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Acerca de Pablo

Diputado Federal por el distrito 23 de Coyoacán, CdMx. Miembro de Morena

Trump, de las amenazas a los hechos

Nadie en el mundo podría concluir que las caravanas de migrantes centroamericanos con rumbo a la frontera con Estados Unidos conforman una «emergencia nacional». Millones de personas sin visa buscan cada año pasar esa frontera, por lo cual, emergencia no es.

Tampoco se trata de una simple maniobra electoral, muy adelantada porque resta más de un año para la elección presidencial.

El problema consiste en la lucha política que llevan a cabo en Estados Unidos los grupos más defensistas, encabezados por el actual presidente con su lema «primero USA» y «hacer grande a USA».

Aunque los demócratas son más reacios al libre comercio con México, Trump ya dio por cerrada esa negociación y ahora quiere dos cosas: el dinero para terminar y reforzar el muro fronterizo y la colaboración del gobierno mexicano para detener a migrantes centroamericanos y para recibir a los solicitantes de asilo que logran pasar la línea o el río en busca de ingreso legal a Estados Unidos.

Lo que quiere Trump no puede ser concedido. El Congreso no va a aprobar los fondos requeridos y seguirá combatiendo la decisión presidencial de apropiarse de otros fondos para desviarlos hacia el muro fronterizo. México, por su parte, no dará un golpe de timón en materia migratoria ni firmará un convenio de «tercer país» para hacerse cargo de los migrantes no mexicanos que pisan territorio estadunidense.

Algo podría, sin embargo, obtener Donald Trump con sus resoluciones presupuestales y sus amenazas de «cerrar la frontera» y, ahora, de imponer un arancel extraordinario de 25% a las importaciones de automotores procedentes de México.

Quizá el mandatario estadunidense no sabe de cierto lo que pueda obtener al final de sus actuales confrontaciones, pero sabe que algo tendrá que ser. Que no prosperen, por ejemplo, los recursos judiciales contra sus inconstitucionales decisiones presupuestales, por un lado, y que México acepte mayor cantidad de centroamericanos en su territorio en espera de la resolución sobre su solicitud de asilo, por el otro.

Es por eso que el tono sube y baja sólo para volver a subir. Las amenazas de Trump tienden a poner nerviosos a sus interlocutores. No obstante, la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes y el gobierno de México han aguantado bien las arremetidas verbales de Trump.

Sin embargo, la Casa Blanca está probando suerte con medidas administrativas que hacen que algunos pasos fronterizos se hagan más lentos por falta de suficiente personal. Esta situación no es ya una declaración delirante, como la del cierre total de la frontera, sino un acto muy concreto para ir incorporando a otros actores en una posible escalada de crisis fronteriza. Ahora ya están en el problema importadores y exportadores de ambos países que pueden presionar a los diputados en el Capitolio y al gobierno mexicano.

Con un arancel a los automotores procedentes de México se trataría de provocar una reacción equivalente y, de esa forma, una escalada, la cual ya no se limitaría al tema migratorio sino que sería un problema comercial y, por tanto, industrial.

Hasta el momento, López Obrador no ha caído en las provocaciones de una parte de la prensa mexicana y de un segmento de la oposición política que le exigen rechazos verbales a las amenazas de Trump. Pero las cosas se pondrían un tanto más complicadas si el presidente de Estados Unidos lleva a cabo una escalada, pero ya no de frases sino de decisiones administrativas y comerciales tan reales como duras.

Una guerra comercial no puede ser llevada a cabo por México. Las agresiones que en esta materia puedan ser emprendidas por Trump no tendrían para qué provocar respuestas a la medida de parte de López Obrador, ya que eso sería justamente entrar al juego en el que la Casa Blanca se sabe ganadora.

Por parte de los demócratas en el Capitolio tampoco habrá una defensa militante de las importaciones mexicanas. Por tanto, si Trump convierte sus delirantes amenazas en actos de agresión comercial, México se va a ver solo, por lo cual se requeriría la más amplia solidaridad interna, una especie de inmunidad fundada en la lealtad nacional.

Empezar a pelear internamente sería una fuerte carta de victoria del gobierno de Trump.

La pugna sobre el trabajo docente

El centro de la reforma al artículo 3º de la Constitución vuelve a ser el carácter del trabajo docente. Este tema oscurece el debate más general sobre el sistema educativo. Por ello, es preciso concluirlo pronto.

El punto es cómo se organiza el ingreso y la promoción a la carrera magisterial. La reforma de Peña Nieto montó un aparato de inspección, premiación y sanción sobre cada maestro y maestra. No era un sistema para evaluar colectivos y reformar contenidos y métodos, como se dijo, sino de reestructuración administrativa para aplicar una típica receta neoliberal basada en la competencia individual, con el máximo esfuerzo, para obtener mayor utilidad.

La nueva reforma que se procesa en el Congreso postula que el ingreso, la promoción y el reconocimiento de los maestros y directivos se base en procesos de selección marcados por la ley sin que éstos se encuentren vinculados a la permanencia de los maestros y maestras en el empleo. Es decir, que la legislación no sea punitiva ni el sistema sea vertical.

La cuestión consiste entonces en que los sindicatos no podrían proponer candidatos a ingresar a la docencia o a desempeñar puestos de dirección y de supervisión. Se crearía, por tanto, un derecho académico-profesional, paralelo a los derechos laborales. Desde luego que va a existir un cruce conflictivo entre ambos derechos, como ocurre en las universidades autónomas, pero no es aceptable seguir con la gremialización de la academia, mucho menos cuando predomina un sindicalismo corrompido.

Las instituciones de enseñanza superior no han estado a salvo de burocracias académicas que administran el ingreso y la definitividad de profesores e investigadores, pero al menos no se advierte un comercio de plazas como el que se produjo en el sistema educativo básico.

Crear una nueva ley para definir las instancias y procedimientos de ingreso, promoción y reconocimiento alcanzaría justificación plena sólo si se incorpora la participación de los maestros y maestras, es decir, si se construye un sistema democrático y horizontal. Como instancia burocrática, al estilo de la reforma de Peña Nieto, la carrera docente estaría destinada a ser de nuevo totalmente instrumental, sin relación sustantiva con el proceso educativo visto en su conjunto.

La CNTE tiene razón en temer que con una nueva ley se siga sin incorporar al magisterio en los diversos procesos de selección. No hay, por el momento, manera de convencer a esa organización sindical, o a cualquier otra, que se trata de lograr que los educadores como tales vayan reasumiendo la función propiamente educativa y propiciar que los sindicatos ejerzan bien su carácter de organizaciones democráticas de defensa laboral.

En otras palabras, no es aceptable que una burocracia política controle el sistema de ingreso y promoción, pero tampoco se puede consentir que los líderes sindicales –la otra burocracia— sigan gremializando el sistema educativo nacional.

Si la desconfianza principal consiste en el contenido de una nueva ley que habrá de expedirse en los próximos meses, nada de lo que se redacte en el actual proyecto de reforma constitucional podría superar por completo los temores al respeto.

En el estira y afloja de los textos del articulado podría avanzarse en los próximos días e, incluso, en la revisión en el Senado, pero la desconfianza no desaparecerá. La política en México ha sido conducida con engaño, mentira, alevosía, ilegalidad y cinismo. Pensar que, con el reciente cambio, la impronta del sistema político mexicano se ha adelgazado como para ser sustituida por un ambiente generalizado de lealtad, honradez, transparencia y legalidad, es sin duda un buen deseo, pero de seguro algo así ha de tardar años de arduo esfuerzo.

Mientras tanto, será indispensable que la nueva ley reglamentaria de la carrera docente, al ser expedida, contenga ya un cambio democrático en la política de admisión y promoción del magisterio. Algo que en verdad aporte al gran tema de la transformación de la escuela mexicana. Los educadores profesionales son quienes deben educar, pero, para esto, ellos deben alcanzar conciencia de tales.

Entonces se habrá de reformar otra vez el artículo 3º, con el fin de sentar ahí la base de una nueva organicidad de la conducción del proceso educativo a partir de los educadores y los alumnos, de verdaderas instancias académicas colegiadas. Será lo que el movimiento estudiantil planteó desde principios de los años sesenta del siglo XX: «una educación democrática, popular y científica.»

Incertidumbre segura

Pocos relevos gubernamentales como el más reciente han tenido tantas definiciones ciertas desde meses antes de su culminación. La crítica de la política neoliberal podría ser más extensa e incisiva pero no menos insistente. Lo mismo ocurre con la corrupción. Habría que agregar también la convocatoria a inaugurar el método de democracia participativa y directa.

Desde un principio se dijo que en los primeros tres años no habrá ajuste fiscal (excepto en la frontera y, si acaso, en el IEPS gasolinero), ni mayor deuda en términos del PIB.

Se sabía de antemano que no se abrirían subastas para proseguir con el reparto de yacimientos ni se darían más concesiones mineras. Así también se anunciaron aumentos de la inversión pública en las industrias de energía, incluyendo la construcción de una refinería. En la lista están el Tren Maya y el del Istmo, entre algunas otras inversiones mayores.

Los grandes programas sociales son los mismos que se vinieron prometiendo durante toda la campaña electoral por parte de López Obrador.

Algunas transferencias presupuestales aparecen ahora como consecuencias inevitables de las nuevas prioridades de gasto. La austeridad no es para gastar menos sino para hacerlo mejor. En un futuro cercano deberá poder gastarse mucho más.

Sin embargo, se habla de incertidumbre. Podría decirse que el uso de esta palabra no es descriptivo sino premonitorio, es decir, se advierte que pueden surgir políticas no esbozadas antes. En el fondo, se trata de manifestar desconfianza sobre la base de una supuesta falta de certeza.

El colmo de esta precaria forma de hacer oposición se expresa en el intento de ligar la propuesta para establecer en la Constitución la revocación del mandato con un intento de reelección, al punto de que el presidente ha firmado un compromiso de no reelección, aunque innecesario o impertinente.

Otro ejemplo es la peregrina liga entre los señalamientos de que Enrique Krauze tuvo que ver con campañas electorales subrepticias, sucias e ilegales y una inventada intención de reprimir la libertad de difusión de ideas de ese político y biógrafo de personajes históricos. El gobierno no va a perseguir a Krauze porque no va a perseguir a nadie por sus ideas. Pero tampoco se tiene que reeditar la costosa y fea política de amamantar a intelectuales orgánicos del poder político.

Se aplica cada vez más el método de la incertidumbre, mediante la forja de una liga entre lo que ocurre y cualquier cosa que pueda ocurrir.

El problema político mexicano de los días que corren, como lo hemos comentado, es que las oposiciones carecen de agenda y de liderazgo, lo cual les lleva a promover la incertidumbre. Oponerse al gobierno puede asumir formas muy variadas, pero dentro de ellas debe haber propuestas y explicaciones sobre la manera de alcanzar éstas. ¿Qué tenemos hoy? Un vacío que está siendo llenado por otros, los no opositores, aunque sí adversarios de la 4T encabezada por López Obrador.

El debate político de una democracia formalista se ve sustituido por la sensación de una ausencia de certezas. ¿Quién es en verdad Andrés Manuel? Podría ser el lobo con piel de oveja o el diablo agazapado. Así, en lugar de discutir, los jefes de los dos partidos opositores se falsifican a sí mismos mediante una afanosa búsqueda de lo que no está incluido en los actos del gobierno ni en los anuncios oficiales.

Mas no sólo se trata de los partidos opositores. Hay ríos de tinta y de habladurías que sepultan con incertidumbres al nuevo gobierno, en especial con interpretaciones fantasiosas que podrían llevar a la hilaridad si no fuera por la cantidad de personas que son propensas a creer cualquier cosa.

La sospecha del próximo advenimiento de un autoritarismo oficial y, específicamente, presidencial es una de las suertes más socorridas de analistas académicos y comentaristas, algunos de los cuales son serios o, al menos, lo eran hasta hace poco.

Como irresoluble contradicción, se quiere aparecer a la incertidumbre como lo único seguro. Para sus promotores no hay cosa más palmaria que la suspicacia. Esa es la política de los adversarios de la 4T, una nueva versión de la ya decadente propaganda de que AMLO es un peligro para México.

Revocación de mandato

En los países de régimen parlamentario, el procedimiento de revocación del mandato se produce virtualmente cuando se tienen que adelantar las elecciones. En los países de sistema presidencial, dicho procedimiento se lleva a cabo por solicitud popular o de los órganos del poder.

En la «república» de sistema presidencial donde más se usa la revocación de mandato, California, se vota, al mismo tiempo, por nuevo gobernador, por si acaso el mandatario en funciones es removido por mayoría. Así, se remueve y se elige mediante la misma papeleta, además de votar en consultas varias y elegir asambleístas.

En México nunca ha existido un sistema de revocación de mandato de carácter popular, pero existen normas para remover presidente de la República, gobernadores y alcaldes. Lo que ahora se busca es que la decisión radique en la ciudadanía.

La propuesta de que el presidente de la República pueda ser removido y que la votación se haga hacia la mitad de su periodo, el mismo día de la elección de diputados federales, se debe a que tan importante decisión coincida con el cambio del Poder Legislativo, es decir,  involucre a todo el poder político.

Supongamos que el cargo de Presidente es revocado, de seguro que se produciría, al mismo tiempo, una nueva mayoría en la Cámara de Diputados y, con ello, una situación especial en esa asamblea constitucional llamada Colegio Electoral (ambas cámaras del Congreso con un quórum legal de dos tercios), en la que se tendría que elegir al nuevo mandatario, en un plazo de 60 días de interinato, cuando ya hayan llegado a San Lázaro los nuevos diputados. Así se integraría un nuevo gobierno con otro u otros partidos, en función del voto popular. Un cambio político completo a medio sexenio, pero de forma democrática.

Así, la revocación no se limita sólo a remover una persona, el entonces presidente, sino a cambiar de fuerza gobernante.

En conclusión, el procedimiento de revocación del  mandato presidencial, cuando se liga a la elección legislativa, es un instrumento democrático mucho más trascendente que aquel que se produce aislado.

Por otro lado, la hipótesis de que un próximo proceso de revocación del mandato de López Obrador, el mismo día de la elección de Cámara de Diputados, llevaría al partido de éste a un gran triunfo electoral, mayor que el de 2018, de seguro se origina en el cálculo de que siempre le irá mejor al actual presidente. El problema consiste, sin embargo, en que tal planteamiento procede de las oposiciones.

Además, ya se ha visto que los candidatos triunfadores, por lo regular, obtienen más votos que los partidos que los postulan. De seguro también ocurriría eso mismo en un procedimiento revocatorio.

Se dice que la revocación sólo sería un sistema democrático si la fecha de su realización fuera diferente a la misma que la de  las elecciones. Con esta idea, la democracia es calificada en dependencia del día de la votación.

Las oposiciones están diciendo que un proceso revocatorio en junio de 2021 sería una especie de reelección del actual presidente, pero dentro del tiempo de su propio sexenio. Este argumento sí que implica un examen más a fondo pero no necesariamente de carácter político.

El último argumento opositor consiste en que la revocación del mandato es un instrumento de participación ciudadana, por lo cual no se debería admitir que el presidente pueda proponerlo al Congreso, además de los legisladores y de un porcentaje de la ciudadanía.

Aunque este punto es secundario porque de cualquier manera un presidente puede lograr las firmas necesarias o la mayoría parlamentaria requerida para convocar al proceso de revocación, habría que aclarar que los mecanismos de participación ciudadana propiamente dichos tienen que ver con el derecho de proponer y con las consultas sobre casi toda clase de asuntos, pero no tienen el mismo carácter que los mecanismos electivos y los revocatorios, en los cuales se define el poder, aunque, naturalmente, éstos también los determina la ciudadanía. Hoy mismo, el Congreso puede remover al presidente de la República mediante un juicio sin intervención popular.

Las oposiciones han escogido el camino de bloquear la adición de nuevos mecanismos del sistema político –consultas y revocaciones—que con mayor urgencia requiere el país para empezar a caminar por la sinuosa vereda de la democracia directa.

La bancarrota del sistema educativo

La profesión de maestro en la educación básica ha sido ubicada en el escalón más bajo del trabajo intelectual. Los educadores no son  considerados como tales sino que han sido sometidos a unas burocracias sindical y gubernamental desde donde se organiza la función educativa con una muy escasa participación del magisterio.

Las condiciones materiales de los planteles educativos se encuentran por lo regular también en la ruina. Los hay pobres y los demás son paupérrimos.

Los niveles en el aprendizaje de los educandos son bajos en comparación con los observados en otros países con desarrollo semejante al nuestro.

Para completar este deteriorado cuadro, la escuela mexicana es autoritaria y, en consecuencia, no prepara a la juventud para la democracia mediante el método de la conjunción de la teoría y la práctica.

Las y los educadores sólo intervienen mediante consejos técnicos escolares, sin tomar parte en las decisiones generales. Al carecer de parámetros educativos, maestros y maestras no cuentan con instrumentos para comparar a su propia escuela con otras y evaluar al sistema educativo en conjunto. No pueden, por tanto, hacer firmes propuestas de modificación del proceso educativo. No existen consejos académicos propiamente dichos.

Durante muchos años, la ausencia de instancias de participación académica y técnica del profesorado contribuyó al gremialismo estrecho, sectario y corrupto, hostil a la democracia y, en consecuencia, orilló a la clausura de la intervención del magisterio en la forja de la materia de su propia profesión.

Muchas autoridades educativas no han sido profesores sino burócratas. El Estado no es quien debe educar sino ser educado. El Congreso debe proveer, el gobierno debe administrar.

Tampoco se integraron suficientes contenidos regionales a los programas de estudio ni se analizaron las problemáticas de los pueblos indígenas y sus derechos políticos y culturales.

El reconocimiento de que los educadores son aquellos integrantes activos del magisterio no debería ser indispensable, pero lo es, aquí y ahora, porque se niega en los hechos el carácter profesional de las maestras y maestros.

El acceso de las y los educadores a la formación académica debería ser un derecho garantizado por el Estado mediante todo un entramado institucional: la escuela de la escuela como proceso de continuo cambio e innovación.

Como trabajadores, las maestras y maestros fueron sometidos por el charrismo sindical, lo cual generó un desgastante proceso de resistencias en muchos lugares del país. Esto, como se sabe, se agudizó a partir de la reforma educativa del sexenio pasado. En lugar de construir las bases de la nueva escuela mexicana, se abrieron exámenes punitivos y promocionales a las y los educadores. La escuela, como tal, no fue evaluada y mucho menos reformada. Así ha llegado a la bancarrota.

Se precisa, por tanto, un acuerdo político nacional para acometer una transformación que abarque la reforma de la escuela y las garantías del derecho a la educación, otorgadas de manera siempre creciente por el Estado: abrir la educación, mejorar la escuela y garantizar la permanencia y éxito de los alumnos.

El magisterio y el alumnado deben ser los dos grandes protagonistas de la nueva escuela mexicana en un marco democrático y participativo.

Autonomías y repartos políticos

Los únicos organismos públicos que gozan de autonomía son las universidades precisamente autónomas. Los demás que se denominan autónomos carecen de la facultad de emitir sus propias legislaciones y, más en general, “gobernarse a sí mismos”, como la Constitución les concede tajantemente a las instituciones de educación superior.

Hay en México organismos autónomos diseñados casi a imagen y semejanza del Instituto Nacional Electoral (INE), cuyos titulares no sólo son técnicos, sino también integrantes de la llamada clase política aun cuando no estén formalmente afiliados a partido alguno.

El ente no gubernamental que organiza las elecciones fue una exigencia de las oposiciones durante muchos años. Luego de su creación, sin embargo, sus titulares buscaron incidir en la política del país, no sólo en cuanto a la manipulación electoral, sino también en criterios, paradigmas, formas de actuar y demás características del quehacer político: suponen con frecuencia que tienen funciones de maestros políticos.

Fue un error costoso que ese aparato electoral estuviera a cargo de personas que con frecuencia polemizan con los partidos “adversarios”, mientras que ellos mismos no realizan con rigor técnico algunas de sus atribuciones más importantes.

Por ejemplo, los resultados electorales se conocen en su totalidad tres días después de la elección. México tiene uno de los sistemas de resultados más lentos. Pero, por otro lado, sus integrantes pretenden ser intocables al sostener que cualquier medida administrativa legal es un atentado contra el ejercicio de su función. Así lo volvieron a decir cuando la Cámara redujo su abultado presupuesto. Sostienen que el INE puede doblegar por vías políticas o legales al poder constituido. Han recurrido al amparo para seguir gozando de sueldos demasiado elevados, los cuales ya están eliminados por vía constitucional y presupuestal.

Todos los organismos «autónomos» han presentado recursos en la Suprema Corte contra la aplicación de las normas constitucionales en materia de remuneraciones de servidores públicos. Y todos ellos han argumentado que su alto sueldo es garantía de probidad e imparcialidad. Esto incluye al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quien ha ejercido su atribución de presentar acción de inconstitucionalidad en materia justamente de derechos humanos, pero en este caso con motivo de la reducción de su sueldo. Esto nos recuerda aquello del conflicto de intereses y de la ética del servicio público.

Los gobernadores del Banco de México han recurrido a la Suprema Corte en procura de protección, pero no para defender el ejercicio de sus funciones sino sus sueldos. Es evidente que objetan una disposición constitucional, lo cual debería ser intransitable, pero lo peor es que, para ello, utilizan un recurso asignado al Banco como institución. No obstante, el ministro instructor de la Corte les concedió una suspensión, la cual no procede según la ley. Influencias políticas, nada más.

Los actuales integrantes de los “órganos autónomos” tuvieron que recurrir a un partido o un alto funcionario de gobierno para llegar a donde están, aún los que pasaron por un mecanismo de examen previo de conocimientos.

En otros países los integrantes de los órganos reguladores no discuten asuntos políticos, no postulan mediante sus cargos opiniones sobre su país y el mundo, sino que realizan funciones para las cuales, estrictamente, fueron designados. En México, sin embargo, esos organismos son diferentes porque el sistema político los ha llevado por otros caminos.

La creación de órganos “técnicos” declarados “autónomos” ha llegado a su agotamiento.

No obstante, se propone ahora que, en lugar del malogrado Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, se forme otro, pero igualmente “autónomo”, cuyos integrantes serían designados por el Senado. De nuevo se quiere el mismo reparto político.

Es preciso dejar de caminar sobre huellas de reformas pasadas y abrir la posibilidad de que, dentro de la administración pública, puedan existir órganos colegiados, sin personalidad jurídica propia pero con independencia en sus decisiones. Definidas sus funciones, el punto relevante sería diseñar el método de su designación.

En ocasión de la reforma educativa que se discute ahora en la Cámara de Diputados, se abre la oportunidad de intentar algo nuevo, sin repartos partidistas o burocráticos, en el diseño de organismos regulatorios y técnicos.

Venganza o transformación

Sería un error de parte de la nueva fuerza gobernante hacer una cacería de brujas para ir en persecución penal contra ex gobernantes. De la sed de venganza contra la corrupción no podría surgir justicia en su más alta acepción, sino una dura confrontación política que estorbaría finalmente la lucha contra el Estado corrupto.

Conocer hechos de corrupción, explicar cómo se hicieron las cosas desde el poder, fustigar los métodos de reparto de recursos y tráfico de influencias es algo necesario y lo seguirá siendo durante años. Pero esto no sería una cacería.

Incluso, proseguir las denuncias presentadas contra servidores públicos es una obligación del Ministerio Público por lo cual se deben concluir las investigaciones.

En otra vertiente se encuentran los actos de represión, la arbitrariedad y violencia del poder contra la gente. Aquí es indispensable activar investigaciones y procesos penales, pues de lo contrario habría una especie de omisión criminal.

Además, las acciones orientadas a lograr la libertad de los presos políticos deben acelerarse y multiplicarse, no sólo desde el gobierno federal sino también en los estados, incluyendo leyes de amnistía expedidas por las legislaturas. Tenemos miles de esos presos en el país y su permanencia en prisión es algo más que una injusticia, ya que expresa el autoritarismo y la represión integrados en la forma de gobierno.

Ha llegado por fin el momento en que el Congreso de la Unión  y las legislaturas de los estados ejerzan sus facultades de control político, vigilen el gasto e investiguen todo lo necesario para mejorar la función pública. La tradición mexicana consiste en que el Poder Legislativo no debe asomarse demasiado a la realidad porque eso implicaría invadir funciones del Ejecutivo. Sin embargo, es al contrario, la vigilancia está a cargo del parlamento en un sistema republicano.

Cuando no funcionan los mecanismos de control político y vigilancia, no sólo hay impunidad sino también se produce ese dañino fenómeno de que las denuncias suelen ser publicadas como si fueran sentencias. Todo eso es expresión del mal funcionamiento de las instituciones o de su ausencia.

Un fenómeno muy conocido consiste en que la Auditoría Superior descubre desvíos y otras malas prácticas, las informa a la Cámara de Diputados y presenta denuncias ante el Ministerio Público, pero no se vuelve a mover la hoja de un árbol.

Para de verdad descubrir y enjuiciar las tramas de corrupción dentro de la administración pública es preciso activar el juicio político. Aunque éste se realiza contra personas en lo individual, su ámbito es mucho más amplio que un juicio penal pues lo que en el fondo se enjuicia son los actos y omisiones de gobierno, junto con el responsable personal. La habilitación del juicio político podría poner al descubierto el funcionamiento de los sistemas de gestión pública articulados a la corrupción. Esto es mejor que la venganza.

El incierto futuro de carecer de oposición formal

La lucha política en México vive un momento singular: el nuevo gobierno no tiene oposición organizada. Los dos partidos perdedores de la reciente elección carecen de dirección y, en consecuencia, de una plataforma política aunque sea mínima. Se va sabiendo lo que no quieren, pero no se conoce lo que buscan. Son reactivos y odian la nueva coyuntura en la que se encuentran, pero nada más.

Esta situación ha de ser, previsiblemente, momentánea, pero crea por lo pronto gran incertidumbre, en especial dentro de la nueva fuerza gobernante del país.

Desde la instalación de la Legislatura, aquellos dos partidos mostraron más su preocupación por no ser ninguneados y enseñar, en consecuencia, sus limados dientes, que por presentar su carta de exigencias, aspiraciones, peticiones y recomendaciones que, se supone, debe tener siempre todo partido político. Ninguno de ellos cuenta con una interpretación de lo sucedido en los recientes comicios y mucho menos de un análisis de la situación política del país.

En lugar de los dos partidos derrotados, la oposición se ha empezado a ubicar en los medios de comunicación y en la patronal. Pero, por definición o naturaleza, esos mecanismos de difusión de ideas y de agrupación gremial carecen de plataformas políticas precisas y no son instrumentos de elaboración programática, como tampoco conforman mecanismos para agrupar ciudadanos y postular candidaturas.

La crítica al gobierno que difunden muchos medios de comunicación y no pocos órganos patronales e, incluso, empresas, es poco propositiva, muy rasposa y a veces algo irónica. Aunque tiene cierto valor, no puede ser un sustituto constructivo de la oposición organizada y militante.

En consecuencia, el gobierno y los legisladores de la mayoría no encuentran interlocutores políticos para organizar el debate, contrastar sus propuestas, negociar acuerdos, construir escenarios incluyentes o, por el contrario, romper lanzas en abierta contienda.

Nunca se puede calcular cómo podría reaccionar cada uno de los dos partidos ante iniciativas presentadas por el gobierno o la mayoría en el Congreso. Lo peor es que no son tampoco susceptibles de consulta antes de formular nuevas políticas públicas o proyectos de reformas legislativas. Entre panistas y priistas nadie puede definir una orientación posible antes de la formalización de los hechos políticos, los cuales, una vez anunciados, sólo concitan el intento de bloqueo de parte de los dos partidos.

En otras palabras, casi nunca hay contrapropuestas de parte de los dos partidos que salieron de las recientes elecciones con graves contusiones y una consecuente ofuscación. El PRI y el PAN no han podido definir aún cual será su papel político y sus objetivos concretos en los próximos dos años.

Cuando la oposición formal está confundida, también sufre la fuerza gobernante porque el vacío que deja aquella es llenado por poderes informales que no respetan canon alguno y carecen de interés electoral, es decir, deseo de ganar votos mediante su concurso en la lucha política abierta.

Frente a esta singular situación que está viviendo México, convendría que el gobierno y la mayoría legislativa hicieran el esfuerzo por llevar a los dos partidos derrotados al terreno de la construcción común de cierto tipo de proyectos, no sólo de leyes sino también de políticas públicas.

Si con paciente insistencia se empieza a abrir la convocatoria sincera hacia los partidos, podría detenerse a tiempo la tendencia de que éstos sean sustituidos por otros mecanismos más difusos e irresponsables de organización de intereses.

En otras palabras, es del todo conveniente desde el punto de vista de la democracia detener el oscurecimiento de la lucha política al que, con su ofuscación, el PRI y el PAN están incitando.

Corrupción en la política social

El debate sobre las estancias infantiles privadas para personas que no son derechohabientes de las instituciones de seguridad social remite a un problema profundo de la política social.

No existen en el viejo régimen mexicano esferas públicas que no hayan sido afectadas por la corrupción como parte del sistema de administración del Estado. Las instituciones y programas sociales no son la excepción.

Son conocidos los métodos para eludir el pago debido de cuotas obrero-patronales al Seguro Social, lo cual reduce drásticamente los recursos que esa institución podría recaudar. Muchas empresas en el país utilizan esos métodos, los cuales encuentran asidero en algunas disposiciones de ley redactadas para tal efecto y en la tolerancia de la autoridad.

Es lacerante que se les niegue seguridad social a los obreros agrícolas sin que el gobierno garantice, como es su deber, el ejercicio de ese derecho constitucional.

También es inaceptable que se niegue educación superior a jóvenes y se llegue, a veces, a vender pruebas. Los exámenes de ingreso no tienen calificación mínima porque no buscan evaluar sino sólo rechazar a quienes no caben, sin que la creciente demanda imponga al Estado la creación de nuevos planteles. La educación superior debe ser considerado un derecho.

Es grotesco y aborrecible que se tenga que pagar algo al «gestor» o «líder» para mantenerse en programas de asistencia social, como lo que ha sido Progresa-Prospera que tiene como propósito central financiar mínimamente la concurrencia a la escuela básica.

Cobrar a adultos mayores por concepto de gastos de «gestión» o de «administración» para garantizar la pensión alimentaria es uno de los más canallescos giros de la corrupción pública.

Así también, simular estancias infantiles para madres no asalariadas es una manifestación de la forma tan «libre» como se han administrado recursos de programas sociales.

Para combatir la corrupción en estas materias se requiere modificar los procedimientos de control y, es cierto, una que otra ley. Se trata de grandes recursos económicos que no llegan a su objetivo proclamado sino a los bolsillos de una extensa burocracia corrompida. Ahí es donde es preciso atacar.

Por ejemplo, la pensión alimentaria de adultos mayores se entregará siempre directamente al beneficiario y nunca a través de organizaciones o «gestores». Esta pensión, la cual ha funcionado en la Ciudad de México desde el periodo gubernamental de AMLO, será de carácter universal-nacional y es vista como un derecho y no como una dádiva.

Puede entenderse fácilmente que la cobertura de «guardería» para trabajadoras no-asalariadas se entregue por lo pronto directamente a ellas como un derecho que se buscará hacerlo universal, comprendiendo, incluso, a los hombres.

Sin embargo, quienes han creado afanosamente el sistema de desvío de fondos y cobro de acceso de beneficiarios, hoy, se desgarran las vestiduras mediante la defensa, como maniobra discursiva, de quienes en las estancias infantiles no están dentro del círculo de corrupción.

No funcionarán las reformas de la política social mexicana si no se lleva a cabo la mayor transformación anticorrupción de la historia de México. Si en esto se falla, todo se irá al fracaso.

 

No hay delincuencia de cuello blanco sin organización

El robo de combustibles que ha ocupado primeras planas durante semanas es uno de los aspectos del Estado corrupto. Durante los próximos meses y años tendremos más y más primeras planas en donde se reflejará la profundidad de la corrupción como sistema.

Ya estamos viendo que el huachicol se estructura en amplias organizaciones donde aparecen servidores públicos. Dentro de poco eso irá quedando mucho más claro.
La corrupción, como parte del sistema político y mecanismo de la organización estatal, se desparramó sobre la sociedad. La forma más desgarradora en que el Estado corrupto tuvo impacto social fue el colapso del modelo de seguridad pública ante el surgimiento de la llamada delincuencia organizada, principalmente la vinculada al narcotráfico, el secuestro y la extorsión. A partir de esto se desenvolvió la crisis de violencia, los enfrentamientos armados y las ejecuciones cotidianas en amplias regiones del país.

La delincuencia organizada fue definida en la Constitución como la «organización de hecho de tres o más personas, para cometer delitos en forma permanente o reiterada, en los términos de la ley de la materia» (art. 16). La última parte de este párrafo confiere al Congreso, al expedir la legislación secundaria, la facultad de escoger cuáles delitos pueden ser vinculados al concepto de delincuencia organizada y, por tanto, cuáles no.

Al analizar la ley específica resulta asombroso, aunque del todo explicable, que no se encuentren los delitos que suelen cometer directamente los poderosos. Las transgresiones a la democracia, como son la compra de votos, la utilización indebida de bienes públicos, el enriquecimiento ilícito, el soborno, el tráfico de influencias, entre otras muchas, no están en la lista de aquellas vinculadas al delito de delincuencia organizada, el cual opera como una especie de delito de delitos.

La inmensa mayoría de actos punibles cometidos por servidores públicos en el ejercicio o con motivo de sus funciones se llevan a cabo en grupo. Es casi imposible robar y robar, enriquecerse a partir de fondos públicos, vender concesiones, simular operaciones, cobrar sobornos, etcétera, sin contar con una organización.

La idea de Felipe Calderón, propulsor de la «constitucionalización» del delito de delincuencia organizada y de su sencilla definición, así como de la ley reglamentaria, era excluir a los corruptos. Los narcos aparecían en esa versión sobre el país como la única amenaza organizada. Sin embargo, el narcotráfico, con toda su cauda de violencia y agravios, era a su vez producto de la estructura de la corrupción altamente organizada del Estado, especialmente en las esferas de gobierno. Esa era la que no se quería mostrar como dañina y peligrosa para el país; mucho menos quería combatirse.

El punto puede pronto resultar relevante porque los medios de investigación autorizados se facilitan cuando se persiguen conductas ilícitas amarradas al delito de delincuencia organizada, pero el combate a la corrupción no cuenta con esas ventajas, aunque los poderosos que delinquen se encuentren altamente organizados.
Resulta demostrativo que la ley de delincuencia organizada incluya al huachicol pero exceptúe a los servidores públicos involucrados y sus conectes, los franquiciatarios, los almacenadores, los transportadores.

Puede llegar la hora en que, por necesidades del combate al Estado corrupto, se deban incorporar los delitos que por su mecánica requieren una organización delictiva, aquellos de cuello blanco.

Si la figura de «delincuencia organizada» fue promovida con la idea de combatir a las mafias de narcos como los peores delincuentes, lo cual ha fracasado hasta ahora, podría usarse, sólo durante algún tiempo, para perseguir a los corruptos, ya que permite mayor holgura en los métodos legales de investigación, con la otra gran ventaja de que los funcionarios ladrones no viven en la clandestinidad.

Lo más difícil de la persecución de criminales se encuentra en el campo del combate a la corrupción, pues los poderosos son expertos en crear redes de complicidad. Por esto, podría no bastar la decisión política de desarticular al Estado corrupto. Podrían necesitarse también algunas reformas legales que favorecieran tan elevado propósito.