 semanas de embarazo. Es indefendible que militantes de izquierda traten de impedir reformas legales cuyo objetivo es contrarrestar esa fijación punitiva que consiste en que la mujer que aborta debe ser castigada mediante su encarcelamiento. Al respecto, no hemos escuchado de algunas y algunos más que simples pretextos para objetar la libertad de las mujeres en aras de una moral fuera de tiempo.

Sí, hay una disputa por el cuerpo de las mujeres. Es preciso erradicar de las leyes todo aquello que lo embarga a favor del Estado y reivindicar que sólo pertenece a cada cual.

Cauda de violencia y corrupción

El Chapo Guzmán es presentado como uno de los causantes de una gran cauda de violencia y corrupción. Sin embargo, no ha sido ese capo el promotor original de tantos asesinatos, secuestros, robos, extorsiones, mordidas y demás delitos que vienen en la cauda de la prohibición del narcotráfico y que han causado mayores daños que las drogas no permitidas.

Hay aquí un error criminológico. La producción y comercio de drogas se corresponden con una demanda del todo ajena al terreno delictivo. Mas al hacer del narcotráfico un delito, se involucra a millones de personas directa o indirectamente en actos ilegales y se añade una lacra: la corrupción. ¿Quién es la víctima de la producción y el comercio de enervantes? Se dice que la sociedad por prescripción médica, pero en realidad esta respuesta se ha promovido para que el Estado se ahorre tener que realizar un auténtico control sobre esas actividades, porque de lo que se trata es de que no se vean aunque persistan. El Chapo es un verdadero delincuente por los asesinatos, lesiones, robos, extorsiones y secuestros que ha cometido, pero gran parte de la sociedad no considera al narcotráfico como una conducta antijurídica. Todos aquellos delitos se han derivado de otro que no lo debería ser dentro de una juridicidad estricta. No hace tanto tiempo que Gran Bretaña le hizo la guerra a China para obligar a este país a comprar el opio que los colonialistas producían en India. Ahora estamos al revés: los gobiernos le hacen la guerra a los comerciantes de drogas para mejorar la estética de sus sociedades y evitar tener que asumir funciones de regulador y ordenador de mercado.

Vivimos una anomalía impuesta al capitalismo por parte de muchos gobiernos y de sectores sociales influyentes en el poder público. El sistema económico capitalista no admite la imposición de prohibiciones mercantiles más allá de simples regulaciones contra prácticas monopólicas y otras normas que tienden a organizar ofertas y demandas. El uso de la ley penal para prohibir de plano actividades que por su naturaleza corresponden a la anarquía del capitalismo, con la cual opera todo el sistema, no logra el objetivo prohibicionista sino que promueve una cauda de violencia y corrupción. El capitalismo es el sistema que más hace depender todas las relaciones sociales de la economía y es el más anárquico de la historia. Quizá por ello podría llegar a ser el de menor duración.

El Chapo ha caído, pero no bajará el trasiego de cocaína hacia Estados Unidos. Sí, ha sido un golpe contra una trasnacional (como las hay varias), pero la prohibición seguirá y, con ella, la cauda de violencia y corrupción.

El Chapo cayó porque la DEA le dijo al gobierno mexicano dónde se encontraba. Dígase lo que se diga, el jefe narco fue detenido gracias al espionaje de la DEA en México, pero Peña lo considera un triunfo de las instituciones mexicanas, aunque todo mundo sabe que los infantes de Marina sólo fueron a atrapar al sujeto geolocalizado por una institución estadunidense, bastante tarda, por lo demás, pues pasaron 13 años para dar con el paradero del reo fugado en las narices de Fox y Creel. En realidad, la fuga y los muchos años de evasión son un fracaso, pero la captura ha sido utilizada para la manipulación política.

Otros muchos capos también caerán, con la DEA o sin ella, algún día. Sin embargo, eso no será solución. El comercio ilícito de drogas continuará, se regenerará cuantas veces sea necesario, y una parte de la sociedad seguirá sufriendo la cauda de violencia y corrupción que genera el acto de Estado que ubica a ese comercio y al uso personal de drogas sobre el terreno del crimen.

Los caballeros pobres…

La Orden de los Caballeros Pobres Guardianes de las Ruinas del Templo del Rey Salomón (monjes cristianos conocidos como templarios) se dedicaba a vender protección a los comerciantes cuyas caravanas atravesaban Medio Oriente para ir y venir de China y otros lugares lejanos de Europa. Esa orden monástica regresó a Francia y otros países cargada de oro en calidad de prestamista de la corona, la Iglesia y la nobleza hasta que el rey francés y el sumo pontífice romano se pusieron de acuerdo y la liquidaron en un par de días acusándola de querer crear un Estado independiente y, lo peor, de practicar la sodomía.

Nuestros templarios rechazaron a Los Zetas en sus delitos de extorsión y secuestro levantando la bandera de la defensa de La Familia michoacana. Al tiempo, se dividieron por causa de algunos díscolos en la guerra contra Los Zetas, pero cayeron en los mismos ilícitos como una forma de ampliarse, es decir, con el método de reclutamiento aprendido de sus maestros, Los Zetas.

Ahora tenemos a los grupos de autodefensa que se han levantado en armas contra Los Templarios y denuncian al gobierno como cómplice de éstos, frente a lo cual no hemos tenido los suficientes desmentidos. Sin embargo, parece que las autoridades federales se han decidido a dar una lucha contra la banda delincuencial de Los Templarios, que azota con demasiada rudeza a ricos y pobres de varias regiones de Michoacán, para lo cual tienen una alianza inestable con las autodefensas.

Mientras, se ha iniciado una discusión sobre los grupos de autodefensa. Algunos dicen que son producto de un hartazgo y de un financiamiento adecuado al objetivo de derrotar a Los Templarios. Otros dicen que son las autoridades quienes los promueven. En cualquiera de las dos versiones lo que resalta es que el gobierno solo no pudo o no quiso lanzarse contra Los Templarios y que las autodefensas parecen ser más eficaces al menos para poner a muchos caballeros en fuga. ¿Acaso el gobierno nunca supo cuáles eran los predios expropiados por Los Templarios? ¿Acaso la autoridad no conocía las casas de los jefes de esa gran banda que han sido ocupadas por las autodefensas? ¿Acaso durante el sexenio anterior y parte de la actual administración no se sabía con precisión de qué manera entran los precursores de las anfetaminas por los puertos de Lázaro Cárdenas y Manzanillo y dónde están los laboratorios? ¿Acaso no se sabe ahora por dónde andan los jefes templarios que tanto prometieron a la gente y que tanto daño han causado? Los Templariosobligaron a muchos en Tierra Caliente a votar por el PRI y eso lo sabe todo mundo.

La discusión sobre el carácter fallido del Estado mexicano es un extravío cuando no se analizan los fenómenos sociales que jamás podrán ser regidos enteramente por la autoridad, mucho menos cuando ésta ha sido estructuralmente corrupta. Si de veras se quiere analizar eso del Estado fallido, ha de ser necesario abordar el fenómeno de fondo: su carácter corrupto, que no lo hace fallido, sino por entero exitoso en sus términos y objetivos.

En Michoacán, Guerrero y otros lugares las cosas no están claras. Nunca sabemos dónde empieza la acción de la llamada delincuencia organizada y dónde la del Estado corrupto. Lo que sí sabemos de cierto es que la crisis de violencia delincuencial en México no hubiera sido posible sin ese carácter del Estado, el cual no habrá de desaparecer sólo por una u otra reforma de ley, pero acaso tampoco con el surgimiento de grupos de autodefensa que pueden terminar en las redes de la corrupción pública. ¿Quién destruirá al Estado corrupto? Sólo una amplia mayoría popular. Ese sigue siendo el trabajo que debe culminar con un cambio hasta de la manera de caminar de todas las autoridades del país, es decir, con una completa limpia del Estado.

Investigación

El Ejército ha venido solicitando que el Congreso le otorgue facultades de investigación de ilícitos penales. Lo hizo anteayer en público el secretario de la Defensa y, por lo que se observa, esa campaña va a seguir. El Poder Legislativo cometería un error grande y de difícil reparación si acepta esa propuesta.

La investigación de los delitos está a cargo de autoridades civiles. Hasta hace poco sólo podía legalmente hacerlo el Ministerio Público y, ahora, también la policía, aunque se dice que bajo la conducción y mando de aquél (art. 21). Ésta es una función eminentemente civil, las fuerzas armadas no han sido hechas para eso por más que investiguen y espíen en tanto el gobierno les encarga que lo hagan ante su propia inoperancia o flojera. Sería cuestión de conceder esta facultad constitucional al Ejército y la Armada para que nunca la dejen, para que su intromisión en la persecución de los delitos se haga parte integrante del sistema político y judicial del país de manera permanente. Pero, además, sería contrario a los tratados de derechos humanos firmados por México, los cuales ya forman parte de la Carta Magna (art. 1).

La guerra declarada por Felipe Calderón contra el llamado crimen organizado no era tan nueva como él decía, sino una continuidad ampliada de actividades castrenses en esta materia. Pero de cualquier forma el argumento para hacer esa guerra siempre fue la incapacidad de las autoridades civiles tanto federales como locales, la cual —se supone— puede ser superada con una mejor y disciplinada policía civil, por lo que se han construido y rehecho cuerpos policiales. Otorgar a los militares la función de investigar delitos sería convertir al Ejército en la principal institución ministerial y policial del país con mandato indefinido, es decir, permanente.

Dice la Constitución que en tiempos de paz las autoridades castrenses sólo pueden ejercer funciones exactamente conectadas con la disciplina militar (art. 129), lo cual fue incorporado por el constituyente revolucionario, integrado por no pocos militares, para subrayar el carácter civil del poder del Estado y poner límites claros al Ejército. ¿Debe esto cambiar? ¿La crisis de violencia delincuencial debe llevar al Estado a revisar uno de sus compromisos históricos? Creo que el general secretario se está dejando llevar por la coyuntura nacional, pero está olvidando la naturaleza republicana del sistema político. Sería fácil decir que sí y luego vemos qué pasa, pero sin duda lo que ocurrirá no irá en el sentido de garantizar el carácter civil del poder público.

Es de entenderse que las órdenes que imparten las autoridades federales civiles a los militares para que intervengan en la investigación y persecución de delitos están fuera de la ley y lesionan a las fuerzas armadas y las exponen a consolidar su actuación como algo ilegal, pero sería mucho peor que la Constitución les otorgara a los militares funciones civiles permanentes, lo cual terminaría también por perjudicar más aún al Ejército y la Armada.

Creo que el Ejército debería usar su influencia en el gobierno para que éste cuente con una política criminal de verdad, para que empiece a contrarrestar a las mafias y empresas delincuenciales con políticas públicas y para que se desarrollen sistemas policiales civiles con servicios de inteligencia que sean en verdad inteligentes. Pasan los años y esto no se hace. Se entiende la desesperación de los militares, pero las bases republicanas no deben deshacerse a la desesperada.