Muy pocos países tienen la costumbre de hacer una o dos reformas políticas cada seis años. México es uno de ellos. El hecho es que los partidos políticos no están de acuerdo con sus propias obras reformistas y que, con cierta frecuencia, las cambian a través de otras reformas.
El gran problema es que cada reforma sólo es producto de lo que admiten al menos dos de los tres partidos más grandes entre los cuales debe estar el PRI pues éste nunca ha dejado de tener más de un tercio en alguna de las cámaras. Así, es ese partido el que ha marcado el ritmo reformista.
Ahora, más allá de pretendidos experimentos como el de llevar a la Carta Magna enredadas bases de un hipotético gobierno de coalición, el punto central en que hay acuerdo en principio (escrito en el Pacto por México) es el de crear un instituto nacional electoral que elimine a los órganos locales, genere un ahorro y promueva una utilización óptima de la infraestructura institucional del actual IFE. Sin embargo, hay cuestiones no resueltas, como el de la capacidad de las entidades para legislar en esta materia. En el fondo se trata de una fuerte intervención de la Federación en viejas potestades de los estados que han sido siempre mal usadas por los gobernadores.
Pero hay más. Las constituciones de los estados fijan la forma de integrar sus congresos y ayuntamientos. Por lo cual, de mantenerse esta atribución, tendría cada entidad que seguir con su propia ley reglamentaria. A su vez, existen ilícitos electorales también locales, los cuales podrían desaparecer para regir todo a través del Código Penal Federal, aunque, de todas maneras, ya sabemos que en materia de perseguir delitos electorales México es una completa nulidad porque el Ministerio Público sigue siendo una dependencia del Ejecutivo y éste actúa conforme al interés de su partido.
Lo que podría verse como algo sencillo –la creación de un instituto nacional—tiene sus grandes complicaciones, por lo cual no será fácil llegar a un acuerdo a tiempo, es decir, dos años antes de las elecciones federales y locales de 2015.
Tan complicado como eso sería hacer una ley de partidos políticos, la cual no es indispensable, pero se dice que debe existir. Toda intervención de los órganos del Estado en la vida interna de los partidos es un ataque a la libertad de asociación, al tiempo que ningún partido mexicano es democrático y en todos existe una vida interna precaria y arbitraria. Esta contradicción se está resolviendo a favor del intervencionismo judicial en la vida interna de los partidos, lo cual es un error aunque se presente como una manera de atenuar la prepotencia de las camarillas políticas.
Otro gran problema es el del financiamiento de los partidos. Quienes lo critican buscan abrir la puerta a un mayor financiamiento privado, es decir, la facilidad de que algunos muy ricos intervengan en los partidos ante una mayor necesidad de dinero. Pero es mucho mayor el problema del uso de recursos públicos en las campañas sin que esto se hubiera ubicado en el centro del debate.
Llama la atención que en la discusión no se le dé un lugar al funcionamiento e integración de los ayuntamientos. La Constitución federal marca algunas normas pero no toca el gran problema de la dictadura de los presidentes municipales. La precaria vida política de los cabildos, sus reducidas facultades, su carácter cerrado y su falta de transparencia deberían ser aspectos centrales de toda reforma del Estado.
Por lo pronto, no hay suficiente claridad sobre un tema que debe abordarse durante las próximas semanas.