El gobernador del Banco de México, quien aseguró cuando era secretario de Hacienda que la gran crisis sería para México un “catarrito” (estigma que lleva desde entonces pero que no le ha perjudicado en absoluto); quien discutía por ese entonces en sesiones legislativas cuánto iba el PIB a incrementarse durante aquél año mientras todos los demás debatíamos cuánto iba a decrecer; quien disfruta de ajustar a la baja sus pronósticos de crecimiento porque siempre anda soñando en algo; bien, pues ese mismo Carstens dice que las reformas de telecomunicaciones, laboral, energética, educativa, y no sabemos cuántas más que están en la lista de reformas estructurales, llevarán a México a un crecimiento mayor que la media mundial o algo por el estilo, por lo menos –eso lo dijo—a crecer más que la lenta “locomotora” de Estados Unidos.

Siempre he creído que ningún otro país en el mundo se atrevería a contratar a Carstens porque se equivoca demasiado. Esas equivocaciones recurrentes se deben a la subordinación intelectual y política a la que él mismo se ha sometido como funcionario: ha servido a dos partidos y lo ha hecho de la misma manera, siguiéndoles el paso. Si estuviera en el FMI haría lo mismo pero respecto de otros dueños.

La reforma de telecomunicaciones no será un campanazo de crecimiento de la economía nacional ni está pensada de esa forma. De lo que se trata de es abrir a la competencia un sector altamente monopolizado pero que no va a tomar un liderazgo porque el país no está en condiciones de responderle con suficiente demanda debido al patrón de distribución del ingreso. Los sectores con fuerte capacidad de exportación son los que pueden crecer más en un país donde el mercado interno sigue deprimido. Telecomunicaciones tiene al respecto sus grandes limitaciones.

La reforma laboral ha sido un fiasco en términos de sus mismos impulsores, entre ellos, naturalmente, Carstens, por lo cual no vale la pena siquiera explicar porqué no sirve para aumentar producción y productividad y ni siquiera trabajo formal precario.

En cuanto a la reforma petrolera, esa sí que está pensada para vender crudo al exterior y traer los dólares que dejaron de llegar con la declinación de Cantarel. Pero como se trata de aumentar la producción petrolera con el apoyo principalísimo de las trasnacionales, la parte del león se la van a llevar tales empresas. Y hay más: la dependencia mexicana de la inversión extranjera ya no se ubicará sólo en la especulación financiera y la industria manufacturera sino en la producción de crudo, petroquímica y gasolinas. Poner a otros a sacar el petróleo y transformarlo, en lugar de hacerlo uno mismo, pudiéndolo hacer, le parece al gobierno y a su seguro servidor, Agustín Carstens, como óptimo, por eso la energética es la reina de las llamadas reformas estructurales.

En cuanto a la educación que, al parecer, le importa mucho a Carstens, hay que decir simplemente que la reforma está por hacerse, que hasta ahora tenemos una reforma administrativa del sistema de educación básica. En cuanto al nivel superior, el estancamiento cuantitativo sigue siendo una limitación, esa sí, estructural, ya que México, con 27 por ciento de acceso de los jóvenes a las universidades, se encuentra en el hoyo mundial.

¿Hasta cuando vamos a ver como algo normal que los pronósticos económicos se hagan con diferenciales inmensos y, al cabo de unos meses, se ajusten aún por debajo de la cifra mínima del estimado inicial? Lo que ocurre en México es que los pronósticos se hacen por consigna: el Banco de México y el INEGI no son instituciones del Estado sino oficinas de gobierno.

Es un tanto cuanto chistoso que se discuta si el país está creciendo o no cuando en realidad el estancamiento es evidente. Más que eso, lo que se requiere debatir es porqué la economía no se expande. Los empresarios, claro, consideran dos factores: el incierto gasto del gobierno y la reciente reforma al impuesto a la renta. El gobierno, claro, dice que las cosas se están preparando para la segunda mitad del año, pero ¿cuáles serán esas cosas? Eso mismo dijo el año pasado respecto al actual.

Parece que no se quiere entrar al análisis del campo de las inversiones, es decir, de la estrechez de éste. Cualquiera entiende que para invertir productivamente se requieren empresas viejas o nuevas pero es indispensable que exista un campo para hacerlo, una ampliación de mercado potencial, unas condiciones mediante las cuales sea posible realizar el valor de las mercancías y los servicios. El mayor problema económico de México es que ese campo se ha venido estrechando debido a dos factores: la baja capacidad adquisitiva real de los salarios y de las percepciones de trabajadores sin patrón, por un lado, y el escaso gasto gubernamental, por el otro.

La política salarial no podría ser peor que la actual. Frente a pérdidas históricas de los salarios reales, el gobierno tiene un acuerdo de acero con la patronal para mantener la tendencia hacia la reducción. La tesis básica es que la economía requiere fuerza de trabajo barata para competir con el mundo y para sostener la tasa media de ganancia. Sin embargo, en el pecado han llevado la penitencia: el mercado interno se sigue deteriorando mientras que las exportaciones han tenido vaivenes al ritmo de la economía estadunidense de la cual dependen.

El Congreso ha brindado dos reformas para aumentar el gasto público: una mayor progresividad en el impuesto a la renta y una autorización para contratar más deuda pública. Sin embargo, el gobierno no emprende un programa de inversiones productivas, todo va a paso de tortuga, existe titubeo porque no hay claridad en objetivos ni seguridad en los proyectos.

La vieja política económica se mantiene en su grandes trazos, pero ésta no sólo corresponde al gobierno, como se supone, sino a la actitud de los grandes empresarios, los cuales defienden sus inmensos privilegios monopolistas sin importarles mayormente la expansión del mercado y del campo de las inversiones. Acostumbrados a tasas muy altas de ganancia, prefieren los reductos y sólo realizan las inversiones que se encuentran a la altura de los beneficios que ya obtienen. Hasta aquí, el gobierno no hace nada.

Como no se quiere modificar de fondo la política económica, entonces se viene hablando de las reformas estructurales que nos llevarán, se dice, al crecimiento rápido y cómodo para todos. Eso ya es una cantaleta sin sentido. La más importante reforma al respecto sería la de energía, la cual no cambiaría la estructura en la que se basa el estancamiento de la economía ni sería una forma de ensanchar el campo de las inversiones: el petróleo ya tiene mercado, es cuestión de alumbrarlo y venderlo, lo cual se puede hacer con la empresa estatal como se ha hecho hasta ahora. Así que no se está hablando de una reforma económica que promueva el crecimiento y mucho menos una redistribución del ingreso.

Mientras tanto, las salidas de capital-dinero hacia el exterior siguen en su apogeo. Si no hay dónde invertir en el país, el dinero se coloca en el extranjero pues aunque el rédito esté bajo siempre es más seguro. No hay un problema de falta de capital acumulado sino de la manera de colocarlo.

En lugar de discutir si hay recesión o estancamiento, es preciso emprender un debate sobre las reformas económicas para promover el crecimiento y defender la capacidad adquisitiva de los ingresos de la mayoría.

Muchos gobernantes violan la Constitución y no pocos lo hacen todos los días. El Congreso, por su parte, se sigue negando a expedir la ley reglamentaria del penúltimo párrafo del artículo 134 constitucional y a cumplir con el último párrafo del mismo precepto, el cual dice que debe haber leyes que incluyan sanciones a quienes violen la prohibición de realizar propaganda personalizada de servidores públicos.

 Hubo prisa para expedir la nueva legislación electoral pero han transcurrido años en los que el texto constitucional que impide la propaganda de los gobernantes ha sido letra muerta. Si no se han expedido una ley federal y 32 leyes locales al respecto es sencillamente porque la mayoría de los políticos se niega a respetar la Constitución. Es difícil encontrar otro país como éste.

 Los fondos públicos no deben servir para que los gobernantes hagan propaganda de sus personas, pero sin tales recursos esos mismos gobernantes no podrían aparecer en los medios en la forma en que lo requieren para sus personales propósitos. Los lectores de periódicos tenemos que ver diariamente las fotografías de gobernadores que se han vuelto adictos a publicar sus propios rostros por cuenta de los contribuyentes, acompañados de horribles ditirambos.

 En una ocasión, dentro del frustrado Pacto por México, le dije al gobernador de Veracruz que él violaba la Constitución todos los días. Había en la reunión unos quince gobernadores, muchos de los cuales también lo hacían aunque no tanto. El secretario de Gobernación, ahí presente, no dijo nada, aunque se supone que su cargo le obliga a hacer respetar la Carta Magna. Antes, había yo presentado quejas contra varios gobernadores de diversos partidos por la propaganda personalizada gacetillezca que pagaban en muchos medios durante el reciente proceso electoral federal (expresamente prohibida por el Cofipe), pero el IFE se negó a hacer una investigación (sólo preguntó a los medios si las gacetillas eran pagadas y le respondieron que no). Luego, en la apelación, el Tribunal Electoral resolvió que como yo no era ya consejero del Poder Legislativo en el IFE carecía de capacidad para impugnar la resolución a pesar de haber sido el quejoso original en el ejercicio de una prerrogativa ciudadana. Esto sí que es kafkiano, estrictamente.

 También presenté una iniciativa de ley en el Senado pero los y las colegas del PRI y el PAN no quisieron ni leerla. Pocos quieren hablar de este problema porque quema, pero sobre todo porque una ley reglamentaria limitaría la publicidad inconstitucional que no sólo aparece en los diarios y revistas sino también en los medios electrónicos. Anteayer, en el flamante INE, nadie pudo hacer nada con una queja sobre esta clase de propaganda porque no están distribuidas en ley las facultades de sanción ni las sanciones concretas.

 No se trata sólo –hay que decirlo– del Congreso de la Unión sino de las legislaturas de las entidades federativas que han incumplido el mandato constitucional de legislar en esta materia. Habría que agregar que el Ejecutivo Federal y los gobernadores podrían haber presentado iniciativas al respecto pero no lo han hecho. Es cierto que no están obligados, pero con proyectos propios podrían llamar la atención a los órganos legislativos que se hacen los dormidos. Mas estamos en México y no se trata del cumplimiento del deber sino del uso del poder para sacar provecho porque el poder no sólo comprende el hacer sino el dejar de hacer aunque la Constitución rija (pero no se cumpla). ¿Dónde está la ley de réplica y la de sueldos de servidores públicos? Tampoco se han querido aprobar.

 Esta es una muestra de lo que significa en México la muy escuchada frase de “Estado de derecho”.

En la respuesta del gobierno a Alfonso Cuarón se advierte la estrategia de anclar a México como importante exportador de petróleo crudo. El gran reservorio mexicano es el Golfo y hasta ahí quiere el gobierno de Peña llevar a las trasnacionales a explorar, perforar y extraer el aceite que se pueda vender en el mercado internacional cobrando sólo una renta a empresas concesionarias, ya sea a través de contratos de producción compartida o mediante licencias. Este es un error contra el país.

Vender crudo es preciso mientras no se puede técnicamente hacer otra cosa. Pero transformar el aceite y el gas es una actividad que brinda más ventajas, entre ellas, una mayor generación de excedentes, la industrialización del país, la preparación de fuerza de trabajo y el aumento del empleo doméstico. Sin embargo, la petroquímica mexicana fue un proyecto que se perdió en las redes de la imbecilidad y la corrupción.

Para seguir en la idea de vender crudo, el gobierno de Peña quiere otorgar contratos y licencias al capital privado extranjero sin detenerse en analizar que la industria nacional es la única base para impulsar la producción de derivados con el propósito de dar sustento al crecimiento de la economía y desarrollar una ingeniería propia.

Varios países que nacionalizaron su industria petrolera avanzaron hacia la petroquímica en tanto invertían en la exploración que hace sostenible a aquélla. Sobre esta base, se crearon complejos industriales y se llevaron a cabo investigaciones y desarrollos propios. Pero México ha sido un fracaso en la materia y el gobierno de Peña quiere que lo siga siendo.

Sin embargo, nuestro país puede dar un viraje en materia de industria de petróleo, gas, refinados y derivados. Es verdad que son muy grandes las necesidades internas de gasolinas y petroquímicos pero esa es una razón de más para emprender la industrialización sin renunciar a las exportaciones. No obstante, los sucesivos gobiernos del PAN y del PRI se cerraron a considerar toda prospectiva en esta materia y no se ocuparon más que de ingresos inmediatos para el financiamiento del gasto en un país donde la recaudación es muy débil al ser una especie de paraíso fiscal de toda clase de inversionistas y grandes empresas nacionales y extranjeras.

Uno de los problemas de México es que mientras produce la materia prima, compra el bien industrializado por otros. De esa manera, se interrumpe lo que se denomina cadena de valor y el país regresa a la calidad de proveedor de lo que vale menos y comprador de lo que vale más: sus recursos son expoliados. Este fenómeno es una de las bases del imperialismo tal como se le empezó a estudiar desde principios del siglo XX, pero no se trata ya de una imposición desde fuera sino que ahora es una decisión tomada desde dentro como si la historia tuviera que echarse atrás para que los gobernantes pudieran hacer política repartiendo dólares fáciles a costa del desarrollo de sus propios países.

Eso es lo que busca Peña. No existe un programa para industrializar el crudo en el país sino para extraer lo más que se pueda en el menor tiempo posible, todo lo cual –se supone—sólo pueden hacerlo las trasnacionales con su maravillosa tecnología en aguas profundas. Tal política podría funcionar en forma perversa para un partido que quiere mantenerse en el poder pero es funesta para un país que, para progresar, requiere producción, productividad, empleo mejor remunerado y mayor gasto social.

He aquí una de las grandes diferencias entre el plan de Peña en materia de energía, aprobado por el Congreso con la entusiasta participación del PAN, y el proyecto presentado por la izquierda y rechazado por ese mismo Poder Legislativo.